Senado aprueba en comisiones minuta de Reforma Judicial del presidente López Obrador

Se trata de una de las iniciativas más analizadas y debatidas, destacan senadores de Morena.

PAN propone que el proyecto se revisará en Parlamento Abierto, pero esta propuesta no fue aceptada.

  • En comisiones del Senado, grupos parlamentarios fijan postura en torno a la reforma judicial

Ciudad de México.-  En el Senado de la República, los y las integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presididos por las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, aprobaron con 25 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la minuta que ordena una menor remuneración para ministros, magistrados, jueces y demás personal del Poder Judicial, y que ésta no sea mayor a la del o la titular del Ejecutivo Federal.

Entre otros puntos, el dictamen reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.

Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.

La reforma al Poder Judicial establece un método democrático para la elección de las y los ministros, magistrados y jueces, mediante voto universal, directo y secreto, a través de un procedimiento específico.

Entre los requisitos para ser electo ministro, además de contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente, se establece un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias específicas relacionadas con el cargo, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Y contar con práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

Los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado que presiden Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, aprobaron la minuta de Reforma Judicial del presidente López Obrador, que tienen el propósito de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto universal de las y los ciudadanos..

La votación final, tras casi siete horas de debate, fue de 25 votos a favor de Morena y aliados y 12 en contra, estos últimas de PAN, PRI y MC, quienes sostuvieron que la reforma va encaminada a someter a la Suprema Corte y al Poder Judicial.

Los correligionarios de AMLO respondieron que los opositores defienden los privilegios y corruptelas de los juzgadores.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández Mora, secretaria general de morena, resaltó que se modifican diversos artículos de la Constitución, que son “de profunda trascendencia” para democratizar al poder judicial, entre ellos la elección a través del voto popular de jueces, magistrados y ministros.

Se trata, de una “reingeniería estructural que rompe las lógicas que han prohijado la construcción de un sistema de cotos de poder y vicios corruptores dentro del poder judicial”, que durante décadas “lo han carcomido”.

Expuso asimismo que la reforma permite sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal Disciplina Judicial , que revisará a profundidad la actuación y proceder de los juzgadores , sobre todo si el sentido de sus resoluciones afectan derechos de la ciudadanía.

La senadora Hernández Mora aclaró que el dictamen de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados fue presentado en sus términos, toda vez que en San Lázaro, se formularon 104 modificaciones a la iniciativa en esa materia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posicionamientos de los senadores 

Al inicio de la reunión de trabajo de estos órganos legislativos, el senador Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, propuso que la Cámara de Senadores analizara la reforma en Parlamento Abierto.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 23 votos en contra y 11 votos a favor, pues legisladores de Morena, PVEM y PT consideraron que han pasado más de siete meses desde que el titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa, se han realizado diversos foros para analizarla y ha generado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México.

Además, las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, y Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, presentaron un documento para solicitar que la participación de las senadoras y senadores de sus bancadas sea bajo cautela ante la suspensión definitiva de este proceso legislativo otorgado por diversos jueces federales.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el área jurídica del Senado atiende los requerimientos de las y los jueces, y responderá conforme al marco legal. En ese sentido, recordó que, de acuerdo con la ley, es improcedente un juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.

Luego se dio paso a la presentación de posturas de los diferentes grupos parlamentarios en torno al contenido del dictamen sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Por Morena, el senador Óscar Cantón Zetina afirmó que el pueblo de México le otorgó a Morena y sus aliados casi 36 millones de votos y, con ello, “el poder reformador que la Constitución exige”, es decir, las dos terceras partes del Congreso para terminar con las injusticias, la corrupción, la ineficiencia y la insensibilidad del Poder Judicial.

El senador Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, exigió “al oficialismo” que deje de presionar a las y los legisladores de oposición para que voten a favor de la reforma judicial. Además, confió en que las y los senadores de oposición no se doblarán ni se venderán para detener esta propuesta y empezar a “trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana”.

Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, afirmó que el voto de los y las legisladoras de su bancada será en contra, porque la reforma no es democrática y quienes “la van a padecer” son las personas más pobres; además, afirmó que “es falso” que los ciudadanos vayan a elegir a quienes sean sus juzgadores, pues los candidatos serán seleccionados por Morena y el Gobierno Federal, y en las entidades, lo harán los gobernadores.

El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, aseguró que desde 2018 inició la democratización del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el gran pendiente es el Poder Judicial, por lo que es momento de que este empiece a trabajar en beneficio del pueblo.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno acusó que la propuesta no resuelve los problemas de justicia, sino que vulnera el Estado de Derecho al buscar que el Ejecutivo controle al sistema judicial, lo que provocará un impacto negativo en la certeza jurídica que requieren inversionistas y trabajadores, sobre todo, de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Alejandro González Yáñez, senador del PT, recordó que uno de los ideólogos del PAN, Juan José Rodríguez Prats, llamaba a los integrantes de este partido político para que se sometieran a la congruencia histórica y fueran leales a sus antecedentes, entre ellos, a las ideas de José Vasconcelos, que recomendaba que el Poder Judicial fuera creado, “al triunfo de la reforma, mediante la elección popular de jueces y magistrados”

En el debate entre senadoras y senadores a favor y en contra del dictamen, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, aseguró que el pueblo de México está a favor de la reforma constitucional y ha optado por poner fin a la impunidad, la corrupción y a los vicios del pasado, por eso el propósito central del proyecto es garantizar la independencia judicial, al permitir que nuestros operadores jurídicos sean elegidos por el voto directo y secreto de la ciudadanía.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó como un “absurdo” el proceso de selección de candidatos para ministros, jueces y magistrados, pues serán los legisladores de Morena, con su mayoría en el Congreso de la Unión, quienes definan los comités de evaluación para escoger a las personas que aparezcan en la boleta de elección.

Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el T-MEC, en el anexo 23 y los capítulos 14 y 17, relacionados con la certeza jurídica para la inversión y la independencia judicial.

Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez, pues existen requisitos específicos para ello; acusó, además, que priva el nepotismo para obtener puestos laborales, pues datos señalan que 23 por ciento de los trabajadores tienen más de cuatro familiares en el Poder Judicial.

Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre sostuvo que la mayoría legislativa lucha por transformar el Poder Judicial en beneficio de la gente, mientras que la oposición lo hace por un grupo de poder, para que puedan conservar sus privilegios, salarios que son inconstitucionales, bonos, financiamiento para vehículos blindados, pensiones vitalicias y para conservar pactos “en lo oscurito”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.

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