Por litigio de tierras en Ixil, vinculan a Ocernasky y a dos campesinos mayas

• La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado informó que en audiencia pública celebrada en el juzgado de control de Progreso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputación en contra del director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana y los campesinos mayas Cecilio Cisneros Rivero y Guillermo Julián Yam Ek, por hechos relacionados con la probable comisión del delito de despojo de bien inmueble en el municipio de Ixil. 

La organización Santa María Chi señaló que “esto debería irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incompetencia intercultural de una jueza. “Tu Jueza Suemy Lizama que se vendió a los financiadores de la política e inmobiliarias y los ejidatarios ex comisarios ejidales y ex presidentes municipales , si quieren nombres en Ixil los podrán preguntar: Hugo Aguilar, ministro denle catedra a una juez que no conoce el territorio”.

Cabe señalar que los defensores de las tierras ejidales de Ixil fueron vinculados a proceso judicial por la juez Suemy Lizama Sánchez quien consideró que había datos de prueba suficientes para acreditar el delito de despojo de cosa inmueble, denunciado por las familias Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez, interesadas en la disputa de más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil.

Los empresarios aducen que las tierras les pertenecen, sin embargo, representantes de la comunidad señalan que son tierras ancestrales que han trabajado durante generaciones. 

De acuerdo con los datos expuestos por la representación social, los hechos ocurrieron en diversas fechas entre los años 2022 y 2024, en predios que son propiedad privada, donde presuntamente se impidió el acceso y disfrute de determinados inmuebles a quienes acreditaron fehacientemente los derechos sobre los mismos.

De acuerdo con el Poder Judicial la autoridad judicial actuó en estricto apego a derecho, garantizando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de la integridad y derechos de todas las personas involucradas.

Una vez escuchadas las partes, la Juez de Control determino conceder el término de cuatro meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el próximo 11 de septiembre del 2026.

---“El Poder Judicial reitera que las resoluciones y actuaciones realizadas dentro de este procedimiento responden al cumplimiento de las leyes vigentes y a los principios que rigen el sistema de justicia.

Se hace énfasis en que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por autoridad competente.”, señala el comunicado.

Comunicado de la Fundación Yansa A. C.

·La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

---“Desde Fundación Yansa informamos que se impugnará la resolución emitida por la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez en el Juzgado de Progreso, en la audiencia celebrada el día de ayer mediante la cual fueron vinculadas a proceso tres personas defensoras del territorio de Ixil, entre ellas dos integrantes de la comunidad y el director de la Fundación.

Consideramos grave que durante la audiencia se criminalizara a personas defensoras por portar herramientas propias del trabajo del campo y que se utilizara el término “grupo de choque” para referirse a integrantes de la comunidad que defienden su territorio.

Asimismo, la resolución ignoró principios constitucionales y estándares nacionales e internacionales de protección a los pueblos indígenas. La jueza sostuvo que Ixil no contaba con reconocimiento como pueblo indígena maya al momento de los hechos, pasando por alto que la autodeterminación y la identidad de los pueblos indígenas, los cuales debían ser observados y garantizados durante el proceso.

Reiteramos que defender el territorio y acompañar a las comunidades en la protección de sus derechos no puede ser tratado como un delito”.