Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó a la Cámara de Diputados que Ovidio Guzmán López –hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera– no cuenta con orden de aprehensión alguna en México.

“Esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión”, dijo durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

El funcionario señaló que sólo hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, “lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

Apuntó que dicha orden de detención con fines de extradición la conoció con toda oportunidad el grupo responsable del operativo del pasado 17 de octubre, “y es prácticamente un proceso de rutina”.

Comentó que el gabinete de Seguridad recibió la indicación del presidente de la República de colaborar en esos procesos de extradición en la medida que fueran procedentes.

Asimismo, subrayó que el gobierno federal es honesto, transparente y socialmente comprometido “y está muy lejos de las políticas de establecer una negociación con el crimen organizado”.

Durazo Montaño también destacó que es imprescindible combatir el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, al tiempo que señaló que “se ha creado un grupo de alto nivel para trabajar en un programa conjunto que ya se tiene definido con el gobierno norteamericano”.

Con ese programa, cada país asume su responsabilidad para sellar las fronteras y garantizar el congelamiento del tráfico de armas, explicó.

“Las armas que ustedes vieron en Culiacán, son armas que entraron, obviamente, de contrabando al país. Y algunas de ellas tienen la característica de que fueron fabricadas para uso exclusivo del Ejército norteamericano”, expuso.

“Por ello, la capacidad de fuego del crimen organizado, que con frecuencia es superior al de las fuerzas responsables de combatirlo. Las fuerzas de seguridad pública están sujetas a limitaciones en los calibres que pueden usar en las zonas urbanas”, abundó.

Señaló que la estrategia de seguridad tiene un componente de coordinación y colaboración internacional “porque, lamentablemente, la dimensión del crimen organizado de nuestro país tiene un carácter trasnacional. Tiene ramificaciones muy fuertes en otros países que nos obligan a la coordinación y a la colaboración, sin afectar en lo más mínimo el respeto por nuestra soberanía”.

Por último, consideró que el Estado mexicano no está debilitado ni fallido, “tiene la capacidad para enfrentar eficazmente al crimen organizado a condición de que avancemos conjuntamente en una serie de variables. No solo el gobierno federal y no solo la fuerza pública, son muchas variables y somos muchos los corresponsables”.

Ciudad de México. –La diputada Lorena Jiménez Andrade (Morena) urgió que se emita la declaratoria de emergencia por el huracán “Narda” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de atender afectaciones provocadas por este fenómeno.

En rueda de prensa, recordó que el pasado 2 de octubre los diputados aprobaron un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por los estragos que ocasionó el huracán Narda. 

Por medio de un acuerdo del Senado se solicitó también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fondos para los damnificados, expuso la legisladora por Jalisco.

Las entidades mayormente afectadas por este huracán fueron Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Jiménez Andrade aseguró que la declaratoria de emergencia del huaracan “Lorena” se dio una semana después de haber sucedido; sin embargo, “a 32 días de haber afectado gravemente a los mismos municipios” en Jalisco, no ha pasado lo mismo con “Narda”.

La legisladora ratificó la petición a las secretarias antes mencionadas de liberar los recursos para resarcir los daños ocasionados.

Por otro lado, la diputada informó que existe una inquietud entre los habitantes de Puerto Vallarta, porque el Presidente de la República comprometió 650 millones de pesos para zonas de alta marginación, sin embargo, no han sido entregados y se habla de un recorte presupuestal por el gobierno federal.

Aclaró que si dicho presupuesto fue retirado no se debe a un recorte Federal por austeridad, sino a solicitud del gobierno estatal “quién utilizó una argucia legal para afectar a la población de Puerto Vallarta, en un acto discriminatorio y represivo por causas no expresadas”.

Pidió al gobierno de Jalisco recuperar el recurso, y utilizarlo en lo que fue comprometido.

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, descartó renunciar a su cargo, por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a Ovidio Guzmán López –hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera–, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

“Mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa”, dijo el funcionario durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Apuntó que él no buscó la responsabilidad que tiene, “pero una vez asumida, no la eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida en que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad”.

El funcionario se refirió a este tema, luego de que las diputadas Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), Ana Lucia Riojas Martínez (sin partido), Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) le exigieron, por separado, su renuncia por el resultado y manejo informativo del operativo para detener a Ovidio Guzmán.

Durazo Montaño indicó que “es muy fácil renunciar; lo más difícil es continuar cumpliendo la responsabilidad sin flaquear, no obstante, la complejidad de la circunstancia”.

