Preocupa a empresarios yucatecos reformas a la Ley de Amparo

Mérida, Yucatán.- Luego que el Senado aprobó el dictamen que reforma la Ley de Amparo y lo envió a la Cámara de Diputados, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida demandó que “no se apruebe la iniciativa en su estado actual”.

Pidió se abra mesas de diálogo con representantes de los sectores comercio, servicios y turismo, a fin de analizar a fondo los posibles impactos y proponer ajustes que equilibren la eficiencia administrativa con la protección de los derechos de los contribuyentes y empresarios.

En un pronunciamiento que difundió esta noche reconoce que la iniciativa contiene aspectos positivos que, de implementarse adecuadamente, podrían fortalecer la certeza jurídica de los justiciables, agilizar la impartición de justicia en nuestro país, facilitar la comprensión de las resoluciones y hacer más accesible la consulta de los procesos.

---“Sin embargo, consideramos que, en su estado actual, la iniciativa presenta riesgos significativos que podrían impactar negativamente a sectores clave de la economía nacional, como lo son el comercio, los servicios y el turismo, motores generadores de economía y empleo a nivel nacional”, indica.

Manifiesta que las principales preocupaciones son que

Las principales preocupaciones son que:

• Al restringir el recurso de revocación y el juicio contencioso-administrativo para créditos fiscales firmes, podría acelerar el cobro de créditos fiscales en favor de la autoridad, obligando a las empresas a recurrir al amparo, únicamente en su etapa de ejecución, dejándolas en estado de indefensión durante el proceso.
• La restricción de limitar el alcance de un amparo únicamente a la parte que lo presenta (negar el amparo colectivo), vuelve el proceso ineficiente, debido a que, al presentar un amparo colectivo la resolución tiene efectos generales, mientras que en el amparo individual solo beneficia al quejoso.
• La inmovilización de empresas que dependen de autorizaciones o permisos específicos podrían ver suspendidas sus actividades de manera inme: durante procesos judiciales, sin posibilidad de mantener operaciones mientras se resuelve el fondo del asunto.
• La limitación del uso de las cuentas bancarias bajo sospecha de recursos de procedencia ilícita afectará de forma crítica la operatividad y funcionalidad de las empresas durante el tiempo que tarde la comprobación de su legal procedencia.
• No establece un medio idóneo para demostrar la imposibilidad jurídica por parte de las autoridades de cumplir con las sentencias, generando un ambiente de desconfianza debido a la arbitrariedad de los requerimientos.

---“Estamos convencidos de que, mediante el trabajo conjunto entre el Legislativo y los sectores del Comercio, Servicios y Turismo a través de la representación de nuestra Institución, es posible construir una reforma que fortalezca la justicia administrativa y fiscal sin afectar la operatividad y competitividad de las empresas en México, finaliza el documento.