Lucha contra la injusticia fiscal y la desigualdad

Primera Cumbre Ministerial Fiscal de América Latina y el Caribe en Cartagena, Colombia, los días 27 y 28 de julio

Lucha contra la injusticia fiscal y la desigualdad

  • Ministros de hacienda de América Latina y el Caribe, OCDE, ONU y sector privado dialogarán sobre retos de política fiscal que afectan a las empresas
  • Llaman a combatir los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos

Ciudad de México.-Con el objetivo de intercambiar con los Ministros de Hacienda de la región una visión global sobre los retos de política fiscal que afectan a las empresas, la International Chamber of Commerce y su delegación en México (ICC México), participarán en la primera Cumbre Ministerial Fiscal de América Latina y el Caribe, evento inédito que permitirá el encuentro entre los responsables de la política fiscal de los distintos países, los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Sector Privado en general.

La cumbre de Cartagena, Colombia, los días 27 y 28 de julio próximos en una gran oportunidad para tener un acercamiento con las autoridades y poder manifestar ideas y situaciones que se están previendo y la posibilidad de encontrar los cauces donde el sector público y el privado se pongan de acuerdo con el fin de que la economía regional salga beneficiada lo mejor posible.

Recientemente se publicó un acuerdo multilateral en la OCDE, a partir de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos nuevos conceptos que reforman de manera fundamental los regímenes fiscales internacionales, para que sean más justos y funcionen mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada, de acuerdo con un reporte de la organización mundial, y en Cartagena se comentará sobre los retos y oportunidades que se advierten previo a la adopción de nuevas reglas y un esquema de tributación que puede tener un impacto en empresas globales.

La idea es manifestar las dudas, la falta de claridad en algunas normativas y demostrar que desde el sector privado siempre buscamos reglas claras y fáciles de ejecutar, con el propósito de crear mecanismos sencillos a la forma de cumplimiento fiscal y no dar posibilidad a encontrar lagunas en la norma, que faciliten la evasión fiscal, porque de lo contrario se empieza a perder el equilibrio y a tener una sana competencia por falta de un piso parejo para todas las empresas, donde puede haber sectores que tengan algún beneficio y sectores que no.

Entre algunos temas fundamentales que se tratarán están los de la fiscalidad de la digitalización económica; las reformas del Impuesto de Sociedades e Incentivos Fiscales y la implementación de un Impuesto Mínimo Global; la prevención y resolución de conflictos fiscales; la importancia de los impuestos ambientales donde los gobiernos deberían estar preocupados y poniendo énfasis en estas iniciativas; así como temas de estímulos fiscales a la inversión.

También se hablará de los impuestos a los patrimonios o a los capitales, luego de que desde algunos países ya han empezado con iniciativas de gravar riquezas, gravar herencias, que sin duda afecta a la inversión extranjera y patrimonios privados. Y advertir al sector público cuáles son las posibles implicaciones por el retiro de capitales de los países y su traslado a otros, donde puede haber algunos estímulos e incluso a paraísos fiscales.

Desde ICC saludamos que se abran este tipo de foros como el que se realizará esta semana en Cartagena, donde haya la posibilidad de tener el acercamiento con autoridades y poder manifestar abiertamente las preocupaciones de las empresas para mantener y mejorar los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin afectaciones por doble o múltiples tributaciones al realizar operaciones extra-fronteras.

REDESCA llama a los Estados de la región a poner los derechos humanos en el centro de sus políticas fiscales

En Washington D.C la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo 7n llamado a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que adopten un enfoque de derechos humanos como aspecto central de todas las negociaciones, políticas y acciones en materia fiscal.

La REDESCA nota con preocupación que los países de la región suelen recaudar significativamente menos ingresos fiscales que las economías más avanzadas y sus estructuras fiscales suelen ser regresivas. Al mismo tiempo, las empresas multinacionales y las personas más ricas a menudo aprovechan las lagunas de los sistemas fiscales de los distintos países, trasladando sus ganancias desde jurisdicciones de alta tributación a aquellas de baja tributación para minimizar sus obligaciones fiscales, es decir, para pagar menos o nulos impuestos, privando a los Estados de recursos valiosos para garantizar los derechos humanos, en particular los DESCA. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la evasión fiscal en América Latina y el Caribe alcanza los $300.000 millones de dólares equivalente al 6,1% del PIB regional. Los últimos estudios estiman que el 27% de la riqueza de América Latina se encuentra en paraísos fiscales.

En particular, la REDESCA recomienda a los Estados a:

Fortalecer los mecanismos de coordinación en las negociaciones tributarias globales, por ejemplo, apoyando las discusiones hacia una Convención Tributaria de las Naciones Unidas para profundizar las reformas multilaterales que buscan una mayor equidad en el sistema tributario global y un marco de gobernanza global más equitativo.

Promover la progresividad fiscal llevando a cabo reformas fiscales en los países de América Latina y el Caribe para grabar mejor la riqueza y los ingresos del capital y evitar la competencia fiscal.

Combatir los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos incluida la evasión y la elusión fiscal a través de "guaridas fiscales", como parte de su deber de movilizar los recursos máximos disponibles para el cumplimiento de los derechos humanos.

Acordar impuestos verdes emprendiendo políticas fiscales coordinadas sobre los combustibles fósiles, las emisiones de carbono y los impuestos específicos sobre las industrias extractivas y los minerales de transición.

Fortalecer la participación y la rendición de cuentas promoviendo la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionados con la tributación. Esto incluye fomentar la participación significativa de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y grupos marginados en las negociaciones tributarias. Sus perspectivas y voces deben ser escuchadas para garantizar que las políticas y acuerdos fiscales sean inclusivos, transparentes y responsables.

Garantizar la transparencia, implementando registros de beneficiarios finales en todos los países, con acceso público, bajo estándares homologados y sin umbrales mínimos, como paso preliminar para articular un registro regional de activos globales.

Promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad, como enfoques indispensables para disminuir las brechas de desigualdad y remover los obstáculos para la realización de todos los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

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