Ciudad de México.- La diputada Elba Lorena Torres Díaz (PES), secretaría de la Comisión de Salud, expresó su respaldo a integrantes del Movimiento Nacional de Químicos Profesionales de los Servicios de Salud, que exigen ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y que se homologuen sus plazas.

“Los químicos quieren ser escuchados y buscan una respuesta a sus peticiones, dentro de las cuales se contempla presupuesto para su rubro en 2020 y, a su vez, que se les asegure y tengan un acceso a la seguridad social como trabajadores”, indicó en conferencia de prensa con su coordinador, Jorge Argüelles Victorero, y un grupo de químicos del movimiento.

Torres Díaz agregó que también buscan que sea implementado el código del químico AM02001, para que su estatus laboral obtenga estabilidad.

“Han presentado un oficio, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, por medio del cual se dio la orden a la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP), de incluir el monto que requieren los químicos, para que se vea reflejado en el PEF 2020”, agregó.

La diputada del PES comentó que los químicos han estado en el Senado de la República, Cámara de Diputados y Secretaría de Salud, para que se tomen en cuenta sus peticiones.

“Nuestros químicos buscan que se les respete, cumplan sus garantías laborales y tener una consideración mayor en el etiquetado presupuestal que nos corresponde votar como diputados”, expresó.

Leopoldo Castro, químico de Sinaloa, comentó que acudieron a la Cámara de Diputados para pedir que se asignen en el PEF 2020, 530 millones de pesos a fin de cubrir los pagos de dos mil 400 químicos de 22 estados de la República, ya que “nos tienen recibiendo un sueldo que nos deja muchas necesidades por cubrir”.

“Nosotros percibimos menos del 50 por ciento del salario de un químico profesional, nos hicieron creer que cuando se descentralizaron los servicios de salud que el pie de rama de la carrera era laborar como técnico en laboratorista químico, cuando fuimos contratados con título y cédula profesional”, detalló.

Mencionó que la Secretaría de Salud, a través del doctor Pedro Flores, solicitó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público tomar en cuenta la petición, sin embargo “creemos que nos dejará fuera del presupuesto, por lo que queremos asegurar que la conversión de los códigos se dé a partir del día 1 de enero, cuando se empiece a aplicar el presupuesto 2020”.

En rueda de prensa, dijo que “el asunto se ha denunciado por todas las vías y no ha habido ninguna respuesta por parte de la autoridad en la Ciudad de México, evidentemente estamos aquí para exigir que se haga justicia contra” Iván Moscoso Rodríguez, director de Capacitación para la Producción Sustentable de Corena, quien es acusado de abuso sexual.

La directora general de Corena, Columba Jazmín López Gutiérrez, ha sido señalada de encubrir a este funcionario, así como de explotar a los trabajadores y de influyentismo.

Yhali Lombrera Laguna, ex empleada de Corena, denunció que son al menos cinco compañeras agredidas sexualmente por el director de capacitación, Iván Moscoso.

También afirmó que fueron despedidas injustificadamente por la directora, Columba López, quien además tiene un comportamiento déspota, soez, agresivo, prepotente y autoritario contra los trabajadores, así como una clara manifestación de desequilibrio emocional.

“Solicitamos la destitución e inhabilitación, así como la atención médica y terapéutica de ambos funcionarios, quienes han mostrado un comportamiento incompetente para un cargo de dirección”; detalló.

También, pidió la restitución de las afectadas en sus puestos y el pago de los salarios caídos por motivos de despidos injustificados, además de garantizar su integridad y seguridad.

“Hay suficientes evidencias de este comportamiento, estamos frente a un depredador sexual, que con su actitud ha afectado la vida de cinco compañeras”:

Lombrera Laguna solicitó una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que han recorrido diferentes instituciones y no ha sido atendidas. 

Conforme al documento, el Insabi tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Además, deberá impulsar, en coordinación con la secretaría federal del ramo en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Los beneficiarios no cubrirán ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios que reciban. Todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social, tendrán derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política, sin importar su condición social.

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones para brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Se crea el Fondo de Salud para el Bienestar, fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el Insabi funge como fideicomitente y tiene como fin destinar recursos a: atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; a la infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social y complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.

Asimismo, se dio declaratoria al dictamen que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, en materia de licencia por paternidad.

La reforma plantea que, en caso de adopción, las madres tendrán un descanso de seis semanas posteriores al recibir al menor y en el caso de los padres se otorgará un mínimo de cinco días, conservando íntegros todos sus derechos, inclusive el goce de la totalidad de su sueldo.

Se conoció el dictamen que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, para proteger a mujeres víctimas de violencia y su fuente de empleo.

El objetivo es establecer un permiso sin goce de sueldo hasta por 30 días hábiles para mujeres afectadas por una situación de violencia, y con ello, puedan resolver asuntos personales o un procedimiento legal. El permiso deberá durar el mismo tiempo que la orden de protección emitida por la autoridad competente.

Un dictamen adiciona la fracción XI Bis al artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de adicionar el principio de solidaridad social en las políticas públicas, enfocado a que la sociedad pueda prestar el apoyo a este sector de la población; facilitar y optimizar su inclusión social.

