Yucatán, segundo lugar nacional con menos percepción de corrupción

Mérida, Yucatán.- Yucatán ocupa el segundo lugar, después de Querétaro, como la entidad mexicana con menos corrupción, según el estudio Anatomía de la Corrupción realizado por María Amparo Casar, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El estudio es un compendio de los principales indicadores sobre la corrupción en México y cómo se compara con otras naciones, además de los intentos por combatirla y los “magros” resultados obtenidos.

La entidad federativa con mayor percepción de corrupción es el Distrito Federal con 95.3, diez puntos por encima de la media que es de 85.3%. La que menor nivel de percepción presenta es Querétaro con 65%, esto es, 20% por debajo del promedio nacional.

Todas estas cifras exhiben la extensión, profundidad y crecimiento de la corrupción en México, señala la investigadora Casar.

-- De ahí que no sorprenda que lejos de avanzar, México haya retrocedido en los índices de medición. México ha sido constante y sistemático en el mal puntaje que obtiene en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional desde hace 20 años: 35 sobre 100.

Afirmó que no obstante, ha descendido drásticamente en el ranking mundial hasta ocupar el lugar 103 de 176 países. Esto se debe en parte a que cada año Transparencia Internacional añade más países al ranking mundial pero principalmente a que los países que han dejado atrás a México se han empleado más a fondo en el combate a la corrupción.

Como a cualquier enfermedad, afirmar, para poder erradicar la corrupción hace falta conocerla: localizarla, medir su extensión, identificar sus causas, encontrar las áreas de oportunidad que permiten su reproducción, examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos, mirar experiencias exitosas. Solo así se podrá construir una coalición ganadora para combatirla, sólo así se podrá traducir la indignación en una estrategia exitosa para combatirla.

Asevera que la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción significa un avance en el arreglo institucional de combate a la corrupción pero su mera instauración no es garantía de nada.

--La fase de implementación requerirá no sólo del diseño de una política de estado sino de la voluntad política para adoptarla y mantenerla y de la creación de capacidades institucionales basadas en un sistema profesional de carrera que incluya ministerios públicos y juzgadores especializados en delitos de corrupción.

Adicionalmente, urge definir los rubros de la taxonomía de los delitos que comprende el concepto de corrupción. Hasta el momento, el Código Penal tipifica 14 conductas pero su definición no es clara. Lo mismo ocurre con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que identifica 24 faltas administrativas relacionadas con la corrupción.

La corrupción, concluye, tiene una dimensión personal o individual, una institucional y una cultural. Las tres están vinculadas. Las individual tiene que ver con el costo-beneficio y la percepción de que al incurrir en un acto de corrupción el individuo tiene poco que perder y mucho que ganar. La institucional con las oportunidades de corrupción y el deficiente funcionamiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia. La cultural, con el conjunto de actitudes y valores frente a las autoridades y la ley.

En términos de recomendaciones de política pública hace falta una política integral:

• Desde el ángulo económico, poner el combate a la corrupción como prioridad en la agenda pública y definirla como un problema de “sobrevivencia nacional”: como  necesaria para proveer un clima conducente al crecimiento económico y para ganar una ventaja competitiva en el mercado de los negocios internacionales.

• Desde el ángulo político convertir el control de la corrupción en un pilar estratégico del sistema de gobierno en el que se opera con base a principios meritocráticos en los que la población puede observar que las recompensas están atadas al esfuerzo personal y no al influyentismo o a medios corruptos.

• Desde el ángulo administrativo, claridad y predictibilidad de las reglas generales acompañadas del rigor en su observancia con el fin de dar a la población predictibilidad y confianza en la actuación del gobierno.

• Desde el ángulo judicial, aplicar la ley sin distingos, esto es, no diferenciar entre pequeños y grandes actos de corrupción ni entre peces gordos y pequeños. Tampoco entre funcionarios públicos y privados o entre gobernantes y gobernados. La corrupción tiene siempre dos lados: el de la oferta y el de la demanda.

• Desde el ángulo programático, mantenerla como un esfuerzo sostenido de largo plazo y no sólo como un programa temporal o forzado por situaciones de coyuntura.21

La cultura de la legalidad que en mucho puede ayudar al combate a la corrupción viene por añadidura. Si la ciudadanía observa que las autoridades están siendo las primeras en cumplir la ley, que en caso de no hacerlo existe la posibilidad de hacer una denuncia, que en caso de ser  encontrado culpable el funcionario va a ser sancionado y que la ley no hace distingos, entonces los ciudadanos comenzarán a tener respeto por la ley.

Una buena manera de terminar es concluyendo que la lucha contra la corrupción tiene lugar en muchos escenarios y México apenas comienza a escribir su libreto: desde la libertad de expresión hasta el acceso a la información, desde las regulaciones hasta la dispersión de tramos de autoridad; desde la asignación de los recursos públicos hasta la supervisión del gasto; desde el aparato de investigación de los ministerios públicos hasta el sistema de justicia; desde la cultura hasta el de la ética corporativa; desde los sistemas de denuncia hasta el trabajo de las ONGs.