Agregó que no está cumpliendo “una tarea de partido que pueda aventar a mi satisfacción y a mi entero gusto. Tengo una responsabilidad seria, delicada y comprometedora a la que no puede renunciar a la menor provocación de un partido político”.

Señaló que respeta la posición del PRD, “pero, con todo respeto, creo que no tienen autoridad moral para hacer un planteamiento de esa naturaleza”.

Ciudad de México.-El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) propuso “generar una política de Estado de aquí al 2024, para que gobierne quien gobierne, a partir de esa fecha, haya una política de Estado que no sea modificable, que perdure, que le demos tiempo para que madure. Eso es lo que haría un país comprometido con el tema” de la seguridad.

Asimismo, manifestó la disposición de su partido para apoyar la estrategia del presidente con recursos e iniciativas, así como entender también “que esta nueva realidad, este nuevo modelo también nos lleva a entender que no podemos nunca más darle más valor a aprehender a un criminal, independientemente de su dimensión en contra de la vida de inocentes”.

“Pensemos en aquellas vidas en Sinaloa que se salvaron por no irnos a una batalla que hubiera generado una masacre con este grupo paramilitar que buscaba retar al Estado mexicano. Hay que entenderlo y hay que reconocerlo”.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, indicó que en los sexenios de 2006 a 2018, ”los gobiernos mexicanos decidieron emprender una estrategia de seguridad pública que tenía como rostro principal el enfrentamiento cara a cara con el crimen organizado”.

Esa estrategia no funcionó “y ese continuismo de 12 años simplemente incrementó el número de muertos y la inseguridad en casi todas las entidades federativas de este país”.

Recordó que el presidente de México obtuvo 30 millones de votos, lo que “le da legitimidad absoluta para presentar un nuevo modelo, que busca no encarar, que entiende también que el uso de la fuerza pública es un derecho de las autoridades que combaten al crimen organizado, pero también con la misma fuerza, con la misma inercia, con el mismo recurso la reconstrucción del tejido social que tiene que ver con un simple hecho: volver a convivir, esa es la definición de la reconstrucción del tejido social”.

Se requiere que “más mexicanos se integren a la Escuela Militar y a la Escuela Naval, porque hoy ya con la Guardia Nacional, con su mando civil, podemos formar con esa disciplina militar y naval a mexicanos que nos ayuden en esta tarea.

“Y por qué no pensar en mediano plazo de un problema tan grande y de una bomba de tiempo que tenemos en los reclusorios, que tenemos en el Sistema Penitenciario Mexicano, pueden ayudarnos las fuerzas armadas como lo hacen en las cárceles militares para detener ese cáncer que lamentablemente se han vuelto las cárceles en nuestro país”.

Ciudad de México.- Tras cuestionar el manejo de la información sobre el operativo ejecutado en Culiacán, Sinaloa, la diputada Ana Lucia Riojas Martínez (sin partido) pidió su renuncia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Durante la comparecencia Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, la legisladora calificó como contradictorio apresurado, incoherente e improvisado el informe que dio el Gobierno federal sobre dicho operativo.

“En un montaje mañanero nos muestran las estrategias que emplearon la Sedena y la Guardia Nacional para ejecutar la aprehensión de (Ovidio) Guzmán, pero poco dicen de las decisiones tomadas. Nos presentan una verdad histórica para insistir en que se salvaron vidas inocentes”, aseveró

La diputada responsabilizó al funcionario de poner en riesgo la vida de muchas personas y recordó que el jueves 17 de octubre murieron 13 personas, entre militares y civiles; “además una ciudad fue sitiada en pleno día”.

Riojas Martínez expuso que el Colectivo Seguridad sin Guerra y la Organización Causa en Común, han invitado a legisladoras y legisladores a hacer las preguntas necesarias para llenar los vacíos de comunicación que aún, después de dos conferencias del presidente, persisten sobre dicho suceso.

La diputada preguntó al secretario: ¿cuándo en realidad se enteraron los miembros del gabinete de seguridad sobre el operativo? ¿cuándo informaron al presidente? ¿quiénes dieron las órdenes? Y ¿por qué se mintió diciendo que había sido espontáneo?

Ciudad de México. – El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES) consideró que para combatir a las organizaciones criminales es necesario enfocarse en políticas preventivas de adicciones y fortalecer la cohesión social.

Lo anterior, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

El diputado federal reconoció al gabinete de seguridad por haber asistido a la Cámara de Diputados a “darle la cara a México”.

