Impulsan “contrataciones abiertas” para la pandemia y la recuperación económica

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  • INAI y Transparencia Mexicana impulsan la adopción de tecnología para que cualquier gobierno u organismo público del país pueda “abrir los contratos” de las adquisiciones y obras realizadas durante la pandemia y aquellos vinculados con la recuperación económica
  • El software fue desarrollado por el INAI y utiliza el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX), promovido por Transparencia Mexicana y este Instituto

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pone a disposición inmediata de cualquier gobierno y órgano del país la herramienta tecnológica “Contrataciones Abiertas” para transparentar los contratos vinculados con la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.

La necesidad de transparentar todos los contratos vinculados con la pandemia y la recuperación económica resulta cada vez más urgente. Con el paso de las semanas, no solo se requieren cada vez más recursos para la atención médica de la población, sino que se han ampliado los rubros de gasto, especialmente en el sector de infraestructura, donde se empiezan a entregar contratos vinculados con la recuperación económica del país.

El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que la única manera de comprobar si la austeridad republicana y la lucha anticorrupción en realidad se efectúan es transparentando cada tipo de operación y programa del gobierno, sobre todo, de las contrataciones públicas que suelen ser un foco de corrupción.

“Las contrataciones son indudablemente las que acaparan el mayor centro de la suspicacia histórica que, no solo en México con su mala gobernación acreditada en el tiempo sino en el mundo, han significado los nichos de oportunidad indebida a través de contrataciones a modo, precisamente para ayudar a empresarios ricos y rescatar empresas pobres por procesos de evasión fiscal, lavado de dinero y muchos otros problemas”, subrayó.

Sostuvo que, en el contexto de la emergencia sanitaria, la herramienta Contrataciones Abiertas es imprescindible para “saber, con pesos y centavos, si se ahorró más de qué, en qué y para qué, o si se compró más”, sobre todo, ahora que el 80 por ciento de las compras del gobierno se han llevado bajo el esquema de adjudicación directa.

A su vez, la Comisionada Josefina Román Vergara, afirmó que la herramienta Contrataciones Abiertas “marca una ruta para México, donde los datos se vuelven los cimientos para fomentar una verdadera contratación pública transparente, innovadora y participativa, que ayude a detectar la colusión y combatir la corrupción; promover un mercado abierto y competitivo, y empoderar a los ciudadanos para incrementar la confianza en las instituciones públicas”.

Indicó que las contrataciones abiertas ofrecen mejores tratos para los gobiernos, brindan igualdad de condiciones para el sector privado, así como bienes y servicios de alta calidad para los ciudadanos.

“Este acceso público a los datos de las contrataciones abiertas, genera confianza y garantiza que los billones de dólares que los gobiernos gastan en el mundo sean destinados para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos”, enfatizó.

El Comisionado Oscar Guerra Ford señaló que la corrupción en el país equivale a aproximadamente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto y más de una tercera parte de este tipo de actos están ligados a adquisiciones de bienes y servicios, licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, entre otras.

“Si evidentemente el objetivo es combatir, inhibir, disminuir y sancionar estos actos de corrupción tenemos que encontrar dónde se ubican y cómo funcionan”, la herramienta Contrataciones Abiertas puede contribuir en gran medida, ya que permite exhibir de forma clara todo el proceso de contratación, desde la planeación hasta la ejecución del proyecto.

Explicó que la herramienta interopera con la Plataforma Nacional Transparencia, por tanto, las instituciones que la implementen no se verán en la necesidad de duplicar la carga de información para cumplir con la obligación de transparentar las contrataciones públicas, pues con un “solo clic” los datos se envían automáticamente a la PNT.

La herramienta fue desarrollada por el INAI, bajo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX), y puede ser transferida sin costo alguno a cualquier gobierno o institución pública del país que decida transparentar sus contratos cumpliendo con esta práctica internacional.

Esta tecnología permitirá a las instancias públicas ahorrar tiempo y una suma importante de recursos públicos en el desarrollo de sistemas propios, los cuales pueden ser destinados a la emergencia sanitaria; además, permitirá que la información sobre las contrataciones se publique de manera oportuna, esté completa y sea la misma para todas las personas.

Es importante destacar que la herramienta es compatible con el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por lo que puede ser utilizada para enviar información a la PNT.

El INAI y Transparencia Mexicana consideran que es momento de aprovechar las inversiones públicas y la mejor forma de hacerlo es que cada peso invertido por las instituciones brinde el mayor beneficio público posible al país.

En los primeros días de marzo de este año, Transparencia Mexicana, la representación en México de Transparencia Internacional, alertó que uno de los principales riesgos en las contrataciones públicas durante la epidemia global es la identificación, rastreo y máxima transparencia de los contratos vinculados con la emergencia sanitaria y la recuperación económica.

Asimismo, junto con la organización Tojil, Transparencia Mexicana informó que solo 12 estados de la República han empezado a transparentar contratos relacionados con las adquisiciones durante la emergencia sanitaria.

ISSSTE debe informar cantidad de camas de las unidades de terapia intensiva en Veracruz

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  • A partir de la emergencia sanitaria, las clínicas del ISSSTE y del IMSS se han tenido que dividir para albergar pacientes con COVID-19: Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI
  • Esta solicitud de información ofrece al ISSSTE la oportunidad de llevar a cabo ejercicios de transparencia proactiva, que acerquen a los ciudadanos datos oportunos y útiles, en el contexto de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2

Ciudad de México.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe informar la cantidad de camas con las que cuenta la Unidad de Terapia Intensiva, en las Clínicas Hospital “Coatzacoalcos”, “Orizaba”, “Poza Rica” y “Tuxpan de Rodríguez Cano”, en la Delegación Estatal Veracruz, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“A partir de la emergencia sanitaria, las clínicas públicas del ISSSTE y del IMSS se han tenido que dividir para albergar, algunas en exclusivo, pacientes con COVID-19; otras, naturalmente, para continuar con la atención de pacientes con el resto de las necesidades de atención médica”, apuntó el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Acuña Llamas enfatizó que esta solicitud de información ofrece al ISSSTE la oportunidad de llevar a cabo ejercicios de transparencia proactiva, que acerquen a los ciudadanos datos oportunos y útiles, en el contexto de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

“Seguramente el tema del COVID-19, como es un asunto de emergencia nacional, tiene que estar muy bien ubicado y, naturalmente, se debe cumplir con el segundo trimestre de deberes de transparencia”, apuntó el Comisionado Presidente del INAI.

