Habrá aumento en cambio de placas y tarjetas en 2026

• pasar el incremento del impuesto sobre el ejercicio profesional incide directamente en el sector salud privado, médicos, odontólogos, veterinarios
• El Paquete Fiscal 2026 se dictamino en medio de improvisaciones, la falta de profesionalismo, las prisas, la opacidad, la cerrazón y omisiones

Mérida, Yucatán.- El diputado Gaspar Quintal Parra informó, tras un análisis de la Ley de Hacienda 2026, que Morena y aliados aprobaron ajustes en la Ley de Hacienda 2026, que contempla un aumento en el cambio de placas y para las tarjetas de circulación vehicular.

Señaló que en el cambio de placas, para enero pasará de 1,527 a 1,866 pesos y para la tarjeta de circulación, pasará de 339 a 565 pesos, cantidades aproximadas pues el valor de la UMA para 2026 aún falta que sea actualizado.

Destacó la aprobación del aumento al Impuesto Sobre Nómina del 3 al 3.75%; enajenación de vehículos y el impuesto sobre el ejercicio profesional del 2 al 3% y se crea el impuesto sobre el uso de las plataformas digitales de transporte en el estado.

---“El paquete fiscal es una muestra del modelo de político que se emplea en Yucatán, consecuencia del régimen autoritario de nuestro país desde hace siete años, caracterizado por el espejismo populista de defender a pueblo con engaños que parecen apoyarlo y que terminan perjudicándolo”, expuso.

Indicó que detrás de cada cifra, de cada política y de cada ajuste, hay una visión de Estado que puede ampliar derechos y oportunidades, o una que puede profundizar desigualdades; y es responsabilidad de este Poder Legislativo señalarlo, debatirlo y defender lo que verdaderamente beneficia a la ciudadanía.

 Expresó que el paquete fiscal 2026 debió ser dictaminado desde una discusión propositiva, amplia, participativa, informada, transparente, responsable y seria en la Comisión Permanente de Presupuesto y Patrimonio Estatal y Municipal, pero las improvisaciones, la falta de profesionalismo, las prisas, la opacidad, la cerrazón y las omisiones terminaron por dominar la sesión.

---“Las decisiones fueron impuestas sin abrir espacios reales para el análisis, ignorando propuestas y alternativas que ofrecían alternativas más sólidas, ignorando la solicitud de participación de la sociedad, que tuvieron que acudir a los medios de comunicación para externar su opinión, olvidando que la democracia deliberativa no se construye con la imposición, sino cuando todas las voces son escuchadas y tomadas en cuenta”.

En el PRI, añadió el legislador, sostenemos que toda previsión económica debe ir acompañada de un análisis socioeconómico, lo cual no parece haberse tomado en cuenta. Yucatán se encuentra en un momento de desaceleración económica; tan solo en este año, se han perdido empleos formales, considerando trabajadores registrados en 2024 ante el IMSS, la informalidad alcanza casi el 60% de la población y somos la tercera entidad que, con una mayor carga fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Conforme datos oficiales del INEGI y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el crecimiento económico se ubica por debajo del 1%, la actividad industrial presenta cifras negativas, la productividad manufacturera ha caído un 4 %, el comercio no muestra variación.

Las exportaciones permanecen estancadas ocupando apenas la posición 24 a nivel nacional, y el empleo formal crece por debajo del promedio nacional.

En Yucatán hay menos inversión, menor actividad productiva y un consumo interno debilitado. Esta desaceleración económica no es abstracta: ya se siente en la calle, en los bolsillos de las familias, a las empresas, y amenaza el bienestar de nuestro estado.

Además, la competencia ya no es solo entre empresas; es entre ciudades, entre estados y entre regiones enteras.

Hoy, cada territorio compite para atraer talento, capital, turismo e inversión y no nos engañemos, cuando una empresa global analiza instalarse en un estado como Yucatán, lo hace con una lógica tan racional como implacable. Evalúa costos, evalúa riesgos, evalúa certezas y evalúa oportunidades.

Pesa el “impuesto invisible”

Dentro de esa ecuación, el impuesto sobre nómina, el denominado “impuesto invisible” pesa porque afecta de manera directa en el costo total del empleo formal

Un impuesto que exige su pago mientras la empresa mantenga trabajadores, lo que significa que un negocio debe pagarlo incluso si atraviesa una crisis, cae en ingresos u opera con pérdidas; es decir, grava el esfuerzo de mantener empleos, independientemente del resultado económico, y al final es un impacto directo al trabajador y su empleo, aunque no lo vea reflejado en su nómina.

Yucatán puede ofrecer estabilidad, paz social, mano de obra calificada y un clima económico favorable, pero si elevamos el impuesto sobre nómina por encima de nuestros estados competidores, entonces disminuimos nuestro atractivo frente a quienes hoy buscan dónde invertir y generar empleo.

