Senado aprueba en lo general primer dictamen de ‘Plan B’ electoral

Asamblea rechaza suspender discusión de dictámenes y regresarlos a las comisiones.

Senado aprueba en lo general primer dictamen de ‘Plan B’ electoral

  • Inicia la discusión particular; el dictamen realiza modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
  • Beatriz Paredes Rangel advirtió que los cambios que incluyeron en la colegisladora contienen vicios de origen muy graves en el procedimiento legislativo. 
  • Ricardo Monreal adelanta que, a título personal, presentará reservas para modificar artículos que son inconstitucionales.  

Ciudad de México.- Con el voto en contra de los morenistas Ricardo Monreal y Rafael Espino, la mayoría de Morena y aliados aprobaron en lo general el primero de dos dictámenes del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este dictamen contempla modificaciones a: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley General de Partidos Políticos 

Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación 

Expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentó un voto particular en contra de la reforma, quien reiteró que vulnera la Constitución y afirmó asumir las consecuencias de su decisión y el desenlace que resulten. Además de Monreal, el senador Rafael Espino, de Morena, votó en contra del Plan B. 

En el Pleno del Senado de la República se debate la reforma electoral, que pretende fortalecer las instituciones en la materia, perfeccionar a los distintos órganos colegiados electorales, así como mejorar su desempeño bajo los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, desempeño institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas.  

En el dictamen se destaca que con la creación del Sistema Nacional Electoral, los cambios en la estructura de los órganos electorales centrales, locales y distritales del Instituto Nacional Electoral y con la reducción de tiempos en diversas funciones de los procesos electorales, se espera generar un ahorro significativo, que coadyuvará en otros programas sociales en favor de la ciudadanía y sin detrimento de la democracia participativa. 

La reforma electoral, se agrega, busca hacer más eficiente, austera y expedita la justicia electoral, con la inclusión del juicio en línea, la reducción de siete a cuatro de los medios de impugnación y con la creación de la Sección Resolutora de la Sala Superior. 

Además, plantea otorgar mayor certeza jurídica respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, con el respeto, en todo momento, de su derecho a la autoorganización y autodeterminación. 

--Se dota de un sistema nacional electoral apegado a los principios y valores democráticos, como la honestidad, la honradez, la equidad, la objetividad e imparcialidad, así como a los principios de austeridad, eficacia y eficiencia presupuestarias”, se destaca en el documento.  

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, dijo que las reformas y adiciones encuadran tres temas: el ejercicio de los derechos político-electorales, el Sistema Nacional Electoral y justicia electoral, así como transitar a una democracia que brinde a la ciudadanía mayores y mejores mecanismos de participación en la toma de decisiones. 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador José Narro Céspedes consideró necesario transitar del sistema de partidos a uno que empodere a las y los ciudadanos, por lo que se requiere la transformación de nuestro instituto electoral: “el INE -acotó- sí se toca, como se deben tocar y transformar todas las instituciones y ordenamientos del sistema jurídico, ya que esta es nuestra esencia como Poder Legislativo”. 

Los senadores José Alfredo Botello Montes, del PAN, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, así como la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, presentaron mociones para suspender la discusión de los dictámenes y regresarlos a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.  

Botello Montes denunció que el Gobierno federal y la mayoría legislativa buscan quebrantar la autonomía del INE, por lo que solicitó más tiempo para analizar las minutas, así como abrir un Parlamento Abierto para su análisis.  


Paredes Rangel reiteró que los cambios introducidos en la iniciativa de Morena entre las 22 y 23 horas del 7 de diciembre no se informaron al Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que no pueden ser aprobados, por lo que, en este caso, hay una irregularidad y, si realmente los hechos se dieron así, “se cometió un fraude legislativo”. 

Sin embargo, con 63 votos en contra y 48 votos a favor, las peticiones para suspender la discusión no fueron aceptadas por la Asamblea.  

Posteriormente, los senadores Ricardo Monreal Ávila, de Morena; Damián Zepeda Vidales, Indira de Jesús Rosales San Román y Josefina Vázquez Mota, del PAN; Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Luis David Ortíz Salinas y Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, presentaron votos particulares.  

Ricardo Monreal adelantó que a título personal, sin involucrar a su Grupo Parlamentario, presentará un paquete de reservas para modificar el dictamen, pues “algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.  

Aclaró que lo único que quiere es que se respete la Constitución. “No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia”.

En el documento que presentó, agregó, se expresan las razones por las que se vulnera la Constitución, argumentos que atienden la doctrina, jurisprudencia y principios generales del Derecho.  

Ruiz Massieu acusó que se modifican las leyes para adecuarlas a la voluntad del gobernante, las decisiones del gobernante se sitúan en los límites de la legalidad y se corona el diseño autoritario con la reforma a las leyes electorales, para garantizar su permanencia en el poder, pero en detrimento de la democracia.   

Por su parte, Zepeda Vidales consideró que la reforma electoral busca debilitar institucionalmente al árbitro electoral y que no se puede desbaratar “lo que juntos hemos logrado, porque la democracia, el sistema político electoral vigente, se logró con la lucha” de todos.  