Asimismo, resaltó las coincidencias que tiene el PES con el gobierno Federal en el contenido de su informe de gobierno, como lo es generar las políticas preventivas de adicciones y enfocadas en la cohesión social.

Argüelles Victorero destacó la importancia de reorientar recursos “hacia programas de reinserción, desintoxicación y combate a las adicciones, para acabar con grupos criminales”.

Refrendó el apoyo del PES a quienes defienden y protegen a la población mexicana, a todas las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, la Policía Federal, las Policías Estatales y Municipales.

Enfatizó que para que exista seguridad se necesitan recursos, por lo que reiteró su apoyo a la reducción del financiamiento a los partidos políticos, a fin de que estos recursos se inviertan al fortalecimiento y operación de la Guardia Nacional o para el Centro Nacional de Inteligencia.

Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano propuso la construcción de un nuevo acuerdo nacional en materia de seguridad, de justicia y de paz, informó el coordinador de la bancada, Tonatiuh Bravo Padilla.

“Debe haber un nuevo acuerdo nacional para la seguridad, la justicia y la paz, que tiene que ser construido con la participación del conjunto de las fuerzas políticas”, puntualizó durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Indicó que es necesario dejar atrás las expresiones incriminatorias, las tentaciones de continuar politizando el tema de la seguridad; “los descalificativos no ayudan ni aportan a la solución que las ciudadanas y ciudadanos están esperando por parte de los Poderes de la Unión”.

“Unamos los esfuerzos, convoquemos a la sociedad y a las instituciones en general para construir este acuerdo nacional en materia de seguridad pública”

Sostuvo que un sólo orden de gobierno no va a lograr todos los resultados que requiere el país.

“Se requiere coordinación con las entidades federativas y municipios. La tarea no es sencilla, cuando estamos ante un gigantesco desafío y necesitamos edificar un sólido tejido entre las corporaciones policiacas de los diferentes órdenes de gobierno”.

El centro de un nuevo acuerdo nacional debe ser un cambio de estrategia, donde se considere el elemento binacional de seguridad, “no podemos dejar por fuera, que la seguridad en este país involucra a los Estados Unidos”.

Por lo anterior, Bravo Padilla preguntó al funcionario: ¿está dispuesto el Ejecutivo Federal a una nueva estrategia integral que tome en consideración entidades federativas y municipios?

También, ¿está de acuerdo en que se haga una reestructuración del presupuesto 2020 y que se recuperen las partidas que acusan una baja en fondos estratégicos para esa seguridad?

Ciudad de México. –La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) pidió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, renuncie a su cargo en un acto de congruencia, ante los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

El PRD ratificó la solicitud de juicio político en contra del funcionario, debido a la actuación de la secretaría en los hechos suscitados el pasado 17 de octubre en Sinaloa, así como la falta de resultados en materia de seguridad, añadió.

Lo anterior, durante la comparecencia del citado secretario de Estado, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Esparza Márquez subrayó que lo ocurrido en Culiacán hizo evidente que el gobierno “no tiene una estrategia de seguridad”.

Lamentó las distintas versiones que se dieron al respecto, además de la falta de información oportuna, “pero sobre todo la aceptación del Presidente de no estar informado de este operativo”.

“Lo más lamentable fue la forma irresponsable en cómo se expuso a las y los habitantes de Culiacán. No vengan aquí a autonombrarse héroes por solucionar un problema que ustedes mismos generaron”, aseveró.

La diputada señaló que los alcances de la Guardia Nacional son ineficientes, pues “quedó demostrado con las diferentes masacres que se han registrados, donde han sido asesinados niñas y niños, como ocurrió en Iztapalapa”, cuando hombres armados irrumpieron en una fiesta infantil, hiriendo a menores de edad.

“Se le han dado todas las herramientas para cumplir con su misión, no hay excusas”, abundó.

Respecto de la estrategia nacional de seguridad, la legisladora preguntó: ¿qué explicación tiene el uso de la Guardia Nacional para detener y victimizar a los migrantes centroamericanos?

Añadió que el Gobierno federal muestra “clara contradicción” en sus decisiones, por un lado, dice que busca fortalecer a estados y municipios; por otro, se reducen los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Ciudad de México. – El diputado Héctor Yunes Landa (PRI) aseguró que la bancada a la que pertenece ha proporcionado al poder Ejecutivo “todas las herramientas que nos ha solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares”.

