Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración del #DíaDeMuertos, la dip. @Laura_Rojas_, Pdta. de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y el dip. @SergioMayerb, Pdte. de la Comisión de Cultura, inauguraron la #OfrendaCámara en la explanada principal del este Palacio Legislativo.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 443 votos, el dictamen que declara el 5 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Mujer Indígena”, para generar medidas afirmativas y acciones compensatorias que reduzcan las desigualdades que pesan sobre esta población, hacerlas partícipes en los espacios de toma de decisiones y construir políticas que valoren sus aportes.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que esta fecha va en congruencia con el “Día Internacional de la Mujer Indígena”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, existen 68 comunidades nativas; la labor de filósofos, historiadores, educadores, en pro del reconocimiento de sus lenguas y la revalorización, respeto y animación de sus principios culturales, es una de las facetas de la tarea que el Estado tiene como deber.

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) expresó que desde esta Legislatura de la Paridad de Género, se debe “antes que nada, reconocer nuestra integración multicultural, multiétnica, multigeneracional y multigenérica”.

Indicó que poco más de 12 millones de habitantes son o se consideran indígenas, esto porcentualmente es casi el 10 por ciento de nuestra población. Por ello, “la importancia de un día nacional que reconozca no sólo el género, sino también el origen étnico que representa el 5.1 por ciento de la población total nacional”.

Aprobar este dictamen, añadió, es apoyar el reconocimiento de la vida y obra del 5.1 por ciento de la población mexicana. “Decretemos este día, avivemos un impulso legislativo en pro de los derechos humanos de las mujeres, pero en especial de las indígenas”.

Cruz Santos precisó que esta fecha ayuda a ser un enlace universal que reconozca a las mujeres indígenas y evite la agresión y la violencia que, de acuerdo a estudios internacionales, sucede en mayor cantidad, en contra de esta población.

“Es necesario un día que nos recuerde que las leyes que emanen de este y otros Congresos, deben ajustarse a las condiciones de vida de las mujeres indígenas y sus derechos humanos para recibir servicios básicos, educación, salud, liberar su alma y cuerpo del dominio que por siglos han subyugado su estatus”, añadió.

Conmemorar esta fecha, subrayó, es “recordar la obligación constitucional de equilibrar las leyes, de dar esa pauta de equidad que los derechos humanos nos obligan a realizar a favor de la mujer indígena, no sólo de forma tersa sino eficiente, visible y palpable”.

María Roselia Jiménez Pérez (PT), diputada promovente, mencionó que las mujeres conforman el 51.4 por ciento de la población. Las indígenas que habitan en México suman 13.2 millones de personas que junto a “nuestros hermanos indígenas representamos el 21.5 por ciento del total de la población”.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las mujeres indígenas tienen derechos que deben ser respetados y defendidos por toda la sociedad; entre ellos, a una vida digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un pueblo, así como expresar su cosmovisión filosofía y creaciones en su propia lengua, entre otros.

“Seamos realistas, la discriminación, el racismo, la violencia por género, la pobreza extrema, el monolingüismo, entre otros, las colocan en situaciones de exclusión de oportunidades que aumentan las desigualdades. Así el acceso a la justicia se vuelve casi una utopía”, añadió.

La también promovente, diputada Irma Juan Carlos (Morena) indicó que el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, un suceso que ha sido reivindicado por las organizaciones indígenas donde reconocen la lucha de esta población nativa, y ese día fue instaurado en recuerdo de una lideresa indígena: “Bartolina Sisa, que luchó contra la dominación española y murió a manos del ejército realista el día 5 de septiembre de 1782. Torturada, ahorcada y descuartizada, y luego su cabeza fue exhibida en los sitios en donde luchó, para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización en Tiwanaku, Bolivia”.

Añadió que en honor a la lucha histórica de las mujeres indígenas, el movimiento latinoamericano hace un reconocimiento de militancia y participación política. En México uno de cada diez mexicanos es indígena y un gran porcentaje de esta población está conformada por mujeres. La labor que realizan muchas veces no es reconocida, ya que se enfrentan a diversas desigualdades por ser mujer, indígena y pobre.