También, se conoció el dictamen que adiciona los artículos 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y un artículo 168 Ter Código Penal Federal, con el fin de prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, e instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Se propone sancionar con pena de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere esos dispositivos y, si el delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se impondrá pena de 15 a 18 años de prisión. Los equipos a que se hace referencia serán asegurados y posteriormente deberán ser destruidos en su totalidad.

El dictamen que adiciona una fracción X, recorriéndose la subsecuente al artículo 48 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene el propósito de fortalecer la participación del Instituto Nacional de las Mujeres en la implementación de mecanismos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo.

Su finalidad es diseñar un protocolo de prevención y protección de la integridad de las mujeres en el ámbito laboral que son objeto de discriminación y violencia, con el objetivo de aminorar las brechas de desigualdad imperantes que causan alto sufrimiento humano.

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, se conoció el dictamen que reforma el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a efecto de incluir la perspectiva intercultural y de género, en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de política ambiental.

Con esta modificación se tiene la oportunidad de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. Se busca lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas del país; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático; proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como poner un alto a la pérdida de la diversidad biológica.

El Pleno conoció el dictamen que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los sujetos obligados de los poderes judiciales federal y de las entidades pongan a disposición del público y actualicen las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias. Si las mismas no se hacen públicas, no se conocerán las prácticas discriminatorias y llenas de estereotipos de algunos jueces, las cuales sólo se llegan a conocer al volverse mediáticas y afectan sobre todo a mujeres.

Se conoció el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuya finalidad es actualizar las referencias legislativas con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su objetivo es que la norma sea acorde con las reformas que se dieron en materia procesal penal de la legislatura anterior, y con ello evitar lecturas fallidas en el marco jurídico ambiental.

Al reunirse con alcaldes de diferentes partes del país, del PRI, PAN y PRD, quienes solicitan que no se resten recursos a sus ayuntamientos, mencionó que los legisladores se ofrecen como interlocutores con el gobierno federal, porque es necesario dialogar con ellos, acotó.

“Si algo se puede modificar en el Senado en la Ley de Ingresos y, a partir de eso, aquí mover algo en el Presupuesto de Egresos, tiene que estar acordado con el Ejecutivo”, comentó.

La diputada estimó necesaria una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero sobre todo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró pertinente la propuesta de la diputada Laura Rojas, de generar una reunión inmediata con los coordinadores parlamentarios y con la SHCP.

“Tenemos hasta antes de que el Senado apruebe la Ley de Ingresos; sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo y lograr un monto significativo de ingresos adicionales”, expuso.

También consideró que se debe estimular a aquellos ayuntamientos que están haciendo grandes esfuerzos y logrado niveles de empleo racionales.

“Vemos la preocupación municipal sobre las medidas y resoluciones que tomamos en la Ley de Ingresos. No pudimos, por equis o ye motivo, sacar todo lo que queríamos del paquete; habrá que ver qué lucha se hace en el Senado, para tener ingresos reales, de fuentes ciertas de recursos”.

Los alcaldes presentes en la reunión, encabezados por Enrique Vargas del Villar, munícipe de Huixquilucan, estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, manifestaron la necesidad de adecuar el presupuesto para los ayuntamientos.

Subrayaron la importancia de respaldar el fondo minero, el de Pueblos Mágicos, así como los rubros de seguridad, por medio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), infraestructura y obra pública.

Ciudad de México.-  Para conmemorar los 500 años de la matanza de Cholula, 1519-2019, así como revalorar y reconocer el bagaje cultural indígena, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil (PES), secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, inauguró la venta artesanal de esa región en el recinto legislativo de San Lázaro.

La apertura se realizó durante una ceremonia-ritual de danza calpulli huitzilihuitl mexica, donde las notas del tambor, el sonido del legendario caracol, cantos, copal y flores, evocaron, ofrendaron y expresaron respeto a la Pachamama o Madre Tierra, agua, viento y fuego, a los cuatro puntos cardinales, con el objetivo de armonizar al ser humano con la naturaleza.

La legisladora Salvatori Bojalil destacó la relevancia de generar conciencia entre los mexicanos para cuidar celosamente nuestra cultura prehispánica, porque es lo más valioso que tenemos y son nuestras raíces, sobre todo “sentirnos orgullosos de las expresiones por su elaboración de artesanías”.

Refirió que las piezas artesanales son elaboradas por los danzantes nativos de Cholula, Puebla, integrantes del grupo Tlatepanzin Huizilihuitl, cuya fabricación se basa en técnicas heredadas por los ancestros, además de aplicar nuevos métodos de cerámica logrando piezas únicas reconocidas como originales de esta región.

Una de las explanadas del Palacio Legislativo de San Lázaro fue testigo de la resonancia del huehue, tambor prehispánico, hecho con madera del árbol de mango, cuyas notas míticas se entrelazan con el sonido del hueso de fraile, semillas deshidratadas, que los danzantes se colocan en los tobillos y muñecas para emular cascabeles.

El singular olor a copal conectó el alma y el espíritu al infinito con la Divinidad; los movimientos coordinados de los danzantes, que lucieron sus majestuosos penachos elaborados con plumas y piedras, con atuendos de Caballeros Tigre y doncellas con huipiles coloridos estremecieron los sentidos para vincularse con la naturaleza, en busca del equilibrio y armonía.

