Poder Judicial de Yucatán violenta la Ley 3de3, por favorecer a Mendoza Casanova

• a presidenta del TSJ, Canto Valdés, violó los ordenamientos legales para favorecer a Mendoza Casanova: sindicato.
• Nombramiento de Mendoza Casanova transgrede el principio jurídico constitucional de la Ley “Ningún Agresor al Poder”: colectivas
• El nombramiento es un retroceso en materia de derechos de las mujeres: Larissa Acosta

Mérida, Yucatán.- Por sus antecedentes de violencia contra las mujeres, intrafamiliar e institucional, las diputadas de Morena, Clara Rosales Montiel, y de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, condenaron el nombramiento de Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova como Juez de Control Penal en el Poder Judicial del Estado de Yucatán.

A su vez, la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, acusó que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdés, violó los ordenamientos legales para favorecer a Mendoza Casanova.

Cabe recordar que en marzo pasado, el Congreso de Yucatán removió al Magistrado Luis Armando Mendoza Casanova, acusado de violencia de género, además por sus antecedentes de violencias intrafamiliar e institucional, se retiró su candidatura para una magistratura en el proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial Local.

Sin embargo, este martes, el Consejo de la Judicatura nombró Mendoza Casanova como juez de control penal, con tres votos a favor y dos en contra, el de los consejeros María Ely Farfán Flores y Niger Pool Cab, quienes alertaron de una posible ilegalidad en ese nombramiento.

Quienes votaron a favor del nombramiento, todos ellos vinculados al exgobernador Mauricio Vila Dosal, son la actual presidenta del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, María Carolina Silvestre Canto Valdez (quien será en el cargo como magistrada 11 años más, según la resolución de la SCJN; Álvaro Juanes Laviada, quien fuera Coordinador de Asesores de Vila; y, Claudia Ileana Pedrera Irabién, con antecedentes de acusaciones de violencia y hostigamiento a trabajadores.

El nombramiento es un retroceso: Acosta Escalante

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, consideró que el nombramiento es un retroceso en materia de derechos de las mujeres.

---“El Poder Judicial debería ser el lugar donde más se protejan los derechos de las mujeres, no donde más se pongan en riesgo. No podemos normalizar que un perfil con antecedentes cuestionados por resoluciones que dejaron en indefensión a niñas y mujeres, y con denuncias por violencia, sea quien decida sobre la libertad de personas acusadas de delitos”, dijo.

Consideró grave que el Poder Judicial ignore la Ley 3 de 3 contra la violencia de género promulgada precisamente para impedir que agresores o deudores alimentarios accedan a cargos de poder.

---“Burlarla no es un error menor: es un retroceso. Es mandar el mensaje de que la justicia puede acomodarse según intereses, aunque eso signifique traicionar la confianza ciudadana”, señaló.

Acosta Escalante, expresó que este hecho confirma que en Yucatán la justicia se acomoda según conveniencias y lamentó que sea precisamente uno de los últimos actos de la actual integración del Poder Judicial, antes de ser renovada tras las elecciones pasadas.

---“En lugar de cerrar con dignidad, se despiden dejando un precedente que lastima la confianza ciudadana y traiciona la esencia de la Ley 3 de 3”, concluyó.

No permitamos que el Poder Judicial sea refugio de agresores de mujeres

A su vez la diputada local de Morena, Clara Rosales Montiel, condenó el nombramiento de Mendoza Casanova afirmando que no se debe permitir que los espacios destinados a impartir justicia se conviertan en refugio de quienes han sido señalados por ejercer violencia a las mujeres.

---“Como diputada, no puedo ni debo guardar silencio. Mi compromiso es con la seguridad y la dignidad de la ciudadanía, en particular con las mujeres que día a día enfrentan situaciones de violencia. Resulta inaceptable que, lejos de atender estas denuncias, ahora se pretenda colocar a esta persona como juez de control”, expresó.

Sobre los consejeros que votaron a favor, vinculados a Vila Dosal, dijo que con ello es evidente que hay una complicidad del PAN para permitir que una persona acusada de violencia siga ocupando este tipo de encargos en el Poder Judicial.

---“La ciudadanía merece instituciones confiables y libres de cualquier sombra de violencia. Yucatán necesita un Poder Judicial que dé certezas, que escuche a las víctimas y que tenga como principio rector de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, por eso no podemos permitir que personas que representen un peligro para las mujeres se encarguen de la impartición de justicia”, dijo.

Sindicato cuestiona nombramiento de Mendoza Casanova

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, denunció que la presidenta del TSJ, Canto Valdés, avaló este proceso sin respetar los ordenamientos legales.

Recordó que Mendoza Casanova presentó en diciembre de 2023 su renuncia como consejero de la Judicatura para convertirse en magistrado. Por esa razón, ya no cumple con los requisitos de la carrera judicial establecidos en los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuestionó que el nombramiento se realizara sin convocatoria pública y afirmó que no hay fundamento legal para otorgarle la posición.

Hay que recordar que la actual Legislatura desechó por unanimidad la candidatura de Mendoza Casanova para competir en la pasada elección judicial, debido a sus antecedentes de violencia familiar.

Este martes, organizaciones feministas lanzaron una carta abierta dirigida a la magistrada Canto Valdez en la que llaman a respetar la Ley 3de3 Contra la Violencia y evitar la designación de Mendoza Casanova como juez.

En el documento, difundido por colectivos como AMISY Yucatán Humanistas Feministas y Todas México, se advierte que el nombramiento de Mendoza Casanova violaría el principio jurídico constitucional de la Ley “Ningún Agresor al Poder”, además de contradecir el compromiso ético de género asumido por las autoridades.