- Recurrirá a SCJN, anuncian
Ciudad de México (Cimacnoticias).- El congreso de Veracruz
anunció que recurrirá al recurso de revisión de la sentencia que emitió el
Juzgado Decimoctavo de Distrito del Poder Judicial Federal que le ordena
despenalizar el aborto, además que pedirá la facultad de atracción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado, señalaron que después de una reunión que
sostuvo ayer la Junta de Coordinación Política del congreso veracruzano, por
unanimidad, los legisladores decidieron no cumplir la sentencia del Juzgado
Decimoctavo porque en su opinión no incurrieron en omisión legislativa al
desacatar la recomendación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de
despenalizar el aborto.
Los integrantes de la LXIV Legislatura argumentaron que
están en apego a la ley pues el artículo 4to de la Constitución estatal
“protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural” y
refieren que la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra este artículo no lo ha resuelto la
SCJN.
Además, los legisladores consideran que la orden que
instruyó el pasado 3 de julio el Juez de Distrito de despenalizar el aborto del
Código Penal (artículos 149, 150 y 154) viola la soberanía del legislativo
local.
Es de recordar que la SCJN se ha pronunciado a favor de la
despenalización del aborto, no sólo en 2007 cuando resolvió en la Ciudad de
México que el aborto es un derecho idóneo para salvaguardar la vida de niñas y
mujeres, y que penalizarlo atenta contra la libertad de que decidan respecto a
su cuerpo, su salud física y mental e incluso, respecto de su vida.
El pasado 6 de julio de 2018, la ministra Margarita Luna
Ramos presentó al Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) la sentencia
que obliga al congreso veracruzano a despenalizar el aborto y pidió al órgano
de Naciones Unidas que incluya dentro de las recomendaciones que haga al Estado
mexicano, la armonización de este derecho en todo el país.
Ello en el contexto de evaluación en materia de Derechos
Humanos (DH) de las mujeres que enfrenta el Estado mexicano ante CEDAW en
Ginebra, Suiza, que inició el 2 de julio y concluirá el día 20.
Por otra parte, en el comunicado los legisladores
veracruzanos expresaron que aunque reconocen que la AVG por Agravio Comparado
(que decretó en diciembre de 2017 la Secretaría de Gobernación) “es una
herramienta jurídico-administrativa que ayuda en garantizar los DH”, “no es una
norma jurídica frente a todos por medio de la cual deba pasarse por alto, la división
de poderes, ni nuestra normativa interna e incurrir en actos contrarios a la
ley”, dijeron.
Es de mencionar que el sentido de la AVG por Agravio
Comparado es terminar con leyes que discriminan los derechos de las mujeres a
través de su modificación.
Además, en la sentencia del Juez de Distrito, se estipula
que despenalizar el aborto es una obligación, toda vez que las acciones
derivadas de la Alerta de Género son de carácter obligatorio porque las demanda
una entidad federal, la Secretaría de Gobernación.
El Juez también determinó que el congreso estatal violó
diversos derechos de las mujeres al resistirse aprobar la reforma del aborto:
derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, y derechos sexuales y
reproductivos.
Esta polémica sentencia se dio a conocer el pasado 3 de
julio de 2018 por las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), Justicia, Derechos Humanos y Género AC y los colectivos
Feministas de Xalapa y Akelarre, quienes anunciaron que el Juzgado Decimoctavo
de Distrito del poder Federal las amparó y obligó al congreso de Veracruz
modificar el Código Penal para despenalizar el aborto en las 12 semanas de
gestación, añadir una causal de riesgo de salud a las mujeres y derogar el
plazo de 90 días para que las víctimas de violación accedan al aborto, todo
ello antes del 31 de julio de 2018 que termina el periodo de sesiones de la
Legislatura.
Las defensoras de los derechos de las mujeres anunciaron
también que si los legisladores resistían a cumplir a la sentencia iniciarían
una denuncia por “desacato judicial” o bien, un juicio político. 18/HZM/LGL
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