La muestra artesanal ofreció piezas de talavera y una técnica prehispánica contemporánea de cerámica, originaria de Cholula y reconocida como única en México y el mundo, además de diseños de joyería fabricada con piedras volcánicas, jade, ónix y cuarzo, así como pieles.

Exposición fotográfica “Cholula”

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón (Morena), señaló que la exposición fotográfica “Cholula” muestra la riqueza cultural y un vasto catálogo de patrimonio tangible e intangible de la ciudad de San Pedro Cholula Puebla.

“Este lugar fue el escenario de aquella legendaria lucha y el desafortunado aniquilamiento de miles de cholultecas a manos de Hernán Cortés, en su marcha hacia la gran Tenochtitlan”, comentó.

Indicó que la muestra fotográfica del autor, Erik Gómez Tochimani, retrata grandes escenarios de la batalla de hace 500 años y muestra el patrimonio cultural que forma parte del sincretismo religioso de los originarios de este ancestral espacio que es Cholula.

“Me parece necesario y trascendental conmemorar este hecho histórico, más aún cuando la realidad de hoy nos exige conocer y reconocer nuestra historia para no cometer los errores del pasado”.

Dijo que este acto lleva a repensar, reconocer y honrar el día del respeto a la diversidad cultural, tal como debió haber sido hace 500 años. “Nunca más como sociedad podemos permitir el aniquilamiento cultural o social de nuestros orígenes, de nuestras raíces y mucho menos de nuestro culto y tradiciones”.

El coordinador del grupo parlamentario del PES, Jorge Arturo Argüelles Victorero, dijo que se debe de valorar la riqueza cultural de nuestras raíces, las lenguas y costumbres; porque solo de esa manera podemos construir un futuro con menos desigualdad, donde haya justicia y solidaridad para todas y todos.

“Me sumo a aquellas voces que se han manifestado por hacer que las páginas de la historia de México sean motivo de diálogo y debate, a 500 años de la matanza de Cholula, en nuestro grupo parlamentario, hemos rechazado los actos de injusticia que han sufrido históricamente los pueblos originarios de México”.

Expresó que el esfuerzo de reunir académicos, artistas, autoridades de los tres niveles de gobierno y otras personalidades, es un trabajo que debe ser valorado en su justa medida. “Agradezco a quienes se encuentran en este recinto legislativo y espero puedan transmitir el mensaje que estas puertas están abiertas para todas y todos.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (PES) señaló que hoy es un día importante para los cholultecas y poblanos, porque se cumplen 500 años de la matanza que hubo en Cholula.

Agradeció a los danzantes de la comunidad de calpulli de Cholula. “Ellos son los encargados de mantener viva la cultura, nuestras raíces, y hoy me hacen el honor de acompañarme”.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Cultura que nos apoye en el tema de declarar patrimonio de la humanidad, a nuestra gran pirámide de Cholula.

Michael Bricaire Torres, secretario de cultura de San Pedro Cholula, explicó que la ciudad de San Pedro Cholula es dual porque tiene un templo dedicado a las energías antiguas y coloniales. “Es un sitio de turismo cultural, para que los visitantes tengan conocimiento sobre el lugar que visitan”.

En México no hay un registro oficial de personas con diabetes tipo 1. Es más frecuente en la niñez y adultos jóvenes, pero puede presentarse en cualquier edad. No es prevenible ni curable y sería mortal en caso de no ser controlada con el tratamiento adecuado.

Se manifiesta principalmente cuando el páncreas deja de producir insulina, encargada en mantener niveles bajos de glucosa en sangre; los pacientes dependen de inyecciones diarias o bombas de esa hormona para controlar la enfermedad. Algunos síntomas que presenta esta complicación son: mucha sed, orina frecuente, cuantiosa hambre, cansancio, piel seca, vista borrosa, entre otras.

Para atender sus complicaciones en necesario administrar una serie de inyecciones de insulina, tener chequeos constantes de glucosa, de cuatro a diez diarios (lancetas, glucómetros), atención especializada médica, psicológica y nutricional.

El legislador refirió que esta iniciativa impulsará un registro nacional de personas con diabetes tipo uno, garantizar el acceso a los insumos necesarios para el tratamiento, reforzar la capacitación del personal y que esta enfermedad sea catalogada como prioridad en el sector salud, puesto que la cantidad de recursos que hacen falta son mayúsculos. “En los últimos 10 años se han impulsado 20 iniciativas acerca de la diabetes”, refirió.

Ramírez Barba pidió a los legisladores atender esta problemática como corresponde por su incidencia.

Al foro asistieron expertos e integrantes de la Organización Civil “Por una sola voz en la diabetes tipo 1”, quienes relataron que se presentan diversas problemáticas en los centros de salud, como la falta de empatía, el bajo o nulo conocimiento de la enfermedad por parte de las autoridades médicas y la ausencia de un protocolo de atención específico.

Señalaron que los gastos en tratamientos son costosos y se tienen que incluir en el catálogo de enfermedades de gastos catastróficos.

Durante una reunión de trabajo con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para analizar el proyecto del presupuesto, la diputada puntualizó: es relevante conocer las necesidades financieras y operativas de la institución, así como adecuar el marco jurídico para que el dinero asignado se ejerza con eficacia.