El solicitante requirió al ISSSTE saber cuántas camas se tienen en la Unidad de Terapia Intensiva de la Delegación Estatal Veracruz. El sujeto obligado manifestó que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional B Alta Especialidad cuenta con cinco camas, y la Clínica Hospital de Xalapa con tres camas.

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el sujeto obligado entregó la información incompleta, pues sólo proporcionó datos de dos hospitales del estado.

En una búsqueda de información oficial, el INAI advirtió que además del Hospital Regional Veracruz y de la Clínica Hospital Xalapa, la entidad federativa cuenta con diversas unidades médicas, entre las que se encuentran las Clínicas Hospital “Coatzacoalcos”, “Orizaba”, “Poza Rica” y “Tuxpan de Rodríguez Cano”; sin embargo, el sujeto obligado omitió entregar los datos requeridos sobre éstas.

Lo anterior, en virtud de que si bien el sujeto obligado cuenta con diversas unidades médicas en el estado de Veracruz; lo cierto es que únicamente las clínicas hospital y hospitales generales y regionales cuentan con la infraestructura de cuidados intensivos o terapia intensiva.

En consecuencia, la ponencia del Comisionado Presidente concluyó que el ISSSTE no adoptó un criterio de búsqueda amplio, pues se limitó a entregar información del Hospital Regional Veracruz y de la Clínica Hospital Xalapa.

Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del ISSSTE y le instruyó realizar una búsqueda e informar al particular la cantidad de camas con las que cuenta la Unidad de Terapía Intensiva, en las Clínicas Hospital “Coatzacoalcos”, “Orizaba”, “Poza Rica” y “Tuxpan de Rodríguez Cano”, de la Delegación Estatal Veracruz, al 12 de abril de 2020; ello, en todas las unidades administrativas competentes, en la que no podrá omitir a la Delegación Estatal Veracruz.

¿Cómo se transmite el coronavirus que causa COVID-19?

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Una trabajadora de salud hace la prueba del COVID-19 a una niña en Nepal.© UNICEF Nepal

  • Contagio asintomático y presintomático, gotitas y secreciones nasales, superficies infectadas, poca ventilación… la Organización Mundial de la Salud ha recopilado respuestas a las preguntas más comunes sobre la transmisión del virus que ha sumergido al mundo en una pandemia que ya se ha cobrado medio millón  de vidas.  

Ginebra.- La evidencia actual sugiere que la COVID-19 se propaga entre las personas por contacto directo, indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas), o por contacto cercano con personas infectadas a través de secreciones de la boca y la nariz.

Estas incluyen saliva, secreciones respiratorias o gotitas de secreción y se liberan de la boca o la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo. Las personas que están en contacto cercano con una persona infectada pueden contagiarse de COVID-19 cuando esas gotitas infecciosas entran en su boca, nariz u ojos.

Para evitar el contacto con estas gotas, es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de otras personas, limpiarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca con un pañuelo desechable o doblado al estornudar o toser. Cuando no es posible distanciarse físicamente, usar una mascarilla de tela es una medida importante para proteger a los demás. La limpieza de manos con frecuencia también es crítica.
Un hombre habla por teléfono usando una pantalla para protegerse del COVID-19 en Buenos Aires, Argentina. ONU Argentina / Santiago Mele

¿De qué otra forma se puede transmitir el COVID-19?

Las personas con el virus en la nariz y la garganta pueden dejar gotitas infectadas en objetos y superficies (llamadas fómites) cuando estornudan, tosen o tocan superficies, como mesas, pomos de las puertas y pasamanos. Otras personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos.

Esta es la razón por la cual es esencial lavarse bien las manos regularmente con agua y jabón o un producto desinfectante a base de alcohol, y limpiar las superficies regularmente.
El ministerio de Salud de Colombia ha enviado una enfermera de la etnia Muisca a la región de Suba para comprobar el estado de salud de la población indígena.OPS / Karen González Abril

¿Qué sabemos sobre la transmisión por por el aire, o los llamados aerosoles?

Algunos procedimientos médicos como intubaciones y reanimaciones cardiopulmonares pueden producir gotitas muy pequeñas (llamadas núcleos de gotitas en aerosol o aerosoles) que pueden permanecer suspendidas en el aire por períodos de tiempo más largos.

Cuando dichos procedimientos médicos se realizan en personas infectadas con COVID-19 en centros de salud, estos aerosoles pueden contener el virus. Otros aerosoles pueden ser inhalados si no se está usando el equipo de protección personal adecuado. Por lo tanto, es esencial que todos los trabajadores de salud que realicen estos procedimientos médicos tomen medidas específicas de protección en el aire, incluido el uso de equipos de protección personal adecuados. No se deben permitir visitas en áreas donde se realizan tales procedimientos médicos.

¿Me puedo contagiar en un lugar cerrado?

Se han informado brotes de COVID-19 en algunos entornos cerrados, como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de culto o lugares de trabajo donde las personas pueden estar gritando, hablando o cantando.

