Ciudad de México.- Como una alternativa de movilidad laboral segura, legal y ordenada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), dio inicio a la temporada 2020 del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).

Los días 3 y 4 de enero viajarán 600 jornaleros agrícolas mexicanos a las diferentes provincias de Canadá, en donde se les garantiza el respeto a sus derechos laborales.

Es importante señalar que los trabajadores permanecerán en el país norteamericano por periodos de 4 a 8 meses y que el SNE, a través de las 168 oficinas que tiene en las 32 entidades federativas, apoya con el proceso de reclutamiento y selección de trabajadores.

Además, auxilia a los jornaleros en todos sus trámites para que obtengan sus pasaportes, permisos de trabajo, logren su asignación a un contrato, cuenten con sus pasajes aéreos y que se aseguren de que en Canadá tengan la protección consular necesaria para que en todo momento se cuide el respeto de sus derechos humanos y laborales.

Las personas interesadas en trabajar en granjas agrícolas en Canadá, deberán tener experiencia en alguna de las siguientes actividades: cultivo y cosecha de verduras, frutas, cereales, tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura y del sector pecuario.

Asimismo, deben cumplir con los siguientes requisitos: ser campesino, jornalero o que su ocupación actual se relacione con la agricultura; tener entre 22 y 45 años de edad; contar con una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima de tercero de secundaria; ser hombre o mujer casado o que viva en unión libre, y preferentemente con hijos. También podrán ser candidatos los solteros que demuestren tener dependientes económicos.

Durante el 2019, la STPS, en coordinación con el gobierno de Canadá, logró 26 mil 399 contratos laborales con más de 2 mil empleadores canadienses.

Cabe destacar que cerca del 80% de los jornaleros agrícolas enviados, son nominales, es decir han sido requeridos por su empleador en más de una ocasión y son contratados en promedio 6.2 meses. Actualmente, reciben un salario promedio de 13.6 dólares canadienses por hora.

El Programa es un modelo de cooperación bilateral para mantener un flujo migratorio de trabajadores de manera circular, legal, ordenada y segura con respeto a los derechos humanos y con respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Ciudad de México.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, firmó con los representantes ejidales y de la pequeña propiedad, que han bloqueado la Autopista Siglo XXI en el Estado de Morelos, y con la empresa concesionaria PINFRA, un acuerdo para que se levante el bloqueo y se permita la operación normal de la vía.

Los representantes ejidales y de la pequeña propiedad, expusieron al titular de la SCT la problemática derivada de la falta de pago, por la liberación del derecho de vía de la autopista.

La SCT se comprometió a integrar y revisar los expedientes, gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los trámites para el pago y acompañar a los quejosos, para que, en marzo de este año, reciban los pagos correspondientes a los expedientes debidamente integrados.

Luego de la firma del documento, Jiménez Espriú aseguró que la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es apoyar en primer término a los pobres, a los que tienen menos recursos. “No vamos a usar procedimiento arbitrario que afecte a la gente más necesitada”.

Sostuvo que se actuará con toda justicia y legalidad y, al mismo tiempo, se impedirá que haya manipulación de parte de algunos grupos, que aprovechan las circunstancias para querer llevar agua a su molino.

“Se trata de que actuemos todos con justicia y que se entregue a los propietarios, a los dueños de los terrenos, los pagos razonables que corresponden. No se trata de quitarle los terrenos a nadie, expropiar a nadie indebidamente, ni de indemnizar con pagos que no corresponden con la realidad”.

Los representantes ejidales y de la pequeña propiedad agradecieron al secretario de Comunicaciones y Transportes su apertura para resolver el problema y la disposición para firmar personalmente el compromiso.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Pequeña Propiedad de Huitzilla, el representante del Ejido de Janocatepec, el presidente del Comisariado Ejidal de Tlaltizapán, el presidente del Comisariado Ejidal de Atotonilco y la representante de Gestión Administrativa y Legal de Ejidos Afectados.

Por la SCT signaron el documento: el director general de Vinculación, Jorge Sánchez Arellano y el director general, Gerardo Michel Cuen. Por la empresa PINFRA firmó el director Corporativo y Compliance, Francisco Ramírez Moreno, y el director de Concesiones, Manuel Pérez del Toro.

Ciudad de México- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) reportaron que su programa MasAgro ya alcanzó un impacto positivo en más de 300 mil productores y más de un millón de hectáreas, resultado de una agricultura sostenible que despierta el interés internacional.

Países con riesgo de hambruna se interesan en replicar la estrategia que además es una vía para mitigar la migración forzada, pues MasAgro no sólo incrementa el rendimiento de los productores, sino que —por su enfoque social y ambiental— ha contribuido al desarrollo de las comunidades rurales y la preservación del medioambiente y la biodiversidad.

Los resultados más recientes del programa muestran que la apuesta por la generación y transferencia de conocimientos, la investigación colaborativa y la articulación de esfuerzos y capacidades, rinde frutos.