Sin embargo, dijo, “el propio presidente de la República se fijó a sí mismo el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. El plazo ya se cumplió, lo que no se ha cumplido es el compromiso”.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, precisó: el PRI apoyó la creación de su Secretaría, respaldó la creación de la Guardia Nacional y aprobó la propuesta de presupuesto que, para el combate a la inseguridad, nos envió el gobierno federal.

“No obstante, ello, el partido en el poder, a propuesta del gobierno de la República, impuso para este año que está corriendo, recortes sensibles a fondos destinados a la seguridad de los municipios, que es la célula fundamental del Estado”.

Más aún, “el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, contempla un nuevo recorte de 27.7 por ciento al Fortaseg, en términos reales. Nunca he visto, nunca, que un buen médico, cuando se agudiza la infección de su paciente reduzca los antibióticos que le aplica, es lo que está pasando en este momento con la seguridad y el presupuesto que le quieren asignar”.

Yunes Landa enfatizó que los municipios de México requieren fortalecerse, no debilitarse, demandan apoyo no abandono. “Sus representantes necesitan atención, no gases lacrimógenos”.

Aseveró que 2019 ha sido tremendamente violento, con una cifra histórica de homicidios e impresionantes demostraciones de la capacidad de fuego con que cuentan los cárteles de México. “Sin embargo, no hay un reconocimiento del gobierno federal de esta lamentable situación. No vemos un afán de autocrítica y tampoco de corrección”.

Por otra parte, la coordinación de la Federación con los estados en materia de seguridad no refleja una estrategia alentadora.

“Comparto con ustedes dos perlas de mi estado, Veracruz. Tras la masacre de Minatitlán, la primera de 14 registradas este año, el gobernador Cuitláhuac García, en presencia del presidente de la República, anunció que al día siguiente comenzaría la pacificación de Veracruz, regalando 500 vaquillas; hace unos días apenas, el mismo gobernador festinó el resultado de su política de seguridad, anunciando que se han recuperado más automóviles de los que se han robado”.

El diputado del PRI cuestionó al funcionario federal sobre cuál es su balance de la estrategia nacional de seguridad y qué debe corregirse. También si tiene previsto promover la sustitución de los 21 mil de los 72 integrantes de la Guardia Nacional que se encuentran realizando tareas migratorias, con personal distinto para que las fuerzas de seguridad se concentren en su tarea fundamental, la que les corresponde.

“Y, no obstante que tenemos claro que es una facultad exclusiva de nosotros los diputados federales, aprobar o no o modificar el presupuesto, le pregunto si ha valorado solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su reconsideración en el recorte de los recursos a los municipios. en materia de seguridad.

Reiteró la disposición de su partido para seguir abonando a la pacificación del país. “Demos una sola cara y constituyamos un solo frente para combatir la inseguridad que nos agravia a todos, México nos lo demanda”.

Asimismo, destacó la lealtad, disciplina y valentía de las Fuerzas Armadas de México, que siguen siendo las mejores aliadas “para que cumpla usted, señor secretario, la tarea que le fue confiada.

El PRI, dijo, “mantendrá su irrestricto apoyo a nuestros soldados y a nuestros marinos. Lo hacemos por convicción, pero, además, porque contamos entre el grupo parlamentario, con miembros del más alto rango de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las personas del diputado almirante Juan Ortiz Guarneros y del diputado general Benito Medina Herrera”.

Ciudad de México. –El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) señaló que el Gobierno Federal puso en un grave riesgo a las y los ciudadanos de Culiacán, al ceder ante el terrorismo de las amenazas contra los ciudadanos y dejar libre a delincuentes.

Lo anterior, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

El legislador aseveró que los muertos del “operativo fallido” en Culiacán, Sinaloa, “pesan hoy sobre los hombros del secretario de Seguridad”.

Sin embargo, reconoció el trabajo de los elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal, Ejército y Marina, “que todos los días salen a arriesgar su vida por la seguridad de las y los mexicanos”.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y lamento, contundentemente, que se utilice al Ejército, a la Marina, como escudo para explicar una fallida estrategia, porque el Culiacanazo puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos con una fallida estrategia”.

El prestigio de nuestras fuerzas armadas, dijo, “no es de hoy ni del primero de diciembre, es de muchísimos años y la recomendación es acudir a los profesionales de la seguridad. Atiendan a los profesionales de la seguridad. No queremos improvisados en materia de seguridad. No queremos más muertes”.

Puntualizó que en México están aumentando los muertos a causa de la inseguridad; “30 mil quinientos dieciocho a este momento”.

Por ello, el PAN “está para trabajar en una estrategia real, no en inventos ni en payasadas”.

