Buscan penalizar las “terapias de conversión” o ECOSIG contra la comunidad LGBTIQ+

• Invitó y exigió a las y los diputados a votar a favor de la minuta, ya que se trata de un tema de derechos humanos

Ciudad de México (Notilegis).- La diputada Salma Luévano Luna (Morena), presidenta de la Comisión de Diversidad, impulsa la minuta del Senado de la República que busca penalizar las llamadas “terapias de conversión” o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) que se han utilizado por años en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+, a fin de proteger sus derechos.

Durante la presentación de dicha minuta que ya se encuentra en las Comisiones de Salud, Justicia y Diversidad para su análisis, la diputada recordó que el proyecto legislativo fue aprobado por el Senado de la República el pasado 11 de octubre, el cual fue presentado en septiembre de 2020 por las senadoras Citlalli Hernández Mora (Morena), Patricia Mercado Castro (MC) y Alejandra Lagunes Soto Ruiz (PVEM).

Luévano Luna enfatizó que dicha minuta es una deuda histórica que tienen las diputadas y diputados con la comunidad LGBTIQ+, “está en sus manos pasar a la historia aprobando esta minuta, que es tema de amor y derechos”.

Invitó y exigió a las y los diputados a votar a favor de la minuta, ya que se trata de un tema de derechos humanos y además “es un compromiso, como parte de la diversidad sexual y como ser humano el ver por las nuevas generaciones”.

A su vez, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, se comprometió a dictaminar dicho proyecto antes de que finalice este periodo ordinario en el órgano legislativo que encabeza.

Consideró que el tema se tiene que abordar desde un enfoque progresista, ya que “hay quienes siguen pensando que legislar significa hacerlo desde un pensamiento moral, ético y religioso, y a lo que estamos convocados todos, todas y todes es a legislar con un enfoque laico, privilegiando el interés general de las y los mexicanos”.

Detalló que está minuta del Senado recayó en la Comisión que preside el pasado 21 de octubre, la cual reforma el artículo 465 BIS, de la Ley General de Salud, en lo que respecta a los profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud que realicen este tipo de prácticas se les aplicarán penas de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Así como, la suspensión en el ejercicio profesional hasta por tres años y en caso, de reincidencia se les cancelará el registro de su cédula profesional  

Aseguró que para la Comisión de Salud es un privilegio que haya llegado esta iniciativa, “no tengan la menor duda de que vamos a dar cumplimiento cabal a cada uno de los posicionamientos y exigencias que se han hecho desde la sociedad civil”.

Asimismo, hizo un llamado al diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, para que “no entorpezca el curso de esta iniciativa”.

Por su parte, la diputada Julieta Vences Valencia (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, apuntó que desde este órgano legislativo, y a nombre de Morena, apoyarán dicha minuta para que se haga ley y que nada ni nadie vuelva a tratar de manera diferente y a discriminar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, porque lo que quieren en la Cámara de Diputados es que todos los derechos sean para todas las personas.

Aclaró que no se busca criminalizar a las madres y padres, porque ellos también son engañados “por gente sin escrúpulos, que miente y dice que así se curaría algo que no tiene nada que curarse”.  

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, se comprometió a conversar con el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión que integra para que la minuta tome curso y consideró que la educación sexual en todos los niveles de estudio es fundamental para evitar situaciones relacionadas con el ECOSIG.

La diputada María Rosete Sánchez (PT), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, externó su apoyo para poder llevar a la mesa de su bancada este tema para que se comprometan a aprobar dicha minuta que es un tema importante, para luchar por la libertad y defender el derecho de la comunidad LGBTIQ+ para que sean quienes quieran ser.

La diputada Odette Nayeri Almazán Muñoz (Morena) lamentó que padres y madres que están en desacuerdo porque su hijo o hija sean de la comunidad LGBTIQ+, “realmente quienes deben tomar terapia en ese sentido son los padres”, dijo que apoyará dicha minuta como lo hizo en el caso de Puebla, donde se prohibieron las ECOSIG.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (Morena), integrante de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, pidió mantener vigilados y presionar a las Comisiones de Justicia y de Salud, para empujar dicha minuta, ya que la ignorancia y los prejuicios. “Les pido que no nos dejen solos a los que comulgamos con esta agenda y francos aliados por diversas razones, pero también advertimos que hay quienes no”.

La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena), coordinadora temática de seguridad y justicia de su grupo parlamentario, sostuvo que acompañarán esta minuta, y a nombre del presidente de la Comisión de Justicia, dijo que tiene la apertura y disponibilidad para transitar con temas tan importantes que se pueden consensar y conciliar.