Las mujeres indígenas en México, dijo, han garantizado la reproducción de las lenguas, de las culturas y tradiciones de las comunidades. “Esta iniciativa reconoce la importancia de fortalecer sus derechos y mandata a los gobiernos a que tomen las medidas necesarias para garantizar sus condiciones de vida”.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 412 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de establecer que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) deberá promover la educación física en los planes y programas educativos.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que esta práctica se impulsará por medio del desarrollo de los programas de formación, capacitación y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte.

Indica que la educación física es un instrumento pedagógico muy eficaz para desarrollar las pautas de conductas saludables que favorezcan una mayor calidad de vida.

No practicar actividad física es una de las principales causas de las enfermedades crónicas más importantes; por ello, uno de los objetivos que plantea el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es promoverla en las niñas y los niños.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Edith Marisol Mercado Torres (Morena) resaltó que el plan proyectado prevé que se realicen tres horas de educación física como mínimo a la semana y que las escuelas servirán como promotoras del deporte, impulsando a las ligas intercolegiales e intermunicipales.

Con la aprobación de esta reforma se cumple con el principio de progresividad, y se considera a la activación física como un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, por lo que la Conade debe tener entre sus atribuciones preservar la cultura física y el deporte.

Sostuvo que la obesidad supone un alto costo económico y conlleva un acortamiento o reducción de hasta 10 años de la esperanza de vida de las personas. En nuestro país se calcula que esto representa un gasto de 120 mil millones de pesos por año, de ahí la importancia de esta reforma.

El promovente y presidente de la comisión, diputado Ernesto Vargas Contreras, enfatizó que la educación física permite el mantenimiento de la salud y se concibe como parte fundamental de la educación del ser humano, porque le proporciona estimulación cognoscitiva, afectiva, motriz y fortalece habilidades y hábitos que contribuyen a un desarrollo armónico.

Sin embargo, afirmó, hasta el momento la educación física no forma parte de los principales engranes del Sistema Educativo. En el ámbito federal se han hecho algunos esfuerzos, pero no hay un plan estratégico de desarrollo de la educación física, lo cual coloca a la niñez en un callejón sin salida; “están atrapados en las adicciones y problemas de salud como sobrepeso y obesidad”.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 435 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional, cuya finalidad es actualizar diversas denominaciones de dependencias públicas.

Se modifica la denominación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por la de Centro Nacional de Inteligencia; sustituye la denominación de Secretaría de Seguridad Pública por la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También, remplaza el término de procurador general de la República por el de fiscal general de la República y, modificar el nombre de director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el de director general del Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta modificación, añade el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se resuelve un vacío legal que de persistir, generaría graves imprecisiones en el desarrollo de las labores fundamentales que lleva a cabo el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), mencionó que el dictamen es oportuno, ya que es una propuesta de modernización legislativa consistente en la adecuación de contenidos de normas para que el Estado encuentre las plenas condiciones para el debido cumplimiento.

Se subsana la contradicción jurídica a raíz de los cambios que realiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que en su momento no tocaron a la Ley de Seguridad Nacional, en lo que respecta a la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia.

Menciona que el Consejo de Seguridad Nacional constituye el órgano colegiado rector que dicta la política en la materia, cuya responsabilidad, de presidirlo, quedará a cargo, obviamente, del Presidente de la República.

Sin embargo, en ausencia de éste, la ley contempla que será el secretario ejecutivo quien se encargue de suplirlo, por lo que la Ley de Seguridad Nacional establece que el o la secretaria de Gobernación fungirá con ese cargo.

“Es claro que existe una antinomia jurídica entre lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde hay una evidente contradicción respecto a quién sustituirá al Presidente de la República en presidir el Consejo de Seguridad Nacional, puesto que la reforma expresamente señala que quien lo suplirá será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, por otro lado, la ley especial señala que será el titular de Gobernación quien cumpla con esta suplencia”.

Fernando de las Fuentes Hernández, diputado del PRI y promovente de este cambio, señaló que las leyes son instrumentos de precisión, de los cuales depende el orden social de un país. “De ahí la importancia de armonizar hasta el más mínimo detalle todos nuestros ordenamientos”.

Añadió que la técnica legislativa exige revisar toda la normatividad relacionada con la iniciativa que se propone, de manera que se contemplen las modificaciones pertinentes para hacer concordantes las leyes.

