Mérida, Yucatán.- Operadores jurídicos del sistema penal
acusatorio son capacitados de manera intensiva durante este mes para que
conozcan y apliquen los contenidos del Código Nacional de Procedimientos
Penales, el cual entrará en vigor en Yucatán a partir del próximo 22 de septiembre.
Organizados por el Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación de la Reforma en
materia de Seguridad y de Justicia, los cursos son impartidos por instructores
certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Entre los talleres que todavía están por comenzar está “El
policía como primer respondiéndote” y “El policía con capacidad de procesar el
lugar de los hechos”, los cuales iniciarán el 25 de septiembre con una duración
de 40 horas cada uno. Estas actividades tendrán como sede los municipios de
Mérida, Kanasín, Tekax, Umán y Valladolid.
De igual forma, el 28 de septiembre se efectuará una
instrucción dirigida a litigantes que se impartirá en el Tribunal Superior de
Justicia de Yucatán (TSJY) con una duración de 100 horas.
Además, desde el
pasado 7 de septiembre se ofrece el “Curso especializado en técnicas de
litigación oral para defensores del Gobierno del Estado”, con una duración de
40 horas y con sede en el Tribunal. También desde el 8 de los corrientes se
instruye a periodistas en el TSJY a través de un taller de 40 horas.
Cabe mencionar que en
agosto inició una capacitación dirigida a mediadores y conciliadores de la
Fiscalía General del Estado. Mientras que del 10 al 14 de dicho mes, con una
duración de 80 horas, se impartió el taller “Técnicas de litigación en el
juicio, en procedimientos especiales y en el procedentito abreviado”, lo que
tuvo lugar en las salas de oralidad del Centro de Justicia Oral de Mérida
(CJOM), y de juntas de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Estos cursos dirigidos a fiscales, defensores, periodistas y
agentes municipales se realizan gracias al subsidio para la implementación de
la reforma penal que se otorgó a Yucatán, derivado del convenio suscrito entre
el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación.
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