Ciudad de México.-  La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres, propuso un plan emergente de prevención y atención a la violencia institucional contra las mujeres, niñas y niños, ante la incapacidad del Estado y la ausencia de políticas públicas para hacer frente a la violencia hacia esos sectores de la población.

En rueda de prensa, dijo que busca que la subcomisión ofrezca asesorías y acompañamiento directo a víctimas de violencia institucional donde las mujeres puedan denunciar al policía, ministerio público, perito o juez que haya omitido o generado alguna acción que vulnere sus derechos humanos y como víctima.

También, asesoría y acompañamiento directo a las víctimas de violencia de género cometidas por algún funcionario público; impulsará la construcción de un registro único de agresores contra las mujeres por razones de género y garantizará mediante solicitudes directas a las unidades de atención a víctimas la reparación integral del daño.

Convocó a las barras y colegios de abogados, despachos, abogadas y abogados en lo individual a “apoyarnos en la supervisión, acompañamiento y litigio estratégico de los casos en lo particular como un esfuerzo probono en favor de erradicar esta pandemia de violencia contra las mujeres, niñas y niños”.

Expuso que en el caso de las niñas y niños el tema es aún más grave, pues las políticas públicas son insuficientes o no existen, se suma a eso, subestimar su palabra y dejarlos en total desprotección, “además, de que se ha convertido en un negocio para los ministerios públicos y jueces el hecho de ser omisos o negligentes obligando a los menores abusados a convivir con su agresor".

Villavicencio Ayala agregó que pretende eliminar la prescripción de todos los delitos que impliquen algún tipo de violencia sexual y que reformará la Ley General de Acceso a una vida libre de Violencia para que las alertas de género puedan ser declaradas de oficio, sin que medie la petición de una organización civil, para evitar aplazar el proceso y la atención de la emergencia.

Hizo un llamado al Congreso de la Unión a garantizar la elaboración de un código penal único para sancionar a quienes hayan sido testigos, tenido conocimiento o hayan podido prevenir la comisión de un delito o ejercicio de violencia sexual contra mujeres y menores, y no haya informado, denunciado o colaborado.

“Urge hacer las modificaciones al artículo 73 de la Constitución para que podamos elaborar el código penal único, al no existir ninguna política de prevención, atención y erradicación de estas violencias que se repiten y anuncian, hasta culminar en feminicidios con la complicidad de los gobiernos, fiscalías y jueces por omisión”, apuntó.

Comentó que citará con carácter de urgente a los fiscales de los estados y al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al Consejo de la Judicatura Federal para conocer las acciones concretas, mecanismos y programas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Ante un sistema de justicia colapsado, corrupto y carente de órganos autónomos eficientes que den seguimiento a la actuación de los jueces y magistrados, como es el Consejo de la Judicatura, las fiscalías y ministerios públicos que no están asumiendo su función como representantes de la sociedad al ser omisos y negligentes en la atención a las mujeres víctimas de violencia”, señaló.

La diputada consideró que las autoridades están valorando los feminicidios y violencias desde estereotipos y prejuicios, y no desde un enfoque diferenciado de derechos humanos y perspectiva de género, lo cual “impacta las determinaciones, negando el derecho del acceso a la justicia, un debido proceso y una investigación seria y profunda que derive en sentencias en favor de las mujeres”.

Precisó que diseñará y generará una certificación obligatoria en materia de género y derechos humanos para ministerios públicos, peritos y policías que contenga la validación de no haber sido agresores y para que cuenten con la preparación necesaria para poder atender a las víctimas de violencia por razones de género.

Ciudad de México.- El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) afirmó que su iniciativa que propone acortar la durabilidad de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no pone en riesgo las elecciones y “va por el camino de la austeridad”.

“Nadie quiere poner en riesgo las elecciones, pero nosotros sí queremos, sí tenemos una agenda muy clara, que va por el camino de la austeridad”, sostuvo en declaraciones a la prensa en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Indicó que lo que busca es que las elecciones sigan teniendo la misma certeza, eficacia, además de ser confiables, “pero que no gastemos tanto”.

