Vila da marcha atrás: no habrá impuesto de seguridad en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Ante el amplio rechazo popular y la negativa de la CFE de cobrar el impuesto estatal en sus recibos, Mauricio Vila anunció que no se aplicará el cobro del impuesto para cámaras de seguridad, esto a unos días de su Primer Informe de Gobierno, el domingo 19 de enero, y la movilización anunciada para ese día por siete organizaciones de la sociedad civil y el partido Morena.

Quien horas antes dijo que asumirá el costo político de este impuesto y que generó el rechazo ciudadano hacia los diputados en el Congreso del Estado, informó que decidió retirar el derecho por infraestructura tecnológica, debido a que este no se puede cobrar mediante el recibo de energía eléctrica de la CFE.

“Somos un gobierno cercano y que escucha a los ciudadanos, por eso, también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho, como podría ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable”, expuso.

Precisó que esta decisión de retirar el nuevo impuesto para cámaras de seguridad se hizo pensando en dejar de lado cualquier confrontación con la federación.

--“Pese a esto, seguiremos invirtiendo para seguir siendo un estado seguro. Juntos, afrontamos un nuevo reto, pero como lo hemos demostrado, trabajaremos con eficiencia, disciplina financiera y transparencia. Somos un gobierno cercano que escucha a los yucatecos y con estas acciones estaremos siempre un paso adelante, manteniendo la tranquilidad de las familias del estado”, dijo.

Expuso que se reforzarán las medidas de austeridad a través de las siguientes mecanismos:

--Ningún mando medio superior de la administración gozará de aumento de sueldo

--Se adelgazará la estructura burocrática que no tenga que ver con la prestación de servicios básicos-

--Se ampliarán las medidas de ahorro en general, tomadas al inicio de la administración.

Insistió que el Gobierno Federal, de Andrés Manuel López Obrador enviará menos recursos en 2020 para Yucatán.

“El presupuesto de ingresos y egresos de 2020 se elaboró con base a un diagnóstico en el que se alentaba con claridad que la Federación había dejado de enviar recursos federales que ascendían a una cifra de alrededor de 3,800 millones de pesos. Sin embargo, superaremos este reto con eficiencia”, dijo.

Sin bajar la guardia un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad, sin embargo, esta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración; seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas, que es su seguridad.

Reitero: La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. Así me lo han pedido y así lo haré.

He instruido al consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira a que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos.

También, he instruido a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta administración; los yucatecos seguirán disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados. Todos los apoyos y los servicios se seguirán otorgando y mejorando. Específicamente, he ordenado que ningún mando medio y superior de este Gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática que no tenga que ver con prestación de servicios básicos y que se amplíen, en general, las medidas de ahorro presupuestal tomadas en esta administración.

Cabe recordar que el lunes la senadora Verónica Camino Farjat pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) que ejerza la acción de inconstitucionalidad del cobro por el nuevo derecho de “infraestructura tecnológica” propuesto por el gobernador Vila Dosal y aprobado por la mayoría de los diputados locales, mismo que resulta abusivo e inconstitucional para los habitantes de Yucatán.

“La acción de inconstitucionalidad tendría efectos generales para todos los que habitamos en Yucatán, así que no sería necesario interponer amparos de manera personal; aunque esto no afectará a quienes ya hayan interpuesto el recurso”, explicó.

Agregó que la primera modalidad, la podrán utilizar los propietarios de predios, y prácticamente está concluida “se está haciendo uso de todas las alternativas posibles para avanzar en la defensa de los derechos de quienes habitamos en Yucatán”.

La legisladora detalló que su equipo continúa con la elaboración del segundo formato de amparo dirigido a todos los que habitan una casa sin ser dueños de la misma (ya sea porque es rentada, prestada, etc) pues cada caso tiene características que hacen diferente el formato al momento de presentar el recurso. Dicha solicitud estará disponible para todos los ciudadanos

Explicó que la Codhey es el órgano autónomo garante de la protección de los Derechos Humanos, y la Constitución Federal en el artículo 105, fracción II, inciso g, la faculta para promover el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.