Firman en Yucatán el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral

• El IEPAC se compromete a promover la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia del proceso electoral 

Mérida, Yucatán.- Autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil y empresariales firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), Región Sureste, donde establecieron una serie de compromisos de índole cívico para impulsar buenas prácticas, la participación ciudadana y la observancia de la ciudadanía en el desarrollo del proceso electoral en curso en nuestro país.

El presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, firmó la adhesión, con el objetivo de promover la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia del proceso electoral. Atestiguó la presidenta del ANIE, Claudia Isela Guzmán González.

Esta fue la primera firma de adhesión regional (que incluye a Yucatán y Campeche), derivada del acuerdo nacional firmado el pasado 23 de octubre. El propósito incluye la elaboración de informes de las diferentes etapas, por ejemplo, las precampañas, Inter campañas, campañas, jornada electoral y pos electoral.

El "Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral" constituye un conjunto de 10 compromisos sociales y cívicos que asumen las instituciones y organizaciones firmantes con el fin de impulsar la organización y el desarrollo de procesos electorales y elecciones íntegras en todo el país durante el proceso electoral 2023-2024. Las y los firmantes del Acuerdo convienen adherirse a los siguientes compromisos:

1. Respetar las leyes en materia electoral, así como los principios democráticos que en ellas se establecen, con el objetivo de sumar esfuerzos para transitar de un sistema basado en la desconfianza a un sistema definido por la confianza entre actores políticos, autoridades y la ciudadanía.

2. Contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes a partir de los estándares de integridad que exigen la adecuada preparación y administración de todo el ciclo electoral.

3. Canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales que tienen como tarea resolver los conflictos y defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.

4. Respetar y tutelar el voto como principio bajo el cual la voluntad de la ciudadanía se expresa y es la última instancia de decisión política y electoral, así como el eje que orienta el mandato de la ciudadanía.

5. Propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia a fin de asegurar igualdad de condiciones durante la contienda.

6. Abstenerse de realizar cualquier acto que afecte las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma sus preferencias y toma sus decisiones para votar, así como denunciar los actos de esta índole de los que lleguen a tener conocimiento como son el uso indebido de recursos públicos, programas sociales para condicionar o interferir en el libre ejercicio del voto.

7. Mostrar plena disposición al escrutinio público, dando vigencia a los principios de transparencia y máxima publicidad que exigen los procesos electorales con integridad, a fin de fortalecer la confianza de la sociedad; lo que incluye fomentar y respaldar la participación de las personas observadoras electorales en cada etapa de los procesos electorales.

8. Promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales con los más altos estándares de protección a los derechos humanos, eliminando las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas, garantizando el derecho a la no discriminación y la máxima inclusión social y cultural. Así como garantizar el principio de paridad constitucional.

9. Sumar esfuerzos para crear sistemas colaborativos para detectar y mitigar todo tipo de violencia durante los procesos electorales, fomentando la cooperación a largo plazo entre todos los órdenes de gobierno, instituciones, ciudadanía y redes globales de observadores. Del mismo modo, actuar con la debida diligencia para evitar, prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género.

10. Respetar, cumplir y hacer cumplir las determinaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, federales y locales, como lo son las medidas cautelares, resoluciones y sentencias.

La consejera de la Judicatura Mariana Gaber Fernández Montilla, quien asistió en representación del Poder Judicial del Estado, señaló que esa instancia reitera su compromiso con la neutralidad en un marco de respeto a las instituciones y al estado democrático, así como el apego de las y los servidores públicos a los principios del Código de Ética y Conducta de este poder público.