Afirmó que el PEF-2020 es histórico, austero y eficaz porque se trata de un presupuesto distribuido entre nuevos actores en la administración pública como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Guerra Mena expresó que hay entidades de la República que tienen subejercicios en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recursos que la Ley de Disciplina Financiera obliga a reintegrarlos a la Tesofe, y al no ejercerse generan huecos presupuestales.

“Es valiosa la participación del secretariado Ejecutivo porque nos gustaría conocer cuáles son los obstáculos a los que las entidades federativas se enfrentan en el ejercicio de estos recursos, y por qué en algunos casos, lo ejercen los últimos trimestres del año”.

Es una asignatura obligada profesionalizar, capacitar y dignificar a los policías; es importante esclarecer el rumbo del FAPS, porque este fondo se utiliza para mejorar equipamiento, establecer y operar bases de datos criminalísticos, perfeccionar e impulsar la red de telecomunicaciones e informática, entre muchas otras cosas.

La diputada Carmen Mora García (Morena) consideró necesario destinar un presupuesto a Veracruz, toda vez que es urgente disminuir los índices delictivos. En la actualidad los cobros de piso, extorsiones y secuestros tienen sumergidos en el miedo a la ciudadanía, por lo que preguntó a partir de cuándo la Guardia Nacional tomará las riendas de la seguridad en los estados y municipios.

Por el PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez mencionó que es necesario fortalecer la relación estados, municipios, Guardia Nacional para olvidar el discurso de las culpas por uno de soluciones.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (PES) señaló que ven con mucha esperanza que se tome en cuenta los problemas de las policías municipales respecto al control de confianza; pidió detallar este proceso. “Si queremos aumentar los elementos de seguridad es fundamental fortalecer el sistema de evaluación y supervisar el 911, porque desde su operación la respuesta estatal y municipal se han alentado.

La diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) pidió al funcionario buscar mecanismos para que en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) sea apremiante que quienes lo ejercen lo hagan correctamente, porque estos recursos eran ocupados para la contratación de más elementos de seguridad, y ahora sin este apoyo, ya no tienen para pagarles.

En representación de MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González dijo que la austeridad no debe aplicar en el tema de seguridad, es preciso reforzar los cuerpos de seguridad pública en el ámbito estatal y municipal. Solicitó explicar qué se ha hecho con los subejercicios en este ámbito.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván coincidió en que es fundamental el fortalecimiento de las corporaciones estatales y municipales, ya que el 95 por ciento de los delitos son del fuero común. Ante esto, cuál es la estrategia que propone el Secretario Ejecutivo, toda vez que el Fortaseg viene a la baja, pues de cinco pasó a tres millones de pesos y “eso yo no veo cómo pueda fortalecer las capacidades de las policías municipales”.

Por su parte, la diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) apuntó que el país se dividió en 266 regiones, qué posibilidad hay que en el presupuesto se asigne a estas localidades en parte proporcional, pues hay lugares donde sólo hay una patrulla y 20 policías. “Se debe evitar el efecto cuchara; es decir, que una zona se refuerce y otras queden en desamparo”. También pidió que se explicará quién es el encargado de supervisar la calidad y precio de las compras consolidadas.

En tanto, la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández planteó que la reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional es para que el problema de seguridad se resuelva; es decir, hoy como gobierno tiene el aparato para combatir los actos delictivos; sin embargo, hay un subejercicio importante; por ejemplo, en el rubro de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Publica sólo se han aplicado 191.9 de mil 485 millones de pesos.

La diputada priista, Irma María Terán Villalobos señaló que el incremento de migrantes que llegan a la frontera sur con el objetivo de ir a Estados Unidos, ha ocasionado que el gobierno federal utilice a la Guardia Nacional para realizar tareas de seguridad; solicitó que en el presupuesto se dé prioridad a los fondos municipales y fronterizos que ayudan a combatir la problemática migratoria y garantizar la salvaguarda de la ciudadanía.

Por el PAN, la diputada María Del Rosario Guzmán Avilés interrogó al funcionario federal respecto a que programa existe para reacondicionar las cámaras de seguridad. Resaltó que cambiar los criterios para la asignación de los fondos es pertinente, toda vez que se impulsa la labor de prevención.

El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena), reconoció que el presupuesto de seguridad de 2000 a la fecha ha crecido más del 65 por ciento, los delitos del fuero común y federal en más del 15 por ciento en su conjunto y 300 por ciento en algunos. Resaltó que de los 33 millones de delitos corresponde a la procuración de justicia estatal y local; no obstante, el secretariado debe ser el eje de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La panista Dulce Alejandra García Morlan preguntó sobre el avance porcentual de la certificación única policial, toda vez que ya se cumplió con el plazo de su realización y si existe una estrategia por parte del secretariado ejecutivo para incorporar a los municipios de usos y costumbres, donde no hay una figura de policía, a fin de que estos accedan a recursos para la seguridad.

