Primera Reunión Nacional para la Protección y la Justicia Ambiental

• Acusan recursos económicos y humanos limitados, la falta de procuradurías estatales, el retraso en nombramientos de titulares, la necesidad de actualizar las leyes estatales obsoletas, proliferación de desarrollos inmobiliarios, entre otros

Ciudad de México.- Autoridades ambientales de las 32 entidades del país participan en la Primera Reunión Nacional para la Protección y Justicia Ambiental, convocada por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que encabeza Mariana Boy Tamborrell.

En la reunión se analizan las problemáticas ambientales en el país, las posibilidades de colaboración y los alcances de la nueva Profepa.

Boy Tamborrell indicó que hoy la PROFEPA cuenta con más herramientas para cumplir con su mandato de proteger los ecosistemas y asegurar el acceso a justicia ambiental. 

Entre esas herramientas citó el fortalecimiento de la prevención, robustecimiento de la capacidad para elaborar los dictámenes técnicos y cárpetas sólidas de investigación, fortalecimiento de la participación y la colaboración con la ciudadanía (comunidades, pueblos, academia, organizaciones, etc.), acompañar a las personas defensoras del medio ambiente y del territorio y procesos de restauración y remediación.

En las intervenciones autoridades de Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, Morelos, Gobierno del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala plantean, entre los desafíos ambientales, el incremento de venta de ejemplares de vida silvestre, maltrato de animales, leyes no armonizadas, falta de capacitación a inspectores estatales, uso excesivo de plásticos, ausencia de ayuntamientos, tala ilegal, mejorar la elaboración de dictámenes técnicos, contaminación de ríos por descargas residuales.

Igualmente, la contaminación atmosférica, manejo inadecuado de residuos, impactos de la actividad minera en los territorios.

Además de las problemáticas ambientales compartidas, las entidades de la zona norte, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, plantean los recursos económicos y humanos limitados, la falta de procuradurías estatales, el retraso en nombramientos de titulares, la necesidad de actualizar las leyes estatales obsoletas, proliferación de desarrollos inmobiliarios, incumplimiento de la normatividad ambiental, cierre de los accesos a playas, cambios de uso de suelo ilegales, inspección a bancos de materiales, entre otros.