El coordinador de los diputados federales del PRI por
Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, indicó que corresponderá a los 31 Congresos
locales ratificar las modificaciones a la Carta Magna.
"Contar con una legislación única, no va en contra del
pacto federal ni vulnera la soberanía de los estados" subrayó el
legislador.
Es así como se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar
en materia procesal penal y su unificación en toda la Federación.
Además se dispondrá de mecanismos alternativos de solución
de controversias y ejecución de penas en materia de delincuencia organizada que
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Sahuí Rivero recordó que en la reforma constitucional de
2008 se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para que
entraran en vigor las nuevas disposiciones en materia de oralidad, es decir,
que en el 2016 deben estar unificados todos los sistemas penales del país.
"Yucatán es uno de los estados que ya implementó el
nuevo sistema penal y se cuenta con un Código de Procedimientos Penales que fue
aprobado por la pasada Legislatura local" observó.
El diputado priísta indicó que el ordenamiento que se aplica
en la entidad yucateca es considerado por los especialistas e impulsores del
nuevo sistema penal como un referente nacional y sería tomado como un modelo.
"Urge armonizar la legislación procesal a nivel
nacional, para establecer elementos comunes y consistentes con la aplicación
del nuevo sistema penal acusatorio y oral", acotó.
Durante la sesión también se aprobó una reforma a diversas
disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera
de los estados y los municipios.
De igual manera, el dictamen que adiciona una fracción
XXIX-R al artículo 73 de la Carta Magna, con el propósito de facultar al
Congreso de la Unión a expedir la Ley General que armonice y homologue la
organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de
Personas Morales de las entidades federativas y los catastros municipales.
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