Ante la impunidad legislativa, propone el PRI un control constitucional al trabajo legislativo

Ciudad de México.- Ante el abuso de las mayorías parlamentarias en el Congreso de la Unión que ha llevado a una impunidad legislativa, ya que se incumplen los procedimientos legislativos, a sabiendas de que no habrá forma posterior de revisión o impugnación de sus actos, las diputadas del PRI, Dulce María Sauri, Mariana Rodríguez, Claudia Pastor, María Alemán y el diputado Enrique Ochoa Reza propusieron un control constitucional al trabajo legislativo.

Se trata de reformas a la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para acabar con la impunidad de los legisladores en los ámbitos que no están protegidos por el sistema de control de constitucionalidad como: las reformas a la Constitución Política, los procesos de designación y ratificación de funcionarios y funcionarias y los procesos jurisdiccionales de responsabilidades de las y los servidores públicos.

La vicepresidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, en nombre de sus correligionarias Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla, María Alemán Muñoz Castillo y el diputado Enrique Ochoa Reza alertó de la debilidad en los mecanismos de constitucionalidad en el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las declaratorias generales de inconstitucional y el control de la convencionalidad.

“La iniciativa propone asegurar la estricta observancia de los procedimientos, trámites y requisitos que la propia Constitución o las leyes establecen para que el Congreso pueda tomar sus decisiones deliberativas, con pleno sustento legal”, puntualizó la legisladora por el estado de Yucatán.

En la Ley de Amparo, se propone establecer excepciones a dos de las causales de su improcedencia, de esta forma se habilita a que por la vía de amparo indirecto se pueda impugnar los procesos legislativos únicamente en la declaración de reformas constitucionales y de designación y ratificación de funcionarias y funcionarios.

La segunda modificación es eliminar la improcedencia del juicio de amparo que puedan interponer los acusados de juicio político, solo en la parte relativa a los procedimientos que deban seguir las instancias que participan en él, y que se encuentran señaladas en la ley respectiva.

Se aclara que las adiciones garantizan,  en todo momento, el respeto a los derechos constitucionales de las y los legisladores federales, como representantes ciudadanos.