Ciudad de México.-  El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) aseguró que, en su grupo parlamentario, conociendo la aplicación de que la ley debe regir el principio de ponderación en el uso legítimo de la fuerza que al Estado mexicano corresponde, “reconocemos la actitud del gobierno de la República en los sucesos de Culiacán, Sinaloa, de hace dos semanas para evitar un baño de sangre en donde la población civil hubiera sido la más afectada”.

Recordó que “300 muertos hubo en Tlatelolco. ¿Y qué costó al país? ¿Cuántos hubiera habido en Sinaloa si no se ve con mesura con la verdadera actitud en la que actuaron?”

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, dijo que quienes hoy cuestionan al Estado Mexicano “porque dejaron en libertad a un delincuente, en realidad son defensores oficiosos del narcotráfico, y actúan con ánimo faccioso de erosionar la confianza que el pueblo de México le tiene al Presidente de la República”.

Es increíble cómo a la oposición no le importa la seguridad ni la estabilidad social, “sino querer derrocar, escúchese bien, el proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No podrán, porque el país tiene un presidente con autoridad moral que el pueblo le confirió”.

Reconoció que la inseguridad es uno de los grandes reclamos de la sociedad. “Para dotar al Poder Ejecutivo de mejores instrumentos que permitan combatir a las organizaciones delictivas, este Poder Legislativo, todas y todos hemos dotado de distintos instrumentos legales a esta Secretaría”.

En este sentido, se aprobaron reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y las leyes secundarias de Guardia Nacional, uso legítimo de la fuerza y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

También las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Le otorgamos a su dependencia, señor secretario, la facultad de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación”.

“Es muy difícil desmantelar todo lo que está generado en el país. La inseguridad galopa en todo nuestro territorio nacional. Permitimos que se destruyera el tejido social y las instituciones, todas, lamentablemente fueron tocadas por el narcotráfico”.

Ciudad de México.-  El diputado Erik Morales Elvira (Morena), secretario de la Comisión de Deporte, planteó darle más atribuciones a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) para que haya una verdadera justicia deportiva.

“Los derechos de los deportistas muchas veces son atropellados y estamos buscando justicia deportiva”, actualmente la CAAD es el único órgano que la imparte, por lo que se convierte en una especie de procurador de los atletas, sostuvo en rueda de prensa.

Informó que presentó una iniciativa en esta materia, ya que es necesario una reforma integral en la parte administrativa con miras a ampliar sus servicios y llegar al mayor número de interesados dentro de esta comunidad.

La CAAD tiene a su cargo tramitar el recurso de apelación, contar con oficinas regionales y fungir como panel de arbitraje y coadyuvar en mediaciones y conciliaciones.

El diputado consideró que es necesario que existan más salas, no sólo a nivel regional, sino también estatal, “en donde el deportista tenga la oportunidad de plantear dónde se siente atropellado en sus derechos”-

“Necesitamos más certeza, más claridad. Y para ello necesitamos reestructurar el deporte en general”, aseveró.

Detalló que su iniciativa propone que la CAAD, “tenga más fuerza, que pueda castigar y tener una repercusión en las federaciones, para que realmente sean tomadas en cuenta sus decisiones y los veredictos”.

“Que el deportista se sienta realmente valorado, que se sienta que es la parte principal del porqué existe la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y las federaciones”.

Morales Elvira también informó que esta mañana la comisión tuvo una reunión con autoridades de la Conade en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, a la que se le otorgaron 2 mil 700 millones de pesos.

“Estamos hablando con la Conade, requieren 5 mil 200 millones de pesos para cumplir todas las necesidades básicas del deporte. Sin embargo, sólo serán 2 mil 700 millones, lo cual representa el más alto de los últimos cinco años”, explicó Erik Morales.

Ciudad de México.-  El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó ante la Cámara de Diputados que el trabajo que realiza la Guardia Nacional en materia migratoria tiene como objetivo combatir el tráfico de personas.

“No crean ustedes que esas caravanas (de migrantes centroamericanos) tienen un origen espontáneo, están promovidas por traficantes de personas”, aseveró el funcionario durante su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Los traficantes de personas representan un reto para la seguridad pública del país, agregó.

Durazo Montaño comentó que la Guardia Nacional, en la ley, tiene la responsabilidad de coadyuvar en el tema migratorio para combatir el tráfico de personas.

“El 80 por ciento de los migrantes que cruzan nuestro país vienen patrocinados o vinculados con una organización de tratantes de personas”, finalizó.

