El coordinador de los diputados federales del PRI, Mauricio
Sahuí Rivero, señaló que la modificación a la fracción I y el cuarto párrafo
del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, se aprobó luego de valorarse la necesidad de establecer sanciones más
severas para inhibir en la conducta infractora y el daño que se pudiera
ocasionar.
Con esta modificación, turnada al Senado, se amplía la
sanción máxima por daño ecológico, de 50 mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal a 60 mil días, que representarían cerca de
cuatro millones de pesos.
La Cámara Baja también aprobó reformar el artículo 1o. de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo
1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
para incorporar el término de medio ambiente sano.
Sahuí Rivero explicó que de esta manera se armonizan las
legislaciones secundarias, en concordancia con la reforma reciente al artículo
4o. de la Constitución Política, en el que se establece que “toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” y establece el
compromiso del Estado a garantizar este derecho.
El documento, que pasa al Ejecutivo federal para su
promulgación, señala que un ambiente propicio permite el sano desarrollo del
ser humano tanto física como psicológicamente.
Una afectación a los recursos naturales trae consecuencias
graves a la salud y el bienestar de los seres humanos, en particular de los
grupos más vulnerables, como los niños, las comunidades con altos índices de
pobreza, las mujeres y la gente de edad mayor, cita el dictamen.
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