Revelan presuntas irregularidades de empresa de ciberseguridad en el Poder Judicial

• Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa en diciembre de 2023
• Es la misma empresa, también por adjudicación directa, que presentó presuntas irregularidades en la FGE.

Mérida, Yucatán.- Una investigación interna arrojó presuntas irregularidades e incumplimiento de la implementación de un sistema de justicia digital en el Poder Judicial del Estado denominado “Sistema de Apoyo a Procesos de Justicia (SAPROJ) Poder Judicial” entregado mediante adjudicación directa por unos 30 millones de pesos a la empresa regiomontana Total Systems SA de C V., en el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

La adjudicación directa, a la empresa representada por Juan Pablo Lavín Moreno y su CEO Víctor Iván Contreras Lozano, se realizó en diciembre del 2023 bajo el contrato DAF-46/2023 AD. A la fecha solo se tendría acreditado un avance aproximado del 5 por ciento del proyecto, aunque se habría pagado en tu totalidad.

Solicitamos la versión oficial, sin embargo esta no ha llegado. El SAPROJ Poder Judicial prometía, según el documento, implementar un sistema de justicia digital integral con tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la justicia.

Con ello habría automatización de procesos, integración de datos, firma electrónica, videoconferencias, portal ciudadano, módulos especializados: desde la recepción de denuncias hasta la ejecución de sentencias.

Con ello se buscaba mayor eficiencia al reducirse los tiempos de procesamiento de casos y optimiza el uso de recursos.Mejor acceso a la justicia, pues facilitaría el acceso a la información y a los servicios judiciales para los ciudadanos.Mayor transparencia, reducción de costos, adaptabilidad a nuevas tecnologías, lo cual permitiría una actualización constante del sistema para aprovechar las nuevas herramientas y tendencias.

Sin embargo, trascendió que a la fecha no se han entregado la documentación técnica, informes de implementación, sistemas operativos ni productos finales que justifiquen el uso de los recursos públicos.

La preocupación de los auditores es que las garantías contractuales únicamente ampararían alrededor de 18 millones de pesos, una cifra significativamente menor al monto total contratado.

No es el primer caso con esta empresa

Este no es el primer caso contra la regiomontana Total Systems. Anteriormente el gobierno de Vila Dosal entregó por adjudicación directa, según contrato número C/JUR/023-2022, para la “Adquisición del ‘Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia (SAPROJ) Fiscalía General”, por un monto de 22 millones 428 mil 971 pesos.

De manera extraña el método de pago fue pactado más allá de lo que comúnmente se realiza, pues se le otorgó al proveedor 

un anticipo del 50 %, es decir 11 millones 214 mil 485.51 pesos; y el otro 50% como pago final al término del plazo de ejecución establecido del 12 de mayo hasta el 12 de noviembre del 2022.

La empresa prometió, al igual que en el Poder Judicial, la automatización de procesos e Inteligencia artificial para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones más informadas.

También se menciona por otra parte, irregularidades cometidas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial del Estado (PJE), pues en agosto de 2022 duplicaron licitaciones para la adquisición de equipo de tecnologías de la información.

La empresa ganadora en ambos fallos fue Warriors Group Services and Technologies, una iniciativa privada constituida en San Luis Potosí; en un lapso de cinco días autorizó una doble adquisición de equipo de tecnología por 3.3 millones de pesos