Ciudad de México.- La estrategia del Gobierno Federal para combatir la delincuencia busca eliminar de raíz sus causas, para ello cuenta con instituciones sólidas, disciplinadas, leales y patriotas para preservar la paz y tranquilidad de los mexicanos, señaló el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Durante la comparecencia de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, puntualizó que, para recomponer el tejido social, “se busca brindar oportunidades a todas y todos, sobre todo los jóvenes, quienes siguen siendo las principales víctimas de la violencia”. 

El líder parlamentario destacó la presencia en la sesión de este jueves de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina; también del Consejero Jurídico de la Presidencia y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, quienes acompañaban a Durazo Montaño en su comparecencia.

Esta acción muestra que “hay un equipo sólido, unido y profesional al frente de la seguridad de la nación, y vienen aquí a dar la cara y a rendir cuentas”, indicó.

El diputado reconoció la lealtad y patriotismo del gabinete de seguridad que acompaña al Presidente de la República en su estrategia de pacificación del país.

El Congreso de la Unión, recordó, ha dado al Gobierno la Guardia Nacional, “con un consenso político histórico, porque sabemos que más allá del debate a corto plazo y de la mezquindad política que pudiera haber en algunos actores, lo que más nos mueve y une es la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos”.

“Nos alegra ver que empezando por el Presidente de la República se toman acciones con visión de Estado, con inteligencia y protegiendo la vida de los mexicanos”.

Mario Delgado compartió que el Congreso mexicano ya manifestó a congresistas americanos la necesidad de un financiamiento para detener el tráfico ilegal de armas, a fin de continuar con la pacificación de México.

Ciudad de México.-  Tras referirse a los hechos de violencia e inseguridad ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguro a la Cámara de Diputados que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad y que habrá momento para capturar a quienes delinquen.

“De lo que puede estar completamente segura esta soberanía es que invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y nuestro compromiso indeclinable”, dijo al iniciar su comparecencia ante el Pleno cameral, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

“Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos a no dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”, agregó.

Durante su comparecencia, el funcionario estuvo acompañado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, así como del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra.

Asimismo, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, un documento con el informe pormenorizado de los acontecimientos suscitados en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

Durazo Montaño comentó que en el caso Culiacán, “lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública”.

“A propósito de Culiacán, la transparencia en materia de seguridad pública es un principio fundamental de este gobierno. Por primera vez se transparentan las cifras cotidianas de incidencia delictiva y en delitos de alto impacto”, agregó.

El secretario apuntó que el gobierno federal ha preferido la crítica y el debate sobre este asunto, que mantener la opacidad.

“Esta transparencia es posible porque no tenemos nada que ocultar, porque no nos interesa mantener secrecía alguna, salvo en aquellos aspectos sensibles para el debido proceso, los derechos humanos o la seguridad nacional”, externó.

“No defendemos intereses oscuros ni inconfesables. No nos mueve ni el ‘cochupo’ ni la componenda, sólo el objetivo de pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela”, abundó.

Durazo Montaño indicó que el gobierno federal ha sido sujeto de “una dura crítica” en materia de seguridad, e incluso por no usar la fuerza pública contra algunas manifestaciones sociales.

“Las críticas han llegado fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. Los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas. Es importante no ignorar estos puntos de vista, pero también explicar el nuestro”, expuso.

Sostuvo que la anterior estrategia de seguridad pública basada en el uso de la fuerza policial y militar probó ya sus límites, y generó decepciones; en la actual administración “pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos”.

Destacó que los valores del humanismo son la guía del comportamiento político del actual gobierno. “Defender la integridad física y la dignidad de las personas, primero que nada. Evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles. Combatir a quienes vulneran a México privilegiando en todo momento el uso de la inteligencia sobre la fuerza”.

Ciudad de México.-  La ciudadana Yolanda Bustillos Galaviz, hablante de la lengua pima, señaló que debido a la violencia que hay en la región norte del país, algunos hombres abandonan su pueblo y dejan toda la responsabilidad de la familia a la esposa y eso afecta las ceremonias y fiestas tradicionales de los pueblos pimas.

En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, desde tribuna, recordó que las principales festividades que celebran los Pimas o o'ob son: semana Santa, Yúmari, fiestas de San Isidro Labrador, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Juan Diego y San Francisco de Borja.

Compartió que los Pimas están ubicados en varias comunidades aledañas a Maycoba, perteneciente al municipio de Yécora, Sonora, y en el municipio de Temósachic, Chihuahua.

