Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de armonizar el concepto de representación equilibrada para que la política nacional oriente parte de sus metas y acciones, con el objetivo de lograr la paridad en cargos públicos o de elección popular.

El documento, avalado por 402 votos a favor, modifica la denominación del capítulo tercero, los artículos 17, fracción III, 35 y 36 de la mencionada ley, e incluye la palabra “paridad” como parte de las reformas constitucionales en la materia.

También busca que a las mujeres se les reconozca en las designaciones de cargos donde se toman decisiones, abatir la violencia institucional que se vive en las diferentes dependencias gubernamentales, y se fortalezca el andamiaje jurídico que evite la revictimización. Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), expresó que esta reforma tiene como propósito armonizar el marco legal con la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género.

Establece la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socio-económicas, en los cargos de elección popular, en las estructuras de los partidos políticos, en los altos cargos públicos y en los procesos de selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Con el dictamen, agregó, se podrá cumplir con los acuerdos internacionales para lograr la paridad en cargos de representación o de servidores públicos. “En la Legislatura de la Paridad de Género, tengan la certeza de que en la comisión estamos trabajando de manera plural y comprometida para avanzar en el reconocimiento y respeto de todos los derechos de las mujeres del país”.

Para fundamentar también, la diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, dijo estar a favor del documento que armoniza la ley con la reforma constitucional, estableciendo la representación paritaria en el ámbito del poder y la toma de decisiones políticas.

Celebró que se dé un paso más en el cumplimiento de lo que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional de ambos en la sociedad y en la familia.

Para modificar este papel tradicional, añadió, es indispensable erradicar los estereotipos de género que crean un imaginario colectivo sobre qué función deben desempeñar los hombres y las mujeres. “Sin mujeres no hay democracia”, aseveró.

La promovente de la iniciativa, diputada Fabiola Loya Hernández (MC) afirmó que el propósito es armonizar el concepto de representación equilibrada, con la finalidad de lograr la paridad en los cargos públicos o de elección popular como uno de los principales objetivos de la política nacional en materia de igualdad.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó con 405 votos a favor y ninguno en contra, reformas a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de multar a los patrones que omitan su obligación de afiliar a los empleados al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).

La reforma al artículo 994 establece que se impondrá multa de 50 a mil 500 unidades de Medida y Actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracción XXVI Bis, que se refiere a afiliar al centro de trabajo al Infonacot, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La incorporación será gratuita para el empresario.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, subraya que la afiliación al instituto representa la posibilidad de que los trabajadores obtengan créditos en condiciones favorables y mejore el clima laboral y la productividad, por lo que el patrón debe cumplir con dicha obligación.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Martha Angélica Zamudio Macías (MC), secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, señaló que ante la mala práctica de omitir la inscripción al Infonacot, es importante subsanar esta problemática y sancionar a quienes no cumplan.

Resaltó la importancia de la modificación, ya que el Infonacot promueve el crecimiento del patrimonio familiar de los trabajadores, el ahorro mediante el acceso del crédito, la obtención del bienestar y servicios de alta calidad a precios competitivos.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, de Encuentro Social, y promovente de la modificación, sostuvo que la reforma apunta a mejorar los beneficios de los empleados y proteger su patrimonio a través de una institución pionera en establecer mecanismos de acceso a créditos. Consideró que con este cambio legal “vamos a avanzar en la protección legal de los trabajadores”.

Villahermosa, Tabasco.- Los organismos autónomos son aliados en la búsqueda por fortalecer los avances democráticos en México y en la rendición de cuentas, en aras de cumplir con lo que está establecido en la Ley, expresó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Al participar en el 12º Aniversario del Institutito Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), la Comisionada del INAI manifestó que el derecho de acceso a la información pública es un puente que fortalece la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones.

“Estoy convencida de que hoy, México requiere una participación ciudadana que permita fortalecer las políticas públicas de los gobiernos y que permita también avanzar en lo que nos ha lastimado en las últimas décadas y que tiene que ver con los actos de corrupción”, subrayó la Comisionada del INAI.

Blanca Lilia Ibarra sostuvo que, en la búsqueda por combatir los actos de corrupción y la impunidad, el derecho a la información es un instrumento clave, que se utiliza y sirve como un mecanismo de control político.

Al comentar sobre el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, la Comisionada del INAI expresó que es labor de 44 especialistas de 19 instituciones, con ideas, conceptos, definiciones o significados amigables, útiles, sencillos, comprensibles, y comunes para todo aquel interesado en el estudio de estos temas.

Refirió que a nivel nacional hay interés de conocer lo que hace el gobierno, así como que el derecho a la información permite seguir de cerca la actuación pública y con el Diccionario se puede tener al alcance la información, para poder ejercer mejor el derecho a saber.