“Se trata de una labor valiosa y esencial que no siempre es posible cuando el tiempo apremia o es difícil cuando son diversos los ordenamientos que se involucran. No es poca cosa que tras la aprobación de una iniciativa queden algunas incongruencias legales e incluso antinomias que pueden tener diversas consecuencias negativas, por eso planteé reformas a la Ley de Seguridad Nacional, para armonizarla con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se publicó el 30 de noviembre de 2018”, precisó.

Ciudad de México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), aprobó rechazar, por mayoría, las cuentas públicas 2015 y 2017, por ejercicio discrecional de recursos y porque los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Se instalará una mesa de trabajo que coordinarán las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Presupuesto y Cuenta Pública, para atender y dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la ASF a la Cámara de Diputados, sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que mejoren los procesos de los entes auditados, establecen los dos dictámenes avalados.

Ramírez Cuéllar explicó que la integración de la mesa conjunta entre ambas comisiones se convertirá en coadyuvante en los procesos de investigación, y en su caso, de sanción, ya sea administrativa o de carácter penal de los funcionarios que incurrieron en las responsabilidades que se han detectado.

Estimó que antes de que concluya el año, los diputados tendrán resultados de ambas cuentas públicas, porque es una obligación constitucional revisarlas y dictaminarlas, y porque deben existir sanciones.

En el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente del ejercicio fiscal 2015, se rechazó, en lo general y en lo particular con 28 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Con la modificación al numeral 4, para establecer que de la información contenida, se desprende que el Ejecutivo federal ejerció ampliaciones netas por 222 mil 570 millones de pesos; que, al 31 de diciembre de ese año, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 5 billones 074 mil 023.1 millones de pesos; esto es, 527 mil 403.5 millones de pesos superior al informado un año antes.

El dictamen establece que en el ejercicio 2015 no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios.

Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que “no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del presente decreto”.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (PAN), coordinador del grupo de trabajo de la Subcomisión de Dictamen de la Cuenta Pública 2015, al argumentar el dictamen, indicó que se practicaron mil 643 auditorías. De éstas, 462 (28.1 por ciento) correspondió a entidades de la administración pública federal y 71.9 por ciento a estados y municipios (mil 181).

La cobertura total de entidades fiscalizadas fue de 603 (18.2 por ciento) de un universo de tres mil 310 susceptibles de ser revisadas. Se observaron las 32 entidades federativas, 413 municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las dependencias con mayores montos de recuperación fueron las secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Energía, además Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial.

Del tipo de auditorías, 792 fueron de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño, que representan el 48.2 por ciento; 527 financieras y de cumplimiento, 32.1 por ciento; 149 de desempeño, 1.1 por ciento; 138 de inversión física, 8.4 por ciento; 14 forenses, 0.9 por ciento. Ocho evaluaciones de políticas públicas y quince de estudios.

Precisó que la ASF determinó 6 mil 491 observaciones que dieron lugar a 9 mil 472 acciones: 3 mil 942 preventivas y 5 mil 530 correctivas.

Derivado de la Cuenta Pública 2015 se obtuvieron recuperaciones, al 8 de febrero de 2017, por mil 435.5 millones de pesos, quedando aun por aclarar 63 mil 422.23 millones de pesos que constituyen las recuperaciones probables.

El dictamen establece que existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en los recursos transferidos a estados y municipios.

“De forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable”.

En acato a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la comisión consideró que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF, a la cual instruye para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2015, y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Irregularidades

Respecto al dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2017, los legisladores aprobaron rechazarlo con 30 votos a favor, tres en contra y una abstención, en lo general y en lo particular, con modificaciones.

Resalta que el mayor número de irregularidades se concentró en el rubro de Gasto Federalizado destacando, por el número de observaciones, Michoacán, estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas, con fallas reiteradas en los ramos 23, 28 y 33, especialmente en la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable.

Subraya que la ASF practicó mil 675 acciones de fiscalización a la Cuenta Pública 2017, presentadas en tres fases: 344 informes individuales a los resultados en el mes de junio; 678 en octubre, ambos de 2018; y remitió 653 correspondientes a la entrega del mes de febrero 2019.

A partir de los ejercicios de fiscalización, se determinaron 7 mil 96 observaciones que dieron lugar a 9 mil 578 acciones. Éstas se dividen en 2 mil 415 recomendaciones; 2 mil 31 de desempeño; 2 mil 789 promociones de responsabilidad administrativa; mil 932 pliegos de observaciones y 204 solicitudes de aclaración.

