Errores de la FGE y del PEI dan la libertad a presunto asesino de Roberto

  • Agentes no tuvieron permiso de propietarios para ingresar al predio para levantar evidencias y tampoco orden de cateo
  • Solicitan orden de captura pero el presunto autor del crimen ya estaba detenido desde el viernes; ya hasta lo habían sometido a intenso interrogatorio
  • El año pasado Azael golpeó violentamente a sus abuelos paternos; estuvo tres meses en la cárcel

Mérida, Yucatán.- Por violaciones al Artículo 290 Código Nacional de Procedimientos Penales que no permite “malas prácticas “ y “cateos disfrazadas”, errores atribuibles a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Estatal de Investigación, el presunto autor del crimen contra el joven Roberto de Jesús Amaro fue liberado.

Primero, la Fiscalía buscaba ganar tiempo porque no logró integrar el expediente. El sujeto que descuartizó a Roberto, Izael DC, de 21 años de edad, fue presentado para ser juzgado, no por el presunto crimen, sino por los delitos de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, resistencia y desobediencia de particulares, por portación de armas e instrumentos prohibidos.

Esto sucedió cuando los agentes de la Policía Estatal de Investigación ingresaron al domicilio y el sujeto los atacó. Otros cuerpos policiacos también ingresaron a la vivienda y al predio aledaño sin el permiso expreso de los propietarios. No había delito en flagrancia.

Tras valorar los hechos, el Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Kenny Martins Burgos Salazar, le concedió la libertad. El letrado tiene una amplia formación académica, experiencia profesional como actuario y secretario, así como participación en numerosos cursos.

La prisión preventiva, como medida preventiva, se esfumó ante los fiscales, pues el juez ordenó que el sujeto sólo tiene que ir a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del Estado y estar sujeto a vigilancia. Su situación legal, por estas imputaciones, se define el 6 de julio.

Los fiscales pidieron la prisión preventiva como medida cautelar, a fin de dar tiempo a la Fiscalía General del Estado para integrar debidamente el expediente y solicitar la orden de aprehensión y así llevarlo a proceso penal por el crimen cometido. La respuesta fueron las medidas cautelares leves.

Entonces los fiscales pidieron con carácter de urgente la orden de aprehensión en el mismo Juzgado de Control, pero ante el juez Antonio Bonilla Castañeda, otro letrado con amplia formación académica y profesional, quien al analizar las constancias negó la orden de aprehensión por cuestiones de forma que se establecen en el Artículo 290.

Es decir que el juez Bonilla exhibió los errores de los fiscales. Estaban solicitando una orden de aprehensión sin cumplir con los requisitos que contempla la ley y no se ratificó ante el juez la presencia de los propietarios de los predios donde se encontraron los restos mortales de la víctima.

El Código Nacional de Procedimientos Penales exige como protocolo que se ratifique ante el juez las personas que autorizaron los ingresos a los predios donde se levantaron las evidencias del caso, aunado a que tampoco hubo orden de cateo, e decir los agentes incurrieron en una “mala práctica" y en un “cateo disfrazado”.

Además, el acusado ya estaba privado de la libertad en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado desde el viernes, o sea, que no se iba a expedir una orden de detención de una persona que ya estaba detenida.

Izael es violento

El año pasado Izael dio una golpiza a sus abuelos paternos. Por ese hecho, la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González le impuso prisión preventiva justificada de tres meses por haber atacado a los señores Honorio Dzib Dzib y Marciala Quijano Pech, de 77 y 72 años de edad, respectivamente.

Ese ataque ocurrió el 21 de septiembre, aproximadamente a las 21:45 horas, en casa de sus abuelos, ubicada en la calle 5-A de la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Mérida, donde los septuagenarios resultaron con lesiones que tardan en sanar más de 15 días.

Toca ahora a la FGE subsanar los errores y solicitar nueva orden de detención.

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