Ciudad de México.- La diputada yucateca María Ester Alonzo Morales (PRI) afirmó que la reforma a Ley de la Industria Eléctrica va en contra de la Constitución.
Desde tribuna, al presentar reservas al dictamen que modifica la cita legislación, la diputada explicó que, de aprobarse las modificaciones, aumentará el costo de la energía.
Abundó que esta reforma podría afectar inversiones realizadas al país; así como al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Mencionó que esta iniciativa causará un daño en la salud y el medio ambiente de los mexicanos. Asimismo, generará incertidumbre para las inversiones, lo que afectará la economía del país.
La reserva de la legisladora fue rechazada por el Pleno, por lo que se desechó.
Intervención de la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, María Ester Alonzo Morales, para presentar propuesta de modificación al artículo 3, fracción XII, del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en la Sesión Ordinaria semipresencial, del martes 23 de febrero del 2021.
Con su permiso, presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
Esta reforma va en contra de las disposiciones constitucionales vigentes, además, al limitar la libre competencia y violentar los tratados en materia de derecho ambiental, sienta un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana.
En un contexto de recuperación económica, es especialmente importante alentar las inversiones nuevas y procurar condiciones de eficiencia para que, mediante la competencia, las tarifas de electricidad sean las más bajas posibles.
De aprobarse las modificaciones propuestas a la Ley de la Industria Eléctrica en sus términos, subirá el costo de la energía porque usar combustible ineficiente y contaminante como los que privilegia la reforma, implicaría mayores tarifas para los usuarios.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica podría afectar inversiones realizadas en el país por más de 600 millones de dólares.
El crecimiento del PIB en México a partir de 2022, sería menor a 2.3 por ciento al ahuyentar las inversiones.
Compañeros legisladores, no es momento para darnos el lujo de impulsar leyes que autosaboteen a México.
La Constitución señala el carácter estratégico de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
De aprobarse esta iniciativa, habrá un daño económico y ambiental en perjuicio de las familias, que tendrán que pagar por una electricidad más cara, de baja calidad y contaminante.
Se tendrán efectos negativos sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores, al encarecer el sistema eléctrico y al destruir las fuentes de generación de energía barata y limpia.
La reserva que presento, propone eliminar la última parte de la fracción 14, que agrega a los contratos legados para el suministro básico, el compromiso de entrega física, esto ante la propuesta de Ejecutivo de otorgar ventajas competitivas en perjuicio de otros productores.
La reserva también elevará los costos de producción porque se despachará primero a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad, por encima de las solares y eólicas, lo cual mermará la productividad del sector industrial al incrementar sus costos de operación, provocando que el crecimiento potencial del país disminuya en el mediano plazo por falta de productividad.
Esta reforma llevará a nuestro país a litigios internacionales, porque convierte a la Comisión Federal de Electricidad en un monopolio, y generará que México pierda la credibilidad para atraer inversiones.
Un ejemplo de lo anterior es el artículo quinto transitorio del dictamen que estamos discutiendo, el cual busca que los contratos de compromiso, de capacidad de generación de energía eléctrica y compra-venta de energía eléctrica suscritos entre Comisión Federal de Electricidad y productores independientes, sean revisados supuestamente para garantizar su legalidad y requisitos de rentabilidad por el gobierno federal.
Esto faculta a la Comisión Federal de Electricidad, a dar por terminados injustificadamente un número importante de contratos con productores privados del Programa de Producción de Energía Eléctrica.
Aunado a ello, los costos de producción de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, fueron 26 por ciento superiores a los de la generación de los productores independientes en 2020, por lo que claramente resulta un negocio rentable para la paraestatal
Con este transitorio se busca no reconocer los derechos adquiridos y el otorgamiento de contratos ya existentes a las empresas.
Se busca revocar y revisar acuerdos energéticos que fueron firmados en el marco de la legalidad tanto a nivel nacional como internacional, lo cual, atenta contra los derechos de los productores independientes.
Se están violando los artículos 25 y 27 constitucionales referentes a la competitividad, la libre concurrencia y la celebración de contratos con particulares en actividades de la industria eléctrica.
Además de tener un carácter retroactivo, ya que los cambios en las reglas no deben afectar los contratos ya celebrados, por ello, el objetivo de esta reserva es eliminar ese artículo transitorio quinto.
Compañeras y compañeros legisladores, pido reconsiderar su voto a favor de esta propuesta, la reactivación económica solo será posible si se cuidan los empleos existentes y se propicia la creación de nuevas fuentes laborales.
Lamentablemente esta reforma no abona al desarrollo y a la competitividad, a la protección del medio ambiente, ni a la innovación del país.
Demuestren que están a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país y de las soluciones que se requieren.
Es cuanto.
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