Por el PES, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina se congratuló de la estrategia implantada por el gobierno federal para la contratación de policías locales, pero pidió que éstos reciban capacitación y adiestramiento y se garantice la perspectiva de género en delitos de feminicidio, violencia sexual, lesiones, entre otros. “Sabemos que hay una crisis de incapacidad de los ministerios públicos, pero es importante destinar los recursos suficientes para que den buenos resultados y no que los delincuentes sigan en la calle”.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, dijo que urge reconformar un nuevo modelo de seguridad, debido a que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2018 hubo 33 millones de delitos en el país, de los cuales, 95 por ciento siguen en la impunidad.

Adelantó que la iniciativa que plantea un nuevo modelo de policía y justicia cívica tiene el fin de impulsar que las corporaciones locales tengan capacidad de investigación “que la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, tengan una instancia de primera investigación para que los conflictos se resuelvan en el lugar donde se generen”.

Asimismo, informó que en este nuevo modelo se contempla la recepción de denuncias, el sistema de evaluación de resultados, la profesionalización y la mejoría en las condiciones laborales y económicas.

“Esta es una reforma importante que se impulsará para el 2020 y espero que en la reunión que tengamos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, podamos acordar la orientación de los recursos para financiar este nuevo modelo”.

Todo lo que tenga que ver con policía y corporaciones estará sustentada en la propuesta del secretariado al Consejo Nacional para hacer factible que no sólo sea un nuevo modelo en teoría sino en la capacidad de financiar desde los recursos federales el mejoramiento de las corporaciones locales en todo el país.

Establecer un nuevo modelo parte de darle importancia y poder a las corporaciones policiacas locales. “Según Inegi, 95 por ciento de los delitos corresponden al fuero común, lo que significa que son responsabilidad de los estados y de los municipios, por lo que se tiene que lograr una estrategia que conforme el cuerpo de seguridad local”.

Detalló que se está considerando que todos los fondos de seguridad que autorice el Congreso, se dediquen primero a tener un estado de fuerza óptimo. Agregó que, de dos mil 463 municipios, dos mil tienen menos de 50 policías; para ser exactos, subrayó, 600 municipios tienen cero elementos de seguridad. De cero a 15, más de 900 municipios, de 15 a 35 más de 300 y de 25 a 50 alrededor de 300.

Para tener capacidad de operación y resultados se requieren por lo menos tres policías por cada mil habitantes y 300 por cada cien mil. “Obviamente, muy difícilmente la policía estatal podrá sustituir al nuevo modelo de policía, sólo lo podrán cubrir los gobiernos municipales, por ello planteamos recuperar el primer nivel de gobierno en materia de seguridad a fin de conformar elementos suficientes”.

Con el objetivo de romper círculos viciosos, se plantea que los recursos federales se utilicen para contratar nuevos elementos para todas las corporaciones locales y para liquidar a quienes no cumplen con las normas que se requieren para pertenecer a estos cuerpos, como los exámenes de control y confianza.

Puntualizó que el país se enfrenta al grave problema de capacidad de investigar delitos. “Tenemos un registro de 6 mil 473 ministerios públicos, y para 33 millones de delitos, se entiende que hay conflicto de crisis debido a problemas de corrupción e incapacidad operativa de los ministerios públicos”.

A partir de la creación de la Guardia Nacional se están redirigiendo recursos con el fin de tener una instancia con capacidad de operación; además, de 18 mil elementos en activo que tenía la policía federal, el objetivo es llegar, en dos años a 150 mil, lo que significa canalizar presupuesto para poder operar la principal estrategia del gobierno federal.

Sobre los programas FASP y Fortaseg dijo que la bolsa de recursos asignada a éstos partirá de las fórmulas establecidas por el Inegi, en el sentido de que se canalizará la parte principal a los estados con mayores problemas de seguridad.

“El criterio de población es inamovible, lo que se establecerá es qué porcentaje se dará a la fórmula para incluir a municipios que no han sido incluidos”.

Del Fortamun (fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales) informó que el Consejo Nacional aprobó para 2020 asignar, cuando menos el 50 por ciento de estos recursos al ramo de Seguridad. “Vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda que establezca este criterio a fin de contar con recursos suficientes para corporaciones y policías”.

Respecto al número telefónico de emergencia 911, Leonel Cota Montaño externó que pese a que 85 por ciento de llamadas son falsas se ha consolidado bien. Evaluaciones realizadas señalan que de 36 millones de llamadas, por lo menos 7 millones son ciertas, lo que refleja la importancia de este número.

El tema de las cámaras de seguridad es un tema del país, por lo que se trabaja en un programa de revisión; primero para conocer de qué tamaño es el problema de funcionamiento de estos aparatos, en su mayoría se debe al salitre y su inversión es del ámbito federal y por no existir continuidad en el presupuesto se han deteriorado.

“Lo que debemos ver es hasta qué punto es un problema técnico y un problema de estrategia que las cámaras no operen”.

Aseguró que las compras consolidadas tienen un amplio análisis no sólo de precio, sino de calidad. La vigilancia corre a cargo de las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Aclaró que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene funciones en el tema de migración, pero sí la Guardia Nacional, la cual tiene entre sus funciones apoyar en esta labor.

David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información, mencionó que el modelo nacional de policía y justicia cívica tiene por objetivo mejorar la forma en que se mide la incidencia delictiva.

