- Están orientados a vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; producción y distribución de libros y materiales educativos: diputada María Ester Alonzo
Ciudad de México.- La diputada federal María Ester Alonzo Morales afirmó que el afán reduccionista, aunado al impacto financiero por el Covid-19; las niñas y niños de la primera infancia, podrían verse seriamente afectados con las medidas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal que establece que no se ejercerá el 75 % del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.
“Este decreto se ha venido aplicando de manera indiscriminada a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, perjudicando a diferentes sectores de la población; por lo que existe una gran incertidumbre en el tema de las niñas y niños, ya que este decreto, también puede ser aplicado a programas que les benefician, los cuales están orientados a vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; producción y distribución de libros y materiales educativos; producción y transmisión de materiales educativos, educación inicial y básica comunitaria; protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; servicios de guardería y servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil”, precisó.
Ante este panorama es que la legisladora federal por el estado de Yucatán solicitó al titular del Ejecutivo Federal no aplicar el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los programas antes citados, ni a ningún otro programa que sea destinado a la primera infancia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de este importante sector.
“La obligación del Estado es salvaguardar el interés superior de la niñez, por ende, si el Ejecutivo Federal aplica este decreto, violaría la Constitución Política, tratados internacionales y los derechos de los niños y niñas, en especial los de primera infancia”.
Subrayó que, pese a que el Estado tiene la obligación de garantizar el principio de interés superior de la niñez, la realidad es que ha ejercido acciones en contra de lo que dispone la Constitución; ya que, en lo que respecta a la política pública implementada en el país, los recursos públicos orientados a la primera infancia se han visto afectados por reducciones de hasta un 30 por ciento, esto solo en el periodo 2019 a 2020.
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