Ciudad de México.- La Comisión de Radio y Televisión aprobó, por unanimidad, el dictamen que reforma y adiciona una fracción “X” al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, a través de los medios de comunicación.

La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), presidenta de la comisión, mencionó que las reformas deben formar parte fundamental de la inclusión de este sector de la población.

La evolución que ha tenido el tema en materia de discapacidad en México, ha comenzado a cambiar gradualmente nuestra percepción en favor de quienes tienen o viven esta situación. Su inclusión en la comunidad permite ver con mayor naturalidad el papel que representan y desempeñan día con día en beneficio de la sociedad.

Dijo que de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala la obligación de los medios de comunicación para colaborar a la plena integración de este sector.

La reforma propone que la programación que se difunda a través de radiodifusión, televisión y audio restringidos, deberá propiciar el fomento al respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Establece que la programación que se difunda a través de la radio o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: El respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Ciudad de México.- Al inaugurar el “Primer foro de atención a las enfermedades transmitidas por vector: dengue, zika y chikungunya”, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena) señaló que las cifras de contagios aumentaron, por lo que es importante alertar a las autoridades y crear legislaciones para su prevención.

Dijo que esas enfermedades víricas no solo afectan de forma física sino de manera social y económica. Los casos van en aumento, lo que exige a los legisladores, autoridades de todos los niveles, institutos de salud, académicos e investigadores tomar las medidas necesarias para su prevención y control, subrayó.

Indicó que los moscos transmisores se reproducen en zonas geográficas que van del clima cálido al semi-húmedo, por lo que los casos se enfocan en regiones específicas del país en las que el desarrollo de la infraestructura en salud, sobre todo hospitalaria, no ha sido el adecuado para atender la crisis epidemiológica.

Comentó que resulta insuficiente el financiamiento de la salud pública en prevención; por ello es necesario garantizar que en las regiones que presenten este problema se emprenda una estrategia coordinada para erradicar el dengue.

“Se reconoce los esfuerzos sobre este tema, que se han realizado mediante campañas en las regiones; sin embargo, no han sido suficientes, ya que hemos visto por medio de las cifras que se han dado a conocer, que los casos van en aumento y que esto nos alerta a tomar las mejores decisiones para evitar más muertes”.

La diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena) expuso que ya casi al final del otoño a nivel nacional se reportaron más de 35 mil 500 casos confirmados de dengue, a diferencia del 2018, cuando hubo 11 mil 200.

“A estas alturas hay 135 muertos, mientras que en 2018 fueron 67 y todavía hay presunción de que más de 244 mil personas están infectadas de dengue; Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca son los estados de más alta incidencia”.

Señaló que en 2019 los casos de enfermedades transmitidas por moscos superaron como nunca los del año pasado. Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional con 8 mil infectados y son más de 150 municipios los azotados por el dengue.

La diputada Carmen Medel Palma (Morena) manifestó que es necesario apostarle a la prevención. “Es una tarea de todos, no nada más de las instituciones, y el implementarla nos ahorrará económicamente”.

La investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Angélica Ruiz Font, explicó que el dengue es la enfermedad más agresiva transmitida por mosquitos; la incidencia es 30 veces mayor de lo que era hace 50 años; en 2010 se reportaron 96 millones de infectados (13 millones en América). Por Zika, en 2007 había 900 casos, pero entre 2014 y 2015 rápidamente se detectaron infecciones en Brasil y México.

De la división de Epidemiología del IMSS, Ulises Ángeles-Garay expuso que el chikungunya se caracteriza por fiebre alta, dolor articular de las muñecas, tobillos y dolor de cabeza intenso, algunas veces puede haber salpullido, ojos rojos, dolor abdominal, náuseas o diarrea; se cura en corto tiempo si el paciente guarda reposo y se hidrata.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, comentó que podría haber continuidad de la transmisión en los estados epidémicos de 2019 para el primer trimestre del 2020.

Incluye a Colima, Guerrero, Oaxaca (en su zona costera), Quintana Roo, Tabasco y Veracruz”.

De la Universidad de Oriente, Puebla, la doctora Adriana Ocomatl Palomares indicó que el zika fue detectado en 1947 y en el 2015, a finales de diciembre, se reportó el primer caso en Brasil. Asimismo, es un virus que se transmite por un vector, transfusiones de sangre o contacto sexual.

De la misma institución, Sebastián Manuel Soriano Peña comentó que no se cuenta con ningún tratamiento antivírico específico para pacientes con la enfermedad del virus del zika. “Se debe evitar la aspirina y otros antinflamatorios no esteroides para reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas”, alertó.

Ciudad de México.- La Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Benito Medina Herrera (PRI), aprobó un dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a que, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, aplique de manera permanente y a nivel nacional la campaña de canje de armas y desarme voluntario.

