- Víctima de violencia obstétrica lleva 13 años en espera de justicia
Por: Anaiz Zamora Márquez, enviada /Cimacnoticias
Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.- Desde hace 13 años Irene Cruz
Zúñiga, mujer oaxaqueña de origen mixteco, vive postrada en una cama. Una mala
práctica médica durante el nacimiento de su hijo Epafrodito la condenó a vivir
sin poder moverse y a comunicarse con su familia a base de gemidos y sonidos
que hace con su garganta.
Irene es un caso emblemático de morbilidad materna (secuelas
en la salud por complicaciones en el parto, embarazo o puerperio), violencia
obstétrica, falta de acceso a la justicia y de reparación integral del daño, y
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.
“Cuando mi hermana
salió de la casa para aliviarse, alcanzó a voltear y me dijo: ‘luego seguimos
platicando’. Tengo 13 años esperando esa plática”, dice a Cimacnoticias Carlos
Cruz Zúñiga, sentado en medio de la habitación de adobe que Irene comparte con
sus padres y su hermana menor y que al mismo tiempo es comedor, sala y
dormitorio.
La familia Cruz Zúñiga vive en Barranca Fiera, una de los
parajes que integran la comunidad de Morelos, localidad perteneciente al
municipio de Santa Cruz Itundujia, en Oaxaca. El nombre del paraje se debe a
una caída de agua ubicada en la localidad, pero bien podría describir la
condición de inaccesibilidad a servicios básicos en la que viven sus
habitantes.
Con la voz entrecortada, Carlos recuerda que él y su hermana
pasaron su infancia jugando entre los árboles, y su juventud dedicada a la
pizca de café en los municipios vecinos. Ella se casó a los 25 años de edad y
tenía la ilusión de tener una familia grande, su primer y único embarazo
ocurrió un año después.
Irene dio seguimiento a su embarazo con las brigadas médicas
voluntarias que cada mes visitaban Barranca Fiera. En esos años la comunidad de
Morelos, y más aún la colonia, carecían de servicios de salud.
En 2008 se inauguró un Centro de Salud, pero actualmente no
atiende emergencias médicas, lo que abre la puerta a que historias como la de
Irene se repitan.
PARTO
La noche del 20 de junio de 2001 Irene presentó dolores de
parto. Como era la tradición de la comunidad, fue auxiliada por una partera.
Pasaron las horas y el producto “no se acomodó”, así que la partera la mandó a
la unidad de salud “más cercana”, es decir a dos horas de distancia.
Su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus padres,
Enrique Cruz y Maura Zúñiga García, la llevaron a Santa Cruz Itundujia donde la
tarde del 21 de junio de ese año no la pudieron atender porque no tenían el
equipo necesario para emergencias obstétricas.
“Como no había
ambulancia”, una camioneta del municipio llevó a Irene al Hospital Rural del
IMSS más cercano, ubicado en el municipio de Tlaxiaco, lo que le implicó dos
horas más de camino de terracería.
Finalmente, la madrugada del 22 de junio a Irene le
practicaron una cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico
también se ordenó implantar un dispositivo intrauterino (DIU) sin el
consentimiento de Irene o su familia, pues se sabe que ella deseaba tener más
hijos.
Hasta la fecha se desconoce si el DIU fue implantado o no,
pues no se dio seguimiento ginecológico.
Horas después su esposo, Alberto Núñez, fue informado de que
la situación de Irene y su hijo era grave, y sin más información la trasladaron
al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado a
tres horas de distancia en la capital del estado y perteneciente a los
Servicios de Salud de la entidad).
De acuerdo con el expediente médico, Irene salió de Tlaxiaco
con un pronóstico de “Glasgow” (escala que evalúa el nivel de conciencia de las
personas víctimas de traumatismo craneoencefálico) de “bueno para la vida, malo
para la función”.
El Hospital Civil le diagnosticó “encefalopatía hipóxica
isquémica”, es decir pérdida total de la movilidad y razonamiento.
CONSECUENCIAS
Doña Maura, mamá de Irene, cuenta a esta agencia que las
horas en Tlaxiaco (mientras intervenían a Irene) fueron de incertidumbre, y
debido al cansancio de los trayectos ella decidió ir a descansar a casa de unos
familiares.
“Me iba a acostar y
llegó mi esposo a decirme que Irene estaba mal y que la iban a llevar a Oaxaca,
que yo tenía que quedarme a cuidar al bebé”.
Desde ese momento y hasta la fecha, doña Maura está a cargo
de Epafrodito, quien “pasó ocho días en la incubadora. Para que me lo pudiera
traer (a la casa) me enseñaron a alimentarlo con fórmula y leche en polvo; al
principio era bien complicado, yo ya no estaba en edad de cuidar bebés; con el
paso del tiempo tuve que dividir mi tiempo para cuidar al bebé y a Irene.