De la información contenida en la Cuenta Pública Federal de 2017, se desprende que, con corte al mes de mayo, hay un monto de 80 mil 577 millones de pesos que requieren ser recuperados o aclarados por la totalidad de los entes públicos fiscalizados.

El documento considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el PEF 2017. El gasto neto total ejercido por el sector público ascendió a 5 billones 255 mil 867.6 millones de pesos, superior en 7.5 por ciento al presupuesto aprobado, e inferior en 7.9 por ciento real comparado con 2016. Además, destaca la caída en inversión física, en 27.7 por ciento en términos reales.

Estima pertinente retomar las recomendaciones realizadas por la ASF a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al manejo de la deuda pública, en especial para transparentar y rendir cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo del empréstito del sector público federal, para ampliar el análisis de riesgos que permita implantar los mecanismos adecuados para definir de manera más adecuada la política fiscal de corto y mediano plazos.

Conforme a lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la ASF.

Se instruye a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2017, así como a remitir a esta Cámara de Diputados, en un término de 60 días a partir de la aprobación del presente dictamen, información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

Ambos dictámenes se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.

Actividades en el proceso de discusión del Presupuesto

En el proceso de discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostendrán una reunión de trabajo con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, el próximo martes 5 de noviembre.

Al informarlo, el presidente de la instancia legislativa, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), indicó que el encuentro será a las 12 horas, en el Salón Legisladores, Edificio A.

Mañana se tendrán mesas de trabajo y parlamento abierto para el gasto federalizado, de 10 a 13 horas.

Explicó que el próximo 31 de octubre se realizará una reunión conjunta con la Comisión de Infraestructura, sobre el financiamiento en este rubro para el 2020; ese mismo día, otro encuentro sobre perspectiva de género y presupuesto, a las 17 horas.

Ramírez Cuéllar precisó que el viernes 1 de noviembre es la fecha límite para la recepción de opiniones de las comisiones ordinarias, sobre la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante.

Señaló que para el día 4 de noviembre se efectuará una reunión para analizar el financiamiento al Sistema Nacional de Transparencia y Fiscalización, y Anticorrupción.

Para el 5 de noviembre, subrayó que es la fecha límite para que los grupos trabajo entreguen conclusiones de la realización del parlamento abierto.

El día 6, conjuntamente con las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Gobernación y Población, y de Economía, Comercio y Competitividad estarán los representantes del INE, INAI, Cofece y del Inegi.

Previamente, los integrantes de la Comisión de Presupuesto aprobaron por mayoría los informes correspondientes al primer y segundo semestre de actividades.

Ciudad de México.-La Comisión de Infraestructura, presidida por el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata (Morena), aprobó la opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, relativo al Ramo 9 en materia de infraestructura, y se pronunció por buscar más recurso para asignarlo a mantenimiento y conservación de carreteras, dado su deterioro.

Exsome Zapata comentó que el presupuesto tiene una serie de inconsistencias, porque primero se debería dar mantenimiento a las carreteras, invertir en vías de comunicación que son muy importantes e inclusive llevar al 100 por ciento el aeropuerto de esta ciudad, antes de empezar a meter dinero a otro como Santa Lucía.

“Lo que yo he peleado de la Comisión de Presupuesto es que vinieran y nos explicaran por qué deberíamos de apoyar el presupuesto en las condiciones en las que viene”.

La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) indicó que la reducción de recursos a carreteras va a seguir afectando a distintos sectores productivos; también, afirmó que no hay un monto considerable para su mantenimiento, a pesar de su importancia para el transporte de alimentos y medicinas.

De Encuentro Social, la legisladora Adriana Paulina Teissier Zavala mencionó que por segundo ejercicio consecutivo no se ha asignado un presupuesto para puertos, los cuales requieren de mantenimiento y reforzar la seguridad en este rubro.

El legislador Edgar Eduardo Arenas Madrigal (Morena) propuso solicitar 14 mil millones de pesos adicionales al presupuesto e indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe explicar “el porqué de cada cosa” debido a que es la dependencia que administra el dinero, esto en el tema de Comunicaciones y Transportes.