Con esta decisión morena se da el lujo de encarecer la formalidad, no podemos frenar la competitividad con efectos que sean insostenibles. En el PRI no vamos a acompañar medidas que ahuyenten el empleo en lugar de fortalecerlo.

El impuesto sobre nómina no grava privilegios ni excesos, grava el empleo formal. No toca la utilidad desproporcionada, ni el lujo, ni la riqueza que no produce, ni a quienes se benefician de la especulación financiera. Tampoco alcanza a la informalidad, a quienes operan sin registro, sin facturar, sin seguridad social y sin rendir cuentas.

---“Seamos claros y aunque este impuesto recae solo sobre las empresas que están en regla, se ven afectados los trabajadores que reportan sus ingresos, los que cotizan para su retiro y sostienen al sistema y que, si bien representan poco más del 40%, sobre ellos, recaerá sostener a más del 59% que se encuentra en la informalidad.

Se sanciona a quienes hacen lo correcto, a quienes generan empleos y dejamos fuera a quienes se mantienen al margen; eso, desde cualquier visión de justicia fiscal es inadmisible.

El ajuste improvisado de este impuesto, derivado del deterioro de la imagen del ejecutivo ante las manifestaciones de rechazo generalizado, no es una concesión graciosa ni solidaria, no es, mucho menos en porcentaje, sino en personas: más de 400 mil trabajadoras y trabajadores que dependen de un empleo formal verán presionado su entorno laboral, su estabilidad y el ingreso de sus hogares; sin considerar que minimizará la generación de empleos en perjuicio de las nuevas generaciones que pretenderán ingresar al mercado laboral; así como impactará en un aumento de precios en bienes y servicios como el transporte, alimentos, vestido, calzado, medicina.

Rechazar este incremento no es estar del lado de los ricos que gozan de privilegios económicos, eso es un simplismo característico de la demagogia, y es a su vez, una medida irresponsable que afectará a quienes viven de su empleo.

Abundando, el pasar el incremento del impuesto sobre el ejercicio profesional incide directamente en el sector salud privado, médicos, odontólogos, veterinarios y no se prevé una vinculación directa con la mejora en el acceso y atención de la salud pública.

Economistas, académicos y el sector empresarial en pleno han señalado que en Yucatán se reproduce el modelo de política social de alta visibilidad y baja sostenibilidad, característica de regímenes populistas que ha llevado al fracaso económico y social a sus pueblos.

También han alertado que este incremento afectará la competitividad del estado, fomentará la informalidad, presionará los costos laborales, reducirá la capacidad de las empresas para contratar: pero más allá de esas advertencias, el sistema fiscal inequitativo traerá como consecuencia un efecto social:

Empleos que no se crean, salarios que se estancan, un mercado laboral que pierde dinamismo, y con ello, desigualdad, pobreza y mayor brecha entre la vida rural y urbana.

El PRI desde una perspectiva responsable con la justicia social, sostiene que resulta prioritario atender los intereses sociales y el bienestar de la población, de quienes viven de un salario, a quienes verán condiciones más difíciles para conservar o encontrar empleo.

Cuando se vulnera al empleo formal, no se afectan a las élites económicas:  sino a las madres y padres de familia, a los hogares que ya enfrentan aumentos en el costo de vida; en el incremento de salarios, la oferta de la mano de obra que se abarata. La compra de vehículos usados no será accesible para la clase media alta; y con ello, no habrá estabilidad económica; y se verá afectada la seguridad que tanto nos enorgullece, y debemos preservar en la entidad.

Yucatán no debe competir encareciendo el trabajo, sino fortaleciendo la productividad, la inversión y el empleo bien pagado, y contribuir a la formalidad, estados donde la informalidad rebasa hasta el 80 por ciento, como el caso de Michoacán, viven en una crisis de inseguridad en manos del crimen organizado que no deseamos suceda en Yucatán, no contribuyamos a ello, estamos a tiempo, seamos responsables.

El desarrollo no debe detenerse, sino garantizar su apertura, amplitud, por lo que debemos asegurar que cada decisión fiscal impulse, y no frene, el futuro de nuestro estado.

El PRI no va a respaldar políticas que resten competitividad, que desincentiven la formalidad o que pongan en riesgo los empleos que sostienen a miles de familias yucatecas y mucho menos el clima de seguridad que gozamos desde décadas.

 Nuestro compromiso es con las familias y las personas, con la economía real y con un Yucatán que avance, no que retroceda; con honestidad, con responsabilidad, sin demagogia, ni populismo, y en esa defensa, que nadie tenga duda: seremos firmes, seremos responsables y seremos contundentes, finalizó.