En un comunicado, la legisladora consideró indispensable que dentro del Presupuesto quede establecido dicho Anexo para combatir la corrupción, a fin de que los recursos cumpla con las necesidades o problemáticas de la población.

Por ello, la también secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo que su iniciativa busca reforzar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en materia de combate a la corrupción.

Además, atendería el llamado de organizaciones internacionales en materia de transparencia, para atender este problema, ya que actualmente califican a nuestro país como uno de los más corruptos en el mundo.

“A pesar de que en el PEF 2018, se contempló un anexo transversal para destinar recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas; así como de actos de corrupción, tanto para su fiscalización y control de recursos públicos, en el PEF 2019 este fue eliminado”, recordó.

“Si realmente el actual gobierno quiere apostar por acabar con la corrupción en el sector público, se debe dotar de los recursos e instrumentos necesarios a las dependencias e instituciones que laboran para dicho fin”, apuntó Loya Hernández.

Ciudad de México.-  -La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 dará al gobierno 2 billones 381 mil millones de pesos solo para impulsar el nuevo proyecto de nación.

En un comunicado, sostuvo que el gasto comprometido en 7 rubros suma 3 billones 736 mil millones 381 pesos, de los más de 6 billones que componen el PEF del próximo año.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados destacó para el costo financiero de la deuda corresponde 732 mil 874 millones de pesos; 965 mil 203 millones de pesos para participaciones federales y 24 mil millones de pesos para adeudo de ejercicios fiscales anteriores.

Asimismo, 142 mil 936 millones de pesos para ramos autónomos; 965 mil 203 millones de pesos para pensiones y jubilaciones; 759 mil 384 millones de pesos para aportaciones federales; y 146 mil 781 millones de pesos para aportaciones a la seguridad social.

Padierna Luna mencionó que en los Criterios Generales de Política Económica para 2020, se establece que, en congruencia con los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, el PEF para el 2020 continuará los esfuerzos iniciados en 2019, relacionados con el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos.

En este sentido, abundó, se prioriza el uso del gasto para los programas sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión que tienen mayor incidencia en los determinantes del crecimiento de la economía.

Expuso que en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2020, estima que el sector público contará con más de 6 billones de pesos, de los cuales 5 billones 512 mil surgirán de ingresos presupuestarios y 584 mil millones de financiamientos. Estos ingresos serán 0.9 por ciento superiores, en términos reales, a los estimados para el cierre de 2019.

Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no pretende combatir la pobreza, inseguridad y desigualdades, pues hay opacidad en la mayor parte de sus programas sociales al dejarlos sin reglas de operación, precisó el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

A través de un comunicado, señaló que el gobierno sacrifica sectores estratégicos para la reactivación económica que requiere el país, al recortar recursos para medicamentos y programas de prevención y control de enfermedades, como el sobrepeso y diabetes.

Los rubros donde se observan más significativos recortes con relación son: medio ambiente, turismo, comunicaciones y transportes, economía, agricultura y desarrollo rural, trabajo y previsión social, y desarrollo agrario.

También propone al Congreso de la Unión el programa “Jóvenes escribiendo el futuro”, que no cuenta con reglas de operación, y se quiere destinarle 7 mil 700 millones de pesos, con algunas variaciones del sistema, “Jóvenes construyendo el futuro”, abundó.

“Cabe aclarar que, sobre este último, al revisar la ejecución del gasto, se observan reportes donde los jóvenes trabajan en una dulcería, sin dirección y sin nombre, o lo hacen en una disque abarrotería, sin ninguna especificación de cómo contactar a ese centro de trabajo”, comentó.

De 6 mil empresas registradas para recibir becarios, 2 mil 881 no pudieron ser encontradas, ni se logró su identificación, esto de acuerdo a una investigación realizada por la organización “Mexicanos contra la Corrupción”, agregó.

