Llaman a autoridades de Jalisco a respetar derechos humanos de estudiantes

• La diputada de Morena exhorta al gobierno municipal de Guadalajara a terminar con este ecocidio y no permitir que se violenten los derechos de jóvenes ambientalistas

Ciudad de México (Notilegis).– La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (Morena) llamó a las autoridades de todos los niveles del estado de Jalisco a respetar los derechos humanos de los estudiantes que defienden el medio ambiente, en particular el Parque Resistencia Huentitán, en Guadalajara.

En conferencia de prensa, la diputada explicó que el pasado 5 de enero tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara: Javier Armenta, Ilich Cisneros y José Alexis Umanzor, fueron encarcelados por defender una zona natural protegida de la ciudad de Guadalajara, conocida como “Parque Resistencia Huetitán”, donde acampaban en forma de protesta. 

“Fue nombrado así por los vecinos, estudiantes, como un símbolo de resistencia y protesta frente a un proyecto que encabeza el actual gobierno de Movimiento Ciudadano, que tiene como líder moral y máximo ejecutor a Enrique Alfaro Ramírez, y desde luego hay un grupo de empresarios, porque el monto que se está discutiendo no es menor, tiene un valor comercial de casi 14 mil 800 millones de pesos”, explicó.

En conferencia de prensa, acompañada de activistas y estudiantes, la diputada exhortó al gobierno municipal de Guadalajara, y a quien lo encabeza, Pablo Lemus, a terminar con este ecocidio y no permitir que se violenten los derechos humanos de jóvenes ambientalistas, estudiantes, mujeres, niños y niñas.

Arturo Mendoza, presidente del Consejo Social de Huentitán El Bajo, sección 2, explicó que dicha zona protegida representa 56 mil hectáreas de barranca, considerada el principal pulmón de Guadalajara.

“Nosotros, como habitantes de esta zona tenemos el derecho y obligación de defenderla, toda esa zona medioambiental, misma que logramos, en 2016, fuera declarada área natural protegida. Tenemos 10 años luchando”.

Acusó que los gobiernos del PAN, PRI y, actualmente, de MC han promovido que en este sitio de establezcan desarrollos inmobiliarios, “que afectan porque escasea el agua y diferentes servicios que han estado siendo afectados, entre otros”.

En su oportunidad, Javier Armenta acusó que el gobernador Enrique Alfaro ha buscado desacreditar las protestas estudiantiles en defensa del Parque Resistencia Huentitán, “diciendo que es parte de un conflicto político que él tiene con la Universidad de Guadalajara”. 

“A él es al primero que le consta que este movimiento vecinal tiene más de 10 años, desde el 2012 a la fecha, los vecinos del barrio, antes de que pudieras instalar el campamento en el parque, se pusieron más de cinco amparos, por diferentes vías, con el propósito de detener el desarrollo inmobiliario dentro de esta zona”. 

“Quiero decirles de qué tamaño es el botín que se están repartiendo la empresa inmobiliaria Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Delux con el ayuntamiento de Guadalajara, que hoy tiene al frente a Pablo Lemus, que es omiso para recuperar esos terrenos; pero realmente quien es socio de esta empresa corrupta, de una manera implícita u oculta, es el gobernador Enrique Alfaro”, sentenció. 

Explicó que el costo de los 136 mil metros cuadrados que representa el parque tiene un valor de poco más de mil 600 millones de pesos, sin embargo, debido a los convenios firmados por Alfaro Ramírez cuando fungió como presidente municipal de Guadalajara (2015-2017), las empresas deberán pagar sólo 688 millones de pesos, “y ni siquiera en efectivo lo tienen que pagar en especie. 

“¿De qué tamaño es el botín que se van a repartir? Es un proyecto de más de mil 800 departamentos con un costo de más de 3 millones de pesos cada uno, un centro comercial, un hotel y un mercado, haciendo un proyecto de un valor económico de poco más de 14 mil 800 millones de pesos un proyecto de esa magnitud y solamente pagarle a la ciudad 688 millones de pesos, es un robo”. 

Al hacer uso de la voz, Zoé García Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara, enfatizó en que el gobernador de Jalisco utilizó a tres estudiantes como presos políticos por proteger uno más de sus negocios inmobiliarios. 

“Es importante que desde la comunidad estudiantil sigamos alzando la voz, porque esto marca un precedente gravísimo en el estado de Jalisco, porque si uno sale a alzar la voz por lo justo se le criminaliza, se le castiga con cárcel, es un precedente que desde la comunidad estudiantil no vamos a permitir y no nos vamos a quedar callados”. 

Hay cuatro puntos importantes en este hecho. El primero es que el daño patrimonial a la ciudad de Guadalajara asciende a mil 600 millones; segundos, se está priorizando una construcción de departamentos de lujo que probablemente nuestra generación jamás podría costear. 

En tercer lugar, esto es una demostración de que el gobernador intenta utilizar las instituciones de impartición de justicia para sus propias causas y beneficio; y cuatro, este es un atentado en contra de la ciudadanía, porque busca inhibir la protesta social, subrayó la activista. 

“En el estado de Jalisco la causa medioambiental no es importante y nos lo han dejado muy claro. Lo que exigimos es que, a nuestros tres compañeros, no solamente se les desista de ser vinculados a proceso, también que se señale el arrebato y atropello de tenerlos cinco días encarcelados, de que se les juzgue con perspectiva de derechos humanos”, acotó.