“Por eso votó el pueblo, por la austeridad, y el INE forma parte del Estado Mexicano, no es una República independiente, es parte del Estado mexicano, reciben recursos públicos y nosotros tratamos de generar propuestas que se orienten a optimizar esos recursos”.

Expuso que la democracia de México es de las más caras del mundo, por ello, se requieren mecanismos que garanticen las elecciones, pero sin llegar a extremos de gastos innecesarios o de burocracia excesiva.

El planteamiento, dijo, está dirigido a hacer eficiente y mejorar el INE, pues aunque su sistema no es pésimo, tampoco perfecto. “Hay que corregir y llevarlo a un camino donde sea más eficaz con menos dinero”.

Gutiérrez Luna puntualizó que su iniciativa “no particulariza contra alguien”, consiste en modificar instituciones.

“Nuestra idea es que el instituto funcione mejor. Mientras más sea un órgano autónomo y tenga certeza o la dé a todos los jugadores de la política, es en la medida en que menos conflictos tendremos. Nosotros no queremos conflictos, yo creo que nadie los quiere”, dijo.

Reiteró que no se pretende vulnerar la autonomía del INE y tampoco significa que Morena quiera apropiarse del instituto, sino se busca evitar gastos excesivos.

“Morena ganó porque uno de los postulados en la campaña fue la austeridad para el ejercicio público, y esto pasa por todos los cargos públicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Hemos venido tratando de impulsar reducciones para que no sea tan oneroso el costo de estos órganos”, añadió.

El legislador recordó que la iniciativa la presentó a título personal; sin embargo, buscará el respaldo de los integrantes de su bancada, y así pueda ser discutida.

Ciudad de México.- Los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el del Instituto Nacional Electoral (INE), firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de intercambiar información y buenas prácticas para prevenir y combatir posibles actos de corrupción.

En la Cámara de Diputados, durante la firma del convenio, del que fue testigo de honor la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, el Contralor Interno del INE, Jesús George Zamora, subrayó que los órganos constitucionales autónomos están expuestos al fenómeno de la corrupción, pero al igual que cualquier servidor público, sus miembros pueden y deben ser sancionados por los actos de corrupción que cometan.

Ante los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), César Iván Rodríguez Sánchez; del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Manuel Rodríguez Murillo; de la Fiscalía General de la República (FGR), Arturo Serrano Meneses y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gricelda Sánchez Carranza, destacó la importancia de la defensa de la autonomía.

La autonomía constitucional de los Órganos Internos de Control (OIC), dijo, tiene el objetivo común de permitir, de la forma más imparcial y objetiva posible, el desarrollo de políticas y funciones específicas de gran valor para la sociedad y el Estado mexicano.

“Es claro que estas instituciones deben de ser protegidas, pero no debemos confundir autonomía con impunidad”, sostuvo.

El Contralor George Zamora, precisó que “la mejor defensa de la autonomía del INE, de la FGR, del INEGI, del INAI y del IFT es mostrando a la sociedad una gestión administrativa pulcra y eficiente”.

Por ello, hizo votos porque se materialice a la brevedad la plataforma digital del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En tanto, agregó, los Órganos Internos de Control “no podemos quedarnos cruzados de brazos”.

Con la firma de este convenio de colaboración entre los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionales autónomos, señaló, se eleva su calidad como entes fiscalizadores, lo que permitirá prevenir y sancionar, de una mejor manera, los actos de corrupción. “Los OIC de los órganos constitucionales autónomos nos comprometemos a ser modelo para todos los OIC del país”.

 Necesario fortalecer el desarrollo político, económico, social y democrático del país

Durante su intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, enfatizó la característica común que tienen los organismos constitucionales autónomos: que fueron creados por el Estado mexicano para cumplir funciones estratégicas que, en su momento, se consideró que no debían ser ejecutadas por el Ejecutivo Federal.

“Ahora más que nunca tenemos que fortalecerlos porque son estratégicas para el país, para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia; en síntesis, para el desarrollo político, económico, social y democrático del país”, apuntó.