En estos brotes, no se puede descartar la transmisión de aerosoles, particularmente en estos lugares cerrados donde hay espacios abarrotados y con ventilación inadecuada donde las personas infectadas pasan largos períodos de tiempo con los demás. Se necesitan urgentemente más estudios para investigar tales casos y evaluar su importancia para la transmisión de COVID-19.
Un hombre trabaja con mascarilla y pantalla para protegerse del coronavirus en ArgeliaOIT/Yacine Imadalou

¿Cuándo pueden las personas infectadas transmitir el virus?

Según lo que sabe la Organización Mundial de la Salud actualmente, la transmisión de COVID-19 se produce principalmente en personas cuando tienen síntomas, y también puede ocurrir justo antes de que desarrollen síntomas, cuando están cerca de otras personas durante períodos prolongados de tiempo. Si bien alguien que nunca desarrolla síntomas también puede transmitir el virus a otros, aún no está claro en qué medida ocurre esto y se necesita más investigación en esta área.

Limitar el contacto con personas infectadas con COVID-19, lavarse las manos exhaustiva y frecuentemente y usar una máscara cuando no se puede garantizar al menos 1 metro de distancia física, ayuda a romper las cadenas de transmisión.
Un joven compra fruta en un mercado de Kenya.Banco Mundial / Sambrian Mbaabu

¿Pueden las personas sin síntomas transmitir el virus?

Sí, las personas infectadas pueden transmitir el virus cuando tienen síntomas y cuando no tienen síntomas. Es por eso por lo que es importante que todas las personas infectadas sean identificadas mediante pruebas, aisladas y, según la gravedad de su enfermedad, reciban atención médica. Incluso las personas que confirmaron tener COVID-19 pero que no tienen síntomas deben aislarse para limitar su contacto con otros. Estas medidas rompen las cadenas de transmisión.

¿Cuál es la diferencia entre las personas asintomáticas o presintomáticas?
Ambos términos se refieren a personas que no tienen síntomas. La diferencia es que asintomático se refiere a personas que están infectadas pero que nunca desarrollan síntomas durante el período de infección, mientras que pre-sintomático se refiere a personas infectadas que aún no han desarrollado síntomas pero que luego desarrollan síntomas.

Esta distinción es importante para las estrategias de salud pública para controlar la transmisión. Por ejemplo, los datos de laboratorio sugieren que las personas podrían ser más infecciosas en el momento en que desarrollan síntomas. Por lo tanto, en la guía de investigación de casos y seguimiento de contactos de la OMS, se recomienda que las personas sean consideradas "contactos" si tuvieron contacto con una persona infectada desde 2 días antes de que desarrollara síntomas.
Doctoras y enfermeras van de casa en casa para informar de la pandemia en Venezuela.OCHA/Gema Cortes

¿Se necesita más información para comprender mejor la transmisión de COVID-19?

Sí, la COVID-19 es una enfermedad nueva. Si bien cada día hay más información disponible, quedan muchas preguntas sobre la transmisión. Se está realizando un gran esfuerzo por parte de equipos de investigación y redes de todo el mundo para responder esas preguntas.

La Organización Mundial de la Salud y sus socios están trabajando para obtener una mejor comprensión sobre varias interrogantes:
  • Las diferentes rutas de transmisión, incluso a través de gotitas de diferentes tamaños, contacto físico, superficies y el papel de la transmisión en el aire en ausencia de procedimientos de generación de aerosoles;
  • la dosis de virus requerida para que ocurra la transmisión;
  • las características de las personas y las situaciones que facilitan los eventos de contagio, como los observados en algunos entornos cerrados;
  • la proporción de personas infectadas que permanecen asintomáticas durante el curso de su infección;
  • la proporción de personas verdaderamente asintomáticas que transmiten el virus a otros;
  • los factores específicos que impulsan la transmisión asintomática y presintomática;
  • y la proporción de todas las infecciones transmitidas por individuos asintomáticos y presintomáticos.

Vendedores en una panadería de Argelia.OIT/Yacine Imadalou

¿Cómo protegerse?

La agencia de salud de la ONU recomienda el siguiente conjunto de medidas individuales y para las autoridades para prevenir la propagación de COVID-19 de persona a persona:
  • Limitar el contacto cercano entre personas infecciosas y otros. Asegurarse de tener una distancia física de al menos 1 metro de los demás. En áreas donde circula COVID-19 y no se puede garantizar esta distancia, es necesario usar una mascarilla.
  • Identificar a las personas infectadas rápidamente para que puedan ser aisladas y atendidas y todos sus contactos cercanos puedan ser puestos en cuarentena en las instalaciones apropiadas.
  • Limpiarse las manos y cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o doblado en todo momento.
  • Evitar lugares abarrotados, lugares de contacto cercano y espacios confinados y cerrados con poca ventilación.
  • Asegurar una buena ventilación en entornos interiores, incluidos hogares y oficinas.
  • Quedarse en casa si tiene síntomas y llamar a su proveedor médico lo antes posible para determinar si se necesita atención médica.
  • En los países o áreas donde circula COVID-19, los trabajadores de la salud deben usar mascarillas médicas continuamente durante todas las actividades de rutina en áreas clínicas en los centros de atención médica.
  • Los trabajadores de la salud también deben usar equipo de protección personal adicional y precauciones cuando atiendan a pacientes con COVID-19.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, durante la inauguración de la Asamblea Mundial de la Salud.ONU/Christopher Black

Más recomendaciones

¿Cómo recopila la OMS la información?
La Oranización Mundial de la Salud continúa revisando la información proporcionada por los estudios publicados, incluidos los que están disponibles como "preimpresiones" (manuscritos aún no revisados por pares).

La Organización también identifica preguntas críticas que deben responderse para comprender y mejorar la respuesta al COVID-19 y orienta los esfuerzos de investigación sobre estos temas.