De igual forma, pide que la Sedena realice una campaña permanente de concientización con la población sobre los riesgos y peligros mortales derivados de disparar al aire un arma de fuego.

El propósito es disminuir los actos trágicos o violentos dentro del núcleo familiar o comunitario, así como captar el armamento para su posterior destrucción.

El documento destaca que de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, la Sedena captó 96 mil 775 armas, de las cuales 65 mil 567 eran cortas y 31 mil 208 largas; además, recibió 9 mil 630 granadas, dos millones 958 mil 656 cartuchos y 50 mil 278 cargadores.

Del 1º de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019, la dependencia recibió por parte de la población un total de 4 mil 367 armas, sin precisar los tipos, así como 934 mil 443 cartuchos y 480 granadas.

La campaña permanente debe hacer énfasis en los estados y municipios que concentran el mayor número de delitos, de tráfico de armas y de disparos al aire.

Menciona el punto de acuerdo que fue en el 2001 cuando la Sedena, en coordinación con otras autoridades de los distintos órdenes de gobierno, implantaron por primera vez esta acción con el objetivo de que las armas fuesen entregadas de forma voluntaria a cambio de un incentivo económico o artículo de uso doméstico.

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que es falso que el dictamen de la Ley de Amnistía pretenda liberar a delincuentes peligrosos que pongan en riesgo a la sociedad; aseguró que se trata de un tema de justicia social hacía la población más vulnerable.

Explicó que el proyecto de decreto que se abordará esta tarde en las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población, que se prevé discutir el próximo martes en el Pleno, contiene restricciones muy claras; “no es para reincidentes, ni para delitos donde haya habido violencia o el involucramiento de armas de fuego”.

Es para mujeres que están encarceladas por haber abortado; para indígenas que dada su condición no tuvieron derecho a una defensa; y para gente en pobreza que ingresó por un robo simple, destacó. 

Aseguró que las bancadas del PT, PES, MC y PVEM acompañarán este proyecto, en el cual “ha habido una participación muy intensa por parte de organizaciones de la sociedad civil”.

“De lo que se trata es que tengamos una mayor amplitud de criterio para hacer justicia y que la pobreza que no sea un motivo para estar a la cárcel (…) Es falso que quiera liberar a delincuentes peligrosos que pongan en riesgo a la sociedad”, manifestó Delgado Carrillo.

“Es un acto de justicia, la amnistía. Acuérdense que fue presentada por el Presidente de la República justamente el 15 de septiembre emulando lo que hizo Miguel Hidalgo la noche de la Independencia, donde libera a la gente que estaba en la cárcel principalmente por ser pobre”, abundó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que el próximo martes 10 de diciembre se discutirá ante el Pleno, el dictamen para expedir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

Mientras que el jueves 12 se abordará la reducción del financiamiento del financiamiento a partidos político.

Respecto a que esta mañana, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se declaró en sesión permanente para discutir el dictamen para regular la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, dijo que es “un tema bastante complicado” y el Presidente de la República sugirió que se discuta en parlamento abierto.

“He pedido a la Comisión del Trabajo que mejor lo pospongamos, que nos demos un tiempo para estar seguros de lo que vamos a hacer y que proteja a los trabajadores, pero que también no genere alguna desventaja para el sector empresarial”, agregó.

Cuestionado sobre que el Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados la reforma para que permite que el Presidente de la República sea juzgado por corrupción, delitos electorales y traición a la patria, el líder parlamentario dijo que “hay una confusión” respecto a este tema.

“Que quede muy claro el sentido de la reforma, es que el Presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción, electorales y de los delitos graves. Actualmente, diputados y senadores, pueden ser juzgados por delitos graves y delitos del fuero común, es decir, por cualquier delito”.

De incluir a los legisladores en el artículo 108, se acotaría el universo de delitos bajo los cuales pueden ser juzgados actualmente, modificarla “sería ganar privilegios y vamos justamente en el sentido contrario”.

Ciudad de México.-  La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para tipificar como delito las lesiones contra la mujer en razón de su género, con penas que van de 10 años de prisión, como mínimo, y hasta 20 años cuando entre el agresor y la víctima haya existido una relación sentimental o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

Con esta modificación, se distinguen las lesiones dolosas de las lesiones cometidas contra mujeres en razón de su género, al igual que sucedió con la distinción entre homicidio y feminicidio.

El Pleno lo aprobó en lo general por unanimidad con 359 votos; y en lo particular, con 317.

El documento se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen adiciona el Capítulo I Bis denominado “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género”, conformado por los artículos 301 Bis y 301 Ter.

El proyecto de decreto surgió de una iniciativa presentada conjuntamente por diputados de los ocho grupos parlamentarios (Morena, PAN, PRI, PT, PES, MC, PVEM y PRD), el pasado 30 de abril, la cual fue dictaminada por la Comisión de Justicia.