La diputada federal migrante Olga Leticia Chávez (Morena) felicitó a la diputada Salma Luévano por impulsar dicha minuta y externó su apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

Asimismo, Tirzah Joy Huerta Uecke, cantautora y compositora, dijo a las diputadas y diputados que en esta ocasión está en sus manos la reparación integral de daños a las personas víctimas de las comunidades que están sujetas a las prácticas de ECOSIG.

Aunque, dijo, “no hay nada que pueda compensar el daño que se les ha hecho”, sin embargo, podemos pensar en las nuevas generaciones y las generaciones que vienen, ya que “todas las personas tenemos un papel importante para salvaguardar los derechos humanos de cualquier persona”.

“Yo he decidido hacerlo desde la música, misma que ha sido un medio de incidencia para dar voz a sobrevivientes que buscan una reparación a ese daño”, añadió.

La periodista Mónica Garza advirtió que no votar a favor de prohibir los ECOSIG sería un acto de doble hipocresía y doble discurso, pues en los hechos constituye un acto de discriminación, prejuzgando la dignidad de la persona por su preferencia sexual.

“No prohibir los ECOSIG implica condenar a las mujeres a la posibilidad legal de ser sometidas a violaciones correctivas, ¿cómo podría justificar eso un partido que se dice humanista y que presume su compromiso con los derechos humanos? Ojalá que todos los legisladores de todos los partidos estén a la altura de este reto”, expresó.

Jaime Rochín del Ríncon, comisionado ejecutivo de la Atención a Víctimas de Guanajuato, destacó que la inédita reforma es el camino para la paz que tanto se anhela y se sustenta desde una perspectiva más amplia de derechos humanos, principalmente en el derecho al libre desarrollo y de personalidad, en el derecho a la inclusión e igualdad.

Sostuvo que los ECOSIG son fraudulentos, carecen de sustento científico, ya que la homosexualidad es una orientación o expresión sexo-afectivas como cualquier otra que no es una patología ni una perversión y refirió que el 98 por ciento de las personas sobrevivientes a los ECOSIG declararon haber sufrido daños irreparables en su salud física y mental.

Andrés Treviño, director de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, comentó que no hay registros estadísticos ni denuncias sobre ECOSIG, por lo que es muy difícil que las personas se acerquen a las autoridades para buscar algún tipo de acompañamiento, por ello enfatizó en la importancia de prohibir dichas prácticas.

Refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que a lo menos hay cinco millones de personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país, de los cuales 908 mil personas reconocen su identidad de género desde antes de los siete años; 450 mil 800 personas, o sea el 9.8 por ciento de las personas que se declararon gays o “salieron del closet” fueron obligadas a ir a un ECOSIG.

Sin embargo, dijo “en Jalisco, desde hace cuatro años tenemos una dirección de diversidad sexual que acompañado de la sociedad civil hemos implementado un mecanismo para atender a víctimas de discriminación” y relató que acompañó cinco casos en los que se le priva de la libertad a personas víctimas de ECOSIG.

Iván Tagle Durand, director general de Yaaj México, organización encargada de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en México, con un enfoque de género y juventudes, exigió a los legisladores aprobar dicha minuta, ya que al haber sido víctima de un ECOSIG, apuntó que no debería haber ni una persona más de la comunidad que atraviese por esa práctica.

Mediante un video que se proyectó durante la presentación, se explicó que las llamadas “terapias de conversión” o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), las cuales definen a la homosexualidad y transexualidad como enfermedades que pueden ser evitadas, estos esfuerzos se presentan en forma de sesiones psicológicas o psiquiátricas, de cursos o retiros espirituales que se realizan con alto grado de violencia emocional, física y sexual.

Lo anterior, mediante el uso forzado de medicamentos, abusos sexuales y privación ilegal de la libertad, entre otros. Por estos tratos crueles e inhumanos los ECOSIG son considerados como tortura por organismos especializados dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es alarmante que muchas víctimas de los ECOSIG son menores de edad, y quienes ofrecen estas prácticas engañan a las madres y padres con la falsa promesa de que sus hijas e hijos cambiarán su orientación sexual o identidad de género”, se señaló.

Se refirió que estudios recientes muestran que los ECOSIG tienen consecuencias muy graves y permanentes en las personas que son forzadas a realizárselas como son: baja autoestima, rechazo propio aislamiento y hasta el suicidio.

“Los ECOSIG, además de ser un fraude comercial y ser considerados como tortura son actos de discriminación contra la comunidad LGBTIQ+, es por ello que se debe legislar para erradicar este tipo de prácticas”, se enfatizó en la reproducción.

Durante la presentación de dicha minuta se presentaron testimonios de casos de ECOSIG de Erica Salinas y Paola Santillán, coordinadora de Mujeres en Yaaj México.