De acuerdo con estos resultados, las innovaciones desarrolladas en 44 plataformas de investigación y la difusión de prácticas agronómicas sustentables —a través de más de 500 módulos con parcelas demostrativas— permitieron sumar más de dos mil nuevas áreas de extensión en todo el país (es decir, parcelas donde los productores deciden implementar alguna de las innovaciones promovidas por MasAgro).

Lo anterior significa que son los propios productores quienes están tomando decisiones informadas y responsables para beneficio de sus parcelas, familias y comunidades.

El acompañamiento técnico que reciben (tan sólo en 2018 se capacitó a más de cinco mil técnicos y actores clave del sector agroalimentario) y el soporte científico del programa propician que los productores sean la pieza central en la transición de una agricultura convencional a una basada en el conocimiento, sustentable y climáticamente inteligente.

Por su enfoque social e incluyente, su base científica y su operación en redes colaborativas, MasAgro ha sido considerado un programa clave para impulsar y acelerar el desarrollo del campo mexicano, establece un reporte de Agricultura.

Su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contribuye, además, con los esfuerzos del Gobierno de México para lograr la seguridad alimentaria.

Esta sinergia reafirma que MasAgro es una “iniciativa exitosa e innovadora de desarrollo rural sostenible, alimentación saludable, erradicación de la pobreza y resiliencia climática y ambiental que puede ser replicada en diversos territorios rurales y a múltiples escalas”, como mencionó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2018, cuando reconoció al programa por su labor.

El mejor reconocimiento, sin embargo, es el de los propios productores cuando ven los resultados de desarrollar las prácticas sustentables que promueve MasAgro.

 “Me di cuenta de que es necesario abandonar las prácticas convencionales y adoptar otras sustentables. Invito a los productores a que hagan Agricultura de Conservación; van a mejorar su producción, pero, sobre todo, van a detener los daños que se le siguen ocasionando al medioambiente con el uso excesivo de agroquímicos y las quemas sin control”, comentó el productor cooperante de San Juan Chamula, Chiapas, Víctor Artemio Díaz González.

MasAgro colabora para trazar el camino de Maíz para México, el plan estratégico más completo —generado por especialistas y actores clave del ámbito científico, gubernamental, empresarial y social— para transformar el escenario de este grano en el país.

Entre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está la de duplicar para el año 2030 la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos de pequeña escala. MasAgro y Maíz para México —cuyos detalles se darán a conocer próximamente— son iniciativas que habrán de contribuir al logro de esta meta.

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a productores, comercializadores, industriales, gobiernos estatales, así como a asociaciones de consumidores, a hacer un frente común, con nuevas estrategias y alternativas de solución, para construir un nuevo modelo productivo de esta semilla en México.

El subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, expuso la necesidad de crear un esquema diferente para el sector con una visión de corto, mediano y largo plazos en la que, de manera permanente, participen las instancias de gobierno y todos los actores involucrados en el tema de manera responsable y unida, con el único objetivo de contar con un México más justo que garantice la seguridad alimentaria del país, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario del ramo.

En el marco del taller Escenario 2030, Frijol para México, el funcionario de Agricultura comentó que la visión de la Cuarta Transformación es la de reconstruir a México desde la base productiva.

Planteó que los agentes del sector deben retomar el liderazgo en aspectos relevantes como las semillas mejoradas y la implementación de nuevos materiales genéticos mexicanos resistentes a sequías y acorde con los patrones de consumo de cada región.

Refirió que en esta tarea las organizaciones nacionales de investigación, innovación, certificación, sanidades y financiamiento y demás aliados deberán tomar un liderazgo natural y hacerse acompañar de la colaboración internacional, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM), entre otros.

Es importante contar con la contribución del mayor número de participantes porque debemos mejorar la productividad del frijol, lo que implica asociarla con el uso de la mano de obra, de la tierra, del agua, de mejores fertilizantes y “refrescamiento” del material genético, acotó.

“Si tenemos buena productividad tendremos competitividad, rentabilidad y garantizaremos nuestra seguridad alimentaria”, añadió.

García Winder enfatizó que el sector frijol tiene que realizar modificaciones a fondo en la dinámica de trabajo, por lo que son diversos los aspectos a considerar: implementación de nuevo material genético adaptable a las condiciones climáticas del país y acorde a las necesidades de los productores y consumidores, y de la mano con procesos de reconversión productiva, en consonancia con el nuevo potencial de diferentes regiones.

Es necesario considerar los temas de comercialización –como precios de garantía al productor— para transformar los mercados y hacerlos más transparentes y eficientes, y que de esta manera exista mayor cercanía entre el productor y el consumidor, estableció.

Los principales estados productores de frijol son: Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Chiapas, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y con Precios de Garantía se tiene previsto llegar a beneficiar a 300 mil productores.

En el taller también se contó con un panel de expertos en el tema, quienes participaron por área temática: Adopción de semilla mejorada y biofortificada; Cambio Climático; Extensionismo y redes de innovación, y Vinculación de productores al mercado.