También convoca teleconferencias periódicas con redes mundiales de expertos de diferentes disciplinas científicas para evaluar todos los estudios disponibles y determinar cómo las pruebas disponibles, las mejores prácticas y la experiencia de los trabajadores de primera línea, pueden convertirse en orientación y asesoramiento.

Artículo originalmente publicado por el equipo de la Organización Mundial de la Salud y traducido y adaptado por Noticias ONU.

El epicentro actual de la pandemia de COVID-19 se ubica en América Latina y el Caribe

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Niños acuden al reparto de comida diaria en una zona pobre de Ecuador. Banco Mundial//Jamie Martin

  • Reconstruir mejor tras la crisis del COVID-19 significa reconstruir con igualdad, dice Guterres a América Latina
  • La pandemia de coronavirus causará la mayor contracción económica en un siglo en la región. Aumentarán el desempleo, la pobreza extrema y la desigualdad, al tiempo que las mujeres y los pueblos indígenas sufrirán desproporcionadamente en una región de inequidades profundas. El titular de la ONU recomienda reconstruir una economía más igualitaria que impulse el crecimiento y el bienestar de toda su población. 

Ginebra.- El epicentro actual de la pandemia de COVID-19 se ubica en América Latina y el Caribe, donde varios países registran una de las tasas más altas de infección per cápita del mundo, así como algunas de las cifras más elevadas de casos en términos absolutos.

El Secretario General de las Naciones Unidas subrayó el escenario regional durante la presentación este jueves de su Informe de Políticas sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe, que prevé la mayor contracción económica de la región en un siglo.

Para António Guterres, las provisiones para capear esta crisis deben diseñarse con la meta de transformar el modelo de desarrollo vigente y reconstruir una economía más igualitaria que impulse el crecimiento de la región y el bienestar de toda su población.

En un mensaje de video, el líder de la ONU dijo que en una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, se deben “desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas”.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) coincidió con el Secretario General en la urgencia de transformación del modelo económico de la región “más desigual del mundo” a la luz de la pandemia.

“América Latina y el Caribe es una región que ya venía por siete años con un crecimiento muy bajo y con brechas estructurales de un modelo de desarrollo insostenible que se han exacerbado por una muy débil protección social, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. Entonces, la pandemia nos encuentra en un momento muy difícil”, explicó Alicia Bárcena.

Según las proyecciones de la CEPAL, el decrecimiento del Producto Interno Bruto latinoamericano alcanzará un 9,1% este año y el impacto social de esta caída será muy agudo.

El desempleo, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán de forma importante en una región donde la inequidad ya era profunda antes de la crisis, apuntó Guterres.

Se estima que de 2019 a 2020, el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, es decir, que habrá más de 44 millones de personas sin trabajo.

La tasa de pobreza subiría un 7% para llegar a 37,2% de la población, es decir 230 millones de personas vivirán en situación de pobreza, mientras que 96 millones estarán en condiciones de pobreza extrema, tras un incremento de 4,5%.

Estos datos provocarán un alza de 4,7% en el índice de Gini, el indicador para medir la desigualdad.

António Guterres subrayó que estos retrocesos ocurrirán en una región en la que apenas el 34,2% de las personas de más bajos ingresos cuenta con una cobertura de salud.

Mujeres y pueblos indígenas

El titular de la ONU llamó la atención sobre la forma desproporcionada en que esta crisis afecta a las mujeres, quienes representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72,8% de la fuerza laboral en el sector de atención a la salud, además de que son más proclives que los hombres a desempeñar ocupaciones informales.

Las mujeres, además tienen más presión para cuidar de la familia y los enfermos durante el confinamiento, un periodo durante el cual han aumentado los feminicidios y otras manifestaciones de violencia sexual y de género, alertó Guterres.

Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, por su parte, tienden a vivir en peores condiciones socioecónomicas y suelen tener mucho menos acceso que el resto de la población a los sistemas de protección social, pese a constituir el 10% de los habitantes de la región.

Estos colectivos también enfrentan altos niveles de discriminación en los mercados de trabajo.

Otro grupo en situación de vulnerabilidad desmedida es el de los migrantes y refugiados, indicó Guterres, instando a respetar las leyes internacionales humanitarias, de derechos humanos y de refugiados.

Recomendaciones
El Secretario General listó algunas medidas que los países latinoamericanos y caribeños tendrían que considerar para sortear esta crisis y reconstruir sus economías de mejor manera:
  • En el corto plazo, los gobiernos deberían suministrar ingresos básicos de emergencia a la población que vive en la pobreza y a los trabajadores del sector informal que no viven por debajo de la línea de pobreza pero que carecen de protección social. De acuerdo con la CEPAL, la línea de pobreza promedio de la región es de unos 140 dólares semanales. Si el ingreso básico propuesto se otorgara durante seis meses, costaría un 1,9% del PIB regional
  • Para complementar esas medidas, haría falta la distribución de bonos contra el hambre a las personas en condiciones de pobreza extrema
  • Los países de renta media deberían ser incluidos en respuesta multilateral de inmediato, ya que afrontan limitaciones estructurales pero han quedado fuera de la asistencia de liquidez de emergencia, las condiciones favorables de financiamiento, las exenciones comerciales, las prórrogas de pago de deuda y la asistencia humanitaria. La mayor parte de los países de la región entran en la clasificación de economías de ingresos medios, lo que limita su acceso estas ayudas

El canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y otros mecanismo innovadores de financiamiento tendrían que recibir apoyo multilateral, el igual que las iniciativas de alivio o postergación de pagos de deuda. Todo esto acompañado de un fortalecimiento del sistema tributario

