- El acusado vendió un Honda Civic a un tercero y utilizó un Ford Windstar como garantía de pago con otra persona, ambos vehículos de la denunciante.
Mérida, Yucatán.- Por el delito de abuso de confianza, la Fiscalía General del Estado formuló la imputación a J.R.N.K. por apropiarse de dos vehículos mediante engaños, afectando a la propietaria, quien confiaba en esa persona por ser su mecánico.
Tras la denuncia presentada, se inició una investigación que reveló que el 14 de febrero de 2018, el acusado visitó el domicilio de la agraviada en Pedregales de Tanlum con la intención de ayudarla a vender su vehículo Ford Windstar y después de obtener el consentimiento de la denunciante, fue trasladado ese mismo día al taller del imputado ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto-Chuburná.
Posteriormente, el 7 de marzo de ese mismo año, el acusado propuso reparar y vender otro vehículo, un Honda Civic, a lo cual la víctima también accedió y también fue llevado al taller del encausado.
Según consta en la causa penal 349/2023, el acusado vendió el Honda Civic a un tercero y utilizó el Ford Windstar como garantía de pago con otra persona. Además, obtuvo la factura original del Civic mediante engaños, acciones que se realizaron sin el consentimiento legal de la propietaria afectada.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales adscritos formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, para después solicitar la vinculación del imputado, quien se acogió a la ampliación del término legal por lo que la Juez Segunda de Control del Primer Distrito estableció que la audiencia continúe el próximo 17 de junio.
Antes de concluir la diligencia judicial, los fiscales presentaron los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez estableció que el procesado debe acudir a firmar periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, estar bajo el cuidado y vigilancia de dicho centro, no podrá salir del Estado sin autorización judicial y no podrá acercarse ni convivir con la víctima durante todo el tiempo que dure el proceso.
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