- Marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el pasado 26 de septiembre.
- Marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, el pasado 26 de septiembre. Foto Luis Castillo / Archivo
Ciudad de México. Un abogado tabasqueño cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será el nuevo titular de la oficina de investigación y litigación del caso Ayotzinapa. Rosendo Gómez Piedra, entra en relevo de Omar Gómez Trejo, quien renunció por diferencias con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Hasta antes de ser designado fiscal para el caso Ayotzinapa, fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco.
Gómez Trejo también fungió como subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Magistrado Presidente y Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia, donde laboró como Juez de Primera Instancia.
Gómez Piedra asumió el cargo con fecha primero de octubre, luego de que desde dos semanas antes el ex fiscal Gómez Trejo, presentara su renuncia al cargo por diferencias con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y que éste decidiera solicitar en desistimiento de 20 órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes federales confirmaron la designación de Rosendo Gómez Piedra al frente de la también llamada Fiscalía del Caso Iguala, quien tomó el cargo luego de que todos los expedientes y documentos con los que trabajaba el anterior fiscal Omar Gómez Trejo fueron recibidos por la Visitaduría de la FGR.
El nuevo titular de la UEILCA ha recibido formalmente el encargo este miércoles. Hasta la fecha, Gómez Piedra era el comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar federal, cargó que ocupó tras presidir el tribunal en Tabasco, entre enero de 2019 y septiembre de 2020. Años atrás, el abogado fue subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo las órdenes de Bernardo Batiz, procurador durante los años del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno de la capital (2000-2006).
El nombramiento ocurre en medio de una fuerte polémica en el país por el caso Ayotzinapa, todo a raíz de la embestida del aparato de la FGR contra la UEILCA. A mediados de agosto, el fiscal Gertz ordenó a personal de la Fiscalía de Asuntos Internos que tomara una de las patas de la investigación, el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, primer encargado federal del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015. La ocupación de la UEILCA estuvo motivada por una diferencia de criterios sobre la celeridad con que debía llevarse el caso de Murillo ante el juez. Gertz insistía en que debía hacerse ya y Gómez Trejo pidió un mes para preparar la consignación y las audiencias.
En medio del choque por el caso Murillo, la FGR ordenó cancelar además 21 de las 83 órdenes de detención que un juez había concedido a la UEILCA contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. De las 21 órdenes canceladas, 16 eran contra militares, una contra el comandante de uno de los batallones que funcionaban en Iguala en la época del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, Rafael Hernández Nieto.
Si el caso Murillo marcó un antes y un después en la relación de la UEILCA con el fiscal general, la cancelación de las órdenes rompió los puentes que aún existían entre ambas partes. Todo esto ocurría además en medio de las reacciones que había causado la presentación del informe de la comisión presidencial que investiga el caso, en paralelo a la Fiscalía. Su encargado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había señalado a un general de ordenar el asesinato de al menos 6 de los 43 normalistas desaparecidos. La decisión posterior de la FGR de pedir al juez que cancelara órdenes de detención contra militares avivaba las dudas sobre espacio de maniobra de que gozaban los investigadores.
Gómez Piedra se desempeñaba como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaria de Bienestar; en 2019 fue magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; en 2018 Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco
Ha participado en los seminarios Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas (INE); Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el Servicio Público (CNDH); Protección de los Derechos Humanos en el Ambiente Laboral (CNDH Congreso Internacional “Las Ciencias Penales en el Siglo XXI” (INACIPE y Academia de Ciencias Sociales); Procuración de Justicia y Derechos Humanos (P.G.R Y Fundación Konrad Adenauer); Metodología de Análisis: Seguridad y Gobernabilidad (UNAM Y Fac. de Ciencias Políticas y Sociales.
Ha sido Ponente en la Despenalización del Delito Daños en Propiedad Ajena (Asamblea Legislativa del D.F.; La Función de la Pena y los Derechos Humanos ( CNDH); Foro – Juicios Adversarial, Carpeta de Investigación ( CISSJUPET); Foro – La Investigación y sus Actores en el Sistema Acusatorio Mexicano ( USAID – FGE - STCIISJUPET; Foro Estatal – La Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales (USAID – INACIPE – CNS – PGR – STCIISJUPET); y, Foro – Juicio Adversarial, Preservación Escenas del Crimen (CISSJUPET).
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