Reconstruir con igualdad

Guterres fue enfático al afirmar que en América Latina y el Caribe, reconstruir mejor significa reconstruir con igualdad y agregó que la inclusión social contrarresta el avance de la xenofobia y de la estigmatización de los grupos marginados. Además, una sociedad más igualitaria no permite que la concentración del poder económico distorsione las políticas públicas. Las medidas hacia este objetivo deben incluir el combate a la corrupción y la delincuencia organizada y la presencia efectiva del Estado

Los planes de recuperación deberían orientarse hacia la transformación del modelo de desarrollo de la región apegándose a los principios de democracia, derechos humanos y paz marcados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Esos planes también deberían fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza democrática en un pacto social que garantice la participación de las mujeres, al igual que el de todos los grupos de población

La cooperación multilateral debería reconfigurarse teniendo como base la sostenibilidad ambiental y estimulando la inversión en tecnologías limpias

Las políticas industriales y tecnológicas deberían dirigirse hacia el crecimiento de las economías con bajas emisiones de carbono y hacia el trabajo decente

Finalmente, el Secretario General aseveró que para apoyar la diversificación productiva y la resiliencia económica será vital una integración regional que estimule el financiamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología

Para concluir su mensaje de video, Guterres expresó su solidaridad a los pueblos de la región que al enfrentar esos desafíos deben guiarse por la solidaridad y la compasión: “Juntos podemos superar esta crisis y construir sociedades inclusivas y sostenibles para todos”.

La proliferación sin control de drones propicia violaciones de los derechos humanos

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Dron estadounidense (Foto: Departamento de Estado de EE.UU) ONU

  • La experta de la ONU en ejecuciones extrajudiciales considera que con el asesinato selectivo del general iraní Qassem Soleimani en Iraq, Estados Unidos transgredió el documento fundacional de las Naciones Unidas. 
  • En un informe, la relatora denuncia el uso de la fuerza y las violaciones de derechos humanos perpetradas con vehículos aéreos no tripulados.

Ginebra. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias advirtió este jueves sobre los atropellos a los derechos humanos que se llevan a cabo cada vez más a menudo con aeronaves no tripuladas.

“El mundo ha entrado en una ´segunda era de drones´ en la que numerosos actores estatales y no estatales despliegan drones con tecnologías más y más avanzadas” dijo Agnès Callamard, destacando que esos vehículos han proliferado sin regulación o control.

En su presentación al Consejo de Derechos Humanos de un informe sobre asesinatos selectivos y drones, la experta alertó de la gravedad de este fenómeno, que da pie a una serie de violaciones de las garantías fundamentales y citó el caso del general iraní Qassem Saleimani, asesinado el 3 de enero pasado por vehículos aéreos no tripulados estadounidenses cuando se encontraba en Bagdad, Iraq.

“Fue una violación de la Carta de las Naciones Unidas y un asesinato arbitrario del que Estados Unidos es responsable frente a la ley internacional”, puntualizó Callamard, quien incluyó en el informe un anexo dedicado al caso de Saleimani.

El “club” de los drones

El texto de la relatora asevera que la posesión de drones ya no es cuestión de una elite, sino que existe una carrera para su adquisición y que esto supone una amenaza para la protección de los derechos humanos.

Los datos de su informe señalan que en 2020 al menos 102 países cuentan con un inventario activo de drones militares y que 40 más poseen o están en proceso de adquirir drones armados. Del total, unos 35 países tendrían el mayor arsenal de drones y también el más letal. “Muchos Estados están ansiosos por pertenecer a este club del poder que dan los drones”, sostuvo la relatora.

Del 2015 a la fecha, al menos once países habrían desplegado drones armados con el propósito de emplear la fuerza o cometer asesinatos selectivos, revela el documento.

Callamard enfatizó la falta de supervisión o regulación de los operativos con drones: “Hasta la fecha no hay estándares robustos que gobiernen su despliegue, proliferación, exportación o capacidad del uso de la fuerza. No hay transparencia, no hay supervisión efectiva, no hay rendición de cuentas”, puntualizó.

El bajo costo y la capacidad “todo terreno” ha convertido a los drones en el vehículo más eficiente para los operativos militares en zonas remotas o de difícil acceso. Además, pese a causar numerosas muertes y víctimas civiles, no atraen la misma atención que otros métodos castrenses.

La experta subrayó que los asesinatos con aeronaves no tripuladas son ignorados por las leyes nacionales e internacionales, a diferencia de otros crímenes para los que incluso se crean comisiones investigadoras.

Más aún, añadió que las evidencias muestran que muchas veces ni siquiera se reportan las muertes, lesiones y trauma de las poblaciones civiles causadas por los drones.
La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.

Distorsión de la ley

Callamard notó que algunos Estados de gran influencia han distorsionado el derecho internacional al invocar la ley de autodefensa de la Carta de la ONU, como hizo Estados Unidos para justificar el asesinato de Soleimani en el territorio de un tercer país.

La relatora explicó que esa invocación implica una distorsión temporal, geográfica y de soberanía de la mencionada ley, que estipula que la fuerza letal sólo es permitida para evitar un ataque inminente, para lidiar con grupos no estatales específicos o para neutralizar amenazas emanadas desde un tercer país cuando éste no pueda o no quiera cooperar.

Lo ocurrido con Soleimani en Bagdad “subraya los graves riesgos que representan para la paz y seguridad internacionales estas distorsiones legales, al igual que la expansión de la doctrina de guerra al terrorismo”, remarcó.

“La comunidad internacional debe confrontar ahora la perspectiva real de que los Estados opten por la eliminación estratégica de los oficiales de alto rango militar fuera del contexto de una guerra conocida y busquen justificar los asesinatos apelando a la necesidad, no a la inminencia, y clasificando a sus objetivos como terroristas que suponen posibles amenazas futuras e indefinidas”, abundó.