Con el proyecto modelo de revisión estadística de las fiscalías se encontró que gran parte de los 33 millones de delitos no se denuncian; “creemos que el 911 puede ser una fuente de inteligencia y una mina de oro si se utiliza bien”. Gran parte de los esfuerzos implementados están encaminados a contar con inteligencia, en tiempo real, sobre todo en las llamadas de emergencia.

Bertha Alcalde, secretaria ejecutiva adjunta, puntualizó que la responsabilidad de implantar el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica es de las autoridades municipales y estatales. “El Secretariado genera las herramientas necesarias en relación con los fondos, pero es importante que haya corresponsabilidad en el tema, sobre todo del financiamiento”.

Reiteró que este modelo incluye un financiamiento en donde el 50 por ciento de recursos del Fortamun debe destinarse a este, “sabemos que todavía no está en la propuesta del PEF, por lo que le toca a la Cámara de Diputados analizar y determinar si es viable ese modelo de financiamiento”. Consideró importante que presidentes municipales utilicen estos fondos para fortalecer a las policías.

Alcalde Luján detalló que en materia de control de confianza las cifras al mes de septiembre son: 35.4 por ciento del personal de seguridad pública, y a en ámbito federal, es del 14 por ciento.

Es importante tomar en cuenta esta última cifra, porque hace un año se tenía el cero por ciento de policías federales, por lo que se ha trabajado a marchas forzadas para que los elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal, tengan certificados únicos policiales (CUP).

Enfatizó que los exámenes de control de confianza es uno de los requisitos para obtener el CUP, mientras que el personal que labora en el ámbito de seguridad ha cumplido con este procedimiento.

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde aseguró que se castigará el uso indebido de los programas sociales y advirtió “no vamos a tolerar que se lucre con la pobreza”.

Afirmó que “las prácticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos están estrictamente prohibidas, y nos hemos comprometido a que en caso de encontrar este tipo de prácticas procederemos no sólo de manera administrativa, sino penal. Nos guiaremos por el principio instruido por nuestro presidente: Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.

Subrayó que el Gobierno de México ha dejado atrás las políticas asistencialistas y fragmentadas y ahora trabaja con estrategias integrales con la premisa de la igualdad.

“Desde este enfoque, y para alcanzar el bienestar de nuestra población, se atiende primero a los grupos más desfavorecidos, si bien no podemos dejar a nadie afuera, ni a nadie atrás hemos decidido que, por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, María Luisa Albores insistió en que para lograr el bienestar se necesita de la suma de esfuerzos para que toda la población tenga asegurado el ejercicio de sus derechos.

En su participación inicial y al responder a preguntas de diputados, la funcionaria destacó que debe quedar claro de manera categórica que ningún niña o niño beneficiario del antiguo Programa de Estancias Infantiles quedará sin apoyo, puesto que reciben una beca a través del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras.

En este sentido, reiteró a diputadas y diputados que el programa de estancias infantiles no fue cancelado y sólo hubo una modificación en la mecánica operativa acorde a la nueva política social sin intermediarios.

“No se violan los derechos de las madres y padres trabajadores, sino que les permite seguir pagando una estancia o un cuidador del hogar y tampoco se violan los derechos sociales y culturales, puesto que se garantizan con una mayor cobertura para llegar más niñas y niños gastando menos que en programas anteriores”, aseguró.

Precisó que a la par de esa modificación en la operación, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano revisó el padrón de estancias de niñas y niños beneficiarios del programa referido, de lo que se desprendió que 84 mil 849 niñas y niños no pudieron ser localizados, cifra similar a la reportada por el diagnóstico del DIF Nacional en 2018, “cuando nosotros no estábamos todavía en el gobierno”.

Ello implicó, explicó, un posible quebranto por más de 900 millones de pesos, por lo que se ha interpuesto una denuncia de hechos en contra de los funcionarios que resulten responsables.

A pregunta de los legisladores defendió la decisión de no continuar con el Programa de Comedores Comunitarios que se implementó el sexenio pasado en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesto que sólo atendía al ocho por ciento de la población en pobreza extrema, ya que cuatro mil de los cinco mil comedores se concentraban en cuatro estados sin altos niveles de carencia alimentaria.

De la misma forma, consideró que el Programa Prospera de sexenios pasados, fue durante 20 años una política social insuficiente, pues durante las administraciones de Ernesto Zedillo y de Enrique Peña Nieto, el número de pobres pasó de 48 millones a 54 millones.

Respecto al Programa Sembrando Vida, Albores González aseguró que se trabaja en conjunto con la autoridad ambiental y se tiene establecido qué áreas no son para sembrar. Además de que las reglas de operación del programa establecen que las unidades de producción deben ser ociosas, abandonadas o con uso de potrero o monocultivo, y estén en zonas marginadas, núcleos agrarios, con población indígena y degradación ambiental.

En cuanto a los servidores de la nación, María Luisa Albores explicó que actualmente está en proceso de diseño el reglamento interior de la Secretaría, a partir del cual se formalizará la estructura administrativa de las delegaciones.

Hoy en día, detalló, operan conforme a las funciones señaladas en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las delegaciones de programas para el desarrollo, publicada el día 18 de julio de 2019, y dependen en funciones de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

“Los servidores de la nación son prestadores de servicios por honorarios, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus atribuciones, dependiendo funcionalmente de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, no de la Secretaría de Bienestar”, reiteró.