En otros casos, se estima que de los 3 mil 600 pesos que reciben los jóvenes como beca del programa, algunas empresas les exigen una cuota de 500 a mil pesos para dejarlos trabajar. Existe evidencia documentada sobre la ineficacia del programa, destacó.

En otros rubros, añadió, los programas de Microcréditos para el Bienestar, de Mejoramiento Urbano, y de Crédito Ganadero a la Palabra han presentado irregularidades en el ejercicio de sus recursos.

Romero Hicks consideró que los programas de beneficios social abren la puerta a la corrupción, “pues en su ejecución no hay parámetros de transparencia y calidad; tampoco resolverá la pobreza y desigualdad que tanto dicen combatir”.

Durante el acto, realizado este domingo en el Parque de la China, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, destacó la importancia de la unidad canina para la seguridad del recinto parlamentario de San Lázaro.

Informó que prestaron los servicios de la unidad para la revisión de las instalaciones del Senado de la República, después de que, hace unos meses, un libro bomba le estallara a la senadora por la Ciudad de México, Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario de Morena.

Comentó que en la Cámara de Diputados se trabaja para compartir con la ciudadanía la experiencia en materia de adiestramiento canino por medio de los binomios, así como orientar a los interesados en entrenamiento básico para hacerlos responsables de un can.

Por su parte, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, agradeció el interés de la Cámara de Diputados por difundir la cultura, el respeto hacia los animales de convivencia y en favor de dueños más responsables.

Sergio Cruz Cruz, jefe de la unidad canina, llamó a la sociedad a evitar tener perro “si es sólo para mantenerlos en la azotea”; invitó a los interesados a inscribirse a las clases de adiestramiento básico que impartirán en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

La unidad canina, compuesta por seis perros, cuatro de ellos de raza Pastor belga malinois, un Golden retriever y uno más Labrador, realiza diariamente una revisión de las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los perrunos reciben un amaestramiento especial para, en caso de llegar a encontrar un aparato o sustancia explosiva, no la activen mediante un ladrido o movimientos bruscos.

Los canes son escogidos minuciosamente y entrenados, tanto dentro como fuera del recinto legislativo, porque deben de tener la capacidad y condiciones para que puedan realizar esta función.

Una de las principales cualidades es que tengan un olfato desarrollado, por lo cual tienen una revisión veterinaria de rutina, pues deben evitar cualquier infección o enfermedad que comprometa sus funciones.

Además, no deben mostrar signos de agresividad, porque no sólo revisan el exterior de la Cámara de Diputados, sino también el interior como oficinas e instalaciones dentro del complejo, en donde día con día laboran tanto legisladores como trabajadores.

En el acto, el público en general pudo conocer y ver en acción a la unidad canina, mismos que tienen una vida de servicio hasta cumplir los nueve años de edad, para posteriormente jubilarse, debido a que al llegar a esa etapa, su olfato comienza a perder la agudeza requerida.

Ciudad de México.-  El diputado panista Carlos Alberto Valenzuela González presentó una iniciativa con el fin de eliminar el uso de dinero en efectivo en el sector público y así evitar posibles delitos asociados con actos de corrupción, desviación de recursos e incluso para fines electorales; estos, cuando se ejecuta el gasto público.

En la propuesta para reformar diversos artículos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que se pueden presentar características de anonimato en las transacciones, la rápida capacidad para transformar el dinero, el difícil rastreo del mismo, y el fácil traslado a entidades financieras extranjeras, entre otras, que limitan la acreditación del delito. Estos actos se pueden cometer en los diferentes órdenes de gobierno, poderes públicos y organismos autónomos.

Este proyecto tiene una mayor injerencia para el uso eficaz del recurso, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, puesto que más del 80 por ciento de los ingresos de municipios y mayoritariamente en los estados, provienen de la Federación.

El gasto público de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2017 fue de más de 2 billones de pesos; respecto a los municipios, el gasto que se realizó fue de más de 443 mil millones en el mismo año.

