Sentenciado a más de 50 años de prisión por violación y abuso sexual

Mérida, Yucatán.- Tras acreditarse las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Daniel Vitorin T. fue condenado a 50 años y dos meses de prisión por los delitos de abuso sexual y violación equiparada, cometidos en agravio de sus dos hijos menores de edad en el municipio de Tizimín.

De los hechos integrados en la causa penal 92/2024 del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, se desprende que las agresiones ocurrieron entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 2024 en el interior de un predio ubicado en la colonia Santa Cruz.

Durante ese periodo, aprovechando el parentesco y que tenía a los infantes bajo su cuidado, realizó tocamientos lascivos en diversas ocasiones contra ambos menores y, en el fin de semana del 11 al 13 de octubre del mismo año, agredió sexualmente a su hija.

El expediente señala que Jorge Daniel agredió sexualmente a sus hijos: una menor de 6 años y ejecutó tocamientos lascivos en contra de otra víctima de 4 años, en un predio ubicado en la colonia Santa Cruz, en la citada localidad, por lo que se presentó la formal denuncia, misma que derivó en la causa penal 92/2024.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la madre, que está separada de Jorge Daniel desde hace tres años (en 2024), este abusaba de sus hijos cuando pasaba a buscarlos para llevarlos a su domicilio, en la ciudad de Tizimín.

La denunciante se enteró de los hechos cuando los menores le contaron lo que ocurría cada vez que iban a casa de su padre.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, bajo la carpeta 48/2025, la autoridad judicial desglosó la condena en 17 años y seis meses de prisión por el delito de violación equiparada, sumados a 16 años y cuatro meses por cada uno de los cargos de abuso sexual, además del pago total de 5 mil 483 Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, se condenó al sentenciado al pago de la reparación del daño de manera integral y a gestionar el tratamiento psicológico para las víctimas, además de recibir una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, la prohibición definitiva de acercarse a los afectados y la negativa de cualquier beneficio de sustitución de sanciones.