El proyecto de decreto fue fundamentado, en tribuna, por la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, quien comentó que “lo hasta hoy establecido en la tipificación penal existente no ha sido suficiente para atenuar el fenómeno de la violencia por razón de género y tampoco ha logrado inhibir la comisión de dichas conductas”.

Aseguró que la violencia contra las mujeres se ha vuelto amplia y se ha generalizado durante los últimos años. “El tipo más común es el de lesiones dolosas y culposas que representan el 75.65 por ciento de los delitos cometidos contra las mujeres, con un saldo aproximado de 45 mil 495 víctimas reportadas en todo el país de enero a agosto de 2019, de acuerdo con las cifras del secretariado ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública”.

En ese sentido destacó que, al igual que fue necesario distinguir el feminicidio del homicidio de una mujer, ahora es de suma importancia diferenciar también las lesiones dolosas, en términos generales, de aquellas cometidas contra las mujeres en razón de su género “permitiendo visibilizar la expresión extrema de la violencia que resulta de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo”.

El tipo penal aprobado por la comisión contempla el imponer penas de entre 10 y 15 años de prisión al que infiera alteración en la salud o daño producido por causa externa que deje una huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género.

Se establece que hay razones de género cuando la alteración o daño sea infamante o degradante, existan datos que establezcan que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionadas con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima o que la víctima haya sido incomunicada.

Se señala que se impondrán de 15 a 20 años de prisión si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

Asimismo, se establecen agravantes cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable, la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica o cuando esta alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer. En estos casos las penas aumentarán en dos tercios.

Tras la fundamentación del documento, diputadas de diversos grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas. Participaron: Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES), Ana Ruth García Grande (PT), Norma Guel Saldívar (PRI), María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN) y Adriana Espinosa de los Monteros García (Morena).

Posteriormente, hablaron a favor del dictamen Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) y Luis Enrique Martínez Ventura (PT).

Ciudad de México.-  –La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

El Pleno lo aprobó por unanimidad, en lo general, con 406 votos, y en lo particular con 399; luego de aceptar una reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT). Turnó al Senado de la República para su eventual ratificación.

El documento también adicionó la fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud.

El dictamen surgió de una iniciativa de la bancada del PVEM y suscrita por las diputadas y diputados de Morena: Nayeli Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Salud, presidida por la diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena).

El nuevo ordenamiento legal contiene 32 artículos, divididos en tres títulos, sobre “Disposiciones Generales”, “De las Autoridades” y “Diagnóstico Oportuno y Referencia Temprana”.

La Comisión dictaminadora sostiene que esta legislación “es coincidente con las medidas tomadas a nivel internacional para enfrentar la problemática mundial del cáncer infantil”.

Especifica que en 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha la “Iniciativa Mundial Contra el Cáncer Infantil”, con el fin de ofrecer asistencia técnica en materia de liderazgo a los gobiernos para la creación y mantenimiento de programas de calidad dedicados al cáncer infantil.

La Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia establece que las dependencias de la administración pública del Sistema Nacional de Salud implementarán las medidas necesarias para la atención integral y universal de los menores de 18 años con sospechas o diagnóstico de cáncer.

Especifica que serán la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, las encargadas de instrumentar esta legislación.

Su objetivo principal es disminuir la mortalidad de niñas, niños y adolescentes con cáncer, al otorgarles un diagnóstico temprano y acceso efectivo a un tratamiento oportuno, integral y de calidad.

Asimismo, brindar capacitación continua al personal de salud, disminuir el abandono del tratamiento, contar con un registro fidedigno y completo de los casos de esta enfermedad, e implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social sobre el cáncer en la infancia y adolescencia.

Al fundamentar el dictamen desde la tribuna, la diputada Ana Patricia Peralta De la Peña (Morena) sostuvo que este dictamen responde a la exigencia de distintas voces que buscan “velar por el bienestar de nuestras niñas y niños, partiendo desde lo más básico, garantizándoles el derecho a la salud y a la vida”.

Explicó que detrás de la creación de la ley “esta la suma de esfuerzos provenientes de la sociedad civil y expertos en medicina”.

Destacó que el cáncer infantil debe ser considerada una enfermedad prioritaria en salud pública, pues “de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes”.

Peralta De la Peña indicó que con esta ley se pretende disminuir la tasa de mortalidad de las niñas, niños y adolescentes.

En tribuna fijaron la postura de sus bancadas las diputadas Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM), Elba Lorena Torres Díaz (PES), Lourdes Celenia Contreras González (MC), Frinne Azuara Yarzabal (PRI), María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN), y los diputados Francisco Favela Peñuñuri (PT) y Alejandro Barroso Chávez (Morena).

En pro del dictamen hablaron los legisladores Lizbeth Mata Lozano (PAN), Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) y María Roselia Jiménez Pérez (PT).