La diputada celebró la firma del convenio y animó a los titulares de los Órganos Internos de Control a continuar con la labor de prevenir, sancionar y combatir la corrupción, materia en la que México no se encuentra bien evaluado.

“De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, de Transparencia Internacional, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa la última posición, lo que indican los retos en materia de combate a la corrupción y a la impunidad”, dimensionó, al sostener que del fracaso en el combate a la corrupción se deriva la falta de confianza en las instituciones.

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Sistema de Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), UNICEF México y el Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, inauguraron las Mesas de deliberación sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIyJ) “Hacia la construcción de una agenda para su atención”.

El objetivo de este ejercicio de discusión es revisar conjuntamente, con instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, las propuestas de una agenda, integrada a partir del análisis de los resultados obtenidos en la pasada Consulta Infantil y Juvenil 2018.

En el evento inaugural, Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, señaló que con estas mesas se pretende dar seguimiento al trabajo desarrollado en la Consulta, donde participaron más de 5.6 millones de niñas, niños y adolescentes.

“Estos no sólo son espacios de educación cívica, son un ejercicio de participación en donde lo fundamental es que sus opiniones sean tomadas en cuenta para construir una agenda, crear políticas públicas y dar respuesta a lo que los niños plantearon”.

Cardiel dijo que, con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), el INE busca crear las condiciones idóneas para que la ciudadanía se apropie del espacio público.

“La deliberación nos permite crear condiciones propicias para el desarrollo de políticas públicas en favor del sector infantil”.

Por su parte, Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reconoció los 21 años de la aplicación de la CIyJ, y apuntó que se debe reforzar la creación de espacios donde niñas, niños y adolescentes intercambien sus opiniones. “La participación no nada más es un derecho es un principio”, reiteró.

También afirmó que la dependencia a su cargo está abierta al pleno ejercicio de los derechos de los niños y reconoció que el sector juvenil se encuentra a la vanguardia de la agenda pública, con temas como el cambio climático y el feminismo.

Paola Gómez, Oficial de Educación de UNICEF México, destacó la importancia del diálogo intergeneracional para México, y que los temas de género y derechos humanos, no son menores de acuerdo a los tiempos que corre en el país. Y señaló que las intuiciones y gobiernos aún no dan el paso para tomar en cuenta lo que el sector infantil propone y propiciar el cambio de lo actualmente viven. Hizo una invitación para que instituciones y sociedad civil, analicen los resultados y sean parte fundamental en el cambio que niñas, niños y adolescentes desean.

Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora de Información y Estudios del SIPINNA, manifestó que no existe un estudio comparable en el país como el de la Consulta Infantil del INE.

Colchero dio a conocer que realizó la presentación de los resultados de la Consulta en una universidad en Viena y el ejercicio mismo, causó gran impacto. Consideró que es importante la difusión de los resultados de la Consulta en todos los sectores y niveles.

Todos los panelistas coincidieron en que las propuestas que se generen en las Mesas servirán para el diseño de programas, políticas públicas, reformas legislativas y toda acción que atienda las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

A este evento se invitó a alumnas y alumnos de escuelas de nivel primaria y secundaria, quienes intercambiaron opiniones en las cuatro Mesas de deliberación sobre los resultados de la CIyJ 2018, y tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones, así como de proponer ideas sobre temas como perspectiva de género, derechos humanos, seguridad, sexualidad y discriminación, entre otros.

Ciudad de México.- No podemos pensar que vivimos en una sociedad democrática cuando las mujeres y las niñas, que son la mitad de la población, padecen constantemente agresiones en las calles, en espacios públicos, en el transporte y, peor aún, en sus casas, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al participar en la inauguración de la III Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Destacó que la violencia de género se está convirtiendo en el mayor obstáculo para la convivencia democrática; muestra de ello son los datos de la Organización de las Naciones Unidas, según los cuales el 71% de las víctimas de trata en todo el planeta son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para explotación sexual.

