Con Prosede, INAI y OSC atendieron a población en situación de vulnerabilidad en el país

Se enseñó y ejerció el derecho de acceso a la información en comunidades marginadas, de ocho entidades

Con Prosede, INAI y OSC atendieron a población en situación de vulnerabilidad en el país

  • Incluyó a personas con discapacidad, adolescentes y mujeres indígenas, jóvenes migrantes, comunidades rurales, mujeres privadas de su libertad, niñas y niños

Ciudad de México.-  El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo en 2022 la novena edición del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Prosede) 2022, una iniciativa para atender a población en situación de vulnerabilidad, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, para dar a conocer, promover y ejercer los derechos que tutela el instituto con un enfoque de utilidad social.

En la edición 2022 de Prosede se postularon 114 proyectos y se financiaron los 12 mejores, con un total de más de un millón 700 mil pesos, cubriendo entidades como Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Chiapas.

Con los proyectos de Prosede, en este año, se atendieron a personas con discapacidad, adolescentes y mujeres indígenas, jóvenes migrantes, comunidades rurales, mujeres privadas de su libertad, niñas y niños. 

En el campo de atención a población indígena, por medio del conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, se financiaros proyectos aplicados en Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Guanajuato.

Destacaron el del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), que realizó el proyecto “El acceso a la información pública para contribuir al ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas pueblos y comunidades indígenas”, el cual se centró en actualizar el informe 2010 sobre el estado de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema de procuración y administración de justicia de Oaxaca, tras el cual se produjeron 45 spots radiofónicos, en 15 variantes de lenguas habladas en esa entidad, como el cuicateco y el huave.

Por su parte, la Fundación Xilu Xahui, Apoyo al Desarrollo Integral Sustentable, ejecutó el proyecto “Mujeres indígenas haciendo cine para promover el derecho de acceso a la información como herramienta eficaz en el combate a la violencia de género y el desarrollo económico de las mujeres otomíes”, el cual tuvo como objetivo el combate a la violencia de género, e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y darles mecanismos de prevención y denuncia al respecto.

De ese proyecto se generaron un libro y un documental hecho por otomíes, y además se detectó la presencia en la Sierra Otomí de servidores públicos falsos y líderes comunitarios que seleccionaban sólo a sus amigos para ser beneficiarios de programas sociales, o que cobraban en lugar de ellos las subvenciones gubernamentales

En tanto, la organización Tierra Verde Naturaleza y Cultura con “Atención multisector sobre el derecho de acceso a la información pública enfocado al desarrollo sustentable en Montecristo de Guerrero, Chiapas”, zona de alta marginación, que a la par es un área natural protegida, donde por medio del DAI se logró que sus habitantes pudieran exigir a las autoridades el otorgamiento de servicios públicos elementales.

También el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria Nutricional del Estado de Guanajuato (OUSANEG) ejecutó en esa entidad el proyecto “Capacitándome para transformar la producción de ladrillo y mejorar la calidad del aire en mi comunidad de Las Ladrilleras del Refugio, a través del uso de herramientas de acceso a la información”, proyecto que logró, por medio del derecho a saber, que los productores de ladrillo conocieran las normas ambientales y buenas prácticas de producción sustentable para descontaminar el medio ambiente.

En el caso de la utilidad de los derechos en beneficio de las mujeres y las personas con discapacidad, se ejecutaron los proyectos como el de la organización Educando para la Vida y la Acción Social, que ejecutó “El derecho a la reinserción social resiliente vinculado al derecho de acceso a la información y protección de datos personales de las mujeres privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social ‘David Franco’ del Estado de Michoacán”, cuyo objetivo fue empoderar a las mujeres privadas de la libertad que por medio del derecho de acceso a la información incrementaron sus posibilidades de reinserción social y de acceder a otros derechos fundamentales.

La organización Inclusión con Equidad, fundada y dirigida por personas con discapacidad, ejecutó el proyecto “Perspectiva de accesibilidad para eliminar barreras en el acceso a información y protección de datos personales para personas con discapacidad”, mismo que consistió en enseñar la utilidad del acceso a la información y la protección de datos personales a la comunidad con discapacidad, en especial en condiciones de pobreza, para que ejerzan otros derechos que solventen sus necesidades y que mejoren su calidad de vida, además de promover la accesibilidad.

Por su parte, EGES para el Desarrollo, ejecutó el proyecto “Desarrollo de capacidades para la utilidad social de la información”, el cual consistió en enseñar a una comunidad tabasqueña de pescadores, que se está hundiendo, a gestionar su reubicación por medio del acceso a la información y también a ejercer su derecho a la salud.

La organización Supera Capacitación y Desarrollo, ejecutó el proyecto “ISIS” para que personas oaxaqueñas con discapacidad auditiva aprendieran a ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y que a su vez crearon murales para difundir en Oaxaca ambos derechos.

También otros proyectos de Prosede 2022 atendieron a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y migrantes, como el de la organización Despierta, Cuestiona y Actúa que ejecutó, en una zona marginada de Nuevo León, el proyecto “Ciudadanit@s ‘Jugando por mis derechos’”, que consistió en enseñarles por medio de juegos a las y los menores de edad de seis a 12 años, así como a sus padres, cómo pueden usar el acceso a la información para ejercer otros derechos como el de acceso a una vida sin violencia, a la salud, a la educación, al esparcimiento y a la participación.

La fundación La Planta implementó el proyecto “Información Pública para la Protección del Ambiente en Comunidades Rurales del Sur de Morelia, Michoacán”, en el que se enseñó a comuneros y menores de edad, de zonas rurales de esa entidad, cómo usar el acceso a la información para proteger el medio ambiente que les rodea.

En Oaxaca, la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo aplicó el proyecto: “Promoción del ejercicio del derecho a la protección de datos personales y el derecho a la información pública como una práctica de autocuidado y seguridad”, en el que crearon un aula virtual para enseñar a adolescentes indígenas el ejercicio de la protección de datos personales en redes sociales y la utilidad del derecho de acceso a la información.

El Centro de Gestión y Capacitación para el Desarrollo Social (GEMA) realizó, en el Estado de México, el proyecto “Rap y reggaetón por el Derecho al Acceso a la Información de las jóvenes migrantes tecamaquenses”, en donde por medio de conciertos musicales en escuelas y videoclips musicales enseñaron a las adolescentes y jóvenes cómo el acceso a la información es un mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres, conociendo cómo denunciarla y qué mecanismos de protección pueden emplear.

Formaron parte del jurado de Prosede 2022: Miguel Melquiades ‘Kiado” Cruz, Coordinador de TIC y Pueblos Indígenas de la Organización Surco; Rosemberg Román Díaz,  Subjefe de división de atención a personas con discapacidad del IMSS; Ilsa Aguilar Bautista, Presidenta de Queretrans; Alejandra Ancheita Pagaza, Directora Ejecutiva de ProDESC; Carmen Patricia Mercado Sánchez, Directora General de Conexión Migrante; Priscila Cárdenas Sánchez, Reportera de investigación en Proyecto Puente; Diego Armando Guerrero García, Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Los detalles de los proyectos y convocatorias de todas las ediciones de Prosede, están disponibles en https://eventos.inai.org.mx/prosede/ 

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