De la misma bancada, el diputado Samuel Herrera Chávez comentó que es necesario conocer qué otras opciones hay para ampliar la infraestructura por medio de una estrategia de financiamiento.

También de Morena, la diputada Paola Tenorio Adame señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó disminuir las prerrogativas a los partidos políticos en 50 por ciento, lo cual implica un ahorro de cinco mil millones de pesos, que podrían ser empleados en el tema de infraestructura.

El diputado Jorge Francisco Corona Méndez (PVEM) argumentó que, en el tema del aeropuerto, primero se debe terminar de arreglar el que se tiene y hacer una ingeniería de cómo circularían los aviones con el objetivo de que se haga el tránsito más ágil. Asimismo, señaló que los ingresos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) son muy altos y no los ejerce todos, es necesario ver si se pueden ir a carreteras.

De Morena, el diputado Valentín Reyes López indicó que se tienen caminos y carreteras abandonadas; es necesario pensar en el tema de los subejercicios con el fin de buscar la manera de que ese recurso se aplique a infraestructura carretera. “Me queda claro que no se le va a mover ni una sola coma a este asunto, pero estaría bien que lo consideráramos porque los puentes, caminos, carreteras no esperan”.

El legislador Agustín García Rubio, también de Morena, resaltó que la infraestructura carretera de autopistas está bastante deteriorada; sin embargo, al no encontrarse dentro del presupuesto, consideró pertinente ver una propuesta de ingresos correspondiente a este sector. “Tendríamos que conjuntar las opiniones de todos y ver cómo podemos obtener mayores ingresos para compensar con un mayor ingreso para financiar la infraestructura de nuestro país”.

Ciudad de México.- La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), aprobó reformar diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia digital, a fin de fortalecer los derechos humanos de las mujeres y niñas.

La propuesta define que violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensaje de odio y difusión de contenido sexual sin consentimiento.

Incluye también textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción cometida a través de tecnologías de la información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Briceño Zuloaga sostuvo que este tipo de agresión es otra forma de despojo de la autonomía de las mujeres y el control sobre su cuerpo, también se conecta directamente con feminicidios o agresiones sexuales.

Destacó la urgencia de legislar en esta materia, ya que la transmisión de imágenes o videos de contenido sexual sin autorización a quien los coloca en el medio es una forma de violencia basada en el uso de estereotipos discriminatorio sobre ellas.

La violencia digital aumentó de forma alarmante en los últimos años “lo que refleja la concepción que existe respecto al cuerpo de la mujer que no le pertenece, que puede ser usado, agredido, vejado y cuya imagen tampoco le pertenece, por lo que pueden ser fotografiadas, filmadas y difundidas sin su consentimiento”, refirió.

La diputada proponente, Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena), pidió sumarse al dictamen que beneficiará a víctimas de estos tipos de violencia.

Olga Sosa Ruiz, diputada de Encuentro Social, afirmó que se defenderá a las mujeres contra todos los abusos que se puedan suscitar en medios digitales. “Basta de tener violencia por todas partes, la tenemos en la calle, en las redes, basta de vivir con miedo y desconfianza; por ello, pido el apoyo para votar a favor la iniciativa”.

Durante la sesión ordinaria, también aprobaron tres dictámenes que reforman diversas leyes. El primero modifica la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de ampliar los supuestos de violencia sexual.

Wendy Briceño expresó que el objetivo es robustecer el agravante por casos de tortura que incluyan este tipo de violencia. El dictamen prevé que las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de agresión sexual, pueda o no incluir la desnudez forzada, amenazas verbales, insultos y burlas sexuales.

Se proporcionará especial atención a personas sometidas a cualquier forma de violencia sexual, evitando en todo momento, la victimización secundaria y tomando en consideración la situación en la que se encuentra, incluida la privación de la libertad.

El segundo dictamen se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en materia educativa. La diputada Briceño dijo que se propone que la Secretaría de Educación Pública, desarrolle programas educativos en todos los niveles de escolaridad que fomenten y garanticen el acceso y la cultura a una vida libre de violencia y el respeto a su dignidad.

Así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijas e hijos.

Se planea también que la Secretaría promueva y desarrolle la educación sexual integral y reproductiva que implique el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, maternidad y paternidad, prevención de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.