Ciudad de México.- La diputada Silvia Garza Galván (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del director general de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), José Ángel Carrizales López, por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Sostuvo que el objetivo es que, derivado de las investigaciones que realice la FGR, pueda ser destituido del cargo, toda vez que no cumple con los requisitos ni el perfil que establece la ley que regula la ASEA para ocupar este puesto. 

En conferencia de prensa, la diputada panista acusó al Ejecutivo federal de violentar la ley al designar a personas que no saben del tema en cargos de alta responsabilidad como la dirección de esta Agencia.

“El Presidente de la República le apostó al sector energético, ahí está concentrada la mayor parte del presupuesto. Y entonces la ASEA la va a dirigir una persona que no tiene ni la menor idea de qué significa, por ello, presentamos esta denuncia que replicaremos en la Función Pública y vamos hasta las últimas consecuencias, no podemos permitir que se viole la ley”, aseveró.

Garza Galván indicó que para el cargo de director de la ASEA, se requiere contar con mínimo 5 años de haber ocupado cargos de alto nivel en la materia y Carrizales López sólo ha estado en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y ejercido actividades de recursos humanos.

Expuso que ASEA resulta de la reforma energética, la cual tiene muchísimo peso al supervisar la cadena de valor de los hidrocarburos, concentra la mayor parte del presupuesto y es totalmente técnica, por lo que requiere de personal altamente calificado, iniciando por su director.

“Es un órgano desconcentrado de la Semarnat que regula y supervisa en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente, cuidar a los trabajadores que allí laboran, a proveedores y proteger el medio ambiente, debido precisamente a los impactos ambientales que significa el quehacer de esta agencia en la construcción”, abundó.

Agregó que la cadena de valor de los hidrocarburos contempla la exploración, extracción, almacenamiento, refinación y distribución de los combustibles.

Garza Galván dijo que este gobierno está desmantelando al sector ambiental, pues la ASEA también sufrió una reducción de 21 por ciento de su presupuesto, lo que mermará su operación tan enorme que tiene que hacer.

“Desmantelar las instituciones es aumentar la contaminación en aire, agua y suelo y eso es lo que necesitamos para sostener la vida. Entonces no habrá dinero que alcance para atajar esta ola que se viene en perjuicio de la salud de los mexicanos y mexicanas”, señaló.

Finalmente, la panista confió en que se pueda destituir del cargo al director de la ASEA , donde se concentra la mayor parte de los recursos y que es dinero ajeno al Presidente de la República, porque es de todos.

Ciudad de México.- La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que su grupo parlamentario votará en contra de la Ley de Amnistía, porque no tiene grandes alcances para aquellas mujeres que están en la cárcel por haberse realizado un aborto.

“Lo que seguimos viendo en la amnistía para las mujeres que están purgando una condena por asunto de aborto tiene que ver con el fuero estatal, entonces la ley no tendría grandes alcances para estas mujeres que en mi opinión deberían de estar en libertad”, indicó en declaraciones a la prensa.

Juárez Piña consideró que se debería despenalizar el aborto en el país, porque de no ser así “van a seguir entrando otras mujeres a la cárcel y nada más saldrán pocas”.

Reiteró que la iniciativa de Ley servirá para liberar delincuentes, “sin rehabilitación, sin canalizarlos a un trabajo o programa de reinserción social y ni con una atención a víctimas”.

Comentó que en el dictamen no hay cambios sustantivos, porque en lo que tiene que ver con el robo “sigue siendo con alcance estatal, por consecuencia del fuero común y tampoco tendría los grandes alcances”.

La diputada explicó que, si funcionara el sistema de justicia, los ministerios públicos los jueces y todo lo que tiene que ver con el Sistema Penal Acusatorio, “no necesitáramos la Ley de Amnistía”.

“Tenemos que fortalecer lo que ahora tenemos y saber qué vamos a hacer con todos aquellos que salgan de la cárcel que no van a contar con un trabajo, cómo vamos a lograr la reinserción en la sociedad, entonces debería de haber ahí una propuesta o un programa” con ese objetivo, dijo.

Comentó que en la ley hay dos cosas que son inconstitucionales: una, que aplica solo para el grupo poblacional indígena y afrodescendiente y el otro, “quién le va a decir a la fiscalía que tienes que liberar a tal o cual persona por esta circunstancia,es cuando hay una fiscalía autónoma”.

Ciudad de México.-La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma siete leyes, para combatir y sancionar la violencia política en razón de género, y brindar mayor protección a los derechos políticos y electorales de las mujeres.

El Pleno lo aprobó en lo general por unanimidad con 419 votos; posteriormente, en lo particular obtuvo 416 votos, también de manera unánime.

El documento se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen reforma las siguientes legislaciones: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Surgió de ocho iniciativas presentadas por diputadas y diputados del PRI (una propuesta), del PAN (una), de MC (cuatro), del PVEM (una) y de integrantes de la Comisión de Igualdad de Género (una), entre abril y diciembre de este año. Las iniciativas fueron dictaminadas por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Gobernación y Población.

Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó una propuesta de modificación de las juntas directivas de las Comisiones Unidas, para, entre otros puntos, precisar la definición de violencia política en razón de género y sus formas de manifestación, la cual quedó de la siguiente manera:

“Violencia política en razón de género: es toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización.

“Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier tipo discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres políticas”.

Las acciones de violencia política en razón de género se sancionarán con 50 a 300 días de multa y con seis meses a dos años de prisión.

El proyecto de decreto fue fundamentado, en tribuna, por las diputadas Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la de Gobernación y Población.

Briceño Zuloaga comentó que es fundamental modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para implementar el lenguaje inclusivo, definir la violencia política en razón de género y aplicar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

En la Ley General de Partidos Políticos, apuntó, se reconoce la igualdad sustantiva y se incorpora el principio de paridad de género, el impulso de liderazgo político de las mujeres y la prevención, atención y sanción de violencia política en razón de género.

“En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señala como agravante al catálogo de delitos existentes, quien al ejecutar los delitos previstos provoque, a su vez, violencia política en razón de género”, externó.

Apuntó que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se prevé la creación de la base estadística nacional de violencia política en razón de género, así como la creación de comisiones especiales de violencia política en razón de género.

“En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se indica que el Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género”, abundó.

“La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismos de sujeción. Vamos a romper las cadenas y limitantes impuestas por las prácticas políticas machistas”, destacó.

Por su parte, la diputada Barrera Badillo indicó que sancionar la violencia política de género es un tema que resulta de la mayor trascendencia, “permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer, que como parte de los derechos humanos deben ser asumidos como inalienables”.

Indicó que la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades que implican la organización político-social, ya sea en instituciones del Estado durante los procesos electorales, al interior de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los medios de comunicación.

“En cualquier caso, es inaceptable cualquier expresión de violencia en las etapas que conforman la trayectoria pública o política de las mujeres, así como el arraigo de la percepción de poder a lo masculino”, dijo.

“La erradicación y sanción de la violencia política en razón de género debe ser compromiso del Estado mexicano en su conjunto, asegurando a las mujeres una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación democrática de la paridad política, libre de discriminación y violencia”, subrayó.

Tras la fundamentación del documento, diputadas de diversos grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para fijar la postura de sus bancadas. Participaron: Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES), Julieta Macías Rábago (MC), Clementina Marta Dekker Gómez (PT), Lucero Saldaña Pérez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Laura Martínez González (Morena).

Posteriormente, hablaron en favor del dictamen Araceli Ocampo Manzanares (Morena), Adolfo Torres Martínez (PAN) y Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI).

 Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la Ley de Amnistía será una política pública positiva si se aplica cuidadosamente y realmente se dirige a personas que han cometido delitos de impacto menor en la sociedad.

Sostuvo que en México existe una sobrepoblación en el sistema penitenciario, ya que más del 80 por ciento de las personas que se encuentran recluidas en las cárceles han sido procesadas, pero no sentenciadas.

“La Ley de Amnistía como una política pública que se ha hecho en otros países del mundo, ha funcionado cuando se hace con cuidado, cuando se ha dirigido a delitos de impacto menor en la sociedad, lo que es positivo”, indicó.

El líder parlamentario expuso que el porcentaje mayor de mexicanos o mexicanas que están en la cárcel tiene que ver con gente que tiene poca educación o de recursos muy bajos, por lo que no se puede defender.

Sin embargo, subrayó que la Ley de Amnistía no podría aplicarse de manera generalizada, sino que se tendría que analizar caso por caso.

“Aquí en México lo que estamos buscando es proceder en aquellos casos de gente con bajos recursos que no se pudo defender, ya sea por ignorancia o por falta de recursos económicos, hay casos con indígenas”, enfatizó.

Cuestionado sobre las reformas pendientes que tienen los diputados, Escobar y Vega resaltó que está el tema de la violencia de género y las leyes en materia de cáncer infantil y de amnistía.

Además, lamentó que Morena pretenda avalar la reducción del 50 por ciento del financiamiento a los partidos políticos, pues dijo “es injusto y precipitado”, y lo que realmente se requiere es una reforma electoral integral.

“El PVEM estaba de acuerdo en ir a una reforma integral y si en la negociación había que ceder la parte financiera se hacía, pero si pensamos que el sistema electoral mexicano está enfocado en que reciben muchos recursos los partidos políticos y pensar que esto va a servir para el proceso electoral de 2021, no sólo creo que es injusto, sino precipitado”, asentó.

Ciudad de México.- El ciudadano Abel Altamirano Ramírez, hablante de la lengua Náayeri (cora) originario del municipio del Nayar, en Nayarit, pidió que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan entre la niñez y adolescencia el uso de las lenguas maternas.

