• El magisterio es un actor fundamental como garante y defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, indica titular de Gobernación.
• Realizan Inmujeres y Conapo XXIV Reunión Ordinaria del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA).
• Se aprueba Documento Marco de la Enapea 2021-2024 como guía de líneas prioritarias en los próximos años.

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puntualizó que, en este regreso a clases presenciales, la educación integral de la sexualidad debe cobrar un lugar prioritario, por lo que es necesario trabajar coordinadamente para que las escuelas sean espacios seguros.

Al encabezar la XXIV Reunión Ordinaria del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), celebrada ayer 10 de junio, y organizada por la secretaria general del Consejo Nacional de Población (SG Conapo) en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resaltó la importancia del mandato constitucional de incorporar en los planes y programas de estudios, la educación sexual integral.

Acompañada por la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermamn; la secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, la titular de Gobernación subrayó que el magisterio es un actor fundamental como garante y defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

El objetivo es que las escuelas -dijo- sean lugares de empoderamiento donde adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias libres de violencia, en donde se puedan adoptar formas positivas de nuevas masculinidades.

Durante su participación, hizo un llamado a todas las instituciones presentes a continuar su importante y comprometido trabajo en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

“No solo es posible, es necesario posponer la edad del embarazo, extender el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivo y facilitar la movilidad social, garantizando el desarrollo y la realización de los sueños de todas las niñas, niños y adolescentes de México”.

Reconoció la importancia de los avances alcanzados con la elaboración de un Documento Marco que complementará un nuevo andamiaje adoptado en diciembre 2020, por lo que celebró la elaboración de instrumentos para dar seguimiento a la operación de la Enapea, como parte del esfuerzo de articulación intersectorial.

Asimismo, reconoció que, con las acciones orientadas hacia las poblaciones indígenas, afromexicanas y rurales, cuyos derechos han sido relegados históricamente, se atiende una deuda que tiene el Estado mexicano.

Por su parte, la secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, enfatizó que, con la adopción del Documento Marco de la Enapea 2021-2024, durante esta sesión, se da un paso importante en el proceso de reorientación que inició con un decálogo de compromisos emitido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en diciembre de 2019.

En tanto la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann acompañada de la secretaria ejecutiva de esta dependencia, Patricia Uribe Zúñiga, presentaron el seguimiento a las metas del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam), que convoca a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), para que impulsen proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos, que contribuyan a la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, a través de la prevención y atención, en el marco de la Enapea.

En la sesión, participaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegsr); la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Organizaciones de la Sociedad Civil, y el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, entre otras

La medida forma parte de los resultados de la visita que realizó, ayer jueves, el personal del Conapred al estado de Quintana Roo, en el marco de su intervención por el caso del asesinato de una persona de la diversidad sexual en Cancún.

Una comisión encabezada por el responsable del área de Quejas del Conapred, César Flores Mancilla, en coordinación con la delegada de la Secretaría de Gobernación en ese estado Susana Hurtado Vallejo, sostuvo, en distintos momentos, una serie de reuniones con el fiscal general de Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca; el vicefiscal del estado, Luis Cano Guerrero; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Toh Euan.

Así como la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, Karla Rivero González; el subsecretario de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno del estado, Antonio Prado Laguardia; el síndico municipal de Benito Juárez, Heyden José Cebada Rivas; la representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Nira Cárdenas Oliva y personas representantes de 17 organizaciones civiles LGBTTTI del estado.

Los acuerdos logrados durante estos encuentros son brindar asesoría técnica para la creación de la Fiscalía Especializada, dar capacitación a policías y al personal que integrarán dicha Fiscalía, así como al personal municipal de atención ciudadana y de seguridad; y que el Conapred acompañe a la iniciativa de tipificar el crimen de odio en la legislación estatal.

En los próximos días se realizará la firma de convenios con el objetivo de formalizar y dar seguimiento a este conjunto de medidas tendientes a erradicar los crímenes de odio y las prácticas excluyentes basadas en prejuicios injustificados en torno al VIH, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las personas en Quintana Roo.

El Conapred, como instancia coordinadora de la política pública antidiscriminatoria en el país, reitera su compromiso para promover la inclusión en diversos ámbitos y fomentar las buenas prácticas en colaboración con los gobiernos estatales y municipales.