Estalla caso de Hernán Vega Burgos por lista de políticos mexicanos a los que eu habría cancelado visa

• Hoy, como ayer, el ahora magistrado -entonces delegado del INM- rechazó estar involucrado en la protección de una banda de tratantes de blancas y de lenocinio
• Acusó entonces que una “mente perversa” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretendió perjudicarlo aprovechando los tiempos electorales del 2009.
• El entonces subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, confirmó en su momento los señalamientos y acusó como cómplices de Vega Burgos a su chofer Juan Vicente Huaracha y al subdelegado de Migración, Alejandro Barrera.

Mérida,Yucatán ---“Mi visa de turista venció desde el año 2018. Por motivos estrictamente de tiempo y agenda personal, no he realizado el trámite legal correspondiente de renovación. El no tener una visa vigente hoy día no corresponde a una sanción a mi persona”, afirmó el magistrado Hernán Vega Burgos al responder al periódico español El País que difundió una lista de políticos mexicanos con visa cancelada por Estados Unidos.

En una carta que publicó en su perfil de Facebook bajo el título “Falso que me hayan cancelado la visa; rechazo rotundamente las calumnias en mi contra”, el abogado Vega señala, con relación a la nota publicada por el diario español El País y difundida recientemente en redes sociales, “me veo en la necesidad de aclarar de manera firme y directa las falsas imputaciones que dañan mi honor y la investidura que representa la confianza que me dieron las y los yucatecos para servirles en el Tribunal Superior Justicia del Estado de Yucatán”.

Enumera tres razones:

1.- Es falso que me hayan cancelado la visa: El Gobierno de los Estados Unidos no me ha revocado, cancelado ni suspendido ningún visado en febrero pasado ni en ninguna otra fecha. La publicación no cita una sola fuente oficial porque dicha información simplemente carece de sustento alguno.

2.- Decisión meramente personal: Mi visa de turista venció desde el año 2018. Por motivos estrictamente de tiempo y agenda personal, no he realizado el trámite legal correspondiente de renovación. El no tener una visa vigente hoy día no corresponde a una sanción a mi persona.

3.- Rechazo rotundamente los apodos y nexos falsos: Desconozco categóricamente el sobrenombre que se me atribuye en dicha nota. Es totalmente falso que un servidor cuente con los nexos ilícitos que de manera irresponsable se mencionan. Nunca he estado detenido, presentado ni sancionado por ninguna autoridad, ni siquiera por una falta administrativa. Cuento con sentencias firmes y ejecutoriadas, de naturaleza pública, que lo acreditan.

Lamento que algunas personas difundan y repliquen publicaciones mal intencionadas en redes sociales, que difaman sin sustento ni verificación de los hechos. Agradezco la confianza de la ciudadanía de Yucatán y reitero mi compromiso diario con la verdad y la justicia en nuestro estado”.

¿Cómo inició la historia?

El 12 de junio de 2009 el entonces delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, se separó de su cargo para facilitar las investigaciones judiciales que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto encubrimiento de una red de prostitución internacional que opera en la entidad.

En una carta enviada a los medios de comunicación, Vega Burgos rechazó estar involucrado en la protección de una banda de tratantes de blancas y de lenocinio, y negó conocer a las dos costarricenses que lo acusan de obligarlas a tener relaciones sexuales con él, bajo la amenaza de violación tumultuaria o deportación.

Señaló que una “mente perversa” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretende perjudicarlo aprovechando los tiempos electorales.

Segob confirmó la renuncia de Vega como delegado del INM

La Secretaría de Gobernación confirmó en un comunicado de prensa la renuncia del funcionario y precisó que esta determinación es de carácter personal y tiene el propósito de agilizar la investigación iniciada en la instancia estatal, tras las denuncias presentadas por las dos extranjeras.

Vega Burgos afirmó en su carta ser víctima de una “trampa” para dañar su labor como funcionario público. Sin embargo, declinó identificar a la persona que en la procuraduría estatal pretende involucrarlo en las operaciones de una red de prostitución.

El acusado pasó de testigo a indiciado, en tanto la PGJE remitió el caso a la PGR, porque se denuncian presuntos nexos con una banda de traficantes de mujeres.

Gobernación señaló por su parte que el INM actuará con estricto apego a derecho y otorgará todas las facilidades a las autoridades competentes para que puedan esclarecer los hechos a la brevedad posible.

De igual manera, ratificó su compromiso de combatir la corrupción dentro del instituto “cuando se demuestre que hay casos indebidos”.

Las mujeres costarricenses

Días ante, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca fueron liberadas por agentes de la Policía Judicial de Yucatán de una casa de seguridad en la colonia México Norte donde presuntamente eran obligadas a prostituirse con “gente de clase social elevada”. Habrían llegado a Mérida con la promesa de ser modelos.

Una mujer, Rosa María Casanova May, apodada La Mamut, impidió la entrada de los judiciales.

Las mujeres sostuvieron un careo con Vega Burgos en la agencia 19 del Ministerio Público del fuero común, donde señalaron que fueron contactadas por una red de prostitución para trabajar en Yucatán, aunque no imaginaron que las mantendrían encerradas “como esclavas”, a cambio de un sueldo miserable.

Las costarricenses acusaron que Vega Burgos de recibir favores sexuales y 15 mil pesos mensuales como parte del trato para proteger a la poderosa banda internacional de traficantes de blancas y de prostitución, además de que las obligaba a sostener relaciones sexuales con él. “Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”, alegaron.

Narraron que estuvieron encerradas en la casa de seguridad, al norte de Mérida, por más de tres meses, y que arribaron a México de manera ilegal contactadas por una mujer a la que sólo identificaron como Keysi Johana González Corrales, originaria de Costa Rica.

La protección presuntamente incluía permitir el ingreso de mujeres centroamericanas a México sin que quedara registro oficial para entorpecer cualquier investigación por su desaparición.

Este hecho derivó en la averiguación previa 583/19ª/09.

Rafael Acosta acusó a cómplices de Vega Burgos

El entonces subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, confirmó en su momento los señalamientos y acusó como cómplices de Vega Burgos a su chofer Juan Vicente Huaracha y al subdelegado de Migración, Alejandro Barrera.

A su vez, Keysi González, tras su detención, declaró que las imputaciones en su contra son falsas; también negó conocer a Vega Burgos e incluso aseguró que la yucateca Gloria Carrera Domínguez es quien vínculos con el INM y controla la prostitución en Mérida.

Vega Burgos absuelto de todo

Debido a esas acusaciones, el abogado yucateco renunció a su puesto y fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Yucatán por los cargos de trata de personas. 

Vega burgos fue investigado por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y por la Policía Judicial de Costa Rica y la subprocuraduría de Justicia del Estado.

Finalmente, a pesar de los señalamientos directos de las víctimas, Vega Burgos fue absuelto de los delitos y, por lo tanto, no cuenta con antecedentes penales.

Keysi González, absuelta de todo

En una carta enviada en febrero de 2019 a los medios de comunicación el abogado José Antonio Peniche Sansores, defensor de Keysi Johana González Corrales, solicitó precisar que su cliente fue absuelta por la justicia federal de los delitos que le atribuyeron las autoridades ministeriales.

También sostuvo que el problema que llevó a la señora González a prisión tuvo su origen en un pleito entre el exsubprocurador Rafael Acosta Solís y el entonces delegado de Migración, Vega Burgos.