El plan alentará a que los ejecutores del gasto público establezcan estrategias de transitoriedad, fomentará la modernización administrativa y el uso de tecnologías de la información en los municipios del país. Además, en efectos de fiscalización, se hace mucho más fácil y transparente el acceso a datos, documentos e informes que permitan acreditar delitos en contra del erario público.

Sus aplicaciones no tendrán costo presupuestal para ningún orden de gobierno, pero los obligará a diseñar estrategias claras y políticas de sensibilización para el cumplimiento de la ley.

Se busca que los pagos se realicen única y exclusivamente por medios electrónicos o cheques nominativos no negociables y que quede prohibido el uso de dinero en efectivo de los recursos públicos federales.

Asimismo, todos aquellos programas que otorguen subsidios directos a beneficiarios deberán sujetarse obligatoriamente a reglas de operación y se sancionará, en los términos de las disposiciones aplicables, a los servidores públicos que realicen pagos por medio dinero en efectivo.

Se propone reformar los artículos 4 párrafo quinto; 51; 52; 75, numeral II; 77, párrafo I; y adicionar el numeral XI del artículo 114 del citado ordenamiento.

Ciudad de México.-  México atraviesa uno de sus años más alarmantes relativo a la violencia de género, pues sólo en el mes de junio fueron asesinadas 79 mujeres; es decir, un promedio de casi tres por día. Además, en el tema de delitos sexuales, violación simple y equiparada hubo mil 530 casos, denunció la diputada Margarita García García (PT).

Ante esta situación, planteó un punto de acuerdo con el objetivo de exhortar a las secretarías de Gobernación y a la de Seguridad y Protección Ciudadana a que diseñen un protocolo nacional para la prevención, atención e investigación de la violencia contra la mujer, el cual garantice seguridad emocional, psicológica y jurídica de las víctimas, tomando en cuenta los principios y motivos de confidencialidad, transparencia, imparcialidad y accesibilidad.

Mencionó que de enero a junio de 2019 se reportaron 470 víctimas de feminicidio en el ámbito nacional. En ese lapso, el número de carpetas de investigación alcanzó ocho mil 464 casos. Desglosando las cifras de los delitos sexuales en el primer semestre del año, las violaciones sin penetración alcanzan dos mil 100 casos en apenas 30 días y un promedio diario de 70 carpetas de investigación relacionadas.

Además, los casos indagados por abuso sexual fueron 11 mil 691. También, de enero a junio de 2019, los delitos de feminicidio registrados por estado fueron: Veracruz, 98; estado de México, 42; Puebla, 29; Chihuahua, 24; Nuevo León, 24; Sonora, 22; Morelos, 20, y Ciudad de México, 18.

García García subrayó que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación de las entidades federativas, la que se ha venido dando de forma gradual durante los últimos siete años.

Sin embargo, abundó, los feminicidios no son la única forma de violencia contra la mujer, porque otro grave delito es el secuestro. A escala nacional, se registraron 206 presuntas víctimas de secuestro.

Precisó que en este apartado, Veracruz se posiciona como la entidad con más presuntos secuestros: 59, seguido por el estado de México, con 28; la Ciudad de México, 10, igualando a Sonora y Zacatecas.

La diputada del PT expuso que muchos de estos delitos no son atendidos según los principios de confidencialidad, transparencia, imparcialidad y accesibilidad.

Se debe otorgar confianza y seguridad a la denunciante, así como ofrecer opciones para su refugio durante el proceso, dar a conocer la existencia y datos de distintas asociaciones o instancias en las que pudieren recibir más apoyo en caso de requerirlo, y evitar tajantemente la revictimización.

El punto de acuerdo que analizará la Comisión de Igualdad de Género, resalta que no se tiene ningún protocolo adecuado que prevenga estos actos de violencia, ni garantice y asegure a las mujeres el acceso a justicia, aunado a que, con la formación de la Guardia Nacional, algunos programas que estaban en funcionamiento se redefinen.