Corresponderá a la Secretaría de Salud garantizar el derecho a la salud en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad a los servicios médicos a mujeres víctimas de violencia.

El tercer dictamen de propuesta con punto de acuerdo, exhorta al gobierno de Michoacán a que gire instrucciones para verificar su cumplimiento sobre quejas expresadas por personas recluidas en el centro de reinserción social de alto impacto de Morelia.

Briceño Zuloaga puntualizó que es importante salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de su libertad, más aún, si se encuentra en riesgo su vida e integridad.

Opiniones

En otros temas, aprobaron cuatro opiniones sobre diversos temas. La primera respecto al anexo 13, Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la cual se enviará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Wendy Briceño Zuloaga expresó que el proyecto del PEF contempla poco más de 100 mil millones de pesos, 55 por ciento más respecto a 2019; la propuesta de opinión contempla aumentarlo a 104 mil millones, es decir 4 por ciento.

Otra, tiene el objetivo de robustecer la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, presentada por el Ejecutivo Federal. Se enviará a las comisiones de Justicia, y de Gobernación y Población.

La tercera opinión, es referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuesta por la diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena).

La diputada dijo que la observación tiene el fin de fortalecer el dictamen que se encuentra en la Comisión de Justicia, por lo que plantean que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial incorporen la perspectiva de género, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Asimismo, deberá haber paridad de género en la composición de los diversos órganos.

Emitieron opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de paridad de género, presentada por la diputada Beatriz Juárez Piña.

En este tema, Wendy Briceño consideró importante que el principio de paridad rija de manera transversal en todo el quehacer público de los tres poderes de la Unión. “El fin es que el lenguaje sea incluyente y señale que todos los nombramientos que realice el Poder Judicial Federal deberán respetar el principio paritario”.

Ciudad de México.- El diputado Feliciano Flores Anguiano (Morena), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, pidió aumentar el presupuesto al sector hídrico para el ejercicio fiscal 2020.

En conferencia de prensa con asociaciones del sector, indicó que el pasado 9 de agosto, la comisión envió un documento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarle que es necesario invertir en el sector 90 mil millones de pesos, a fin de mejorar las condiciones de la infraestructura en general en el tema del agua.

Flores Anguiano comentó que dicho documento también se hizo llegar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Sentimos que como comisión es nuestra obligación dar a conocer la información que hemos recogido en cada uno de los estados para conocer esta problemática, además expertos que conocen de la materia consideran que es necesario un presupuesto de esa magnitud”, añadió.

El diputado de Morena comentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se contemplan para dicho sector 22 mil 785 millones de pesos, mientras que en 2019 no le destinaron recursos.

Informó que este martes se llevó a cabo la Convención nacional en defensa de un presupuesto digno para el sector hídrico, en San Lázaro, en el que participaron usuarios de riego, organismos operadores de agua potable, ingenieros que conocen de la materia, académicos de las universidades Autónoma de Chapingo y de la Nacional Autónoma de México (UNAM), que plantearon sus propuestas.

Quintín Suárez Andujo, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C (ANUR), señaló que el presupuesto para subsidios asignado por el gobierno federal ha bajado y la conservación de la infraestructura hidroagrícola cada vez es más grande, “hay obras de más de 40 años que ya cumplieron con su función”.

“Por los canales que administramos se lleva agua a comunidades rurales y plantas de tratamiento a más de 38 millones de mexicanos, y eso nadie nos lo paga”, expresó.

Suárez Andujo expuso que el sector hidroagrícola requiere para este año cuatro mil millones de pesos, pues “el Ejecutivo federal planteó en el proyecto de presupuesto de 2020, dos mil millones de pesos para el sector”.

Arturo Palma Carro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS), dijo que los organismos operadores han sufrido recortes por más del 82 por ciento, y “aunado a esto quieren hacer un recorte más, es decir vamos a llegar a menos del 12 por ciento del presupuesto que teníamos en 2016”.

Refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que se debe hacer una inversión del Producto Interno Bruto (PIB) del 0.3 por ciento para el sector hídrico, sin embargo “en este país se está invirtiendo el 0.02 por ciento”

“Estamos solicitando un presupuesto de más de 90 mil millones de pesos, porque tenemos proyectos validados por realizar”, concluyó. 

