La pesca y la acuacultura sería actividad primaria desde la Constitución

• El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) presentó una iniciativa para que se reconozca a la pesca y la acuacultura como una actividad primaria desde la Constitución Política.
• La propuesta de reforma al artículo 27 de la Carta Magna adiciona los términos pesca y acuacultura, a fin de armonizarlos con los ordenamientos legales y normatividad administrativa. 

Ciudad de México.- El diputado García Hernández señala que “resulta incongruente que haya un ordenamiento reglamentario de ese artículo, como es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y que ambos conceptos no estén contenidos en nuestra Carta Magna”.

Destaca que es evidente que los temas pesquero y acuícola deben seguirse viendo y tratados como de la mayor relevancia dentro de la agenda pública, máxime que como tal son asuntos definidos ya en el marco legal secundario y la normatividad aplicable. 

A partir de ese reconocimiento se han establecido las medidas encaminadas al desarrollo de las actividades en estas materias, con el propósito de atender la demanda creciente de alimentos con calidad para la dieta de las poblaciones humanas, añade.

El texto, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Pesca, para opinión, precisa que la pesca y la acuacultura no son conceptos aislados, dado que están considerados en políticas públicas que se articulan al amparo de un ordenamiento específico. 

Precisa que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables determina que ambas actividades “fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación”, al ser “asuntos de seguridad nacional” prioritarios “para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas”.

Menciona que el diagnóstico contenido en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, precisa que con el propósito de detonar el crecimiento del sector, es necesario incluir a la pesca y la acuacultura como parte de la seguridad alimentaria.

Ello, atendiendo prioritariamente a la población de zonas rurales, para contribuir a mejorar el ingreso y reducir la pobreza de comunidades pesqueras y acuícolas, de forma tal que se garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos de interés comercial.

Advierte que las zonas rurales donde se ubica casi la totalidad de pescadores ribereños son un espacio donde hay inseguridad alimentaria, con índices de marginalidad asociados a la carencia de acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para su normal crecimiento y desarrollo, y para llevar a cabo una vida activa y sana. 

Subraya que México está reconocido como un país con vocación pesquera y acuícola, que posee una tradición ancestral y de cuyas actividades dependen 300 mil pescadores y acuacultores, y emplea directa o indirectamente un número aproximado de 3 millones de trabajadores, cuya productividad atiende a una demanda de 120 millones de personas.