“Mi propuesta es que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan acciones de concientización y valoración que ayuden a incentivar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la práctica de su lengua materna en sus hogares, a través de programas y proyectos que revitalicen la cultura y lengua”, dijo en tribuna, en el marco de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Respecto del progreso y desarrollo de los pueblos indígenas, pidió llevar a cabo acciones para aprovechar, respetar y conservar los recursos naturales; asimismo, se refuerce la economía a través de pequeñas empresas de elaboración de juguetes, llaveros, materiales de uso festivo tradicional y su comercialización en la región y fuera de ella,

Lo anterior, para que los jóvenes permanezcan en sus localidades y no tengan que emigrar a otros lugares en el país o fuera de él en busca de trabajo.

Advirtió que la tecnología también interviene en la pérdida de la lengua, “pues bombardea a la sociedad, en general, introduciendo culturas de otros países, ajenas a la nuestra”.

“Los jóvenes náayeri, en su mayoría, cuentan con dispositivos móviles; ven constantemente la televisión y adoptan nuevas maneras de comunicación. Internet sería provechoso si los dispositivos se adaptaran a las culturas y las lenguas de cada pueblo originario, si hubiera programas didácticos en las computadoras en lengua Náayeri que se aprovecharan al máximo”, subrayó.

Lamentó que, en la actualidad, existan muy pocos hablantes de su lengua; consideró que esto responde a que “está en peligro de extinción porque ya no se practica en las familias”.

“Los padres de familia no les hablan a sus hijos en nuestra lengua materna, porque quieren que en la escuela entiendan a los maestros y puedan comprender mejor el español en niveles superiores”.

“En su mayoría, las escuelas de nivel secundaria y preparatoria no cuentan con maestros hablantes de la lengua Náayeri, no realizan actividades referentes a la lengua ni prácticas relacionadas con nuestra cultura”, acusó.

Guadalajara, Jalisco.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Cuaderno de Transparencia 29 “El aporte democrático de la estadística: toma de decisiones, política pública y rendición de cuentas”, de Julio Santaella Castell. 

Al moderar la presentación de la obra, la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, subrayó que el INEGI genera información útil, verídica, actualizada que permite encauzar la acción de gobierno y las políticas públicas. 

“Una sociedad mejor informada puede tomar mejores decisiones. La información estadística y geográfica de calidad puede también impactar en las políticas públicas que se desarrollan, en la evaluación de las mismas y en la participación social”, afirmó.

La Comisionada y Presidenta del Comité Editorial del INAI apuntó que la estadística oficial ofrece un retrato de temas económicos, geográficos sociales, que impactan en la vida de las personas.

“Las evaluaciones y estadísticas hoy nos permiten tener en nuestras manos contenidos que fortalecen el trabajo que vienen haciendo los organismos de transparencia y rendición de cuentas”, indicó Ibarra Cadena.

El autor de la obra y Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella Castell, subrayó que la estadística ofrece una fotografía de la realidad sobre la cual las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúan y los ciudadanos deben exigir transparencia y rendición de cuentas. 

“En esta evolución histórica que ha tenido el país, y también en el resto del mundo, ha sido en la misma filosofía del derecho humano al acceso a la información pública, precisamente ejercer ese acceso a la información estadística que se está produciendo. De manera que nosotros podamos conocer qué es lo que está utilizando y resultando de la actividad pública”, enfatizó.

En su oportunidad, Edmundo Berumen Torres, Presidente de la empresa Berumen y Asociados, destacó que INEGI es un referente internacional, pues la fiabilidad de sus datos excede la necesaria para los fines de su uso.

“La información estadística al revelar el estado de la realidad también puede fomentar un uso de recursos más eficiente y por los mismo se convierte en un elemento que sustenta la credibilidad y transparencia a las acciones de gobierno”, coincidió Berumen Torres con el autor de la obra.

El Cuaderno de Transparencia 29 aborda la importancia de la información estadística oficial, destacando su vinculación con la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, como elementos que contribuyen a consolidar estados democráticos basados en la participación conjunta entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía.

La Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, destacó el trabajo conjunto del órgano garante local y el INAI para impulsar el diálogo constructivo en temas como la utilidad de la información geográfica y estadística.

Mérida, Yucatán.-  La Fiscalía General del Estado manifiesta su desacuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito sobre el caso correspondiente a la carpeta de investigación 236/2018 con la cual se reclasificará el delito de Feminicidio.

La carpeta se refiere a la denuncia sobre una brutal golpiza a Andrea Carrillo, de 20 años de edad, por parte de su novio el karateca tabasqueño quien le habría propinado golpes con los puños cerrados, latigazos con un cable, golpes con un madero para colgar chamarras y trató de ahorcarla en un predio ubicado en la calle 33 número 194 de la colonia Benito Juárez Norte, el miércoles 7 de noviembre pasado.