Para eliminar este peligro y frenar la proliferación de las aeronaves no tripuladas, Callarmard llamó a implementar un control internacional estricto a su exportación, al igual que a la de las tecnologías relacionadas con esos vehículos.

Asimismo, pidió que se vigile que el uso de los drones se apegue a la letra a las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos.

Finalmente, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a sesionar formalmente sobre el tema y exhortó a los Estados a apoyar la propuesta de México de establecer estándares y mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso y exportación de drones armados mediante un proceso multilateral y transparente.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

El teletrabajo no es una opción para los pobres, los jóvenes y las mujeres

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Una mujer en su casa y tienda en Buga, Colombia, donde trabaja por temporadas para la alianza de productores de maracuyá.Banco Mundial/Charlotte Kesl

  • Una nueva investigación del Fondo Monetario Internacional revela las dificultades a las que se enfrentan millones de trabajadores por el coronavirus. 
  • El estudio revela amplias diferencias entre países, incluso si se tienen las mismas ocupaciones. 
  • El trabajo a distancia en Noruega y Singapur es más fácil que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, ya que en más de la mitad de los hogares de los países emergentes y en desarrollo no hay una computadora en casa.

Ginebra.- Ante la masiva pérdida de empleos causada por la pandemia de la COVID-19 tres expertas del Fondo Monetario Internacional, Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris y Salma Khalid analizan este artículo* cómo la crisis sanitaria afecta a los mercados laborales de los países más pobres y a los trabajos de los jóvenes y las mujeres:

La pandemia de COVID-19 está devastando los mercados laborales de todo el mundo. Decenas de miles de trabajadores han perdido sus empleos, millones de personas se han quedado fuera de la fuerza laboral y muchas ocupaciones enfrentan un futuro incierto. Las medidas de distanciamiento social ponen en peligro los empleos que exigen presencia física en el lugar de trabajo o interacciones personales. Quienes no pueden trabajar a distancia, a menos que se consideren esenciales, se enfrentan a un riego significativamente más alto de sufrir reducciones en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones temporales de personal o despidos permanentes. ¿Qué tipos de empleos y trabajadores presentan un mayor riesgo? No sorprende que los costos hayan recaído fundamentalmente sobre quienes tienen menos capacidad para soportarlos: los pobres y los jóvenes en los empleos menos remunerados.

En un nuevo trabajo, hemos investigado la viabilidad de trabajar desde casa en una amplia muestra de economías avanzadas y de mercados emergentes. Estimamos que cerca de 100 millones de trabajadores de 35 países avanzados y emergentes (de los 189 países miembros del FMI) podrían presentar un riesgo alto debido a que no pueden realizar sus trabajos a distancia. Esto equivale, en promedio, al 15% de su fuerza laboral. Aunque existen importantes diferencias entre países y trabajadores.
Vendedores ambulantes en México, en medio de la pandemia de coronavirus.ONU Mexico/Alexis Aubin

La naturaleza de los empleos en cada país

La mayoría de los estudios que miden la viabilidad del trabajo desde casa adoptan definiciones sobre empleo utilizadas en Estados Unidos. Sin embargo, las mismas ocupaciones en otros países pueden diferir en las interacciones personales necesarias, la intensidad tecnológica del proceso de producción e, incluso, el acceso a las infraestructuras digitales. Para incorporar este hecho, el índice de viabilidad del trabajo desde casa que hemos construido utiliza las tareas que realmente se realizan dentro de cada país, de acuerdo con las encuestas recopiladas por la OCDE sobre 35 países.

Observamos importantes diferencias entre países, incluso dentro de las mismas ocupaciones. Resulta mucho más fácil el trabajo a distancia en Noruega y Singapur que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, sencillamente porque más de la mitad de los hogares de los países emergentes y en desarrollo ni siquiera tienen una computadora en casa.

Resulta mucho más fácil el trabajo a distancia en Noruega y Singapur que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, sencillamente porque más de la mitad de los hogares de los países emergentes y en desarrollo ni siquiera tienen una computadora en casa.

¿Quiénes son los más vulnerables?

En general, los trabajadores del sector de alimentos y hostelería, así como del comercio minorista y mayorista, son los más afectados debido a que sus trabajos son los que menos posibilidad de trabajo a distancia tienen. Esto significa que más de 20 millones de personas de nuestra muestra que trabajan en estos sectores presentan el riesgo más alto de perder sus empleos. Aunque algunos son todavía más vulnerables que otros:

La posibilidad de trabajar a distancia de los trabajadores jóvenes y de quienes no tienen educación universitaria es significativamente menor. Este riesgo más alto se corresponde con los perfiles de edad de los trabajadores en los sectores más afectados por el confinamiento y las políticas de distanciamiento social. Es preocupante observar que la crisis podría ampliar la desigualdad intergeneracional .

Las mujeres podrían verse especialmente afectadas, amenazando con revertir algunos de los avances en materia de igualdad de género realizados en las últimas décadas. Esto se debe a que las mujeres se concentran de manera desproporcionada en los sectores más afectados, como son los servicios de alimentos y hostelería. Además, las mujeres realizan más tareas relacionadas con el cuidado de los hijos y las labores domésticas , mientras que la provisión por parte del mercado de estos servicios se ha interrumpido.

Los trabajadores a tiempo parcial y los empleados de pequeñas y medianas empresas se enfrentan a un riesgo mayor de pérdida de empleo. Los trabajadores en empleos a tiempo parcial suelen ser los primeros en perder sus trabajos cuando se deterioran las condiciones económicas y los últimos en ser contratados cuando estas mejoran. También tienen menos probabilidades de tener acceso a asistencia sanitaria y a canales formales de seguros que puedan ayudarlos a capear la crisis. En las economías en desarrollo, en particular, los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen empleos informales afrontan un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza.