Ciudad de México.-  El coordinador del grupo parlamentario del PES, Jorge Arturo Argüelles Victorero, informó que el diputado Édgar Guzmán Valdéz se integró a su bancada.

En conferencia de prensa, y acompañado por sus compañeros de bancada, el líder parlamentario dio la bienvenida al nuevo integrante y dijo que su capacidad, compromiso y sentido de responsabilidad social aportarán mucho al grupo.

“Tu persona y tus valores enriquecen nuestra visión y compromiso con México; en ésta, tu casa, trabajamos compartiendo motivos y convicciones. Juntos podemos combatir la desigualdad y la pobreza, la desigualdad que descompone el tejido social y afecta el crecimiento económico. En el PES estamos del lado de la gente, porque nuestra lealtad es con el pueblo de México”, externó Argüelles Victorero.

El diputado Guzmán Valdéz era integrante del grupo parlamentario de Morena, y fue electo en el Distrito 7 de Puebla por el principio de mayoría relativa (voto directo). Es integrante de las comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, y secretario de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual.

El coordinador parlamentario también presentó a Eduardo Díaz como el nuevo director de comunicación social de la bancada de Encuentro Social, a partir de este mismo martes.

“Él aportará un nuevo dinamismo en la comunicación de nuestro grupo parlamentario, conoce el área de comunicación, es un ser humano y profesional sensible que sabe su trabajo y responsabilidades”, finalizó.

Ciudad de México.-  Los diputados de Morena, Feliciano Flores Anguiano y Eraclio Rodríguez Gómez, y de MC, Eduardo Ron Ramos, llamaron a todos los grupos parlamentarios a defender el campo y respaldar la eliminación del cobro del uso agrícola y pecuario del agua.

En conferencia de prensa conjunta, sostuvieron que aplicar cuotas adicionales al consumo de agua por volumen afectaría de manera importante la producción agrícola, lo que generaría una crisis alimentaria.

El viernes pasado, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta de la Ley Federal de Derechos, que elimina el cobro de uso de agua a los sectores agrícola y pecuario y la regresó a la Cámara de Diputados. Se prevé discutirla ante el Pleno este miércoles.

Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, convocó a todas las bancadas, incluida la suya (Morena), a no atacar al campo y rechazar gravar el consumo de agua para el sector agropecuario.

“Aplicar el impuesto al campo es acabarlo, derrotarlo, extinguirlo; por lo tanto, rotundamente no estamos de acuerdo en este aumento de impuestos y esperamos que mañana todas las fracciones parlamentarias hagamos lo que hizo el Senado”, señaló.

Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, pidió a los diputados de todos los grupos parlamentarios quitar los colores al campo y ratificar su compromiso con este sector, porque es el único que puede dar mayor estabilidad económica y social al país.

Advirtió que aplicarle un impuesto al agua que se utiliza para riego, será abonar a crear una mayor dependencia alimentaria, ya que habría una disminución en la producción de granos básicos como el trigo, maíz, frijol y el sorgo; además, afectaría al sector ganadero también.

“Si nosotros dejamos de producir maíz, frijol, trigo, huevo y carne, habrá incremento inflacionario que nos llevaría a la creación de más pobres, incluso, de más familias en condiciones de mayor pobreza y las grandes ciudades se darán cuenta para qué servimos los productores” , aseveró.

Planteó a los diputados “poner atención en lo que estamos haciendo, porque no se vale estarnos equivocando y estar haciendo triquiñuelas para después regresarle a los productores lo que legítimamente les corresponde”.

Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería, dijo que defenderán el campo, el presupuesto y la dignidad de los que trabajan en el sector, porque ya ha sido muy “lastimado”.

“No se puede lastimar más al campo porque ya está lastimado en el presupuesto y todavía gravando el agua. Lo vamos a defender”, concluyó.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para ampliar la sanción a quienes comentan el delito de abigeato (robo de ganado); ahora se impondrán de diez a quince años de prisión.

Asimismo, se añaden ocho nuevas disposiciones para considerar el abigeato como delito calificado, por el que aumenta la pena hasta en una mitad.

Para tal efecto se modificaron los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal.

El Pleno lo avaló por unanimidad, en lo general y particular, por 406 votos. Lo turnó al Senado de la República para análisis y eventual ratificación.