En un comunicado la Fiscalía manifiesta que le dará puntual seguimiento a este sensible caso hasta que se haga justicia en favor de la víctima, al tiempo de brindar todo el apoyo que su familia requiera y de esta manera, la dependencia estatal reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres yucatecas en situación de violencia.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado también insistirá en que se haga justicia en favor de la víctima buscando un castigo ejemplar para evitar que más casos como este queden impunes, a fin de evitar agravios a la sociedad y, sobre todo, salvaguardar los derechos de las personas, en caso específico de todas las mujeres yucatecas.

Tras la resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, a través de un Juicio de Amparo, en la cual se reclasificó el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa para este caso, la dependencia estatal externó que es respetuosa de la decisión, pero aseguró que en la judicialización del proceso se dio cuenta en tiempo y forma a la autoridad competente de los indicios que permitieron la imputación y la vinculación por el delito señalado.

Tribunal Federal ampara a karateca que estropeó a su novia 

Cabe resaltar que l Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en Materia Penal y Administrativa concedió un amparo para efectos al karateca Christian del Jesús Contreras Domínguez, señalando en su resolución que en el análisis de los hechos se advierte que sí hay un delito que perseguir, pero al momento de la vinculación a proceso no se determina el de tentativa de feminicidio.

Ante tales circunstancias, en breve se tendrá que convocar a audiencia en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, para el efecto de resolverse nuevamente sobre la situación jurídica del maestro en artes marciales y todo hace indicar que se reclasificaría el delito por el de violencia familiar, ataques peligrosos y lesiones.

La Fiscalía adscrita y el asesor jurídico de la víctima, Licenciado Pedro Enrique Herrera Hernández, demandarían de nuevo como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el acusado continuaría privado de la libertad como hasta el momento, ya que el Tribunal Colegiado no ordenó que se le conceda la misma, sino que se reclasifique el delito por el cual está siendo sujeto a procedimiento penal.

Según se averiguó, la Justicia de la Unión ampara y protege a Christian del Jesús Conteras Domínguez, en contra del diverso reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra el 14 de noviembre del 2018, en la carpeta de investigación 236/2018 del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, por el hecho tipificado como feminicidio agravado en grado de tentativa y su ejecución.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado por unanimidad de votos de los Magistrados Pablo Jesús Hernández Moreno, Jorge Enrique Edén Winter García y Dídier Rolando Ramírez Canto.

Los magistrados modifican la sentencia sujeta a revisión en la que se le había negado la justicia federal al imputado en el Juzgado de Distrito, únicamente en relación al auto de vinculación reclamado y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, o sea el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, dicte una diversa resolución en la que, atento a las consideraciones de esta ejecutoria, prescinda de considerar que los hechos materia de la imputación actualizan la probable comisión del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción dicte la resolución que proceda conforme a derecho.

De acuerdo con los datos obtenidos, se expone que el Tribunal Colegiado avala la investigación realizada por la Fiscalía, pero por el momento no se advierte la intención del imputado, existe la comisión de un delito.

El karateka es acusado de propinar brutal golpiza a su pareja sentimental Andrea Carrillo, de 20 años de edad, a quien según la denuncia le dio de golpes con los puños cerrados, latigazos con un cable, golpes con un madero para colgar chamarras y trató de ahorcarla en un predio ubicado en la calle 33 número 194 de la colonia Benito Juárez Norte.

Cabe señalar que lo ocurrido ha causado enojo de la sociedad yucateca que exige que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no se tenga otro caso como ocurrió con Ema Gabriela Molina Canto, quien fue asesinada por acusar a su ex pareja Medina Sonda de violencia física y amenazas de muerte.

Molina Canto, quien a pesar de tener pruebas y denuncias fue desprotegida por el Estado y la ley, lo que aprovechó su ex pareja para enviar a dos personas para que la maten en su domicilio.

Ahora este caso de Andrea Marisol, el cual fue muy sonado debido a que la jovencita fue auxiliada por autoridades después de lograr salir de la casa de su novio quien la maltrataba, ya que en todo su cuerpo sufrió heridas de consideración que la pusieron al borde de la muerte.

Asimismo, la joven necesita de terapias por el trauma provocado por su ex novio, quien ahora está a la nada de quedar libre, a pesar que durante las primeras audiencias mintió al Juez, al decir que unas mujeres golpearon a su pareja, versión que se cayó posteriormente.

Guadalajara, Jalisco.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó el Cuaderno de Transparencia 28 “Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: pilares de la integridad pública”, en la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Durante la presentación, el Comisionado Oscar Guerra Ford, consideró que los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son necesarios para combatir la corrupción, pues se ha comprobado que este fenómeno se da en redes.

En ese sentido, indicó que la manera más efectiva de erradicar este problema es desde una visión sistémica, en la que se coordinen las funciones de las diferentes instituciones. “Hoy el fenómeno de la corrupción no puede ser combatido a partir del caiga quien caiga; eso mediáticamente da votos, da aplausos, da reconocimientos, pero no da resultados”, apuntó.