Blanca Lilia Ibarra informó que, a nivel nacional, se cuenta con aproximadamente ocho mil sujetos obligados de todos los niveles de gobierno, y desde junio de 2003 a noviembre de este año, se han presentado un total de 2 millones 23 mil 704 solicitudes de información a sujetos obligados del orden federal.

En ello, dijo, reside la importancia del Diccionario, pues a las personas interesadas en el tema, se les presentan de manera clara y concisa conceptos relacionados con el acceso a la información, los datos personales, los procedimientos para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y transparencia gubernamental, así como algunas de las definiciones legales más utilizadas en el tema.

Durante el Aniversario del ITAIP, también se presentaron las obras tituladas: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

En el evento estuvieron presentes: el Comisionado Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel Argáez De Los Santos; el Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, Marcos Rosendo Medina Filigrana y Guillermo M. Cejudo, Coordinador del Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ciudad de México..- La Comisión del Federalismo y Desarrollo Municipal, presidida por el diputado Ricardo Villarreal García (PAN), acordó dar seguimiento para que los gobiernos estatales hagan público los calendarios de entrega de las participaciones federales que corresponden a los municipios.

El objetivo es garantizar el cumplimiento del artículo séptimo transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Dentro de las actividades prioritarias de su programa de trabajo para el segundo año de la legislatura, la comisión aprobó incluir la propuesta de la diputada del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, relativa a que los gobiernos estatales acaten la disposición, en la cual “no podrán poner requisitos adicionales para la entrega de los recursos y las participaciones federales a los ayuntamientos, ni ser retenidas o utilizadas en fines distintos”.

Villarreal García resaltó la importancia de crear una bolsa presupuestaria concursable en la Federación para los municipios que tengan un plan de desarrollo y proyectos ejecutivos, a la vez que accedan a recursos con reglas de operación puntuales.

“Se deben buscar mecanismos claros, objetivos y transparentes para etiquetar recursos. Publicar los calendarios de entrega es una obligación que está en la ley y debe acatarse”, resaltó. 

Por el PAN, el diputado Ernesto Ruffo Appel consideró la conveniencia de incluir en el PEF un mecanismo que conjunte montos federales, estatales y municipales en un esquema concurrente a fin de asegurar el financiamiento y dar rumbo a los proyectos de urbanización que requieren los ayuntamientos a partir de una planeación integral.

También del PAN, el diputado Jesús Guzmán Avilés afirmó que es necesario “estar vigilante y exhortar a los gobiernos estatales para que publiquen y den a conocer a los municipios las partidas presupuestarias y fechas en que se van a entregar”, para que “no se queden volando”. Indicó que en Veracruz se retrasa la distribución con el argumento del recorte presupuestal. 

Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales a que “promuevan la creación de leyes estatales que regulen la creación y funcionamiento de los Institutos de Planeación Municipal, a fin de que los ayuntamientos participen efectivamente en la programación estatal y nacional”. 

El diputado presidente, Ricardo Villarreal García, sostuvo que a través de la planeación se evitarán caprichos para designar y priorizar obras, además se asegura dar continuidad a los proyectos de infraestructura. Siempre va a haber intereses políticos y económicos, pero las decisiones deben tomarse por arriba de estos factores, resaltó.

La diputada del PT, Hildelisa González Morales resaltó que los municipios más pequeños no tienen financiamiento porque carecen de un proyecto ejecutivo de las obras que requieren, y tampoco hay dinero para contratar especialistas que lo realicen. Propuso vincularlos a las universidades y se les apoye. 

Irineo Molina Espinoza, diputado de Morena, propuso diseñar un mecanismo de trabajo para que la planeación sea eje central de las acciones en los tres órdenes de gobierno. Además, que los planes de desarrollo locales sean presentados por los nuevos munícipes al tomar posesión de su cargo. Eso va a dar certeza al desempeño gubernamental, consideró.

Por MC, el diputado Ariel Rodríguez Vázquez planteó que los congresos locales regulen puntualmente la planeación y se coadyuve a la profesionalización de la función municipal, sin que los proyectos se impulsen en un proceso electoral para que “brinquen el vaivén político”.

De Morena, el diputado Carlos Sánchez Barrios afirmó que la planeación es un método para alentar el desarrollo nacional y no quede en un sueño. Propuso que el gobierno federal escuche las propuestas municipales y las integre en el presupuesto para que los tres órdenes de gobierno participen y se efectúen.

El diputado Armando González Escoto (PES) consideró necesario controlar el crecimiento desordenado de las poblaciones rurales y urbanas, además de vincular el Presupuesto de Egresos con las estrategias municipales donde participen ciudadanos y empresarios.