“Esto quiere decir que casi cien millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza o presentan carencias sociales o de ingreso”, dijo.

Al inicio de su comparecencia en la Cámara de Diputados, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, señaló que esta situación no se puede permitir más, por ello el gobierno ha puesto en marcha una nueva política cuyo propósito superior es el bienestar general de la población, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad.

Subrayó que el bienestar implica que las personas tengan buena alimentación, salud, educación, vivienda, entorno familiar y comunitario seguros, servicios básicos de calidad, trabajos decentes, infraestructura, caminos, Internet, acceso financiero, lugares de recreación y apertura a la cultura en todas sus expresiones.

El gran reto que se tiene para lograr el bienestar es tarea de todo el gobierno y se tienen estrategias, proyectos y programas encaminados a lograr este objetivo.

Detalló que la nueva política de bienestar se relaciona con procurar la efectividad de los derechos sociales como condición fundamental para el desarrollo de las capacidades de las personas. “Y asumimos que es responsabilidad del Estado, como lo marca la Constitución, y no sólo del mercado, como hasta hace poco se pensaba”.

Aseguró que la política de bienestar plantea la asociación directa con las comunidades, a fin de identificar de manera conjunta sus necesidades más urgentes, así como el potencial productivo de cada una.

Enfatizó que el enfoque de inclusión productiva supone el rompimiento con la perspectiva “asistencialista de la política social que ha prevalecido a lo largo de las últimas tres décadas”. Para alcanzar el bienestar de la población se ha atendido primero, a los grupos más desfavorecidos, si bien no podemos dejar a nadie afuera, hemos decidido que, por el bien de todos, primero los pobres.

Detalló que se ha llegado a más de 20 millones de mexicanos con una inversión conjunta de alrededor de 300 mil millones de pesos. Los programas son: la Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y de las Personas con Discapacidad; el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el Futuro; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; Sembrando Vida; Programa Nacional de Reconstrucción; Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda; Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Crédito Ganadero a la Palabra, y Tandas para el Bienestar.

Aseguró que los apoyos son entregados de manera directa, sin intervención o mediación de personas u organizaciones. “Esto, además de reducir los costos de operación, reduce la posibilidad de corrupción. Queremos avanzar hacia la inclusión financiera, las finanzas solidarias y que toda persona tenga la posibilidad de recibir los apoyos a través de medios electrónicos y cuentas bancarias”.

Enfatizó que la política de bienestar es universal y sensible a las diferencias, por eso se da prioridad a los que por décadas han sido marginados y olvidados, ya sean pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres o adultos mayores.

Se ha colocado en el centro de las estrategias el bienestar de los pueblos indígenas. “Queremos empezar a poner fin a la discriminación histórica de la que han sido víctimas mujeres y hombres de nuestros pueblos originarios”, indicó.

Sostuvo que las prácticas de simulación, corrupción y uso indebido de los recursos están estrictamente prohibidas, y “nos hemos comprometido a que en caso de encontrar este tipo de prácticas procederemos no sólo de manera administrativa, sino penal”.

Explicó que para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se destinó el mayor presupuesto en la historia de este país, 110 mil millones de pesos; y ahora quienes tengan más de 68 años aseguraron una pensión, y si es indígena, desde los 65 años, la cual asciende a dos mil 550 pesos bimestrales.

Esta pensión, dijo, ha sido otorgada a ocho millones 38 mil 228 personas, de las cuales 4 millones 500 mil 428 son mujeres; es decir, el 56 por ciento, y 3 millones 537 mil 800 son hombres, 44 por ciento. Lo que representa 93.5 por ciento de avance respecto de la meta establecida para el cierre 2019, que se estima en casi 8.59 millones de adultos mayores.

Mencionó que también se puso en marcha la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que aporta dos mil 550 pesos bimestrales, otorgada a 790 mil 479 personas con alguna discapacidad permanente, de las cuales 364 mil 148 son mujeres, 46.1 por ciento, y 426 mil 331 son hombres, 53.9 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, con el Programa Sembrando Vida se apuesta por la regeneración de los ejidos, comunidades y territorios rurales para convertirlos en un sector estratégico en el desarrollo del campo. “Trabajamos juntos para incrementar la productividad de zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de estas regiones”.

Precisó que, al mes de septiembre, se tienen en el programa 229 mil 91 campesinas y campesinos, quienes reciben cinco mil pesos cada mes por trabajar sus parcelas; 70 mil 473 son mujeres (30.8 por ciento) y 158 mil 618 son hombres (69.2 por ciento). Lo que representa un avance del 99.6 por ciento de la meta programada para este año, 230 mil sembradores.

La exposición, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, muestra los proyectos realizados por empresas, académicos y sociedad, como productos orgánicos y naturales, empaques biodegradables, utilización de energías limpias, reciclaje, entre otros.

Rubio Montejo afirmó que México tiene un gran compromiso ambiental y una plataforma extraordinaria para impulsar tecnología y energías limpias. Resaltó que “desde aquí le decimos al país entero que se puede voltear a ver a las empresas verdes como un recurso de transformación nacional”.