Guerra Ford afirmó que la transparencia nace de la exigencia de seguirle la huella al dinero, por lo que constituye una herramienta clave para la lucha contra la corrupción, dado que es el dinero el incentivo que mantiene a las personas inmersas en el fenómeno. 

En su oportunidad, la autora de la obra, Jacqueline Peschard Mariscal, subrayó que la transparencia es un piso mínimo indispensable para poder elaborar una adecuada política de combate a la corrupción. Advirtió que el gobierno tomó como bandera la lucha contra este fenómeno, pero por ahora los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción no cuentan con el respaldo claro y decido de la Presidencia de la República. 

“Vale la pena identificar qué es lo que se ha construido en el país, qué requieren estos sistemas y de qué manera ese abanderamiento del combate a la corrupción del presidente López Obrador tendría que ser un abanderamiento de la ruta que ya ha construido este país en términos de organización de las políticas de transparencia y combate a la corrupción”, expuso. 

La presentación del Cuaderno de Transparencia a la que asistió la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, fue moderada por Cynthia Cantero Pacheco, Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora Nacional de los Órganos Garantes Estatales del Sistema Nacional de Transparencia. 

El texto de Jacqueline Peschard es un aporte para la comprensión del programa anticorrupción en México. La autora destaca la importancia de la transparencia en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y hace una interpretación conceptual, legal e institucional entre ambas agendas.

Asimismo, plantea que un proyecto de integridad pública, en los términos que ha sido definido por instancias como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), requiere de un programa robusto de transparencia y de una batería de normas e instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción.

Ciudad de México.- La UNAM prepara una estrategia de acción climática para enfrentar de la mejor manera el cambio climático, afirmaron expertos del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de esta casa de estudios.

Con motivo de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), que se realiza en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre, Carlos Gay García y Clemente Rueda Abad subrayaron que el reto es para todos, e instituciones como la Universidad Nacional ya visualizan la mejor forma de contribuir desde sus propias instalaciones.

Gay García, coordinador del PINCC, destacó que históricamente la UNAM ha estado preocupada por el tema; se ha involucrado y ha asesorado a autoridades del Gobierno Federal y a diversos gobiernos estatales.

“Desde el PINCC preparamos una estrategia de acción climática, de la que se derivará un programa de acción para esta universidad. Se pretende que todos participen: institutos, escuelas y centros, para reducir las emisiones y la demanda de energía, y adaptar a la UNAM ante el eventual cambio climático”, detalló.

Se debe proyectar qué pasaría en los salones de clase y con las actividades, si tenemos dos grados más de temperatura, ejemplificó.

El objetivo es reducir las emisiones y, posiblemente, llegar a las cero emisiones para 2050, dijo.

Gay García recordó que la UNAM pertenece a la iniciativa internacional UC3 (University Climate Change Coalition), donde instituciones de México, Canadá y Estados Unidos revisan acciones como dejar de emitir gases de efecto invernadero y ayudar a los actores fuera de las universidades a cumplir sus propios compromisos climáticos.

En la elaboración de esta estrategia trabajan especialistas de diversas disciplinas, y posteriormente deberá ser consensuada entre los diferentes actores para socializarla.

Entidades de la UNAM ya han hecho importantes esfuerzos para instalar celdas fotovoltaicas, y el fin es hacerlo de forma sistemática; además, tener transporte universitario eléctrico y revisar las instalaciones, precisó.

A su vez, Rueda Abad destacó que actualmente el PINCC financia proyectos para examinar los escenarios climáticos en Ciudad Universitaria, como prospectivas sobre el beneficio de tener techos verdes o techos blancos, reducir el consumo de agua, analizar los efectos de las islas de calor, y desarrollar proyectos de movilidad y de uso de biocombustibles.

“Pensamos, incluso, verificar cómo enseñamos el cambio climático en la UNAM y quién lo hace, con qué materiales, si tenemos una materia transversal, porque la lógica es ser multidisciplinarios”, comentó el científico social.

Problema mundial

La COP 25 tiene la misión de consolidar el Libro de Reglas del Acuerdo de París, que debe contener elementos metodológicos y mecanismos de ejecución, contabilidad de gases de efecto invernadero, mecanismos de transparencia, metodologías de revisión y evaluación de avance de las tareas de mitigación, y servir para todo el mundo.

Gay García recordó que muchas de las consecuencias del cambio climático, como huracanes intensos, sequías o lluvias torrenciales, fueron predichas desde 1979.

“El clima lo vieron los científicos, pero lo van a arreglar los políticos; sin embargo, ellos hacen demasiada política y se tardan para tomar decisiones. Con lo que sabemos se puede actuar, y no podemos seguir con este discurso. Los científicos haremos ciencia, pero los políticos no deben esperar al último grito de la moda para hacer algo”, finalizó Gay García.