Ciudad de México.- En la sesión de hoy, rindió protesta de ley como diputado federal e integrante de la LXIV Legislatura, José Mario Osuna Medina (Distrito 1, Sinaloa), en sustitución de Maximiliano Ruiz Arias (Morena), quien falleció el pasado lunes 25 de noviembre.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, le tomó protesta.

En otros asuntos, se dio a conocer que la Secretaría de Bienestar remitió el tercer informe trimestral del uso de los recursos por estado y municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social correspondiente a 2019. Se mandó a la Comisión de Desarrollo Social.

Además, se comunicó que la Secretaría de Gobernación dio cuenta del informe bimestral sobre la ejecución de los programas y las actividades gubernamentales correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal de 2019. Fue enviado a la Comisión de Radio y Televisión.

Se recibieron 22 respuestas a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por parte de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; de los congresos de Baja California Sur y de Hidalgo; de los gobiernos de los estados de México, de Tamaulipas y de Guerrero; de las secretarías de Salud del estado de Hidalgo y de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del estado de Campeche, así como de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del estado de Nayarit.

La iniciativa del Congreso de Baja California Sur, que adiciona el artículo 44 Bis y el Capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para regular las pensiones de los trabajadores en lo relativo al Sistema de Reparto Solidario, fue enviada a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

Del Congreso del estado de Jalisco se recibió iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política y adiciona el artículo 1º de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para reconocer el delito de violación como hecho susceptible de extinción de dominio. Se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Congreso de Hidalgo remitió la iniciativa que expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Los diputados Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), Anilú Ingram Vallines (PRI), Jacquelina Martínez Juárez (PAN), Claudia Pérez Rodríguez (Morena), Raquel Bonilla Herrera (Morena), María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN), Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (Encuentro Social), Olga Patricia Sosa Ruiz (Encuentro Social), Laura Martínez González (Morena), Lucía Flores Olivo (Morena), Édgar Eduardo Arenas Madrigal (Morena), Dulce María Corina Villegas Guarneros (Morena), Mónica Bautista Rodríguez (PRD) y Edith García Rosales (Morena), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.

De la Mesa Directiva se recibió oficio sobre la modificación de turno de la minuta que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Protección al Consumidor, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y Federal de Telecomunicación y Radiodifusión. Se mandó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la de Comunicaciones y Transportes, para opinión.

También la iniciativa que modifica las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de Asociaciones Público Privadas, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fue enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la de Gobernación y Población, para opinión.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados, con el voto aprobatorio de 17 congresos estales, emitió la declaratoria por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna, solicitó a las y los legisladores ponerse de pie y expresó que una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria: 

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”.

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), informó que se recibieron 17 votos aprobatorios, correspondientes a las legislaturas de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala.

Además, dijo, se recibió un voto en contra, correspondiente a la legislatura del estado de Guanajuato. 

En los posicionamientos, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) expresó que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a las y los ciudadanos; por ello, se eliminaron restricciones. La revocación de mandato, precisó, será un derecho ciudadano. “Ambas devolverán la confianza de las y de los mexicanos en la democracia”.

Por el PAN, el diputado Raúl Gracia Guzmán señaló que el contexto con el que hoy se da la declaratoria de la reforma constitucional, “es mucho más grave y peligroso de lo que era hace unos meses, ya que han tomado el control de la Corte y van por el del órgano electoral. No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial”.    

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, expresó que con esta reforma se avanza en materia de participación ciudadana directa; sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten. En 2021, dijo, el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales sino podrá recibir la petición para revocar el mandato al Presidente, pero “¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?”.   

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) destacó que su grupo parlamentario ha sido impulsor de la incorporación al marco constitucional de figuras de democracia participativa, cuyo propósito central ha sido dotar a los ciudadanos de mayores instrumentos de control respecto de quienes han elegido para que los representen en el Poder Legislativo y en los órganos Ejecutivo federal y de los estados.

En tanto, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que con esta reforma la ciudadanía tiene la llave para activar mecanismos de participación e incidir en las principales decisiones de nuestro país, así como para quitar a los malos gobernantes.

Edgar Guzmán Valdez, diputado de Encuentro Social, subrayó que con esta declaratoria se perfecciona una figura jurídica de reciente incorporación al ordenamiento y se incorpora en su totalidad una nueva figura que en términos prácticos fortalece los derechos políticos de las y los mexicanos, extendiendo su poder de decisión y de fuerza a su voto.

Del PVEM, el diputado Óscar Bautista Villegas argumentó que esta declaratoria es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos del país “tengan bajo su mando la responsabilidad de decir hasta aquí o sigan adelante con la responsabilidad que nos han conferido”.

El diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas señaló que la reforma es indispensable para la consolidación de la democracia, porque contiene dos mecanismos de participación ciudadana: la consulta popular y la revocación de mandato. “Estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su aplicación, pero denunciaremos falsas consultas”.