El impacto sobre los trabajadores con bajos ingresos y empleos precarios podría ser especialmente grave, ampliando las desigualdades ya existentes en las sociedades. Nuestros resultados, que indican que los trabajadores en la parte más baja de la distribución de ingresos tienen menos capacidad para trabajar a distancia, están corroborados por los recientes datos de desempleo de Estados Unidos y otros países. La crisis de la COVID-19 aumentará la desigualdad de ingresos.

Este efecto se ve agravado por el hecho de que los trabajadores que se encuentran en la parte más baja de la distribución de ingresos se concentran de manera desproporcionada en los sectores más afectados, como los servicios de alimentos y hostelería, que son los menos susceptibles al trabajo a distancia. Los trabajadores con bajos ingresos también tienen una mayor probabilidad de vivir al día y tener pocas reservas financieras, como son los ahorros y el acceso al crédito.
En Colombia se entregan raciones para llevar para los niños que se han quedado sin comedor escolar por el coronavirusPMA / Miller Choles

¿Cómo proteger a los más vulnerables?

La pandemia cambiará con toda probabilidad la manera en que se realiza el trabajo en muchos sectores. Los consumidores pueden recurrir más al comercio electrónico, en detrimento de los empleos del comercio minorista, y pueden pedir más comida para llevar, reduciendo el mercado laboral para los trabajadores de restaurantes.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Pueden centrarse en ayudar a los trabajadores más afectados y a sus familias mediante la ampliación de las redes de protección social y seguros sociales para amortiguar la pérdida de empleo y de ingresos. Los subsidios salariales y los programas de obras públicas pueden contribuir a que recuperen sus medios de vida durante la recuperación.

Para reducir la desigualdad y ofrecer a las personas mejores perspectivas, los gobiernos deben fortalecer la educación y la capacitación y preparar mejor a los trabajadores para los empleos del futuro. El aprendizaje permanente también implica reforzar el acceso a la escolarización y a la capacitación profesional para ayudar a los trabajadores desplazados por shocks económicos como la COVID-19.

Esta crisis ha demostrado con claridad que tener acceso a Internet es un elemento fundamental de la capacidad de las personas para continuar su participación en el lugar de trabajo. Invertir en infraestructuras digitales y cerrar la brecha digital también permitirá que los grupos desfavorecidos participen de manera importante en la economía del futuro.

*Este artículo se publicó originalmente en el blog Diálogo a Fondo del Fondo Monetario Internacional.

Un experto de la ONU pide que termine la exportación de sustancias químicas tóxicas de los países ricos a los pobres

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La exposición a desperdicios tóxicos causa graves problemas de salud. Foto: Banco Mundial/Masaru Goto

  • Solo el año pasado, una treintena de Estados exportaron sustancias peligrosas que fueron prohibidas en los países de origen por motivos sanitarios y ambientales a América Latina, África y Asia. Un relator de derechos humanos señala el doble rasero de los países exportadores.

Ginebra.- El envío de productos químicos tóxicos no deseadas de los países ricos a los más pobres, que carecen de capacidad para gestionar los riesgos que entrañan estos productos, es una práctica “deplorable” que debe finalizar de inmediato, advirtió este jueves el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

Durante el año pasado, por lo menos 30 Estados exportaron sustancias peligrosas que fueron prohibidas en los países de origen por motivos sanitarios y ambientales a América Latina, África y Asia.

Baskut Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar dobles raseros “que permiten el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables”.

El experto considera que “no se puede ignorar” que estas normas imponen una interpretación racial “ya que los peligros se externalizan a las comunidades de ascendencia africana y otras personas de color”, una situación que constituye una grave preocupación. A esta circunstancia se le añade la que también existe en el seno de los países exportadores: la ubicación de las industrias contaminantes y el vertido de desechos peligrosos.

"En casi todos los casos no hay ninguna justificación legítima de interés público", dijo Tuncak.

"Estos vacíos legales son una concesión política a la industria, que permite a sus fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero, al tiempo que importan productos más baratos a través de las cadenas de suministro mundiales y promueven pautas de consumo y producción insostenibles. Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado a esta explotación".

Aplauso para Francia

Tuncak expuso los peligros que plantean la exportación de productos químicos tóxicos en sus informes a Alemania, Dinamarca y el Reino Unido, y comunicó preocupaciones similares a Canadá y a Suiza. Del mismo modo, formuló una serie de recomendaciones para Brasil relacionadas con las comunidades envenenadas por las exportaciones.

Al mismo tiempo, felicitó a Francia por la reciente aprobación de una ley que termina con la exportación de productos químicos prohibidos en el país. "Francia ha adoptado el enfoque correcto para poner fin a este doble rasero, una práctica que otros miembros de la UE y la OCDE deben imitar", dijo.

Tuncak también elogió a varios países africanos por sus progresivos esfuerzos progresivos para prohibir esas importaciones.

Igualmente, recordó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a México el año 2015 que dejara de importar plaguicidas debido a los graves efectos que tienen en los niños indígenas y que dicha recomendación no se ha aplicado todavía. 

