- En la propuesta también se considera para el año venidero un aumento salarial del 3% para toda la amplia base trabajadora del Poder Judicial,
Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado ejercería el próximo año un presupuesto de 1,102 millones 580 mil pesos, que representa un incremento del 3% con respecto a 2025 y el cual, en su mayoría, estará destinado para fortalecer la atención en la primera instancia, que es donde se ofrecen servicios de impartición de justicia a los ciudadanos.
El proyecto de presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad en los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos cuerpos colegiados presididos por la magistrada Erika Torres López, y fue enviado, de acuerdo con lo que establece la ley, al Ejecutivo del Estado para que éste lo incluya dentro presupuesto de egresos del Gobierno del Estado que remitirá al Congreso local para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
La propuesta también considera para el año venidero un aumento salarial del 3% para toda la amplia base trabajadora del Poder Judicial, lo cual es resultado de los acuerdos alcanzados dentro de la Comisión Mixta de Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial del Estado en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado (SUTPAMPJY), reconocido por la ley laboral como el sindicato mayoritario.
En los 1,102 millones 580 mil pesos de egresos para 2026 están considerados todos los órganos de impartición de justicia que conforman el Poder Judicial del Estado.
Al respecto, Torres López señaló que el presupuesto del Poder Judicial para el año venidero fue elaborado considerando la situación económica actual y enfocado en fortalecer la atención de la ciudadanía en la primera instancia, así como mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, quienes a diario hacen un gran esfuerzo.
En ese sentido, la magistrada presidenta recordó que desde el inicio de su administración el pasado 1 de septiembre se puso en marcha un plan de reingeniería administrativa que busca generar los ahorros suficientes para cumplir con el principal objetivo de esta institución, la impartición de justicia ágil y humana.
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