“Vivimos en casas de madera y adobe en medio del bosque, cerca de los arroyos. A veces vamos a nuestros ranchos para la siembra y cosecha de maíz y frijol, a lo que en especial nos dedicamos”.

Asimismo, algunos trabajamos en los ranchos de ganados, en la fabricación de carbón y en los aserraderos de pinos, comentó.

También muchas de nuestras mujeres trabajan en casas, limpiando, lavando ropa y cocinando. Cinco de nosotros somos maestros de la sección indígena de la Secretaría de Educación y Cultura. También algunos trabajan en las compañías mineras de la región, añadió.

Compartió que la relación familiar de los pimas se ve afectada por los trabajos en la minería, “pues las familias se ven separadas, ya que el papá, y en algunos casos la madre, se tienen que ir a trabajar lejos por varios meses”.

Añadió que otro problema grave es la destrucción de bosque, debido a la presencia de las empresas mineras y forestales.

“Nosotros, como pimas, sufrimos las consecuencias del alcoholismo y narcotráfico. Abundan las armas, hay muchísima inseguridad. Nos hacen falta mejoras básicas en vivienda, caminos, empleos, salud, seguridad y, principalmente, educación, pues queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad de una educación universitaria”, subrayó.

Nueva York, Estados Unidos.- La transparencia es uno de los elementos imprescindibles en la construcción de una nueva relación entre gobierno y sociedad, pues contribuye en la sustitución del esquema burocrático tradicional de gobernar por uno que se abre a la participación ciudadana, planteó Oscar Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al impartir la conferencia y curso en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para Migrantes y Funcionarios consulares, en Nueva York, Estados Unidos, Guerra Ford destacó que actualmente México cuenta con un marco normativo encaminado al desarrollo de un Estado abierto.

La transparencia y la rendición de cuentas abren una ventana de oportunidad para avanzar en la consolidación de la gobernanza democrática, a partir del incremento de la confianza en las instituciones de gobierno y el fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos, planteó.

En el Consulado General de México en Nueva York, el Comisionado indicó que, de 2003 a la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha recibido un total de 22 mil 691 solicitudes de información y se han interpuesto mil 253 recursos de revisión.

Los temas más recurrentes en las solicitudes relacionados con la materia de los consulados corresponden a repatriación de cadáveres, mexicanos detenidos o presos en el exterior, protección de bienes en el extranjero, derechos laborales en el extranjero, migrantes fallecidos o desaparecidos, delitos cometidos contra mexicanos (crímenes de odio), trata de personas, violencia de género en el extranjero, mexicanos sentenciados a muerte, migrantes menores repatriados, y programas consulares.

En materia de datos personales, el Comisionado indicó que, de 2003 a la fecha, la SRE ha recibido un total de 7 mil 884 solicitudes y 124 recursos de revisión.

Guerra Ford detalló que este derecho incide en temas fundamentales para la población, como el acceso a la salud; en ese sentido, expuso el caso de una mujer que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) conocer el tipo de cesárea que se le realizó, para decidir el tipo de parto que tendría en Australia.

El ISSSTE puso a disposición de la particular dos copias simples en la oficina de la Ciudad de México, sin embargo, la particular requirió la intervención del INAI, ya que no podía acudir físicamente a recoger la respuesta, pues se encontraba en el extranjero. En este caso el Instituto resolvió que el sujeto obligado debió ofrecer el envío de la respuesta mediante correspondencia.

Finalmente, el Comisionado señaló que una de las consecuencias positivas de la práctica de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales es que las instituciones se vuelven más sensibles y receptivas a las demandas de la sociedad.   

La aplicación de las leyes en la materia ha implicado un compromiso por parte de las instituciones públicas para implementar políticas y mecanismos que generen espacios de participación y entendimiento compartido entre gobierno y sociedad, concluyó el Comisionado.

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dar a conocer la versión íntegra de las siete cartas dirigidas a igual número de partidos políticos con registro nacional, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en los que se les invita a ponerse al corriente, de manera espontánea, en el pago de sus cuotas obrero-patronales. 

Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Josefina Román Vergara dijo que con la publicación de la información se ejercería un acto de rendición de cuentas traducido en un real ejercicio de fiscalización ciudadana, al dar a conocer a la sociedad el actuar de las autoridades ante el presunto incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de entidades de interés público, como lo son los partidos políticos. 

“La necesidad de que el IMSS y los partidos políticos se sometan a una regulación de carácter público como lo es la transparencia, tiene por objeto asegurar que el desarrollo de sus funciones y su comportamiento no pongan en riesgo los principios y valores democráticos como lo son la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, y la transparencia”, enfatizó. 

