- De aprobarse, implicaría el total desamparo y desprotección contra actos autoritarios del gobierno
- La califica como otro intento de ajustar el marco jurídico a los caprichos del Presidente
Ciudad de México.- La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, consideró sumamente grave la pretensión de algunos diputados de Morena de reformar la Ley de Amparo para impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía cuando sea objeto de actos autoritarios, por lo que demandó votarla en contra o, mejor aún, retirarla del proceso legislativo.
En declaraciones a la prensa al inicio de la Sesión Plenaria de esta Cámara correspondiente a la fecha, la líder perredista señaló que es otra muestra de la intensión del actual Gobierno y sus partidos aliados de retorcer la ley para ajustarla a los caprichos del Presidente de la República.
Precisó que, en aras de una supuesta austeridad, esta intención de reformar la Ley de Amparo tiene particular dedicatoria para empleados y funcionarios de diversas dependencias que solicitaron la protección del Poder Judicial en contra de las decisiones para disminuirles sus sueldos, que vieron vulnerados sus derechos con la desaparecieron de fideicomisos y también tiene dedicatoria para particulares que vieron vulnerados sus intereses con la reciente reforma a la Industria Eléctrica.
Recordó que, en varios de estos casos, que fueron apoyados inclusive con reformas indebidas a diversas leyes, instancias del Poder Judicial han reconocido su inconstitucionalidad, por lo que al menos han suspendido provisionalmente su aplicación o su vigencia.
Señaló que ante estos reveses, Morena, el gobierno y sus aliados pretenden eliminar el derecho de los ciudadanos a solicitar amparo mediante una reforma a la ley respectiva, lo que en realidad es un retorcimiento a la misma para dejarlos en desamparo y, a final de cuenta, un perjuicio contra la sociedad.
En realidad -dijo- es otra muestra de que se quiere ajustar la ley a los caprichos del Presidente, tal como lo es también su anunciada intención de presentar una iniciativa de reforma constitucional, una vez que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que sus aliados en el Congreso le aprobaron, fue declarada inconstitucional.
Calificó ambos casos a la vez como una falta de respeto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y al mismo Estado de Derecho, ya que le impone al primero, a través de sus grupos parlamentarios, cambios indebidos a las leyes vigentes.
Ante las versiones de que la iniciativa para modificar la Ley de Amparo no salió, como en otros casos, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, sino que fue autoría de unas o algunas diputadas de Morena, en particular, y que por ello no tendría el apoyo del resto de su bancada -como supuestamente lo habría dicho su coordinador, Ignacio Mier Velasco- demandó entonces votarla en contra o, mejor aún, retirarla del proceso legislativo.
En cualquier caso -dijo- es otro ejemplo del autoritarismo que caracteriza al actual gobierno y a sus apoyadores en el Congreso de la Unión, quienes quieren ajustar las leyes a sus ocurrencias.
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