- Para prevenir posibles gastos excesivos, la Corte detalló que la compra de estas unidades se dio mediante la venta de un parque vehicular de mayor precio
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que realizó la adquisición de una nueva flotilla de camionetas blindadas para las y los nueve ministros que integran el Pleno del Alto Tribunal.
En total son nueve camionetas blindadas Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones. Cada uno eligió el color entre gris y blanco.
La administración de la SCJN detalló que la compra se basa en normativa interna vigente, pues se establece que la duración de dichos vehículos debe cambiarse cada cuatro años (o antes, en caso de desgaste o necesidad).
Además, señalaron que dicho cambio se debió a una cuestión de seguridad y prevención, y aseguraron que se decidió conforme a opiniones técnicas de autoridades federales.
---“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.
Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.
Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, indica el documento.

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