El documento surgió de una iniciativa presentada por el diputado David Bautista Rivera (Morena) y dictaminada por la Comisión de Justicia, que preside la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN).

Al fundamentar el dictamen en tribuna, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) urgió a implementar reformas que permitan inhibir la condición del delito de abigeato.

En su oportunidad, Bautista Rivera recodó que durante el 2019 se han registrado 379 robos en Tabasco y 181 en Veracruz. Además, a partir del 2018 se han registraron robos de ganado con violencia.

La reforma al artículo 381 Ter establece que el delito de abigeato también se considerará como calificado cuando se sacrifique ganado intencionalmente sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo; de igual forma si alguien se allana en un domicilio con la intención de sacrificar ganado.

Cuando se adquiera o negocie ganado robado, carnes, pieles u otros derivados producto de abigeato; al proteger dolosamente ganado robado con documentación falsa y al autorizar en rastro oficial o en cualquier otro lugar de matanza sacrificio de dicho ganado.

Igualmente, si se expide documentación que acredite la propiedad de animales producto de abigeato a favor de personas distintas de la Unión Ganadera, quienes disponen de ellos legalmente.

También si se realiza cualquier tipo de extorsión, por cualquier medio, a cambio de regresar el ganado y si se transporta ganado, carnes o pieles a sabiendas de que se trata de carga resultado de abigeato.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para que las embajadas y consulados del Estado Mexicano extiendan las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de los mexicanos en el extranjero.

Asimismo, establece que instituciones mexicanas de salud o educativas, públicas o privadas, que tengan conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberán dar aviso de inmediato al Juez del Registro Civil; la omisión de los avisos será sancionada administrativamente.

Para tal efecto se modificaron los artículos 35,55 y 56 del Código Civil Federal.

El Pleno lo aprobó por unanimidad con 423 votos. Lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento surgió de una iniciativa de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) y dictaminada por la Comisión de Justicia, presidida por su compañera de bancada la diputada María del Pilar Ortega Martínez.

Fue fundamentado en tribuna por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), quien destacó que con estas reformas se dará certidumbre jurídica a los recién nacidos, asegurando uno de los derechos humanos primordiales.

Sostuvo que un acta de nacimiento permite el ejercicio de derechos como el de la salud, educación, desarrollo social, incluso al voto.

“No contar con acta de nacimiento es un factor de exclusión social”, puntualizó.

En las reformas al artículo 55 del citado Código, se añade que, a falta de que el padre o madre declaren el nacimiento de un menor, puedan hacerlo los abuelos maternos –como ya está establecido que lo pueden hacer los paternos-, también, en su defecto, podrán declararlo los parientes, si los hay.

En el artículo 56 quedó dispuesto que, en caso de que la declaración del nacimiento no se dé en los primeros seis meses posteriores a éste, “la autoridad que tome conocimiento del hecho dará aviso al juez del Registro Civil para que dentro del término de quince días naturales levante el acta de nacimiento respectiva”.

Ciudad de México.-  La Cámara de Diputados avaló, con cambios, la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución Política, para establecer que el Presidente de la República podrá ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

Tras dos horas y media de discusión, el Pleno la aprobó por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones, a las 16:00 horas.

El documento –que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna– fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional.

Los delitos referidos son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Actualmente, el artículo 108 indica que el Presidente de la República “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

El Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

La discusión inició a las 13:35 horas con la fundamentación del dictamen, en tribuna, a cargo de la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señaló que la minuta se modificó porque “los integrantes de esta Comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo”.

Destacó que la iniciativa del presidente de la República busca eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta del Senado.

Refirió que, actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero.

Finalmente, comentó que es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.

Al término de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diversos diputados para fijar la postura de sus bancadas. Participaron Claudia Reyes Montiel (PRD), Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM), Iván Pérez Negrón Ruiz (PES), Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC), Gerardo Fernández Noroña (PT), Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI), Marcos Aguilar Vega (PAN) y Silvia Lorena Villavicencio Ayala (Morena).

Después, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Ricardo Villareal (PAN), Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), María Ester Alonso Morales (PRI), María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), Carmen Julia Prudencio González (MC) y Pablo Gómez Álvarez (Morena).

En contra habló el diputado del PT, Emilio Manzanilla Téllez.