Consideró que una de las tareas más importantes de los legisladores es colaborar para que las iniciativas tengan un mayor respaldo. Por ello, dijo, desde la comisión se trabaja para sentar las bases jurídicas que propicien el uso de energías alternas, la protección de los recursos naturales y el combate al cambio climático.

Hizo un llamado para que todas las autoridades federales, estatales y municipales, se conecten con energías limpias y apoyen con mayores recursos a las iniciativas de energías renovables y de reciclaje para que no sólo queden en proyectos y haya más apoyos a las empresas verdes “porque con ellas contaminamos menos, nos sirven para ahorrar más y nos vuelven más autosuficientes”.

Subrayó que en cada región del país hay esfuerzos de empresas, instituciones u organismos de la sociedad como los que hoy están aquí presentes. Agradeció la participación de las 26 empresas que “nos habla, esta muestra, de la capacidad que tiene la industria mexicana y su compromiso por el medio ambiente”.

La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), señaló que trabajando de manera transversal se puede impactar y apoyar en el tema sustentable.

Mencionó que la comisión que preside trabaja de manera conjunta con las demás instancias legislativas, en iniciativas muy importantes como la enfocada a compras públicas de innovación, la cual busca que las empresas de base tecnológica, tengan la oportunidad de que el gobierno pueda adquirir sus productos y servicios.

“Se está integrando junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también la invitación a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, a unirse para integrar un catálogo de empresas de base tecnológica y, que de alguna manera el gobierno, adquiera y compre servicios de estas productoras”, dijo.

Estimó que es muy importante impulsar a los tecnólogos porque son quienes desarrollan nuevos productos y crean empresas. También hay una iniciativa enfocada a crear un fondo con recursos de la Secretaría de Economía, de Conacyt y del sector privado, para crear empresas de base tecnológica.

La feria estará los días 22, 23 y 24 de octubre en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México.-  Con el propósito de impulsar y apoyar a jóvenes artistas mexicanos, la Cámara de Diputados inauguró la exposición pictórica “TR3INTA & TR3S”, de Edvard Nielsen, quien por medio de la litografía invita a transformar los pensamientos y estados de ánimo con el arte contemplativo.

Durante la inauguración de la muestra, el diputado Ricardo de la Peña Marshall (PES), secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, promotor de la exhibición, afirmó que “el arte es una puerta para alejar a los jóvenes de las drogas y la delincuencia”.

Reconoció la aportación creativa de la juventud de México. Por ello, es deber de los legisladores velar por que se les brinde más y mejor apoyo, apuntó.

Esta exposición propone reflexionar sobre el poder espiritual del universo por encima del mundo material, llevando mediante sus pinturas, a un estado de libertad donde predominen la existencia del ser y la belleza del cosmos, destacó.

Celebró la presencia de jóvenes talentosos como Edvard Nielsen, mexicano, descendiente de daneses y españoles, y que la Cámara de Diputados no sólo sea un espacio donde se hacen y reforman las leyes, sino donde se aprecie el arte para romper barreras y generar proyectos artísticos que sean reconocidos en México y el mundo.

Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, sostuvo que la obra de Nielsen contrasta tres visiones culturales: México, Dinamarca y España, que conducen a la proyección estética del trazo plasmado en el lienzo inerme.

Se alienta el descubrimiento de caminos espirituales y morfológicos para convertirse en reflexión, análisis y al despunte más extremo de las emociones. “La conexión y desconexión de los límites del razonamiento se hacen presentes de manera explícita e implícita en esta obra, dando como resultado un espacio reflexivo sobre la figura y conciencia humana y su relación con el entorno”.

Su propuesta artística, explicó, lleva a un viaje anatómico y psicológico del actuar y comportamiento humano. Refirió la relevancia de difundir la expresión artística en San Lázaro en un compromiso con la cultura y la juventud.

Edvard Nielsen expresó su satisfacción por exponer, parte de su obra, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, para compartir con la colección “TR3INTA & TR3S”, un poco de conciencia plasmada en cada cuadro, cuya creación se basó en grandes procesos de introspección, aprendizaje místico y revelación consciente.

“Lo importante es lo que el espectador observe y descubra en cada pintura. Lo que cada pieza les pueda decir a quien la mira”, explicó.

La propuesta es identificada como arte contemplativo y de revelación, donde la creación artística está plasmada en un lienzo, con tintas negras en un fondo blanco, cuyas líneas se conjugan para plasmar un simbolismo místico, espiritual, geométrico, emocional para ir al interior y reencontrarse con uno mismo.

“Lo que encuentres en cada obra depende de ti, de cómo la mires y qué es lo que observes, así vas a encontrar el mensaje”, precisa Edvard.

Reconoció el apoyo de la Cámara de Diputados hacia el talento mexicano y generar una visión amplia sobre lo que ocurre en el mundo del arte en el ámbito nacional. Estoy feliz de compartir con ustedes la colección “TR3INTA & TR3S”, aseguró.

Destacan en esta colección los símbolos como las pirámides en tercera dimensión, los triángulos, el sol, la luna; hombres y mujeres que encuentran conexión con el tercer ojo y su evolución; el mar y los árboles en una conjunción mítica para evocar el desarrollo del alma; espirales y animales se convierten en personajes de la introspección del ser humano.