- La CNDH y el Conapred deben elaborar un informe especial de la situación de los derechos humanos de los trabajadores de la salud: Sauri Riancho
Ciudad de México.- Dado que no existe justificación para permitir ningún tipo de violación de los derechos humanos de las y los trabajadores de la salud y ha sido insuficiente e inoportuno el actuar de las autoridades y de los mecanismos para la defensa de los mismos, la CNDH y el Conapred deben llevar a cabo una investigación a nivel nacional, para elaborar un informe especial de la situación de los derechos humanos de los trabajadores de la salud, ante la actual crisis sanitaria que produce el Covid-19, exigió la diputada Dulce María Sauri.
La diputada por el estado de Yucatán destacó que el personal médico, clínico, de enfermería, paramédico y camilleros, de todos los servicios hospitalarios, son una de nuestras fortalezas y esperanzas frente esta pandemia, por lo que es reprobable que la sociedad los discrimine y atente contra su seguridad y su vida, por trabajar en la primera línea de atención contra la amenaza del coronavirus.
La diputada Sauri Riancho recordó que, desde el inicio de la actual Administración, inició el deterioro, por una mala idea de austeridad, de los recursos e insumos que les permitan ejercer su profesión y mucho menos, ahora que no se les dote del material necesario, para enfrentar la emergencia sanitaria y se ponga en riesgo sus vidas y las de sus familiares.
Todo ello es violatorio de sus derechos humanos y fundamentales; no existe ninguna justificación para no atenderlos y permitir que nos defiendan de la amenaza sanitaria, con estricto apego a una política que respete sus derechos como personas y trabajadores de alto riesgo, señaló Dulce María Sauri Riancho.
De acuerdo a reportes del IMSS, al 20 de abril, en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Durango se registraron mayores casos de agresiones contra el personal de enfermería.
Mientras que, registros del Conapred señalan que se han hecho denuncias en 26 entidades; la mayor proporción se documentaron en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
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