A título personal

A título personal

Cuando abrí mis ojos al mundo, cerca de cumplir los 17 años, estaba en una redacción. Desde entonces, toda mi vida, he sido periodista, un comunicador, un reportero.

Todos estos años he vivido, observado y enterado cuando un servidor público agrede, intenta arrebatar o tapar con su mano una cámara fotográfica o de video o, en el peor de los casos, lograr el objetivo de velar rollos y ahora dañar las digitales. En los municipios las y los corresponsales sufren de las amenazas, intimidaciones, agresiones de policías y hasta encarcelamientos por orden de presidentes municipales.

Estuve presente cuando un guardia presidencial agredió a una fotoperiodista frente a los titulares del Ejecutivo federal y estatal por cumplir con su labor de fotografiarlos y sólo por salirse del ignominioso “corralito”. El director pidió a la Presidencia de la República una disculpa o en su caso nunca más se daría cobertura a una gira presidencial. Jamás llegó el “perdone Usted” y él sí cumplió durante dos sexenios.

En lo personal sufrí de “culatazos” por caminar en una calle donde estaban unos servidores públicos cometiendo actos indecorosos; detenido y llevado a los separos por caminar, frente a la Catedral, después de la media noche no obstante aclarar  e identificarme como reportero que se retiraba de su centro laboral tras cumplir con su jornada cotidiana; he sentido la frialdad de una pistola en la cabeza por documentar el saqueo en el entonces Chetumalito, el “asalto” a mi casa, la experiencia, igual que otros compañeros, de la explosión de un petardo en el buzón de mi domicilio y hasta una bomba en mi centro laboral. En todos los casos campea la impunidad.

De otras casas editoriales conozco las amenazas y agresiones contra periodistas, incluidos a sus directivos.

También sé de los vetos que realizan jefes de prensa de las dependencias de gobierno quitando a reporteros y medios de comunicación de sus listas de envíos para recibir información o sus “boletines”.

Claro que estoy de acuerdo con una ley para protegerme, pero que funcione el mecanismo (no como sucedió recientemente con un compañero que estuvo apretando el botón de pánico y nunca llegó la ayuda, y ni hablar de casos en otras entidades). Que los servidores públicos, particularmente, sean sancionados por obstruir la labor informativa; lo ideal es que nunca llegue la agresión y que el periodista nunca pague con su vida transparentar la cosa pública que, dicho sea de paso, es la exigencia ciudadana.

El punto es el cómo llega la propuesta al H. Congreso del Estado. Durante muchos años cubrí las actividades legislativas para Novedades de Yucatán y el Por Esto!. Conozco los procesos. Primero se consulta, se recaban opiniones entre los interesados y luego se da forma a la iniciativa; se presenta mediante un legislador, se turna a la Comisión respectiva, se analiza, se discute entre diputados; se aprueba el dictamen y se turna al Pleno para su aprobación, en su caso.

En el punto que nos ocupa la Legislatura tendría que reponer el proceso y convocar a los periodistas y a las y los académicos de periodismo de la UADY, la Mayab y a las y los defensores de derechos humanos, por ejemplo, todas y todos, para escuchar sus opiniones. El presentado, dicho sea de paso, es un parche de leyes de otras entidades que, desde mi personal punto de vista, no refleja la opinión y necesidades de los comunicadores yucatecos.

Soy de los periodistas que nos formamos en las redacciones y después llegaron los y las titulados en las aulas. Sabemos quiénes somos. Convivimos, hombres y mujeres, en torno a la botana, a la cerveza, a los charritos con chile jalapeño o simplemente en torno a un café o ir por la marquesita. Nos conocemos.

No hay, en lo personal, ningún protagonismo sino el vehemente derecho y aspiración que, como en las democracias, nos escuchen y más cuando se trata de un o una diputada que dice representarme.

Quienes buscan el protagonismo son otros.

Con afecto, un tundemáquinas.

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