Román Vergara aseguró que la transparencia es condición para la consolidación del Estado de derecho y para que la rendición de cuentas sea una realidad.

“Difundir esta información le permite también a la sociedad conocer los mecanismos y herramientas que implementa o pone en marcha el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, para combatir la simulación en las cuotas obrero-patronales, pues es obligación de los patrones el comunicarle las altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, con la finalidad de que gocen del derecho a la seguridad social”, dijo la Comisionada.

Un ciudadano acudió ante el INAI, ya que el sujeto obligado indicó que las cartas solicitadas información era de carácter confidencial, por tratarse de secreto fiscal.

Asimismo, durante la tramitación del asunto, el sujeto obligado argumentó que dar a conocer la información solicitada, obstruiría las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, afectando la regularización de los derechos de seguridad social de los trabajadores, así como de la recaudación de contribuciones y, en su caso, la persecución de los delitos. 

En el análisis de caso, la ponencia recordó que los partidos políticos son entidades de interés público, que reciben recursos públicos para el financiamiento de sus actividades, estructura, sueldos y salarios. Asimismo, destacó que no se actualiza el secreto fiscal, ya que no se ubica en los supuestos del Código Fiscal de la Federación, puesto que se tratan de comunicaciones entre dos sujetos de derecho público, que perciben, utilizan y administran recursos públicos, y se encuentran sujetos al principio de máxima publicidad y, por ende, a la rendición de cuentas. 

Ciudad de México.- México respeta la decisión soberana del gobierno chileno de no hospedar la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que habría de celebrarse en Santiago de Chile el próximo mes de diciembre.

Si bien se requiere de una sede para llevar a cabo las negociaciones climáticas, la implementación de los compromisos bajo el Acuerdo de París no puede esperar. Esta decisión no debe implicar que el proceso multilateral se detenga. 

Actualmente, el Secretariado de la Convención analiza posibles sedes y fechas alternas.

México hace un llamado a la comunidad internacional a seguir trabajando en los esfuerzos multilaterales para avanzar en la implementación de los compromisos del Acuerdo de París. 

Toda vez que nuestro país ratificó el Acuerdo en septiembre de 2016 e incorporó sus metas a la Ley General de Cambio Climático en julio de 2018, el combate al cambio climático sigue siendo una prioridad nacional.

Al respecto, en breve habrá de instalarse la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), en cuyo marco 14 secretarías de la Administración Pública Federal habrán de aprobar el Programa Especial de Cambio Climático y las políticas públicas en esta materia.

El objetivo de la rodada ha sido homenajear a los ciclistas que han fallecido en sus trayectos, mismo que ya suman 19 durante el año en nuestro estado.

El recorrido fue encabezado por Everardo Flores Gomez, presidente del colectivo Cicloturixes A.C. y el licenciado José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Social del municipio.

En todo momento el derrotero estuvo custodiado por la Policía Municipal de Mérida, quien garantizó la seguridad de los ciclistas.

En 2018, cerca de 1,000 ciclistas tomaron las calles de nuestra ciudad y de acuerdo a cifras oficiales, en esta edición 2019 se rompió récord con más de 1, 500 asistentes en un trayecto que inició en el Parque de Santa Ana en punto de las 9:20 de la noche, pasando por el Cementerio General para un recorrido a cargo de Servicios Públicos Municipales, y finalizar con una premiación a la mejor bicicleta y disfraz en las instalaciones de Capillas Señoriales.

El primer lugar fue otorgado a “Los Catrines”, cuyo creador obtuvo como premio a su ingenio y creatividad una bicicleta.

 El segundo lugar “El leñador” y el tercer lugar “Frida Kahlo”, se hicieron acreedores a equipamiento de ciclismo entre los que destacan guantes y luces de visibilidad.

Durante la ceremonia de premiación, el licenciado José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo social, felicitó a los ganadores y resaltó que esta actividad es la más grande del colectivo, quienes durante el año realizan diversos recorridos y rodadas con el fin de fomentar el uso de la bicicleta.

“Nuestra ciudad cada día presenta un crecimiento y desarrollo mayor que exige nuevas formas de movilidad urbana, que abonen al cuidado de nuestro medio ambiente, fomenten la convivencia familiar y fortalezcan el tejido social. Desde el Ayuntamiento de Mérida, encabezado por nuestro alcalde Renán Barrera Concha, seguiremos generando las facilidades para que esto suceda” concluyó.