Propone protección a familiares de buscadoras de personas desaparecidas

• La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, plantea reformar los artículos 2, 5, 53 y 161 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona.

Ciudad de México (Notilegis).– La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó una iniciativa para garantizar protección a las madres, padres y familiares buscadoras de todo el país, puesto que se han registrado graves delitos en su contra pese a que ejercen su derecho de participar en la búsqueda de personas desaparecidas.

En rueda de prensa, detalló que su propuesta busca reformar los artículos 2, 5, 53 y 161 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona. 

Explicó que se plantea fortalecer el principio de Máxima Protección para las y los familiares de las víctimas; incluyendo el derecho de solicitar protección ante amenazas o intimidación, el acceso a las medidas necesarias para lograr la protección y el desarrollo de acciones interinstitucionales de capacitación para atenderlos con una perspectiva psicosocial.

La diputada citó el caso de Blanca Esmeralda Gallardo, una madre buscadora de la ciudad Puebla, Puebla, asesinada en octubre de 2022 por un comando armado cuando iba en camino al trabajo; ella era activista del colectivo “La Voz de los Desaparecidos”, llevaba más de un año buscando a su hija Betzabé Alvarado, de 22 años, quien fue vista por última vez en enero de 2021.

También relató que la madre buscadora Aranza Ramos, de la ciudad de Guaymas, Sonora, fue asesinada a balazos en julio del 2021, a pocos metros de su casa; su cuerpo fue dejado en la entrada de la comisaría de Ortiz; desde diciembre del 2020 buscaba a su hijo Brayan Omar Celaya Alvarado. 

En el caso de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, señaló, madre de Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, quien desapareció el 16 de octubre de 2019. Fue asesinada en agosto del 2022, en La Cruz de Elota, Sinaloa, se presume que la mujer había sido interceptada en su domicilio. 

Refirió que María del Rosario Zavala Aguilar, madre buscadora de dos jóvenes en León, Guanajuato, la balearon en la puerta de su casa en febrero del 2020, 10 meses después de que hombres armados se llevasen a su hijo Yatziri de esa misma vivienda. Su historia se había mantenido oculta porque sus familiares temían sufrir represalias.

Por último, los casos de José Nicanor Araiza Dávila, de Villa de Cos, Zacatecas y el de Javier Barajas Piña, activista de Salvatierra, Guanajuato; quienes también fueron asesinados. 

“A estas historias, se suman muchos otros casos como el de Marisela Escobedo Ortiz que dedicó su vida a la búsqueda de su hija Rubí Marisol (asesinada en Ciudad Juárez en el 2008 por su compañero sentimental, quién desapareció el cuerpo). Marisela fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua en 2010”, expuso Pérez Segura.

El caso de Leopoldo Valenzuela Escobar, “Don Polo”, se convirtió en padre buscador a los 80 años de edad luego del secuestro de su hijo sucedido en el 2010 en Nuevo Ideal, Durango, donde sujetos encapuchados ingresaron al negocio familiar y se llevaron a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años. Don Polo fue asesinado a balazos en el año 2011 al intentar defenderse, luego de que un comando armado lo inyectara en su domicilio. 

En total, la organización civil “A dónde van los desaparecidos” reporta al menos 12 personas asesinadas madres, padres, esposas, maridos y hermanos, luego de buscar a sus familiares desaparecidos en México, abundó.

Consideró importante puntualizar que el caso Jalisco es sumamente preocupante, pues el 42.36 por ciento de los casos registrados corresponden a personas que desaparecieron entre 2019 y lo que va de 2022, es decir, durante el actual gobierno estatal.

A esto, abundó, se suma la inoperatividad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) pues actualmente tiene solo a 11 personas para realizar búsquedas de campo. Y peor aún, durante el 2019, la Comisión no utilizó el 60% de los recursos federales que se le destinaron; en 2020 regresó poco más de 7 millones de pesos de los 17 que tenía asignados, y para el 2021 utilizó el 63.5% de su presupuesto”, dijo la representante federal en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por último, la legisladora de Morena destacó que las y los familiares tienen el derecho a participar en los procesos y protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas, tanto en las acciones que desarrolla el Estado como en las que los familiares organicen por cuenta propia, por lo que es de suma importancia implementar y reforzar medidas que les otorguen protección.