- Rinde primer informe Presidente de la CODHEY
Mérida, Yucatán.-Al rendir su primer informe de actividades
el presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, subrayó al Congreso del
Estado la necesidad de contar con dos nuevas leyes: una, para prevenir y
erradicar la tortura, y otra que garantice la reparación a las víctimas de
violaciones a derechos humanos.
Ante los integrantes de la LXI Legislatura local, el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY) cumplió con la obligación
constitucional de informar el periodo de enero a diciembre de 2015.
Al abundar sobre las dos propuestas planteadas a los
diputados, destacó la necesidad de contar con un ordenamiento moderno que
prevenga y sancione cualquier acto de tortura y demás tratos crueles inhumanos
o degradantes, ya que ley actual es obsoleta e inoperante para hacer frente a
la peor afrenta en contra de la dignidad de cualquier ser humano.
Al igual, pidió contar con una Ley que garantice el derecho
a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, para lo cual
refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para su elaboración a
fin de garantizar su armonización y estandarización con los más altos principios de protección de
la vida y la integridad física y emocional de la personas.
Clasificar con objetividad casos de feminicidio
Goff Ailloud se refirió al tema del feminicidio en Yucatán y
urgió a la Fiscalía General del Estado la pronta implementación y puesta en
marcha del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para
analizar y clasificar con toda objetividad los delitos que encuadren en este
tipo penal que agravia a las mujeres y a la sociedad en general.
Remarcó que dicho protocolo, el cual fue anunciado por el
Ejecutivo del Estado, servirá para cumplir con los compromisos internacionales
en la materia y garantizar a las mujeres de Yucatán un mejor acceso a la
justicia, pero sobre todo, para evitar la impunidad.
En otro punto, Goff Ailloud reconoció el trabajo y
dedicación de los Consejeros de la Comisión, la Sra. María del Pilar Larrea
Peón, Miriam Jure Cejín, Marcia Noemí
Lara Ruiz y Losé Luis Sánchez González, quienes a través de sus diferentes
ópticas, comentarios y sugerencias enriquecen el trabajo de la institución.
Al informe Anual de Actividades asistió en representación
del Gobernador, Rolando Zapata Bello, el Secretario General de Gobierno,
Roberto Rodríguez Asaf; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco
Celis Quintal; el Director del Sistema DIF Yucatán, Líber Sosa Lara;
representantes de la sociedad civil y
funcionarios de diversos órdenes de gobierno.
En su mensaje, dijo que la visión a largo plazo es
consolidar a la Comisión como una institución moderna, dinámica y a la
vanguardia en la adopción y promoción de los más altos estándares de protección
de los derechos humanos.
Presentó los ejes rectores que guiarán su gestión:
fortalecer el trabajo en favor de los grupos en situación de mayor
vulnerabilidad en la sociedad, en especial de la población maya a través del
reforzamiento de las delegaciones de Tekax y Valladolid a fin de acercar los
servicios que presta la institución.
Visitarán comunidades mayas
Anunció que este año, se realizará de manera conjunta con
la CNDH las denominadas “Brigadas
Indígenas”, las cuales consisten en visitas periódicas de promoción, difusión y
defensa de los derechos del pueblo maya, comenzando por las comunidades del sur
del estado.
El segundo eje será desarrollar una estrategia basada en la
educación, a través de un programa para reforzar la promoción y difusión de los
derechos y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes que se
desarrollará de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública estatal.
El tercer eje consiste en fortalecer la defensa de los derechos
humanos y se propone retomar el diseño e implementación del Programa estatal de
Derechos Humanos de Yucatán, el cual presenta hoy la enorme oportunidad de
convertirse en un modelo único en todo
el país.
En dicho plan se incluirían los 17 compromisos de la agenda
de desarrollo sostenible de la ONU 2030; contaría con un fideicomiso de
reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos y un criterio general
de atención y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión
estatal.
Y remarcó la necesidad de trabajar en erradicar de la
conciencia social, el mito que los organismos públicos de derechos humanos sólo
defienden delincuentes.
“Por lo contrario, debemos entender que si no respetamos los
derechos humanos generaremos impunidad. Que la promoción, protección y defensa
de los derechos humanos lejos de ser un impedimento para combatir la
delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia. Que no podemos
combatir la ilegalidad con más ilegalidad”, puntualizó.
El cuarto eje rector consiste en desarrollar un trabajo
permanente con las organizaciones civiles, colegios de profesionales,
instituciones educativas y también involucrar a las cámaras empresariales,
quienes desempeñan un papel fundamental en la construcción de la cultura de
respeto por los derechos humanos.
Goff Ailloud reconoció el trabajo de la sociedad civil
organizada en Yucatán, pues son los responsables de los avances en la
construcción de la cultura de respeto por los derechos humanos.
Y pidió a los ciudadanos exigir a las autoridades el
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero además, asumir las
responsabilidades que también como sociedad tenemos para con los demás.
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