Alerta MC “renuncias forzadas” en el Poder Judicial

Diputados de la 4T y del PAN votan juntos a favor de una reforma para que la presidencia del PJ renuncie al cargo alcanzado por votación popular

"Si este discurso sirve para que no renuncies, Erika. No lo hagas": pide Escalante

  • MC denuncia que la primera víctima sería la magistrada electa Erika López Torres, virtual presidenta del TSJ, quien obtuvo el mayor número de sufragios con 114,107 votos

Mérida, Yucatán.- En un acto calificado por Movimiento Ciudadano como “reforma más machista”, diputados de Morena y del PAN aprobaron una reforma al Poder Judicial del Estado para permitir que la presidenta del nuevo Tribunal Superior de Justicia pueda declinar a ese cargo. El PRI también se oipuso a la freforma.

Hace unos meses, el Congreso local aprobó que la presidencia del Poder Judicial sería ocupada por quien logre la mayor cantidad de votos en las elecciones extraordinarias para elegir a magistrados del Poder Judicial del Estado el 1 de junio de 2025. 

Estas elecciones fueron resultado de una reforma constitucional que implementó la elección por voto popular de magistrados y jueces, incluyendo a los del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma que aprobaron este martes los diputados de morena, PVEM, PT y PAN permite que la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos decline la presidencia y ese cargo sería asignado a otra persona. El procedimiento original establecía que la presidencia la ocuparía quien obtuviera la mayor cantidad de votos.

La magistrada electa Erika López Torres obtuvo el mayor número de sufragios con 114,107 votos, con lo que se convertiría en la primera mujer en ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La diputada Larissa Acosta Escalante afirmó que la modificación “va más allá de los partidos, más allá de la nefasta disque democracia que oprime a quienes hoy están más oprimidos”.

Advirtió que hay el riesgo de que se utilicen renuncias forzadas para favorecer a otros perfiles, y mencionó el caso del magistrado electo Hernán Vega, acusado de delitos de lenocinio y trata de personas, así como de proteger a una red de explotación sexual.

Acosta Escalante expresó su solidaridad con Ericka López Torres y la exhortó a no renunciar:

-- “Estoy segura de que el pueblo que votó por ti, por la mujer, por la abogada que sería la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia elegida por voto popular, defenderá tu decisión de no entregar el poder que el pueblo te dio”, dijo 

Llamó a no convertir a la abogada Erika López en la más Juanita de todas las juanitas y con el riesgo adicional de convertir a Yucatán en el referente nacional del machismo institucional.

---"Si este discurso sirve para que no renuncies, Erika. No lo hagas", pidió.

Se perdió la oportunidad de fortalecer a los jueces de paz

 Por su parte el diputado del PRI, Gaspar Quintal, señaló que a pesar de que las juezas y jueces de paz son el primer contacto con la justicia de las personas que viven en las comunidades indígenas, no se le está dando certeza a sus sueldos.

 Criticó que en el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán se perdió la oportunidad de fortalecer y dignificar a los jueces y juezas de paz, a pesar de que ellos son el primer contacto con la justicia de las personas que viven en las comunidades indígenas.

Recordó que su partido está en contra de la designación de magistradas y magistrados mediante el procedimiento de elección popular, porque siendo congruente con esa postura, no acompañó la votación de la reforma a las leyes secundarias de la Reforma Judicial, pero sobre todo, lamentó que los jueces y juezas de paz de Yucatán seguirán en la incertidumbre.

Abundó que, aunque el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce a las juezas y jueces de paz, actualmente reciben una retribución económica por su labor a través de los presupuestos de los Ayuntamientos de su adscripción, sin que exista algún tabulador que les garantice el pago de éstos, existiendo riesgo de posibles desvíos de recursos, la certeza de su subordinación y la falta de certeza jurídica al respecto en la ley.

El priísta propuso que se contemple una partida en el presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el pago de su remuneración a jueces y juezas de paz que homogenice sus pagos por concepto de sueldos y salarios, pero no fue considerado por la mayoría oficialista. 

El legislador agregó que otra de sus propuestas es que el  Tribunal de Disciplina Judicial cuente con la facultad de vigilancia de la actuación de las magistradas y magistrados para la investigación, substanciación y sanción de responsabilidades administrativas, aun sin ameritar destitución.

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