Asimismo, se contó con la facilitación técnica y metodológica del Programa de Desarrollo Estratégico del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la participación del Consejo Mexicano del Frijol AC (Come Frijol) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical, entre otras instancias.

Ciudad de México.- La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) hará una diferencia sustantiva en la vida de millones de niñas y niños desde su nacimiento, por lo que la Secretaría de Gobernación trabaja en este mecanismo, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).  

Busca establecer puntos de partida comunes, coordinar y sumar actores en el tema de la crianza, así como para la protección, desarrollo, salud y educación de las niñas y los niños desde su nacimiento, con énfasis a quienes estén en la primera infancia que va de cero a cinco años.

Esta acción forma parte de la política pública que en la materia impulsó la secretaria Olga Sánchez Cordero, para atender la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de transformar a Gobernación en la secretaría de los derechos humanos. 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Sipinna, realizada este año, se estableció que la ENAPI requiere dejar las acciones que cada gobierno hace a nivel local, para mirar de manera integral las intervenciones que hacen todas las autoridades.

La ENAPI, próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación y cuyo diseño recae en la Secretaría de Educación Pública, es una de las acciones relevantes que ha articulado la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, que encabeza Ricardo Bucio Mújica, entre distintas instituciones de la administración pública federal, organizaciones de la sociedad civil y academia para garantizar los derechos de niñas y niños de 0 a 5 años.

Se beneficiará a los más de 12 millones de niñas y niños de 0 a 5 años que hay actualmente, más los 13 millones que, se estima, nacerán durante el sexenio y a sus familias; para que tengan mejores condiciones de vida y servicios de calidad.

Con esta estrategia nacional se coordinarán las acciones de autoridades en:

Salud y nutrición

Servicios de salud física, mental, materno-infantil 

Servicios de nutrición para niños, niñas y sus madres; lactancia materna

Vacunación

Educación y cuidados

Educación Inicial

Educación Preescolar

Capacidades para cuidado cariñoso y sensible para la primera infancia

Protección

Identidad y registro de nacimiento

Protección especial y para una vida libre de violencia 

Restitución de derechos

Bienestar y Desarrollo

Cobertura y acceso a programas sociales

Espacios o entornos familiares y comunitarios sanos y seguros

Conciliación trabajo-familia

Agua y saneamiento

Además, en 2019 tuvo lugar la reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que sesionó dos veces. 

Con ello, el Gobierno de México retoma el objetivo de colocar el ejercicio de los derechos de este sector de la población en el centro de las políticas públicas en todos los órdenes de gobierno, a partir de un cambio de paradigma en el cual ahora las niñas, los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos.

A lo anterior se suma la conformación de una política migratoria del gobierno federal que proteja a niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, que viajen solos o acompañados por sus familias. 

Se elabora una ruta integral de protección en la cual participan las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y agencias del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas en México como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR).   

Adicionalmente, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y UNICEF para la ejecución de acciones conjuntas en materia de promoción de los derechos de niñas, niños y los adolescentes. 

Destacó en 2019 la realización de la Encuesta OpiNNA ¡Que buen Plan!, que contó con la participación de 146 mil niñas, niños y adolescentes para incorporar sus opiniones y sugerencias al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Ciudad de México.- El director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Jorge Leonel Wheatley Fernández y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, de la Secretaría de Gobernación, firmaron el acta de instalación del grupo de trabajo que permitirá proponer e implementar acciones conjuntas para garantizar de manera fehaciente el derecho a la identidad de las personas mexicanas repatriadas, extranjeras en situación regular y migrantes en tránsito o estancia temporal.

Para consolidar las acciones del grupo de trabajo se desarrollarán e implementarán programas para atender las siguientes líneas de acción: 

El INM continuará con el uso de los servicios relacionados a la Clave Única de Registro de Población (CURP), a efecto de acreditar la identidad de las personas mexicanas repatriadas, extranjeras en situación regular y migrantes en tránsito o estancia temporal. 

De la misma manera el INM coadyuvará en la asignación de la CURP temporal para personas extranjeras con fotografía, en términos de lo dispuesto en el Instructivo Normativo para la Asignación y Uso de la Clave Única de Registro de Población y acordar los mecanismos de atención para el otorgamiento de documentos de identidad a las y los connacionales repatriados. 

En el ámbito de sus atribuciones el Renapo y INM, contribuirán a la integración del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana. 

El INM, adoptará y usará la CURP como su llave de acceso preferente y mecanismo de interoperabilidad en sus bases de datos. 

Renapo y el INM realizarán de manera conjunta acciones de sociabilización y concientización de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, para que la CURP temporal con fotografía sea acreditada como un documento de identificación, que permita a sus titulares entre otras acciones, la apertura de cuentas bancarias, obtener servicios de salud, educación y trabajo, entre otros. 

Con el cumplimiento dichas líneas de acción, se garantizan los derechos humanos de este sector de la población y se da cumplimiento con los compromisos del Estado mexicano establecidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.