"Los Estados que exportan productos químicos prohibidos sin una clara justificación de interés público violan sus obligaciones extraterritoriales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellas las relativas a un medio ambiente sano y a unas condiciones de trabajo seguras y saludables", dijo el experto, citando la reciente Observación general N.º 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las recomendaciones del relator especial recibieron el respaldo de: Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Alioune Tine, experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Mali; Alice Cruz, relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; E. Tendayi Achiume, relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo; Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Léo Heller, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Michael Lynk, relator eespecial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Obiora Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Rhona Smith, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Thomas Andrews, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Ahmed Reid (Presidente), Dominique Day, Michal Balcerzak, Ricardo A. Sunga III, Sabelo Gumedze, Grupo de Trabajo de expertos sobre las personas de ascendencia africana; Elizabeth Broderick (Presidenta), Alda Facio, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane, Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y la niña; Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (Vicepresidente), Anita Ramasastry (Presidenta), Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Valora el INAH vestigios arqueológicos en la ruta del Tren Maya

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INAH colabora en el desarrollo de la construcción del Tren Maya para proteger el patrimonio cultural. Foto: Melitón Tapia. INAH.
  • INAH colabora en el desarrollo de la construcción del Tren Maya para proteger el patrimonio cultural
  • En el Tramo 1, donde se ubica el sitio Aguada Fénix, ya se han hecho las interpretaciones de la prospección, a fin de adelantar procesos y hacer del conocimiento del FONATUR los puntos críticos con alta presencia de vestigios arqueológicos, mismos que se encuentran en proceso de valoración
  • Por ley, el INAH determinará, metro por metro, la factibilidad del proyecto; en tanto no se lleven a cabo los dictámenes correspondientes, no se efectuarán trabajos constructivos

Ciudad de México.- En octubre de 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tuvo conocimiento del Proyecto del Tren Maya. Desde entonces, se ponderó el alto potencial arqueológico que podría estar en riesgo por esta obra, la cual recorrerá cinco estados de la península de Yucatán (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), a lo largo de casi 1,500 kilómetros.

Para dar el visto bueno de construcción, el INAH solicitó varios requisitos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) ―instancia responsable de realizar la obra―, entre los cuales se encontraba el trazo mismo de la ruta. El Proyecto Ejecutivo para la construcción del Tren Maya fue evaluado en reuniones extraordinarias por el Consejo de Arqueología de la institución, organismo colegiado que el 23 de enero de 2020 determinó que el proyecto es viable, pero que se debería acompañar de los programas y trabajos arqueológicos apropiados para evitar afectaciones al patrimonio arqueológico.

El documento académico para la atención de dicho trabajo, elaborado por el INAH, tiene como fundamento evitar afectaciones previstas en la obra y llevar a cabo una investigación científica profunda mediante el salvamento arqueológico, la cual permita un mayor conocimiento de la historia antigua de los mayas de estas regiones.

El Instituto considera un área de influencia de 30 kilómetros, 15 a cada lado de la vía, debido a que el Tren Maya será de alta velocidad, lo que requiere de curvas muy amplias para evitar accidentes. En ese margen de 30 kilómetros se tienen 1,773 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, que van desde concentraciones de materiales y sitios de carácter gráfico-rupestre, hasta monumentales.

Frente a este panorama y con el objetivo de dar una respuesta institucional en el menor tiempo, se planteó la necesidad de contar con un levantamiento topográfico con tecnología LIDAR, el cual permitirá avanzar en la interpretación del terreno a ser impactado, definir áreas críticas, hacer las verificaciones en el campo y establecer estrategias coordinadas con el FONATUR y las empresas constructoras.

Lo anterior, en aras de proteger el patrimonio arqueológico y llevar a cabo acciones que, con base en modificaciones del trazo, la incorporación de vestigios al propio proyecto constructivo o excavaciones de salvamento arqueológico, den paso al desarrollo del proyecto del tren.

Los primeros diagnósticos realizados sobre las rutas proporcionadas o publicadas por el FONATUR, permitieron establecer que la obra incidiría en 31 zonas arqueológicas abiertas oficialmente a la visita pública; en 19 zonas arqueológicas con algún grado de visita; en 1,773 sitios arqueológicos (de diversas características) inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos; así como en 42 cenotes.

Con los primeros resultados de la prospección LIDAR, llevada a cabo mediante un convenio con el FONATUR y con recursos propios, se han hecho las interpretaciones correspondientes al Tramo 1 (Palenque-Escárcega), donde se ubican Palenque, Pomoná, Moral-Reforma y 480 sitios arqueológicos registrados, entre ellos Aguada Fénix, recientemente descubierto, con el fin de hacer del conocimiento del FONATUR los puntos críticos con alta presencia de vestigios arqueológicos, mismos que se encuentran en proceso de valoración.

Por ley, el INAH determinará, metro por metro, la factibilidad del proyecto que se presentó, una vez que se realicen y se cuente con los resultados de los sobrevuelos con LIDAR, técnica de teledetección óptica, la cual permite obtener una muestra densa de la superficie y detectar la concentración de vestigios culturales. En tanto no se lleven a cabo los dictámenes correspondientes, no se podrán efectuar trabajos constructivos.

Asimismo, se harán intervenciones simultáneas en los siete tramos que comprende el tren y, de ser necesario, excavaciones de forma paralela a los reconocimientos de superficie.

El trabajo del INAH y del FONATUR está vinculado desde que esta última instancia presentó ante el Instituto el trámite correspondiente para lograr el visto bueno de la obra. El acompañamiento de la obra del Tren Maya que lleva a cabo el INAH, tiene por objetivo, desde el ámbito arqueológico, avanzar en el conocimiento de las sociedades pretéritas en las distintas regiones por donde cruza la ruta, mediante una investigación de salvamento arqueológico.

Actualmente, más de la tercera parte de la investigación arqueológica nacional está vinculada con la actividad de salvamento. La profesionalización ―cada vez mayor― de estas tareas, las cuales se desarrollan durante la supervisión de obras de infraestructura, ha producido y sigue aportando información novedosa sobre el devenir de nuestro territorio.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, participa en el desarrollo de este proyecto de infraestructura, tanto del propio tren como de las obras derivadas de ello, garantizando que no se afecten los vestigios arqueológicos y la información arqueológica inherente, mediante exploraciones controladas para, finalmente, procesar la información recuperada y propiciar su divulgación en distintos ámbitos de la sociedad.
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