- Me ha falsificado firmas, me ha acusado y me ha interpuesto múltiples demandas con el único objetivo de destruirme económica y emocionalmente, sabiendo que yo soy el único sostén del menor.
Mérida, Yucatán.- El presidente de la Junta Especial 2 de la Junta de Conciliación y arbitraje del Estado de Yucatán, Edwin Alberto Morales Narváez, fue denunciado por su exesposa como agresor y violentador emocional, psicológica, económica y patrimonial.
El funcionario, desde el gobierno de Mauricio Vila Dosal, tiene la denuncia penal con expediente número 310/2021 por deudor alimentario, además de una orden de restricción desde el 2022, por amenazas y violencia de todo tipo.
En una denuncia pública dirigida al gobernador Huacho Díaz Mena la denunciante, Jessica Graciela Niño Hernández, recurrió a la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval en diciembre de 2023 ante la inacción del gobierno de Mauricio Vila ante las amenazas del servidor público, las cuales exhibió la quejosa.
Aseguró que la jueza del caso ha resuelto varios fallos en contra del padre de su hijo, sin embargo éste ha utilizado todos los recursos para no pagar”.
----“Responsabilizo al señor Edwin Alberto Morales Narváez, si algo me llegara a suceder a mí, a mi hijo o mi familia después de esta publicación”, subrayó.
El escrito que publicó en sus redes sociales:
---“Denuncia pública, A las autoridades Gobierno del Estado de Yucatán, al Gobernador del Estado Huacho Díaz Mena y a todas las dependencias de gobierno, incluida la Secretaría de Salud:
El padre de mi hijo nos ha violentado emocional, psicológica, económica y patrimonialmente.
Tiene una orden de restricción por amenazas en mi contra.
Fue necesario demandarlo y embargar su salario para que pagara la pensión de su propio hijo.
Aun así, ha utilizado su poder y sus influencias para embargar la casa donde vive su hijo conmigo y la casa de sus abuelos, sabiendo perfectamente que el menor vive ahí.
Me ha falsificado firmas, me ha acusado y me ha interpuesto múltiples demandas con el único objetivo de destruirme económica y emocionalmente, sabiendo que yo soy el único sostén del menor.
Mientras yo trabajo para mantener a mi hijo, pagar abogados y defenderme, él sigue en el poder.
Es Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Sigue en su cargo.
Sigue con dinero.
Sigue protegido.
¿Dónde está la Ley 3 de 3?
¿Por qué no está en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios?
¿Por qué una persona con denuncias, violencia acreditada y orden de restricción sigue siendo servidor público?
He denunciado esto en múltiples ocasiones.
Ni Mauricio Vila me escuchó.
Ni el gobernador en curso
Las autoridades saben.
Los documentos existen.
Y no hacen nada.
Esto es corrupción.
Esto es violencia institucional.
Esto es el Estado protegiendo al agresor y abandonando a una madre y a un niño.
Hoy lo hago público porque el silencio solo protege a quien abusa del poder.
Y porque las autoridades que callan también son responsables.
Hoy lo hago público porque ya no basta con denunciar en silencio.
Porque la justicia no debería depender del cargo, del dinero ni de los contactos.
Aquí seguimos, resistiendo.
Pero no por elección, sino por súper vivencia
Responsabilizo al señor a su familia y a las autoridades de Yucatán por cualquier cosa que nos llegara a suceder”, finaliza el documento.



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