“Afortunadamente ya creció
y se vale por el mismo, ahora sólo me levanto a hacerle su atole antes de las
5:30 de la mañana, que es la hora a la que sale para caminar hasta la
secundaria. Cuando toda la familia se va, yo le hablo a Irene con la esperanza
de que se levante un día y vuelva a platicar conmigo”, dice la mujer, quien
explica que ahora su hija se comunica con ella con miradas y parpadeos.
Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en
medicina interna del Hospital Civil. “Nuestra forma de estar ahí era tender un
cartoncito para dormir”, recuerda su hermano Carlos.
“Era muy doloroso ver
a mi hermana con tubos, estaba irreconocible. Ya no teníamos dinero y los
médicos nos dijeron que si pasaba un poco de té y atole por la boca podíamos
alimentarla en casa; como si pudo hacerlo la dieron de alta.
“Primero la
reingresamos al hospital de Tlaxiaco (donde estuvo 15 días), pero los desgastes
económicos ya eran bastantes y decidimos traerla al cuarto. A partir de
entonces nos hacemos cargo de ella, un tiempo intentamos que fuera a
rehabilitación, pero el dinero que sacamos del campo no nos rindió”, relata
Carlos.
Don Enrique, padre de Irene, explica que fue hasta 2012 que,
gracias a un peritaje médico, supieron que la anestesióloga colocó la anestesia
sin controlar la presión, lo que provocó varios paros cardiacos que impidieron
que el oxígeno llegara al cerebro y finalmente le provocaron la inmovilidad que
ahora padece.
Eso se tradujo, detalla don Enrique, en la obligación de
incrementar su jornada en el campo para mantener a su nieto, y significó que al
volver a casa “en lugar de descansar deba mover a su hija de posición para que
no le salgan llagas”.
Mientras hace tortillas a mano, Enimia Cruz Zúñiga, hermana
menor de Irene, cuenta que desde los 21 años dedica parte de su vida a cuidar a
su hermana y a su sobrino. “Mi día empieza desde las 5 de la mañana y acaba a
las 9 de la noche”; lo más difícil es lograr que Irene coma, detalla.
Enimia decidió no formar una familia y no ejercer la
maternidad debido a que “lo que le sucedió a mi hermana me creó desconfianza;
yo sentí que me podía pasar algo igual y tener un sufrimiento así; me afectó
mucho y hasta ahorita tengo miedo”.
También abandonó sus planes de salir de la comunidad y trabajar.
Ella se siente defraudada por los servicios de salud y
asegura que ser mujer en su comunidad es “muy difícil”, y sin saber mucho de
cómo funciona el sistema sanitario, considera que para evitar más casos como el
de su hermana “necesitamos una doctora, pues ella es de más confianza para las
mujeres, para que no de repente lleguen a manos de alguien que no conocen y no
saben cómo las va a tratar”.
IMPUNIDAD
Durante la estancia de Irene en el Hospital Civil de Oaxaca
su esposo comprendió que el caso no era algo “que simplemente había ocurrido
por mala suerte”, y empezó su exigencia de justicia: presentó una demanda por
negligencia médica.
Alberto Núñez Cruz se presentó ante el Ministerio Público
del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001.
Carlos asegura que por dos meses su cuñado pudo pagar “unos abogados que parece
que no hicieron nada por el caso”.
“Ya habíamos ido en
tres o cuatro ocasiones a Tlaxiaco para que nos explicaran por qué mi hermana
había salido así, si estaba perfectamente bien, pero todos nos cerraron las
puertas”, explica Carlos.
La situación
económica de la familia obligó a Alberto a emigrar a Estados Unidos; aunque
volvió por un tiempo, después marchó de nuevo y hasta hoy la familia desconoce
su paradero. Nadie dio seguimiento al proceso judicial.
Pese a la denuncia,
la familia nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la
investigación y al proceso legal. Fue hasta 2010, con el relevo en el gobierno
estatal, que el expediente fue desempolvado. La familia fue citada a declarar
nuevamente en la ciudad de Oaxaca.
La Procuraduría
General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió dilaciones y omisiones que
entorpecieron el caso, ya que tardó mucho tiempo en pedir los informes médicos,
no realizó los peritajes correspondientes, y el expediente quedó almacenado por
años.
Hasta el 19 de
octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la
Procuraduría General de la República (PGR), en razón de que el delito fue
cometido por servidores públicos del IMSS, que son del orden federal. Así, la
instancia inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011.
Fue hasta el 6 de
julio de 2012 que la PGR encontró a María de Lourdes Franco Vásquez,
anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de lesiones
culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de
profesión, y ejercicio indebido del servicio público. Por ello solicitó el auto
de formal prisión en su contra.
El 21 de agosto de
ese año el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra
Franco Vásquez. Pero la anestesióloga, tras pagar una fianza, interpuso un
recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo
Tercer Circuito en Oaxaca.
REPARACIÓN DEL DAÑO
En diciembre de 2013,
el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó
que el delito había prescrito, resolución que dictó luego de solicitar la
elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género, para tener
mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de
origen indígena.