Castañón Ramírez coincidió en que el proyecto pretende “derruir todo el aparato democrático que todos los ciudadanos hemos construido en los últimos 30 años”, por el capricho, resentimiento y odio de Palacio Nacional.  


En tanto, Mancera Espinosa afirmó que sí es necesaria una reforma en materia electoral, pero no una reforma que afecte lo que se ha ganado a lo largo de 30 años con consensos, con y desde la oposición. 

Martínez Cázares insistió en que la reforma no es constitucional, debilita al árbitro electoral y prepara el terreno para que el Gobierno controle la organización y la operación de las elecciones.  

Tras desahogar la presentación de los votos particulares, se dio a paso a las posturas de los diferentes Grupos Parlamentarios.  


Senadores rechazanretirar dictámenes sobre leyes de reforma electoral 

Al inicio de la sesión de este miércoles, senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural solicitaron que se retiraran de la Orden del Día los dictámenes relacionados con la reforma electoral, pero dicha petición fue rechazada con 62 votos en contra y 49 a favor.  

El punto fue presentado por la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Advirtió que los cambios que incluyeron en la colegisladora contienen vicios de origen muy graves en el procedimiento legislativo. 

También pidieron que el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, solicitara información a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para verificar que no se cometieron irregularidades en el procedimiento legislativo de este proyecto, y custodiar la legalidad de los dictámenes que se someterán a consideración del Pleno.  

Alejandro Armenta enfatizó que en el desahogo de los asuntos legislativos, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se conduce bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, con apego al Reglamento, absoluta pulcritud jurídica y con el pleno respeto a la libertad de expresión de las y las senadores.  

Recordó que la Constitución Política reconoce la autonomía e independencia recíproca de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y “no existe facultad, mecanismo jurídico ni precedente alguno” que permita a una de las Cámaras intervenir o exigir la rendición de cuentas sobre las acciones y determinaciones realizadas por la otra.  

Por ello, acotó, “no es posible solicitarle de forma alguna a la Cámara de Diputados explicación o posicionamiento alguno sobre lo realizado para la atención de los asuntos que se someten a su consideración”.  

Todo ello, agregó Armenta Mier, es fundado y motivado constitucionalmente, con base en el respeto institucional que se deben guardar ambos entes que conforman, en igualdad de condiciones, al Poder Legislativo federal.  

“Si la Cámara de Diputados incurrió en irregularidades en la tramitación de algunos de los proyectos legislativos de la reforma electoral, en su fase de origen, esas irregularidades deberán impugnarse a través de los medios de control, que deben llevarse ante la autoridad jurisdiccional, y dichos medios de control legal o constitucional deben de ser invocados y tramitados por quienes tengan el interés jurídico para ello”.  

En consecuencia, agregó, considero que como Cámara de Senadores no es procedente acudir ante la colegisladora y requerirle aclaración sobre la forma que sustanció esta discusión. 

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que el Senado de la República no es una instancia revisora o censora de los actos de la colegisladora, eso no nos corresponde; “lo digo con todo respeto, no somos superior jerárquico de la Cámara de Diputados”. 

Aseguró que no hay ninguna disposición, en la Constitución, en la Ley Orgánica o en el Reglamento, para acudir a la figura que planteó la senadora Beatriz Paredes Rangel.  

Explicó que la única autoridad que puede revisar los actos legislativos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un control constitucional. 

No hay precedente en la historia del derecho parlamentario, de acudir a una vía de información como la que ahora usted pretende, y aun estando de acuerdo con su planteamiento, no puedo estar de acuerdo con el procedimiento que se plantea”. 

La única vía a través de la cual se pueden invalidar los actos del Poder Legislativo -aseveró-, es de manera jurisdiccional y a través de la vía de inconstitucionalidad. 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, advirtió que los cambios que incluyeron en la colegisladora contienen vicios de origen muy graves en el procedimiento legislativo, “y si se pretende que se voten por esta alta representación estaremos incurriendo en una ilegalidad, como ocurrió en la Cámara de Diputados.  

Agregó que los Grupos Parlamentarios de oposición han dado a conocer las irregularidades del proceso legislativo. “Además de las objeciones de fondo, tenemos una enorme preocupación de que el Congreso de la Unión tenga que asumir una secuela de ilegitimidad y de desprestigio, simplemente porque se precipitan procedimientos”.  

Por ello, consideró indispensable que el Presidente de la Mesa Directiva del Senado solicité a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados “que sustancie la probanza de que los artículos que se votaron en el Pleno de la Cámara de Diputados estaban debidamente publicitados en la Gaceta Parlamentaria y que no se realizó un fraude en el procedimiento legislativo”.  

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano manifestó su apoyo a la propuesta de la senadora Beatriz Paredes, con el objetivo de cuidar el prestigio del Senado de la República, “frente a la manifiesta ilegalidad del procedimiento legislativo que asumió la Cámara de Diputados”. 

Ello, refirió, debido a que en una sesión nocturna que se llevó a cabo por la colegisladora, se presentó una iniciativa, de la que ninguno de los legisladores tenía conocimiento, y se aprobó, “lo que lastima el procedimiento legislativo en su conjunto, por ello es oportuna y atinada la petición”.

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