Preocupa a la CODHEY vinculación a proceso de defensores mayas de Ixil

• Se han identificado preocupaciones relacionadas con posibles actos de criminalización de la protesta social, la defensa del territorio y la libertad de expresión en un marco de racismo sistémico, señala el organismo
• Llamado a mantener la vigilancia institucional y social ante cualquier situación que pudiera afectar el ejercicio de los derechos humanos, especialmente cuando se trate de personas defensoras, comunidades originarias: CODHEY

Mérida, Yucatán.- Tres días después que dos campesinos mayas y el director de la Fundación Yansa fueron vinculados a proceso como parte de un litigio judicial en defensa de más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) manifestó, en un comunicado, su preocupación ante estos hechos.

----“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) manifiesta su preocupación ante los hechos relacionados con la vinculación a proceso de Cecilio Cisneros y Guillermo Yam, integrantes de la comunidad originaria de lxil, así como de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, derivado de acusaciones por presuntos delitos de despojo de terrenos”, señala el documento.

Cabe precisar que el Poder Judicial del Estado informó que en audiencia pública celebrada en el juzgado de control de Progreso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputación en contra del director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana y los campesinos mayas Cecilio Cisneros Rivero y Guillermo Julián Yam Ek, por hechos relacionados con la probable comisión del delito de despojo de bien inmueble en el municipio de Ixil, denunciado por inmobiliarias.

---“Como parte del monitoreo que esta Comisión ha realizado, junto con instancias internacionales, sobre la situación del derecho a defender derechos en Yucatán, se han identificado preocupaciones relacionadas con posibles actos de criminalización de la protesta social, la defensa del territorio y la libertad de expresión en un marco de racismo sistémico y lógicas extractivistas impulsadas por recursos financieros, mecanismos de influencia y estructuras de poder de grupos empresariales: precisó.

“Mérida, Yucatán a 15 de mayo de 2026

PRONUNCIAMIENTO

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ANTE EL CONTEXTO DEL DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN YUCATÁN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) manifiesta su preocupación ante los hechos relacionados con la vinculación a proceso de Cecilio Cisneros y Guillermo Yam, integrantes de la comunidad originaria de lxil, así como de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, derivado de acusaciones por presuntos delitos de despojo de terrenos.

La CODHEY recuerda que defender los derechos humanos es un derecho fundamental y una parte esencial de toda sociedad democrática. Así lo han señalado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación.

En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos, las comunidades organizadas y quienes participan en la defensa del territorio, el medio ambiente y las libertades fundamentales deben contar con condiciones adecuadas para realizar su labor sin intimidaciones, represalias o acciones que limiten su participación.

Como parte del monitoreo que esta Comisión ha realizado, junto con instancias internacionales, sobre la situación del derecho a defender derechos en Yucatán, se han identificado preocupaciones relacionadas con posibles actos de criminalización de la protesta social, la defensa del territorio y la libertad de expresión en un marco de racismo sistémico y lógicas extractivistas impulsadas por recursos financieros, mecanismos de influencia y estructuras de poder de grupos empresariales.

La CIDH ha señalado que el Poder Judicial debe garantizar que el sistema de justicia no sea utilizado como un mecanismo de intimidación o inhibición contra personas defensoras de derechos humanos.

También ha destacado la importancia de que las autoridades encargadas de impartir justicia cuenten con capacitación especializada en derechos humanos y en la protección de personas defensoras y realicen, además, análisis contextuales de los casos desde un enfoque intercultural y antirracista, como ha señalado la SCJN.

Como CODHEY hacemos un llamado a mantener la vigilancia institucional y social ante cualquier situación que pudiera afectar el ejercicio de los derechos humanos, especialmente cuando se trate de personas defensoras, comunidades originarias y procesos de organización comunitaria que resisten contra el racismo sistémico.

Asimismo, recuerda que el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones emitidas por organismos internacionales en materia de derechos humanos forma parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano, añadido a la Convención Americana de Derechos Humanos.

La defensa de los derechos humanos, la participación social y la protesta pacífica constituyen pilares indispensables de toda sociedad democrática. Por ello, esta Comisión refrenda su compromiso con la observación, promoción y protección de los derechos humanos en Yucatán, bajo los principios de legalidad, independencia, interdependencia y progresividad”.