Mérida, Yucatán.- Yucatán
es un estado de avanzada hacia el nuevo modelo de justicia para adolescentes
que actualmente se encuentra en tránsito hacia un sistema integral regido por
Comisiones interinstitucionales federal y estatales contempladas en la nueva
ley en la materia en vigor desde junio del año pasado.
En el marco de la conferencia “Los efectos de la instalación
de la comisión intersecretarial del sistema de justicia para adolescentes”,
Raquel Olvera Rodríguez, Directora General de Prevención y Tratamiento para
Menores del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, resaltó la
preparación que los operadores del sistema en Yucatán realizan para este
cambio.
Dijo que en su artículo 77 la ley nacional del sistema
integral de justicia penal para adolescentes que entró en vigor el 16 de junio
de 2016 establece que los poderes Ejecutivo y Judicial se organizarán para
establecer una comisión intersecretarial que incluirá a todas las autoridades
corresponsables establecidas en dicha legislación, tanto a nivel federal como
local. En el caso de los estados serán las Secretarías Generales de Gobierno
quienes encabecen estas comisiones y a nivel federal la Secretaría de
Gobernación.
Este artículo transforma toda una forma de ver la atención
de esta población juvenil, con una visión de Estado, aseguró Olvera Rodríguez.
Este evento, realizado en el auditorio del Centro de
Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA) al sur
de la ciudad, constituyó la clausura de las “Mesas de Análisis de los efectos
de la operación del Sistema de Justicia para Adolescentes”, coordinadas por el
magistrado presidente de la sala unitaria de dicho sistema del Tribunal
Superior de Justicia de Yucatán, Magistrado Santiago Altamirano Escalante.
Momentos antes de la conferencia se entregaron constancias a
cinco de los 49 participantes que se hicieron acreedores a las mismas por su
participación en dichas mesas que iniciaron desde el pasado 22 de marzo con la
participación de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad
Pública de Yucatán, la Fiscalía General del Estado, el Instituto para la
Defensa Pública del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia, el DIF, la Consejería Jurídica de Gobierno, el Tribunal Superior
de Justicia y el Consejo de la Judicatura, entre otros.
Nosotros los operadores estamos generando los compromisos e
instrumentos normativos y operativos para una adecuada implementación,
reconociendo que esta labor no se puede seguir realizando de manera aislada, es
ahora toda una red del Estado que de manera coordinada deberá brindar todos los
servicios a nuestra población objetivo, es decir, a los adolescentes que fueron
considerados responsables de la comisión de un delito, lo que representa que la
labor de reinserción y reintegración ya no es una responsabilidad exclusiva de
las autoridades integrantes del sistema de justicia penal, sino una
responsabilidad Estado y esta figura es el medio para hacerla efectiva, apuntó
la funcionaria.
Agregó que los servicios serán proporcionados por áreas
especializadas, por ejemplo la secretaría de salud para el tema de adicciones,
ya que se hizo un levantamiento entre jóvenes privados de la libertad y 98%
tenía problemas con drogas y se hizo un modelo de atención especializada, lo
que significa que todos los jóvenes que entran al sistema su primer paso será
pasar por este proceso para ser atendidos.
Esto nos permitirá trabajar de forma corresponsable con
diversas instituciones para atender los aspectos de educación formal y diversos
aprendizajes, deporte y otros factores y servicios que el Estado proporciona y
se van a poner a servicio de esta población. Las instituciones corresponsables
prestarán dichos servicios obligatoriamente y no de buena voluntad,
señaló, lo que incluye programar recursos
especiales para la atención a esta población objetivo que son los jóvenes en
conflicto con la ley.
Dijo que si bien estas comisiones estarán encabezadas por la
Secretaría de Gobernación a nivel federal y por las Secretarías de Gobierno el
los estados, deberán también estar integradas por representantes de las
Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Educación, Salud, Trabajo y Conade
entre otras, o sus equivalentes en los estados.
Detalló que dichas comisiones podrán gestionar apoyos del
sector público y privado, establecer las partidas, promover políticas públicas,
impulsar convenios de colaboración con sector público y privado, proponer
reformas al marco legal, fomentar generación de foros académicos, vigilar que
los integrantes actúen de manera corresponsable y atender a los jóvenes que
están bajo medidas no privativas de la libertad, que es la mayor población.
Por su parte, el magistrado Altamirano Escalante apuntó que
en las mesas realizadas en Yucatán se avanzó en dos temas fundamentales, uno de
ellos es la participación de la policía procesal dentro de las audiencias de
justicia para adolescentes y el contar con un mediador especializado dentro de
los juzgados del Poder Judicial.
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