En México, agregó, la situación es aún más grave, ya que en 19 de las 32 entidades que integran el Pacto Federal, se ha activado la llamada “alerta de género” ante la creciente cantidad de actos que violentan los derechos de las mujeres y que incluso llegan al feminicidio. Nueve mujeres son asesinadas cada día en México, situación que es absolutamente inaceptable.

“La violencia de género no puede ser sólo una preocupación de las mujeres y de las organizaciones que luchan día a día por el respeto de sus derechos fundamentales. La violencia por cuestiones de género es un desafío para los hombres que creemos en la igualdad, en la inclusión y en que la democracia se recrea en un Estado de derecho, y para las autoridades electorales que estamos llamadas a ser instituciones de garantía”, mencionó.

El Presidente del INE reiteró que la igualdad entre mujeres y hombres es un dato poblacional, un mandato constitucional, una exigencia social y un propósito de la vida democrática.

El Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, afirmó que es imperativo otorgar a las mujeres los recursos y generar las condiciones que les permitan participar en el escenario democrático, sin trabas, sin vejaciones, sin peligros y sin miedos.

Refirió que en el Tribunal se trabaja para que la incursión de la mujer en la política no signifique un doble esfuerzo en comparación con otros candidatos. “Que una candidatura no le cueste la vida a una mujer, porque vivas las queremos y participando en política también”, enfatizó Fuentes Barrera.

El objetivo es lograr democracias verdaderamente igualitarias e incluyentes en América Latina

Por su parte, la Consejera Adriana Favela Herrera, quien funge como presidenta de la AMEA, destacó el contexto que vive México y, en general, los países de América, en el que se da una lucha decidida por los derechos de las mujeres y se realizan esfuerzos por impulsar acciones que coadyuven a acotar las brechas de desigualdad.

Por ello, añadió, es necesario sumar todos los esfuerzos para crear alianzas para empoderar a las mujeres, defenderlas y combatir la discriminación de la que aún son objeto.

“Las mujeres de América Latina deben contar con nuestro apoyo constante y saber que no están solas, que la AMEA y sus integrantes estamos tomando acciones para protegerlas y garantizarles el ejercicio de sus derechos político-electorales en mejores condiciones y libres de violencia. Estamos sumando esfuerzos para lograr democracias verdaderamente igualitarias e incluyentes en América Latina, donde las mujeres sean valoradas, tengan una activa participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que aquejan a nuestras sociedades”, dijo.

La Consejera Favela señaló que es necesario trabajar con los hombres en esta lucha y verlos como aliados.

“Invito a todas las mujeres y hombres a aprovechar nuestra oportunidad histórica de incidir en forma positiva en el desarrollo democrático de América Latina; fomentemos un cambio cultural para migrar a sociedades más justas, más participativas e incluyentes en las que todas las personas, mujeres y hombres podamos desarrollarnos y vivir en paz”, concluyó.

Juzgadoras de las Américas se reúnen para ponerle un alto a la violencia hacia las mujeres por querer ejercer sus derechos político-electorales

La Magistrada Mónica Soto recordó que la violencia política no es un fenómeno nuevo y denunció que a 25 años de que se firmó la Convención de Belém do Pará, y otros mecanismos, “hoy nos siguen matando por querer ejercer los derechos político-electorales, hoy nos siguen violentando, discriminando, hoy seguimos recibiendo vejaciones por querer ser mujeres de poder, con poder, y ejercerlo de manera libre”.

Dijo que acuden a esta reunión de juzgadoras de las Américas para ponerle un alto a la violencia hacia las mujeres por querer ejercer sus derechos político-electorales.

“Es fundamental que lo hagamos, hoy no tenemos opción. La sociedad y las mujeres nos lo exigen, las mujeres lo gritan: ‘el patriarcado se va a caer, se va a caer’. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Alto. Las mujeres de las Américas deben saberse protegidas en sus derechos por las magistradas de las Américas”, enfatizó.

AMEA es la instancia que tiene por objeto intercambiar experiencias y reflexiones sobre acciones dirigidas al fortalecimiento de la participación de mujeres en los procesos democráticos de nuestro continente.