Antes de emitir el
acuerdo judicial, el magistrado recibió un Amicus Curiae (argumentos jurídicos
de especialistas sobre un caso judicial) elaborado por la organización Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, y en el que recomendó medidas de reparación
integral del daño para las víctimas (Irene, su hijo y su familia), por parte de
autoridades estatales y federales.
En su fallo, el
magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían y
por tanto determinó que era necesaria la reparación del daño de las víctimas,
es decir de Irene y de su hijo, Epafrodito. Al mismo tiempo sostuvo que la
familia de Irene (doña Maura, Enimia, don Enrique y Carlos) es víctima
indirecta de los hechos.
Como se determinó que
el delito prescribió –ya que el Código Penal estatal establece una temporalidad
de 10 años para el tipo de lesiones culposas–, el magistrado emitió un acuerdo
judicial en el que pide al Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una
indemnización y rehabilitación, así como las medidas de no repetición que deben
implementar diversas dependencias, aunque no precisa qué le corresponde a cada
una.
Para la abogada de la
familia, Jaqueline Sáenz, el caso sienta un precedente pues es uno de los pocos
o el único con una resolución que considera las afectaciones individuales,
familiares y colectivas y plantea –aunque de manera limitada, pues no precisa a
las dependencias responsables– las formas en que se debe lograr una reparación
integral del daño.
Daniela Ramírez
Camacho, maestra en Ciencia Política y quien junto con el doctor en
Antropología Juan Carlos Martínez Martínez elaboró el peritaje antropológico
del caso, explica que Irene sufrió diversas violaciones a sus Derechos Humanos
(DH), sobre todo en su salud sexual y reproductiva, su integridad personal,
acceso a la justicia y la reparación integral del daño, todo ello enmarcado en
un clima de discriminación y segregación contra las mujeres indígenas.
Para Ramírez Camacho
las violaciones a los DH son claras desde antes del parto, la falta de
accesibilidad y las condiciones precarias de los servicios –y que le hicieron
recorrer grandes distancias–, son una muestra de que el Estado mexicano no
garantizó plenamente su derecho a la salud.
Además, aunque no se
sabe si efectivamente se le colocó el DIU, la sola instrucción de hacerlo
indica un mal proceder médico, violencia obstétrica y una violación a los
derechos reproductivos, a lo que se suman las omisiones que impidieron que
Irene accediera a la justicia de manera expedita.
A decir de Daniela
Ramírez, una vez que las dependencias asuman su responsabilidad, el caso de
Irene podría contribuir a fortalecer la visión de justicia y de reparación del
daño, ya que las medidas van desde que ella y su hijo tengan servicios de salud
de por vida, Epafrodito cuente con una beca escolar, y que el Estado remunere
económicamente los cuidados que les han brindado sus parientes.
SERVICIOS DE SALUD
Otras de las medidas
de no repetición son el mejoramiento de los servicios de salud en la comunidad
de Morelos. Al respecto, Faustino Romero García, agente de policía de esa
comunidad, reconoce que el Centro de Salud (inaugurado en 2008) a veces no
cuenta con los insumos suficientes y son los pobladores los que pagan los
gastos del médico pasante que atiende, además de que carece de una ambulancia y
los traslados a hospitales cercanos son complicados e implican un gasto
considerable para las familias.
Por su parte,
Centolia López, una de las dos mujeres que fue agente de policía en la
comunidad, sostiene que lo que se necesita es un médico de planta comprometido
en atender a las mujeres, y que tenga “el entendimiento de que en el pueblo las
que van a ser madres tendrán más confianza si las atiende una mujer”. Por ello,
aclara, podría incorporarse a las parteras a esta atención.
Florencia Zamora
Muñoz, mejor conocida como “doña Lenchita”, (única partera en la comunidad),
asegura que aunque los médicos y las parteras tengan visiones distintas de cómo
se debe atender a una mujer, podrían trabajar en conjunto pues aunque ellos
tengan conocimientos científicos, ellas tienen la experiencia necesaria aunque
muchas veces su sabiduría ancestral es menospreciada, lamenta.
La antropóloga Mirna
Cruz Ramos sostiene que en México, pero en particular en Oaxaca, se debe
avanzar hacia la construcción de un sistema de salud intercultural, que se
refiere a la capacidad de los servicios de salud de aplicar tres modelos de
atención: tradicional, biomédico y doméstico, para así lograr que se respeten
esos conocimientos y las mujeres de origen indígena puedan acceder a servicios
de salud que no perciban como ajenos.
Irene y su familia
están en espera de una respuesta por parte de las autoridades involucradas en
la reparación integral del daño, pues hasta el momento dependencias como el
IMSS o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les
han ofrecido algunos beneficios o una especie de indemnización, pero nada se ha
concretado.
Como muestra del
desinterés del Estado mexicano por combatir la muerte y morbilidad maternas,
así como en garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia
obstétrica, el caso de Irene será expuesto en
foros públicos. La violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas de
poblaciones vulnerables esun tema que ya se ha expuesto ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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