Mérida, Yucatán.- En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por unanimidad los proyectos de dictamen del primer paquete de reformas de Leyes de Ingresos 2020 de 52 municipios, de nuevas Leyes de Hacienda de 8 ayuntamientos, así como la modificación de la Ley de Ingresos 2019 de Chicxulub Pueblo.

El primer paquete fiscal de 52 municipios contempla a Abalá, Acanceh, Cenotillo, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzitás, Cuzamá, Dzan, Dzidzantún, Halachó, Hoctún, Homún, Izamal, Kantunil, Kaua, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mocochá, Muxupip, Opichén, Panabá, Tixméhuac, Progreso, Sacalum, Samahil, Sinanché, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tekit, Telchac Pueblo, Temozón, Tetiz, Ticul, Tixcacalcupul, Tixpéhual, Tzucacab, Uayma, Ucú, Yaxcabá y Yaxkukul.

De los cuales se les eliminó el empréstito por no cumplir los requisitos de Ley a Chemax, Opichén, Tahmek y Temozón; por otro lado, se les conservó el monto por ingresos extraordinarios por convenios con el Gobierno del Estado para el Pago de Laudos a Trabajadores a Acanceh, Dzidzantún, Hoctún y Yaxkukul.

Además se les conserva el monto por ingresos extraordinarios por convenios diversos como Hábitat, Tu Casa, 3x1 Migrantes, Rescate de Espacios Públicos y Subsemun, a Abalá, Acanceh, Buctzotz, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chumayel, Dzitás, Dzan, Dzidzantún, Halachó, Homún, Izamal, Opichén, Sacalum, Sinanché, Tahmek, Tekit, Telchac Pueblo, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tixpéhual, Uayma, Ucú y Yaxcabá.

Se les conserva el monto de ingresos extraordinarios por Transferencia y Subsidios a Cenotillo, Cacalchén, Chankom, Halachó, Kantunil, Maní, Maxcanú, Progreso, Samahil, Teabo, Tixcacalcupul y Yaxcabá.

De la misma manera, se les ajusta el cobro por acceso a la información a Abalá, Cenotillo, Cacalchén,  Cansahcab, Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzan, Halachó, Homún, Kaua, Mama, Muxupip, Opichén, Panabá, Progreso, Samahil, Sinanché, Tahmek, Tekit, Telchac Pueblo, Temozón, Tetiz, Ticul, Tixcacalcupul, Ucú y Yaxkukul.

Por último, se les eliminó los cobros por derecho no establecidos en su Ley de Hacienda respectiva o por no especificar el objeto de cobro a Abalá, Buctzotz, Cantamayec, Chemax, Chumayel, Dzan, Izamal, Kantunil, Maxcanú, Progreso, Samahil, Tixcacalcupul, Tixpéhual y Ucú.

Los cambios aplicados a las nuevas Leyes de Hacienda de Homún, Kaua, Muna, Opichén, Seyé, Sotuta y Telchac Pueblo son la modificación en la descripción de la Unidad de Acceso a la Información Pública por Unidad de Transparencia, se agregó la posibilidad de entregar la información pública en memorias tipo USB, el ajuste a la redacción del derecho de alumbrado público para que su cálculo fuera acorde a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.

En el caso de Valladolid, se homologaron los costos de los materiales empleados en la unidad de transparencia a fin que sean acordes con los criterios básicos del Paquete Fiscal 2020.

En la sesión de la comisión, también se solicitó la elaboración de los proyectos de dictamen de las reformas a Leyes de Hacienda de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún, Motul, Sacalum, Tekax, Temax, Tizimín, Tzucacab y Umán; al igual que para las reformas a la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, así como para una iniciativa para modificar la Ley de Ingresos 2019 de Tekax.

Además, se solicitó lo concerniente al segundo paquete de modificaciones de Leyes de Ingresos 2020 de los otros 52 municipios, para lo cual, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), aclaró que la correspondiente al 2019 del Ayuntamiento de Tinum, prorroga su vigencia hasta el próximo año, en virtud de que no envió al Congreso del Estado la iniciativa respectiva.